MÉXICO, DF, 13 de agosto (apro).- La recomendación de la CNDH a la Sedena y a la PGR por el asesinato de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey ratificó lo innegable: el Ejército es uno de los principales violadores de los derechos humanos en México y el gobierno de Felipe Calderón ahonda las ilegalidades para ocultarlo.
El señalamiento cayó en mal momento para el Ejército, pues al interior de esa fuerza es cada vez más compartido el desánimo por el desgaste que ha tenido en el gobierno de Calderón.
Los militares no sólo saben que no van ganando lo que inicialmente se llamó “guerra” al narcotráfico, sino que en extensas zonas del país se rechaza su presencia por los abusos a los derechos humanos que han cometido efectivos del Ejército al amparo del combate a la delincuencia organizada.
Ni siquiera la sospechosa ejecución de uno de los jefes del cártel de Sinaloa, Ignacio Nacho Coronel, en un operativo realizado por el Ejército, el 29 de julio pasado, elevó la moral de aquellos jefes y oficiales que aún tienen años de carrera militar por delante y sobre quienes seguirán pesando los señalamientos en su contra como violadores a los derechos humanos.
Aun cuando ningún militar sea procesado por la justicia civil por las violaciones cometidas en la gestión de Calderón –como es casi seguro que así sea–, en los próximos años el Ejército cargará con acusaciones como las documentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el asesinato de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey, en marzo de este año.
A pesar de los obstáculos del propio Ejército, la PGR y la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, el organismo determinó que el doble asesinato se debió al uso arbitrario de la fuerza por parte de la unidad “Néctar Urbano 4”, al mando de un comandante identificado por la CNDH como AR2, quien iba al frente de 19 efectivos.
Si bien la Comisión no pudo definir quiénes fueron los responsables de la muerte de los estudiantes Javier Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, precisamente porque esas dependencias le regatearon la información, quedó clara la manera en que las autoridades castrenses y las civiles federales y estatales trataron de encubrir a los militares implicados.
Se alteró la escena de los hechos, se les sembraron armas a las víctimas, se ocultó información, se dieron datos falsos y se intentó manipular a la opinión pública para hacer ver a los estudiantes como miembros del grupo de delincuentes con los que se enfrentaron los elementos del Ejército en las inmediaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Monterrey.
Al igual que las procuradurías estatal y General de la República, el Ejército debe responder en 15 días a las recomendaciones de la CNDH, hechas públicas el 12 de agosto, respecto al establecimiento de las responsabilidades y sus sanciones.
La “guerra” en que los metió Calderón ha resultado demasiado costosa para los militares. No sólo para el Ejército. También lo será para la Armada de México. El creciente protagonismo de sus infantes de Marina comienza a ser un lastre en violaciones a los derechos y dignidad humana.
A los militares no les queda más que defender a Calderón hasta el último día de su gobierno. No sólo por respeto a la institucionalidad, sino porque al hacerlo se protegen a sí mismos.
De otra manera no se puede entender lo dicho el pasado viernes 13 por el director del Colegio de la Defensa Nacional, el general Roberto Gustavo García Vergara:
“Que quede claro, esta guerra también se está ganando, porque todos podemos, porque nos asiste la ley y la razón, pero más que nada porque nadie, nadie tiene el derecho a rendirse, nadie tiene opción para desviar el rumbo y mucho menos a perder la fe en México y en su presidente”.
El general García Vergara no sólo habló para el exterior. Lo hizo para quienes dentro del Ejército ven más desaciertos que éxitos en la “guerra” a la que los mandó Calderón.
Comentarios: jcarrasco@proceso.com.mx
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