En el centro de la polémica por “su activa participación” en la elaboración de las bases de la licitación del espectro de radiofrecuencias que beneficia al binomio Televisa-Nextel, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, ahora se enfrenta a una exigencia de juicio político en su contra planteada por el PRI, así como a una solicitud de desafuero demandada ante la Cámara de Diputados por el exprocurador fiscal Gabriel Reyes Orona.
A partir de una propuesta de Acción Nacional, el miércoles 11 la Comisión Permanente acordó pedir al Ejecutivo federal que anule aquella licitación. A cambio de su voto a favor, el PRI pidió al PAN respaldo para que, en caso de no recibir una respuesta favorable del gobierno, se instaure el juicio político contra Molinar Horcasitas.
“En el supuesto de que aceptásemos el exhorto y (...) siguiera la suerte de otros miles que hemos hecho sin resultado alguno, ¿estaría dispuesto a suscribir conmigo (una petición de) juicio político en contra del secretario?”, preguntó el diputado priista César Augusto Santiago al panista Javier Corral, promotor del requerimiento.
“Por supuesto que habría responsabilidad penal, política y administrativa, y así lo he propuesto. Yo lo he propuesto… Cuando este debate empezó propuse que fuéramos a todas las consecuencias legales, políticas y administrativas a quienes tomaran esa decisión, y por lo tanto la respuesta es: ¡Sí!”, dijo Corral Jurado.
Sin embargo es difícil que se cristalice el juicio político contra Molinar, comenta Reyes Orona, “pues como éste se resuelve en el Senado y ahí el PAN tiene mayoría (50), veo muy complicado que se dé”.
Por ello, dice, “interpuse en la Cámara de Diputados no sólo la demanda de juicio político, sino también el desafuero contra Molinar, por su presunta responsabilidad en el incendio de la guardería ABC, y esto deberá abordarse en el próximo periodo ordinario que se inicia en septiembre”.
El pasado 22 de junio, el PRI impulsó en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados que se “analice por el área jurídica” la valoración para solicitar el juicio político.
Dos días más tarde, Reyes Orona demandó la aplicación de ambos procedimientos (juicio político y desafuero) contra Molinar por el caso de la guardería ABC de Hermosillo; por probable peculado, ya que puso a jugar en la Bolsa Mexicana de Valores cuando menos 16 mil millones de pesos del fondo de reservas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cuando estaba al frente de la institución (Proceso 1759), y por la entrega de un contrato multianual de 3 mil millones de pesos a una empresa que no reunía los requisitos para concursar: Tata Consultancy Services (TCS) de México.
Para llevar a cabo el desafuero se necesita mayoría simple. En San Lázaro el PRI tiene 237 legisladores; el PVEM, 21; el PAN, 143; el PRD, 69; el PT, 13; el Panal, nueve y Convergencia, ocho.
De acuerdo con la solicitud de desafuero de Reyes Orona, Juan Molinar Horcasitas avaló la entrega de un contrato a TCS, empresa impugnada por el resto de los participantes en el proceso de licitación.
Reyes Orona informó que ante la demanda que interpuso ya no se requiere la evaluación del área jurídica de la Cámara de Diputados y se le debe dar trámite automáticamente. Incluso reveló que el próximo martes 17 acudirá a la Secretaría General de la Cámara de Diputados para ampliar su denuncia e incluir el caso de la licitación 21 de la SCT, el desmembramiento de Mexicana de Aviación, la falta de claridad en las licitaciones de puertos y la imposición de Mony de Swaan como comisionado y presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones.
En cuanto a los documentos del millonario contrato que Molinar avaló para la empresa TCS por los servicios logísticos e informáticos que presta al IMSS y que tienen vigencia hasta 2011, se revela además la participación de Carlos Felipe Castañeda Gómez del Campo, primo hermano de Margarita Zavala Gómez del Campo, esposa de Felipe Calderón Hinojosa.
En el área de la cual es responsable el primo de la esposa del presidente (Innovación y Desarrollo Tecnológico) se han avalado pagos por más de 30 millones de pesos, en algunos casos con facturas duplicadas.
Los apoyos a Molinar
La historia se inició el 14 de diciembre de 2006 cuando, 12 días después de haber sido nombrado director del IMSS, Juan Molinar propuso al Comité Técnico del instituto el nombramiento del primo hermano de Margarita Zavala como director de Innovación y Desarrollo Tecnológico.
Según el manual de operaciones del IMSS, la dirección en la que se mantiene Castañeda se encarga de “contratar los servicios externos en materia de tecnologías de información, innovación y desarrollo tecnológicos, así como la adquisición, arrendamiento y mantenimiento de los equipos de cómputo, programas y paquetería de software, servicios de desarrollo de aplicaciones y rediseño de procesos”.
Ésta es una de las áreas donde la familia de la esposa del presidente de la República ha destacado desde hace años. Incluso ha sido proveedora del gobierno federal a través de las empresas Hildebrando y Metadata, propiedad de Diego Hildebrando Zavala Gómez del Campo, que dan servicio para el manejo de datos de instituciones como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto de Protección al Ahorro Bancario o el propio IMSS (Proceso 1564).
Con Castañeda Gómez del Campo, el primo político de Calderón, desde su posición dentro del gobierno la historia ha sido otra: se le ha acusado, por ejemplo, de haber adjudicado en forma poco transparente, entre junio y agosto de 2007, cuatro contratos de servicios tecnológicos por un monto cercano a mil 600 millones de pesos. Uno de ellos, por mil 500 millones, fue otorgado a una de las empresas de Carlos Slim, luego de que varios de los 26 competidores se tuvieron que retirar debido a “candados discrecionales” impuestos por Castañeda Gómez del Campo, según denunciaron algunos de los oferentes que prefirieron el anonimato para no ser afectados en futuras subastas. En esa ocasión se trató de la licitación número 00641259-016-07 (Proceso 1622).
En cuanto a la licitación que hoy forma parte de la demanda de desafuero contra Juan Molinar (la número 00641259-019-017), las bases fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 26 de julio de 2007 por el director de Innovación y Desarrollo Tecnológico del IMSS, Carlos Felipe Castañeda Gómez del Campo.
Participaron varias empresas, entre ellas la Universidad Autónoma de Nuevo León; EDS de México; Itera SA; Valores Corporativos Softtek y Tata Consultancy Services de México.
Aunque durante las juntas de revisión algunas empresas hicieron reclamos por la forma en que se estaba realizando la subasta, el 14 de septiembre de 2007 el IMSS anunció su fallo a favor de TCS.
Contra viento y marea, el 4 de octubre de 2007 Molinar Horcasitas y Castañeda Gómez del Campo firmaron el contrato No. 7S7279 con TCS por la cantidad mínima de mil 241 millones 376 mil 323 pesos hasta un máximo de tres mil 103 millones 440 mil 809 pesos. La duración del contrato fue de 48 meses a partir de la firma.
El reclamo de los competidores fue que la compañía a la que le daban el contrato era de reciente creación y no contaba con los suficientes estados financieros ni tenía la certificación de calidad CMM15 que se pide a las empresas de tecnologías de la información.
Las denuncias llegaron a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que abrió el expediente 657/2007. Mediante la resolución número 115.5.3241 del 19 de diciembre de 2007, la Dirección General de Inconformidades de la SFP determinó que el IMSS “debía llevar a cabo una nueva evaluación de las propuestas y fallo que en derecho proceda”.
Según los contratos que la empresa firmó con el IMSS, TCS fue creada el 2 de abril de 2003 y el 12 de septiembre de 2006 nombró como representante legal a Ankur Prakash.
Para subsanar los requisitos que no cubría, detalló Reyes Orona, esa compañía “se alió con una empresa extranjera que no participó en la licitación”: Tata America International Corporation, la cual, según el declarante, está metida en “un escándalo en Chile, ya que se acreditó que una empresa parte de este grupo fue sorprendida en actos ilícitos vinculados a los servicios informáticos que prestaba al Registro Civil de aquel país”.
En su demanda de juicio político, Reyes Orona declara que “el señalamiento indicaba que (la empresa trasnacional con la que se alió la mexicana) había hecho llegar recursos a campañas no admisibles conforme a la ley allá en Chile”.
Ante la decisión de la SFP del 19 de diciembre de 2007, que ordenaba anular el contrato entregado a TCS y revisar nuevamente todas las propuestas, el IMSS repuso el fallo el 4 de enero de 2008, pero de nueva cuenta éste recayó en Tata Consultancy Services y ya nada pudieron hacer el resto de las concursantes.
Debido a esta nueva resolución se anuló el contrato que en principio se había entregado a TCS y se firmó otro, multianual, el 16 de enero de 2008 y que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2011.
El nuevo contrato, número 8S8056, establece un pago mínimo de mil 228 millones 600 mil 566 pesos y un máximo de 3 mil 71 millones 501 mil 416 pesos.
También se deja asentada la alianza a la que hubo de recurrir TCS para cubrir los requisitos de la licitación. En la página dos del nuevo contrato se establece que “celebró con Tata America Internacional Corporation un convenio de participación conjunta para proporcionar los servicios objeto del presente contrato… y las obligaciones deberán cumplirse solidariamente”.
El caso sigue abierto
Hasta la firma del contrato, las empresas desplazadas ya nada podían hacer, pues los requisitos habían sido saldados.
Sin embargo, a principios de 2009 Reyes Orona inició una indagación: como presidente de la organización Transparencia Nacional solicitó a través del IFAI todos los “contratos, pagos y facturas de la empresa Tata, empresa consultora, que presta servicios a la Dirección de Innovación a cargo de Carlos Castañeda Gómez del Campo en el área de Innovación y Desarrollo Tecnológico y que contratan a diversas empresas relacionadas con sistemas”.
El 19 de marzo de 2009, el IMSS debió enviar “la información existente”. Se trata de los dos contratos firmados por Tata, el primero 7S7279 (que fue anulado) y el 8S8056, más las facturas correspondientes a los servicios proporcionados en 2007 y 2008 por dicha empresa.
Los hallazgos fueron reveladores.
Uno de los reclamos que Reyes Orona hace en su demanda de juicio político contra Molinar Horcasitas y el contrato firmado con Tata es que el IMSS paga “por hora-hombre” una cuota fija de 235.80 pesos. Esto significa que el número de horas que la empresa reporte como trabajadas, multiplicado por 235.80 es la cantidad en pesos que el instituto debe cubrir.
En su denuncia, el exprocurador fiscal aclara que “los nombres, listados y nóminas de Tata son desconocidos, por lo que se exige un escrupuloso escrutinio de ellos debiéndose constatar si se han incorporado a la planta laboral extranjeros que desplacen a mexicanos”.
Lo anterior, detalla Reyes Orona, es porque se tiene conocimiento de que la empresa sólo cuenta con 500 empleados en México y según las facturas que le fueron entregadas por el IMSS, se llegaron a laborar hasta 420 mil horas por mes.
“Esto sólo significa una cosa: o que recurrieron a trabajadores extranjeros, con lo cual están quitando empleo a mexicanos, o las horas que vienen en las facturas están alteradas. Y si se revisan bien, es imposible que la planta laboral de Tata haya cubierto ese tiempo en un mes. Son un insulto y aberración esas facturas”, sostiene en entrevista.
Con las facturas en la mano y de las que sólo se le entregaron las emitidas en 2007 y 2008 por el IMSS y corroboradas por la Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico, ofrece una muestra de una parte de las irregularidades.
Por ejemplo, para agosto de 2008 hay dos facturas por el mismo trabajo. Una es la número 2623 que reporta 110 mil 549 horas-hombre trabajadas con un monto a pagar de 29 millones 977 mil 572.33 pesos. Luego, existe otra por el mismo mes, con el número de factura 2676 con 36 mil 688 horas-hombre trabajadas por un monto de 9 millones 677 mil 514.96 pesos.
Esto significa que se pagó dos veces el mismo trabajo y en total la empresa Tata recibió 39 millones 655 mil 87.29 pesos. “Y no sabemos cuál fue el trabajo real”.
Otro caso es el de septiembre de 2008: “En la primera factura de ese mes, la número 2624, se reportan 53 mil 956 horas-hombre trabajadas con un monto de 22 millones 766 mil 348.52 pesos a pagar. Y luego existe otra por el mismo mes de septiembre con 33 mil 758.9 horas-hombre laboradas con un costo para el IMSS de 9 millones 154 mil 400.91 pesos. Tampoco sabemos cuál de las dos facturas es la real”.
Reyes Orona aclara que sólo tiene las facturas de 2007 y 2008, “y como el contrato sigue, supuestamente se sigue brindando el servicio al instituto, no sabemos si existieron otras irregularidades durante el año 2009 y lo que va de 2010, pero lo peor es que el contrato vence el 31 de diciembre de 2011. ¡Esto no puede seguir así sin que se investigue, si ya de por sí el proceso de licitación y el fallo estuvo amañado al aceptar la participación de otra empresa llamada igualmente Tata para cubrir los requisitos, pues no sabemos qué más puede haber en ese millonario contrato que es multianual!”.
En 2007, el IMSS pagó tres facturas, las de octubre, noviembre y diciembre, por un total de 31 millones 605 mil 188.91 pesos. “Aquí también habría que ver si hubo otra irregularidad, pues ese contrato ya había sido anulado por órdenes de la SFP y por ello se firmó uno nuevo el 16 de enero de 2008”.
En cuanto a 2008, el IMSS pagó facturas por 276 millones 860 mil 236.40 pesos.
Pero, advierte Reyes Orona, no hay que olvidar que el tope máximo es por más de 3 mil millones de pesos y no sabemos si durante 2009, 2010 y 2011 se va a facturar doble o si las jornadas que reporten sean reales, hasta alcanzar el máximo que puede pagar el IMSS y que está estipulado en el contrato. l
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