MÉXICO, D.F., 5 de agosto.- Cuando la policía de Arizona estaba lista para ejercer las nuevas competencias que le otorgaba la ley SB 1070, el fallo de la juez federal Susan Bolton cambió el panorama. La juez suspendió la aplicación de algunas de las disposiciones más controvertidas de la mencionada ley. Entre ellas, las que requieren a la policía averiguar la situación migratoria de quienes cometan alguna falta; las que califican como delincuentes a los migrantes que no llevan consigo permiso de residencia; las que permiten la detención, sin orden de arresto, de quienes se “sospecha” se encuentran ilegalmente en Estados Unidos.
El fallo es un punto de transición importante en la batalla sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la aprobación, por parte de los estados, de políticas en materia de migración; de acuerdo con la Constitución, esa tarea sólo corresponde al poder federal.
Son varios los estados de EU que han aprobado leyes en materia migratoria. Gran parte de la opinión pública está a favor por considerar que es el único camino para detener la oleada de migrantes indocumentados, la mayoría mexicanos, que llegan diariamente al país.
La gobernadora de Arizona apeló la sentencia declarando, enfáticamente, que es sólo el comienzo de una larga batalla jurídica que muy probablemente llegará a la Suprema Corte. Al final habrá un fallo que determinará si la política migratoria en Estados Unidos puede construirse en torno a múltiples legislaciones estatales, posiblemente contradictorias, o si se fortalece el poder federal, el cual tendría una mejor base jurídica si se aprueba la reforma migratoria que, desafortunadamente, no avanza al interior del poder legislativo federal.
No hay duda de que la sentencia fue un respiro para los cientos de miles de migrantes mexicanos en Arizona, entre los que se temía que ocurrieran todo tipo de hostigamientos e incluso deportaciones masivas. No se trata, sin embargo, de cantar victoria. Las circunstancias que llevaron a la aprobación de la SB 1070 siguen allí, agravadas por la indignación que produjo el fallo entre los grupos conservadores. “El presidente de los Estados Unidos y la juez tomaron el lado de los inmigrantes ilegales en contra de los ciudadanos americanos (…) el país llora de indignación”, comentó a la prensa el presidente de los Americanos por la Inmigración Legal (Washington Post, 20/07), uno de los grupos más combativos contra la presencia de indocumentados.
A lo largo de todo el espectro político en Estados Unidos hay una preocupación que se comparte y se hace cada día más urgente: la necesidad de fortalecer el control de la frontera. En el largo, y seguramente muy bien sustentado documento de la juez Bolton, se advierte simpatía por esa preocupación: “La Corte de ninguna manera se desentiende de los intereses de Arizona en controlar la inmigración ilegal”. Asimismo, la vocera del Departamento de Justicia insistió al comentar favorablemente el fallo: “Esta administración toma muy en serio la responsabilidad de asegurar nuestras fronteras y ha dedicado a ese fin recursos sin precedente”. (Ibídem.)
En otras palabras, paralelamente a la batalla legal, cuyo resultado es incierto, se ven venir medidas para el control de la frontera más intensas, como el envío de mayor número de miembros de la Guardia Nacional, el incremento de agentes de la Patrulla Fronteriza y la puesta en marcha de redadas que ya han elevado, frente a otras épocas, el número de deportaciones durante la administración de Obama.
El ambiente contrario a la presencia de trabajadores migrantes obedece a muchas causas que ya hemos comentado (Proceso, 18/07), las cuales no se debilitan por el fallo de la juez Bolton. En el caso particular de Arizona, tiene peso una percepción equivocada, pero muy extendida, respecto al vínculo existente entre criminalidad y migración. Es posible que un hecho determinante para la aprobación de la ley SB 1070 haya sido el asesinato del ranchero Robert Krentz, atribuido a traficantes mexicanos. Existe la impresión de que la respuesta a esa muerte fue la decisión de los legisladores de enviar la ley a la gobernadora para su aprobación; el ambiente político lo pedía.
Un estudio reciente del Instituto México del Centro Woodrow Wilson documenta con precisión los errores de quienes, en Arizona, ven la migración como una fuente de criminalidad. Los estados fronterizos con México –donde se concentra gran parte de los trabajadores mexicanos, señalan con datos muy exactos los investigadores– son también los más seguros. Dentro de la media nacional en Estados Unidos, Arizona, Austin, El Paso, San Diego, se encuentran entre las áreas seguras; se puede incluso afirmar que la presencia de migrantes es una garantía de seguridad. En efecto, poco interesa a quien va a buscar el sustento económico de sus familias, o a quien ya se encuentra establecido, involucrarse en actividades criminales.
A pesar de esos datos confiables, no se despejan los temores. La persistente información sobre la violencia en México sigue fomentando en el imaginario de la población fronteriza la correlación mexicanos-crimen. No obstante su falsedad, dicha percepción augura que la ola antimigrante irá en ascenso, así como la demanda de control de la frontera y de las medidas para fortalecerlo.
Es comprensible que se pida el seguimiento del debate jurídico en Estados Unidos sobre la SB 1070 y se apoye a quienes se oponen a ella. Pero importa subrayar que la defensa de los trabajadores migrantes no se logra con pronunciamientos retóricos. Lo importante es tomar conciencia de las fuerzas que se mueven en Estados Unidos y del hecho de que, independientemente de lo que ocurra con la mencionada ley, habrá mayor control fronterizo. Disminuirá, por lo tanto, el flujo migratorio, se reducirán las remesas y aumentarán las deportaciones. Eso, y no cantar victoria, es lo que debe preocuparnos.
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