WASHINGTON, 2 de octubre (Proceso).- En la lucha desatada por Felipe Calderón contra el narcotráfico el Ejercito Mexicano presuntamente ha cometido más de 2 mil 500 violaciones a los derechos humanos; de ellas solamente 40 son atendidas actualmente por los tribunales militares, según un informe del gobierno de Estados Unidos.
El reporte del Departamento de Estado –que se entregó al Congreso estadunidense– indica que los casos sometidos a cortes marciales son de soldados que asesinaron, violaron o torturaron y lo hicieron cuando estaban ebrios o drogados.
“De acuerdo con los datos más recientes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) actualmente 40 soldados se encuentran bajo proceso en tribunales militares por denuncias de violaciones a los derechos humanos que han tenido lugar durante el gobierno de Calderón”, destaca el documento titulado Reporte México-Iniciativa Mérida.
“Los casos bajo investigación no están disponibles para el público por determinación de las leyes mexicanas”, advierte el reporte, cuya elaboración y envío al Congreso se hizo para notificarle que “se liberaban” 36 millones de dólares para la Iniciativa Mérida, como parte del apoyo de Estados Unidos a la guerra contra el narcotráfico.
Para “liberar” el dinero el informe sostiene que, pese a las constantes denuncias de ciudadanos mexicanos, las fuerzas armadas están mejorando su labor para garantizar la defensa de los derechos humanos (Proceso 1767).
En el documento –del que este semanario tiene una copia– el Departamento de Estado notifica al Congreso, por ejemplo, que 15 soldados y cuatro oficiales mexicanos están siendo procesados judicialmente ante un tribunal militar “por violencia” que resultó en “un homicidio” durante un “incidente” que tuvo lugar el 1 de junio de 2007 en Sinaloa de Leyva.
“Un destacamento de solados que estaba apostado al lado de un camino en Sinaloa de Leyva, en el estado de Sinaloa, y que fueron reportados que se encontraban en estado de ebriedad y drogados, abrieron fuego contra una camioneta que transportaba a tres adultos y cinco niños matando en el acto a una mujer y a una niña de tres años”, destaca el reporte.
Condena a México por militares que violaron a indígenas
MÉXICO, D.F., 1 de octubre (apro).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) emitió dos sentencias condenatorias para el Estado mexicano sobre los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas guerrerenses violadas sexualmente por miembros del Ejército Mexicano, informaron organismos de derechos humanos.
A través de un comunicado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHMT), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y la Organización del Pueblo Indígena Me ‘phaa (OPIM), resaltaron que las sentencias fueron notificadas este viernes y que significan un “reconocimiento a la búsqueda de la justicia de las mujeres indígenas” quienes han mantenido su denuncia desde 2002, año en que fueron agredidas sexualmente.
Las organizaciones civiles, que representan legalmente a Fernández Ortega y Rosendo Cantú, destacaron que en las sentencias la Coidh considera al Estado mexicano “directamente responsable de haber violado el derecho a una vida libre de violencia; a no ser torturada; a la integridad personal de los familiares de las víctimas; a la protección de la dignidad y la vida privada; a las garantías judiciales y a la protección judicial”.
El tribunal interamericano también estimó que el México “ha incumplido con la obligación de adecuar la ley interna con los tratados internacionales. De acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, por lo que “las sentencias son definitivas y no pueden ser impugnadas por el Estado”.
Las medidas ordenadas, se apunta, tienen que ver con la reparación del daño, la investigación de las violaciones sexuales y el procesamiento de los militares agresores en el fuero civil, así como procesos disciplinarios en contra de los funcionarios que obstaculizaron el avance de las investigaciones.
La Corte ordenó, según las ONG, medidas para garantizar que hechos como los litigados no vuelvan a ocurrir, así como atención médica y psicológica para las víctimas y sus familiares, además de que ordenó la construcción de un centro de salud en las comunidades de donde Inés y Valentina son originarias.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación emitió un breve comunicado para dar cuenta de la recepción de las sentencias condenatorias, sin mencionar en ninguno de los nueve párrafos del documento que quienes agredieron sexualmente a Valentina e Inés fueron miembros del Ejército Mexicano.
En su comunicado, la Secretaría señala que en el litigio el Estado mexicano “reconoció, entre otros aspectos su responsabilidad por la dilación en el esclarecimiento de la verdad de los hechos y su responsabilidad por la falta de atención médica oportuna y especializada en el momento de la presentación de la denuncia penal”.
Asimismo, informó que en el desahogo del proceso judicial el Estado mexicano entregó los expedientes de los casos a los jueces de la Corte Interamericana, pero no menciona que las averiguaciones previas estaban radicadas en el fuero militar.
Tras señalar supuestos avances en el “sistema de salud y de procuración y administración de justicia”, y en la entrada en vigor de legislación a favor de la mujer, la Segob puntualizó que “el gobierno de México llevará a cabo todas las acciones necesarias para ejecutar esta sentencia de la Corte”.
Asimismo, reiteró su “pleno compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, en particular con el combate a la violencia contra las mujeres y niñas, así como su plena colaboración con el sistema interamericano de derechos humanos”.
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