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Confabulación y compra de votos invalidan las elecciones: AMLO
- Impugna los comicios y llama a los mexicanos a no permitir que se viole la Constitución
Periódico La Jornada
La confabulación para colocar a Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República, y
el sesgo que significó la compra y manipulación de millones de votos, no permiten dar certeza a ningún resultado ni al proceso electoral en su conjunto, expuso Andrés Manuel López Obrador.
Al
argumentar la solicitud de invalidez del proceso del pasado primero de
julio, el candidato presidencial del Movimiento Progresista también
anunció que la semana próxima emitirá los lineamientos del
Plan nacional para la defensa de la democracia y la dignidad de México, en apego al derecho estricto que concede la Constitución.
A
las seis de la tarde y acompañado por su esposa, Beatriz Gutiérrez,
así como por los dirigentes de los partidos de la Revolución
Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano, además de
Ricardo Monreal, Jaime Cárdenas, Arturo Núñez y los eventuales
integrantes de su gabinete José Agustín Ortiz Pinchetti y Javier Jimenez
Espriú, entre otros, López Obrador argumentó por qué la elección
presidencial es ilegítima.
Juicio de inconformidad
En el terreno estrictamente legal, se violó el artículo 41 de la Constitución, el cual indica que las elecciones deben ser libres y auténticas. En consecuencia, el día de hoy (ayer jueves), en los términos que establece la ley, presentaremos el juicio de inconformidad para demandar la invalidez de la elección presidencial del primero de julio.
El mensaje de ayer redundó en la defensa de la democracia:
Llamo a todos los mexicanos a no permitir que se viole impunemente la Constitución y se cancele en los hechos la vía democrática. Proceder de otra manera sería renunciar a nuestros derechos fundamentales y admitir la antidemocracia como forma de vida y como sistema de gobierno.
La estrategia se sustentará en los postulados del
Plan nacional para la defensa de la democracia y la dignidad de México, y la táctica se apoyará en los derechos ciudadanos y políticos que conforman la Carta Magna.
Todo lo que hagamos será en estricto apego a nuestros derechos ciudadanos consagrados en la Constitución. En especial, reitero que siempre actuaremos por la vía pacífica. ¡No daremos ningún pretexto para que los violentos nos acusen de violentos! ¡No aceptemos que la corrupción domine por entero la vida nacional! ¡Luchemos por el renacimiento moral de México!
López Obrador
exhibió boletas electorales marcadas en favor del PRI, un día antes de
la elección, en Tabasco y estado de México. Esas pruebas, dijo, se
presentaron a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos
Electorales (Fepade) y esta instancia no actuó.
El
candidato reiteró el señalamiento contra la minoría que domina en el
país, la cual decidió “mantener el régimen de corrupción que le
beneficia e imponer a Enrique Peña Nieto como presidente de México.
“La
estrategia que pusieron en práctica consistió en utilizar sus medios
de comunicación y mediante la publicidad introducirlo al mercado para
hacerlo figura nacional. Televisa, Milenio y muchos otros se dedicaron a proyectar una imagen de Peña Nieto que no corresponde con lo que es y representa.”
En
su recuento, recordó que el 6 de mayo se realizó el primer debate
entre aspirantes presidenciales, y aun cuando no se transmitió en los
canales de mayor audiencia,
millones de mexicanos se percataron de que Peña Nieto perdió el debate y quedó evidenciado como el candidato del grupo más corrupto de México.
Asimismo, el 11 de mayo, el candidato presidencial del PRI asistió a la Universidad Iberoamericana.
Los estudiantes lo encararon y su torpe y autoritaria respuesta, secundada por los políticos que lo rodean, así como la distorsión de los hechos en los medios de comunicación, en particular Televisa, dieron lugar al movimiento #YoSoy132.
También,
el 31 de mayo una encuesta marcó una diferencia de sólo cuatro puntos
entre López Obrador y Peña Nieto. Cinco días después, otro sondeo,
elaborado por el equipo técnico del candidato de las izquierdas, daba
ventaja de dos puntos a Andrés Manuel López Obrador.
“Al
percatarse sus patrocinadores de que Peña Nieto se estaba cayendo,
desesperados buscaron reforzar su estrategia mediática y consiguieron
el apoyo del ex presidente Vicente Fox. Al mismo tiempo, iniciaron la guerra sucia
en mi contra, en contubernio con personajes del PAN. Sin embargo, lo
más perverso e ilegal fue la determinación de reclutar y alinear a los
gobernadores del PRI para encargarles que se ocuparan de obtener votos a
como diera lugar, sin escrúpulos morales de ninguna índole.”
El sufragio, dijo, se adquirió con dinero en efectivo,
y a los cuantiosos recursos económicos de procedencia ilícita que se ejercieron para la compra de los votos, habría que sumar miles de millones de pesos gastados en publicidad, en encuestas hechas a modo y en el pago a quienes ejecutaron y apoyaron directa o indirectamente este vergonzoso plan. Aunque la compra del voto se dio en prácticamente todo el país, fue más acentuada en las zonas donde viven los más pobres de México, en especial en el medio rural.
Abundó:
No puede dejar de indignar y entristecer el constatar que los responsables de la desgracia de millones de mexicanos, encima de todo utilicen a sus víctimas, en particular a los más pobres y desinformados, para sostener su funesto poder económico, político y mediático.
Al concluir, Andrés
Manuel López Obrador salió en medio de un mar de reporteros, fotográfos
y camarográfos; su esposa Beatriz Gutiérrez lo esperaba en la puerta
del elevador y junto con el candidato salieron de la sede de la
conferencia, mientras en la calle medio millar de personas coreaban:
¡No estás solo, somos millones los que estamos contigo, nuestro presidente!
Llamado al respaldo ciudadano
- Se pide a IFE y TEPJF, no ser omisos y cumplir su responsabilidad
Acopio de pruebas del equipo legal de AMLOFoto Francisco Olvera
Alma E. Muñoz y Roberto Garduño
El
Movimiento Progresista demandó al Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) y al Instituto Federal Electoral
(IFE) que no sean omisos en su responsabilidad, que invaliden la
elección presidencial y cumplan con los principios del artículo 41 de
la Constitución relativos a certeza, legalidad, independencia, equidad e
imparcialidad en los comicios.
Ricardo
Monreal y Jaime Cárdenas, integrantes del equipo legal de Andrés
Manuel López Obrador, consideraron que el ciudadano ya despertó y lucha
por una verdadera democracia. Tal fenómeno se enmarca en el juicio de
inconformidad, al convertirse en un juicio ciudadano donde se
presentarán cientos de pruebas que demuestren los agravios. Asimismo,
llamaron al pueblo de México a sumarse firmando la solicitud de
invalidez a través de páginas de Internet o en actas físicas.
Hoy,
dijo Monreal, por primera vez en una elección presidencial será
aplicada la reforma constitucional aprobada en 2008, para castigar el
probable gasto de 4 mil 599 millones de pesos que habría erogado el PRI.
De comprobarse ese gasto, ello sería suficiente para invalidar los
comicios y convocar a su reposición por haberse violado el principio de
elecciones libres y auténticas.
La
legislación tiene por propósito no permitir financiamiento privado
preponderante en las campañas, ni triangulación financiera, lavado de
dinero o uso de recursos ilícitos para financiamiento, así como no
aceptar la compra del voto, que poderes fácticos o medios de
comunicación determinen al ganador y se conviertan en grandes
electores; tampoco permitir la manipulación o intromisión ilegal de
funcionarios públicos en el proceso, ni gastos disfrazados o
encubiertos.
El dinero que se habría
destinado a respaldar la candidatura de Enrique Peña Nieto, insistió
Monreal Ávila, se obtuvo de los presupuestos de los gobiernos
estatales, del lavado de dinero, de estructuras paralelas de
financiamiento o de endeudamiento de las administraciones estatales.
Jaime Cárdenas Gracia refirió que
es el deseo y la exigencia del Movimiento Progresista que el tribunal electoral limpie la elección y repare la violación de los principios constitucionales. Ese organismo tiene la obligación suprema de garantizar que no se viole la Constitución; debe invalidar la elección y reparar el daño.
Los
agravios son: inequidad en el trato de los medios debido a la
adquisición encubierta de tiempos en radio y televisión; rebase del
tope de gastos de campaña; financiamiento encubierto; encuestas usadas
como instrumento de propaganda e inducción del voto, así como actos de
presión y coacción al sufragio antes y durante la jornada electoral;
intervención ilegal de autoridades ajenas al proceso, además de
negligencia de la autoridad en el cumplimiento de su responsabilidad
legal.
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Llega al IFE el recurso de la coalición
Periódico La Jornada
Representantes
de la coalición Movimiento Progresista entregaron anoche en el
Instituto Federal Electoral (IFE) el recurso de impugnación a la
elección presidencial. Minutos antes, los dirigentes partidistas
advirtieron que el instituto no ha cumplido con su responsabilidad
constitucional, porque ha sido omiso ante violaciones graves a la ley
que pueden representar, incluso, uso de recursos de procedencia ilícita
y lavado de dinero.
Al citar el
caso Monex, presunta triangulación de recursos para apuntalar la
estructura del PRI en casillas, el dirigente del PRD, Jesús Zambrano,
resaltó que al indagarse a las empresas involucradas en estas cuentas,
las autoridades no hallaron los domicilios fiscales.
Doble delito
Hay una clara presunción de lavado de dinero, doble delito, probablemente proveniente del narcotráfico y al mismo tiempo ilegal e ilegítimamente metido a las campañas electorales. Puede ser que esto que se ha revelado sea la punta de la madeja de algo mucho más grande, dijo en conferencia de prensa.
El
secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, recibió de manera
oficial los documentos minutos después de las 10 de la noche, dos
horas antes de que venciera el plazo legal para que los partidos
interpusieran juicios de inconformidad. Ahí, el funcionario dijo que
Ver masel IFE no está ni puede estar confrontado con ningún partido político.
Se solicitan "nulidad total" de la elección y declaración de no validez
- También se demanda cancelar el registro de Enrique Peña Nieto
Al
formalizar su recurso en contra de los comicios presidenciales, el
Movimiento Progresista planteó que al haberse efectuado una elección
que incumple el postulado constitucional de la renovación de los cargos de elección popular mediante elecciones libres y auténticasse solicita
la nulidad total de la elección que se impugna, así como la declaración de no validez, y cancelar el registro del candidato de Compromiso por México, Enrique Peña Nieto.
La impugnación central va dirigida contra
la suma de los resultados que están consignados en dichas actas por partido y candidato. De igual forma, se cuestionan
las omisiones en que incurrió la autoridad electoral administrativa encargada de organizar las elecciones federales para impedir la recurrente y sistemática violación a las condiciones de equidad de la contienda y los principios rectores de la autoridad electoral por parte de diversos servidores públicos, partidos políticos y particulares identificados.
Se subraya que el
gasto real de la campaña de Peña Nieto ascendió a mil 807 millones 331
mil 16 pesos, lo que supone un rebase sustancial del máximo permitido
por la ley. Ante lo que considera inacción de la autoridad, pide al
tribunal electoral atraiga las quejas relacionadas con el
financiamiento de la campaña priísta.
Acusa
a la Unidad de Fiscalización del IFE de no haber resuelto 12 quejas
presentadas por presunto rebase de topes de campaña, por lo que debe
ser el tribunal el que defina los gastos de Peña Nieto y corrobore por
sí mismo este presunto ilícito, así como de las aportaciones prohibidas
de empresas. La atracción incluiría el caso Monex y las 9 mil 924
tarjetas que una
persona moral de carácter mercantil contratóen favor del PRI, cuyo monto total fondeado asciende a 70.8 millones de pesos.
En el extenso documento de más de 400 páginas, la coalición de izquierda detalla y documenta siete
agravioscentrales en el proceso electoral: adquisición encubierta de tiempo en radio y televisión; inequidad de la elección por el rebase de topes de campaña presidencial por la cantidad de mil 892 millones 987 mil 873 pesos, por lo que el rebase de tope de campaña sería de poco más de mil 500 millones, en razón de que el tope autorizado por el IFE fue de 336 millones; financiamiento encubierto en la campaña de Peña Nieto –Frontera Televisión Networks, Soriana–, y las encuestas como medio de propaganda y presión de electores.
También
se inconforma con la compra y coacción del voto que violenta
principios constitucionales de la elección, denuncia la intervención
ilegal de funcionarios ajenos al proceso electoral, con énfasis en los
gobernadores de extracción priísta y cuestiona las omisiones de la
autoridad electoral para detener los delitos electorales en los que
–asegura– se incurrió en la campaña presidencial de Peña Nieto.
El
Movimiento Progresista parte de la premisa de violaciones sistemáticas
a la Carta Magna, además de haber transgredido los principales rubros
de la reforma electoral, entre ellos las restricciones en radio y
televisión.
El documento hace un
extenso desglose de las violaciones al modelo de comunicación política,
en que responsabiliza esencialmente a Televisa como empresa principal
que apuntaló la candidatura del mexiquense.
En
lo que hace a inconsistencias en el recuento, subraya que en el
promedio de diferencial de errores fue de 9.22 votos, pero con
variaciones de hasta 13.8 promedio en Guerrero o 4.5 en Colima. Resalta
que hay entidades donde el porcentaje de actas con errores fue de 31
por ciento, pero en otras hasta 73 y 14 estados presentan más de 50 por
ciento.
En cuanto a la compra del voto, el documento subraya que
el caso Soriana esconde el más oscuro contubernio entre gobiernos estatales y una empresa, con el claro fin de coaccionar y comprar el voto.
En el capítulo de
financiamiento, el documento asocia los 56 millones de dólares –más de
800 millones de pesos– con Soriana y el Banco Monex.
Agrega que se registró
violencia física y presión a los electores, pues
antes, durante y después de la jornada electoral existen evidencias y pruebas fehacientes de que la coalición Compromiso por México, así como cuerpos de policía y diversas autoridades, llevaron a cabo de forma generalizada actos de violencia. Se denuncia también el robo de material y documentación electoral, entre ellos boletas y urnas.
En
su valoración general, el movimiento de izquierda cuestiona que hubo
violaciones sistemáticas a los principios contenidos en los artículos
14, 16 y 41 constitucionales sobre la elección, así como los artículos
38, 119, 342, 344, 354, 377 y 378 del Código Electoral. En su demanda
solicita que el TEPJF valore estas violaciones a la luz de las reformas
en materia de derechos humanos.
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Parte del grupo Banamex-Citi, empresa financiera que emite las tarjetas Soriana
- Funcionarios de la compañía minorista integran el consejo de administración del banco
- Imposible que las autoridades reguladoras no detectaran operaciones inusuales, advierten especialistas
La
presencia de miembros del consejo de administración de Banamex-Citi en
Servicios Financieros Soriana, empresa integrante del propio Grupo
Financiero Banamex, prefigura un nuevo ángulo en el escándalo en torno a
las tarjetas presuntamente utilizadas en la compra de votos para
favorecer al candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, en la
reciente contienda electoral.
La empresa que emite las tarjetas Soriana es parte del conglomerado de Grupo Financiero Banamex.
A
su vez, dos integrantes de la familia Martin Bringas, apellido que
predomina en la integración del consejo de administración de
Organización Soriana, controladora de la cadena de supermercados del
mismo nombre, figuran en el consejo de administración de Banamex.
Uno
de ellos es Ricardo Martin Bringas, vicepresidente del consejo de
administración de Organización Soriana, y el otro es Carlos Eduardo
Martin Bringas, quien se desempeña como consejero propietario de la
compañía, que tuvo que cerrar dos de sus establecimientos por la
multitud de personas que acudieron un día después de la elección a
cambiar por mercancías los puntos de las tarjetas de Soriana en su
poder, ante el rumor de que podrían quedar invalidadas.
La banca es el elemento que faltaba de aparecer en la construcción de la presidencia de Peña Nieto, comentan los integrantes del Centro de Estudios del Sector Bancario. Servicios Financieros Soriana –afirman– es la empresa que emite las tarjetas de Soriana.
Entre los
integrantes del consejo de administración de esta compañía, constituida
como sociedad financiera de objeto múltiple, entidad regulada, (Sofom
ER), en este órgano de gobierno figura como miembro suplente Javier de
Arrigunaga Gómez del Campo, quien fue director del Fondo Bancario de
Protección al Ahorro (Fobaproa), cuando era administrado por el Banco
de México, y ahora se desempeña como director general del Grupo
Financiero Banamex.
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"Es un ataque a la libertad de expresión y un freno a la movilización social"
La
firma del Acuerdo Comercial Contra la Falsificación (ACTA, por sus
siglas en inglés), llevada a cabo por el gobierno mexicano, abre la
puerta legal para controlar Internet, afectando preceptos
constitucionales fundamentales como el derecho a la libertad de
expresión, de información, a la privacidad y a la certidumbre jurídica.
Para
especialistas involucrados desde distintos campos en el debate público
sobre el acuerdo, el hecho es grave no sólo por sus implicaciones,
sino porque el Ejecutivo lo negoció prácticamente en secrecía e ignoró
el exhorto que en su momento le hizo el Senado por unanimidad para que
no lo hiciera, luego de una larga consulta pública entre proveedores,
usuarios, investigadores y autoridades relacionadas con el tema.
La
información sobre la firma del ACTA fue dada a conocer la noche del
miércoles en un comunicado del Instituto Mexicano de la Propiedad
Intelectual (IMPI), en el que se señala que la finalidad del acuerdo es:
combatir de manera más eficiente el problema de falsificación y piratería en materia de marcas, invenciones,obras intelectuales y artísticas.
La firma la llevó a cabo Claude Heller, embajador de México en Japón, cuyo gobierno es depositario del acuerdo, el cual
establece un marco general internacional con el fin de detener el comercio ilegal de productos piratas y/o falsificados, incluyendo su distribución masiva por medios digitales.
El
gobierno mexicano aprobó el ACTA a una semana de que el Parlamento
Europeo lo rechazó por mayoría, ante la presión social provocada por la
manera en que afecta derechos esenciales de los usuarios de Internet.
Consultado
al respecto, Alejandro Pisanty Baruch, presidente de la asociación
civil Sociedad Internet de México y ex titular de la Dirección de
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, deploró el hecho y se dijo
decepcionadopor la acción del gobierno federal, porque él, como otros especialistas preocupados por el asunto, participó como parte de la sociedad civil en una plataforma de diálogo
constructivo, positivoque buscaba salidas razonables y satisfactorias para todas las partes.
Como
resultado de ese diálogo, coordinado por un grupo especial del Senado,
los representantes del gobierno federal –recuerda Pisanty– fueron
matizando puntos conflictivos del acuerdo hasta dejarlos en
una vaguedadque ahora permite
restriccionescon
efectos congeladoresen los usuarios, una especie de
engarróteseme ahíante el temor de incurrir en un delito y convertirse en potenciales criminales.
Antes de entrar en vigor, el acuerdo tiene que ser ratificado por el Senado. Sin embargo, será en próxima legislatura.
Al
respecto, el senador saliente Javier Castellón Fonseca, miembro del
grupo especial de trabajo designado por el Senado para analizar el
acuerdo, dijo que la rúbrica es motivo de sospecha:
lo firman cuando los senadores que lo rechazaron ya no tienen tiempo de analizarlo, previendo que sea aprobado sin objeciones por la próxima legislatura.
Igual
que Pisanty, el senador consultado expresa su preocupación porque, en
los términos que se conocen, el ACTA amenaza la privacidad de los
usuarios y abre la posibilidad que bajo la sola sospecha de que alguien
está descargando material ilegalmente pueda ser investigado y sus
cuentas en Internet –de correo electrónico o de redes sociales–
intervenidas.
Por su parte, en una charla por twitcam
(videoconferencia por internet) con internautas, León Felipe Sánchez,
abogado especializado en derechos de autor y nuevas tecnologías,
también participante en las mesas de diálogo organizadas el año pasado
por el Senado, expresó las mismas preocupaciones que Pisanty y
Castellón, y ante la falta de respeto del Ejecutivo a las audiencias
públicas organizadas por el Senado, señaló que
merece varias mentadas de madre, por decir lo menos. Calificó la acción de
autoritaria y unilateral, aunque se mostró más optimista sobre la posición que tomarán sobre el tema los senadores que entran en funciones a partir del próximo primero de septiembre.
Los tres
especialistas consultados coincidieron al atribuir a la firma de ACTA
por parte de Calderón, un propósito político, después de observar el
papel protagónico que Internet y en particular las redes sociales
jugaron en el proceso electoral por la Presidencia de la República.
El senador Fonseca fue más allá y comparó la firma de ACTA con el veto presidencial a la Ley de Federal de Víctimas:
son cartas políticas para negociar con el próximo gobierno.
La
semana pasada, el parlamento de la Unión Europea rechazó el acuerdo.
Hasta el momento lo han aceptado los gobiernos de Australia, Canadá,
Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, Corea del Sur, Estados
Unidos y México. En todos los casos, es necesario que sea aprobado por
los respectivos parlamentos.
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Ola de críticas contra Calderón por suscribir en lo oscurito el ACTA
- Senadores consideran la rúbrica un
acto cobarde
y con fines políticos - El Ejecutivo desoye recomendaciones de legisladores
- El acuerdo debe ser ratificado por el Senado
Uno de los principios oficiales del ACTA es combatir la piratería, sin
embargo, sus detractores sostienen que en realidad se trata de un
intento de controlar el flujo de información en
InternetFoto Alfredo Domínguez
InternetFoto Alfredo Domínguez
Andrea Becerril y Myriam Navarro
La
decisión del presidente Felipe Calderón de suscribir de forma
repentina el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA, por sus
siglas en inglés), pasa por encima del Senado, que de forma oficial le
recomendó no signar ese tratado, porque viola garantías incluidas en la
Constitución para los mexicanos, advirtieron legisladores de los
partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución
Democrática (PRD).
Asimismo, reiteraron que el Senado debe
mantenerse en su postura y no ratificar ese acuerdo, que limita la
universalidad del acceso a Internet, puede ahondar la brecha digitalen el país y abre la posibilidad de intromisiones en la privacidad de los usuarios.
Lamento que las conclusiones del grupo plural del Senado hayan sido desoídas, escribió el coordinador priísta, Manlio Fabio Beltrones, en su cuenta de Twitter.
El presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, Francisco Javier Castellón Fonseca, coincidió en que
es una falta de respetoal Poder Legislativo la firma del ACTA, ya que anteriormente los senadores se habían manifestado de manera unánime por no rubricar este instrumento internacional, que atenta contra la libertad de los usuarios de Internet.
Por separado, el senador del PRD Carlos Sotelo dijo en entrevista que Calderón actuó
como operador de grupos de interés, particularmente de los monopolios de Estados Unidos, que intentan limitar el acceso a nuevas tecnologías de la información y la comunicación a amplios sectores de las sociedades en México y el mundo.
El perredista consideró que el mandatario actuó
con cobardía y cálculo electoralal firmar el acuerdo después de la elección del primero de julio, desoyendo el exhorto que formuló el Senado en septiembre del año pasado para que no lo hiciera.
El priísta Eloy Cantú, presidente del grupo plural, encargado de analizar la conveniencia de suscribir el ACTA, explicó que desde un principio hubo problemas, ya que Calderón no informó al Senado que había iniciado la negociación para firmar ese acuerdo comercial.
Debido
a ello, dijo, el grupo escuchó a prestadores y usuarios de servicios
de Internet, a autores intelectuales, creadores y abogados expertos en
el tema, y determinó que México no debe firmar ese convenio.
Las
conclusiones, cuyos argumentos son similares a los que expresó la
Unión Europea para rechazarlo recientemente, fueron aprobadas por el
pleno senatorial y remitidas al Ejecutivo el 11 de septiembre de 2011.
Cantú
lamentó que Calderón haya desestimado las recomendaciones del Senado, y
aseveró que a su juicio será la nueva legislatura la responsable de
analizar la ratificación del ACTA. Al respecto, Sotelo dijo que
alertarán sobre esa
inadmisibledecisión
y confiamos en que el Senado honrará su palabra, su acuerdo y su trabajo.
A través de un comunicado, Francisco Javier Castellón consideró que el gobierno mexicano aplicó la célebre frase
ni los veo ni los oigo, pues durante un largo periodo de la actual legislatura el Senado hizo un profundo análisis del contenido de ACTA
y sencillamente el gobierno federal ignoró el debate y ahora dice que firma el tratado para llamar a una discusión.
El senador perredista estimó que las autoridades debieron haber contraído
algún compromiso internacionalpara suscribir el ACTA, instrumento que podría ser utilizado como moneda de cambio con el nuevo Congreso.
Para el gobierno federal, traer ya firmado dicho acuerdo implica evidentemente tener una baraja en las manos para poder negociarlaen la siguiente legislatura, apuntó.
De
igual forma, Castellón adelantó que en la próxima sesión de la
Comisión Permanente presentará un punto de acuerdo para que se ratifique
el exhorto emitido el año pasado por el Poder Legislativo, y se dijo
preocupado por la posibilidad de que a través del ACTA las procuradurías
de justicia de los estados busquen intervenir en la red con la excusa
de perseguir delitos en Internet.
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Propone el SME un gran foro nacional
Los que suscribimos,
jubilados y ex dirigentes del SME, queremos hacer una propuesta al
compañero López Obrador y a su gabinete: Que convoquen a un gran foro
(tal vez en el Zócalo capitalino) para discutir y programar el Proyecto
de Nación Alternativa al Neoliberalismo, con base en las propuestas
que, como
candidatosal gabinete de AMLO, estuvieron exponiendo en diversos lugares y plazas públicas del país.
Muchos
votamos por AMLO con la idea de que llegara el extraordinario gabinete
compuesto por personajes de la vida cultural, política y social del
país, con intachable calidad moral e indiscutible capacidad. De este
foro saldría la agenda que está haciendo falta al país y que estamos
seguros podrá ser retomada por la clase trabajadora, los jóvenes
(particularmente los del movimiento #YoSoy132) y por la sociedad en
general.
Sería el contraveneno a la
propuesta entreguista de Peña Nieto, Vázquez, Quadri, Calderón y Fox;
así como de los partidos PRI, PAN, Verde, Panal, el CCE, etcétera, que
pretenden realizar (fast track) las famosas reformas estructurales
que el país necesita(laboral, fiscal, energética, de seguridad social, etcétera), que tal como están planteadas sólo beneficiarían a las grandes trasnacionales de gas, petróleo, electricidad, telecomunicaciones, etcétera.
Estamos
seguros que de ahí saldrían las banderas sociales para la verdadera
regeneración de la vida social, cultural, política, tecnológica e
industrial del país y que harían suyas mineros, electricistas,
trabajadores de Mexicana, magisterio, estudiantes, etcétera.
Los
ex dirigentes del SME: Manuel Fernández Flores, Mario Torres Aguilar,
Julio Pineda Hurtado, Francisco Javier Carrillo Soberón, Miguel Soto,
Jorge Herrera Ireta, César Torroella Labrada, Antonio Guadarrama
Saucedo, Miguel Ángel Guzmán Melgarejo, Jesús Trejo Sandoval, Rolando
Moreno Reséndiz, Rafael Ramírez Ochoa, Francisco Javier Gutiérrez
Aguilar, Augusto Yánez Rodríguez, Miguel Ángel Kaysser Espinoza, Pedro
Beltrán Mejía, Gustavo Alcántara Cárdenas, Cosme Hernández Jardines,
Nahum E. Velásquez Urbina, Raúl Islas Medrano, Julio López Álvarez,
Javier Alcalá Aguilar, Jaime Villafuerte Ruiz, Salvador Hernández Juárez
y Roberto Márquez Chávez
Protesta de ex americanista
A Emilio Fernando Azcárraga Jean, presidente del Grupo Televisa:
Por
medio de la siguiente carta de reclamo quisiera hacer constar mi
insatisfacción con respecto al trato que se le ha dado a la democracia
en México y a la falta de respeto a nuestras instituciones al colaborar
usted con la imposición de Enrique Peña Nieto en la Presidencia, a
quien usted apoyó descaradamente, olvidando el objetivo principal de su
televisora, que es el de informar y entretener, no el de ser un poder
más dentro de nuestro país, con la capacidad de decidir quien nos
gobierne a su entera satisfacción, olvidándose de lo que opinan 112
millones de compatriotas.
Le
transmito mi más profundo malestar por lo sucedido y como forma de
protesta y para ser congruente con lo que digo, hago y lucho, he
decidido dejar de consumir los productos que emanen de su grupo
empresarial, incluyendo el gran amor que le tenía al club de futbol
América. Pierde un fanático de esta institución y un consumidor más.
Aldo Rojas R., mexicano inconforme y ex americanista
Molestia por el cinismo en el proceso electoral
El
pasado domingo 10 de julio llevé a mi esposa a que ejerciera su
derecho al voto en la casilla especial ubicada en el palacio municipal
de Tepotzotlán, estado de México. Nos sorprendió ver que a las nueve y
media de la mañana ya había formadas más de 145 personas, paseantes
todas ellas, a la espera de su turno –una fila de más de cuatro horas
debido a la lentitud con que eran atendidas–, pero más sorprendente fue
ver que para la una y media de la tarde, hora en la que finalmente
votó mi esposa, ya había más de 300 personas formadas y que debido a su
gran número, finalmente esa casilla cerró a las once de la noche. Como
representante general de Morena pude constatar todo esto.
Me
decía mi esposa cuando la recogí, pues yo debía atender mis casillas,
que el joven que iba con su papá delante de ella sacó una caja de
crayones y los repartió entre los votantes, quienes al verlos
inmediatamente los tomaron.
¿Acaso
el señor Videgaray piensa que todas estas personas, asoleadas, de pie,
empapadas y de paseo, se sacrificaron tantas horas para votar por su
candidato? ¿Cómo es posible que si a esa hora todavía había gente
votando cinco horas antes ya dieran como triunfador a Peña Nieto?
A mis 62 años nunca había visto tan abundante cinismo tratando de tapar tal fechoría.
Benjamín OrtizEl Correo Ilustrado
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