MÉXICO,
D.F. (apro).- Organizaciones de derechos humanos vaticinaron que el
regreso del PRI a la Presidencia de la República no sólo incrementará
los niveles de violencia, sino también el número de violaciones a las
garantías individuales.
Agrupadas
en la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada, 63
organizaciones de derechos humanos nacionales y 13 internacionales
consideraron que con Enrique Peña Nieto como presidente se dará
continuidad al programa de seguridad de Felipe Calderón, que ha dejado
por lo menos “70 mil personas ejecutadas y 10 mil desaparecidas”.
Pero
no sólo eso, agregaron, también subeiron de tono las agresiones contra
defensoras y defensores de derechos humanos, luchadores sociales y
periodistas, y también contra diversos movimientos populares y del
pueblo en general.
En un documento
difundido este lunes, resaltaron que “por tercera ocasión” se registró
“un proceso electoral plagado de irregularidades”, dirigido a imponer
“los intereses empresariales e internacionales”.
Luego
de señalar que mientras estuvo en el poder “el PRI cometió las más
graves y aberrantes prácticas violatorias a los derechos humanos”, las
organizaciones humanitarias aseguraron que el exgobernador del Estado
de México “no sólo dará continuidad, sino que profundizará la actual
política de seguridad del gobierno de Calderón, lo cual significa otros
seis años más de una guerra, que en los hechos no es contra la
delincuencia , sino que va dirigida en contra del pueblo, sus
organizaciones sociales y de derechos humanos, una guerra que ha bañado
de sangre al pueblo de mexicano”.
Sin
mencionar al general colombiano Oscar Naranjo, a quien Peña Nieto
presentó como su asesor en seguridad nacional, las organizaciones
civiles advirtieron que de continuar la “política de guerra, bajo el
asesoramiento de un extranjero, tendrá como consecuencia para nuestro
país el incremento de violaciones a los derechos humanos, entre ellas
la desaparición forzada de personas”, delito que, según los registros
civiles, creció durante la actual administración panista.
En
materia de desaparición forzada, detallaron que de enero de 2011 a
febrero de 2012 se documentaron 30 casos entre luchadores sociales.
Dicho dato –añadieron– revela que “en solo un año se desaparecieron más
defensores de derechos humanos que en los cinco años anteriores, lo
cual evidencia que esta práctica, lejos de erradicarse, se incrementa
cada vez más ante la impunidad que prevalece en todos los casos”.
Según
los organismos, las evidencias sobre la respuesta de los gobiernos
priistas a los movimientos sociales son indicadores de lo que podría
ocurrir durante la administración de Peña Nieto, quien como gobernador
dio el mismo tratamiento que sus correligionarios.
Además,
recordaron las masacres de Acteal, Chiapas; Aguas Blancas y El
Charco, Guerrero, y las represiones en Atenco, Estado de México, y Los
Loxicha, en Oaxaca.
“Fue con el PRI
que se instauró en nuestro país la práctica más aberrante y atroz que
puede existir: la desaparición forzada de personas como mecanismo para
generar terror y para destruir a los movimientos sociales. Fue bajo el
gobierno priista, durante el periodo conocido como la guerra sucia, que
se cometieron más de mil 500 desapariciones forzadas en contra de
luchadores sociales, crímenes que hasta hoy permanecen impunes”,
puntualizaron.
Tras reconocer al
movimiento estudiantil #Yosoy132, las organizaciones que integran la
Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada avizoraron “un
escenario de mayor violencia y de violaciones a los derechos humanos”, y
se pronunciaron por mantener la “justa demanda de presentación con
vida de los detenidos-desaparecidos del país y el respeto a los
derechos humanos”.
La Campaña
Nacional está formada por los comités de Familiares de
Detenidos-Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, Monseñor Romero; Cerezo;
Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en
Guerrero; Taller de Desarrollo Comunitario, y Federación
Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de
Detenidos-Desaparecidos.
Dichas
organizaciones anunciaron que pese a las adversidades que se avecinan
con el regreso del PRI al frente del gobierno federal, continuarán su
exigencia y brindando apoyo “en lo que se requiera a los movimientos
populares, organizaciones sociales y organizaciones de derechos
humanos”.
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