Los recursos públicos del Estado de México han corrido generosamente hacia las arcas de las dos grandes televisoras privadas, una de las cuales ha venido construyendo desde hace años la imagen del candidato priista a la Presidencia. Más dinero del erario mexiquense ha ido a parar a una tienda de autoservicio cuyo propietario apoya a Peña Nieto. Al parecer los recursos provienen, además, de un poco transparente organismo parapoliciaco que suele ser muy bien tratado en el reparto del presupuesto estatal.
Cientos de millones de pesos del presupuesto del Estado de México –de
120 mil millones de pesos anuales, el más elevado entre las entidades
del país– se han destinado a financiar tarjetas de prepago en
supermercados como las tiendas Soriana y a realizar pagos a medios de
comunicación así como a otros organismos considerados por los partidos
de oposición como las “cajas chicas” del gobierno priista para la
campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.
Tan sólo en el
caso de las tiendas Soriana, el gobierno de Eruviel Ávila destinó 696
millones de pesos a la “contratación de servicios para la adquisición,
almacenamiento, distribución y entrega de canasta alimentaria y
productos complementarios” a los beneficiarios del programa Gente Grande
en sus dos vertientes: adultos mayores de 70 años y adultos mayores de
60 a 69 años.El monto se asignó el 13 de abril de 2012, en plena campaña electoral federal, de acuerdo con la adquisición directa GIS-AD-EXC-02-2012, realizada a través del Consejo Estatal de la Mujer y el Bienestar Social, de la Secretaría de Desarrollo Social.
Según la lista de adquisiciones de 2012, cuya copia obtuvo Proceso, al 28 de mayo de este año el gobierno del priista Eruviel Ávila efectuó primero un contrato por 472 millones 866 mil pesos y luego otro por 123 millones 89 mil pesos para la entrega de canastas alimentarias.
La millonaria adjudicación de recursos a las tiendas Soriana coincide con la denuncia realizada el 28 de junio pasado por los dirigentes del PRD que acusaron al PRI de realizar una “campaña tarjeta” con la repartición de 1 millón 800 mil plásticos de ese supermercado.
En conferencia de prensa, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la campaña de López Obrador, y Luis Sánchez Jiménez, exdirigente perredista en el Estado de México y actual candidato al Senado, presentaron físicamente 3 mil tarjetas de la tienda Soriana con saldo de mil pesos cada una, así como un video donde la candidata priista al Senado por el Estado de México, María Elena Barrera, ofreció “como muestra de la voluntad del gobierno de Eruviel Ávila” estas tarjetas a “ministras de la Iglesia”, el pasado 25 de junio en el Salón Atenea, en Valle de Chalco.
“El gobierno se hace cargo y los apoya con un recurso que hoy no reciben; y estas tarjetas… lo que les estamos entregando y para lo que les llamamos hoy, es para que sea una muestra de lo que podríamos hacer juntos y que yo quiero que podamos seguir haciendo”, afirma en ese video Barrera, exalcalde de Toluca e integrante del primer círculo de Enrique Peña Nieto.
En un comunicado de prensa y con declaraciones del secretario de Gobierno, Ernesto Nemer, el gobierno de Ávila negó “categóricamente” la utilización de las tarjetas de Soriana “a favor de partido político alguno”.
El apoyo de Ricardo Martín Bringas, presidente del Grupo Soriana, a la campaña de Enrique Peña Nieto fue evidente el pasado 2 de junio. El empresario lagunero asistió a un mitin de apoyo al aspirante presidencial priista en Gómez Palacio, Durango.
Martín Bringas forma parte de un grupo de empresarios que se sumó a la campaña priista en ese acto: Alonso Ancira, de Altos Hornos de México; José Antonio Tricio, de Grupo Lala; Carlos Herrera, de Grupo Chilchota, y Fernando Alanís, de Grupo Peñoles.
Ante estos hombres de negocios de la Comarca Lagunera, Peña Nieto firmó su compromiso 115 para impulsar una “revolución en el campo” y crear un seguro de vida que proteja los cultivos contra la sequía.
Cusaem, “caja chica”
En los gobiernos de Peña Nieto y de Ávila, el organismo denominado Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México (Cusaem) se ha convertido en una “mina de oro”, con ingresos anuales superiores a 2 mil millones de pesos que no son fiscalizados y dependen ahora del tabasqueño Salvador Neme Sastre, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y amigo del candidato priista.
Salvador es hermano de Benito Neme Sastre, compadre de Enrique Peña Nieto y coordinador jurídico de su campaña. Ambos y otro hermano, Ramón, son empresarios e hijos del exgobernador priista de Tabasco, Salvador Neme Castillo. Sus vínculos con Peña Nieto trascienden lo político y son considerados en el Estado de México y Tabasco como parte del “primer círculo” de negocios del candidato presidencial.
La reforma aprobada por unanimidad en el Congreso estatal el 12 de octubre de 2011 para crear la SSC en sustitución de la Agencia de Seguridad Estatal, reforzó la condición de opacidad del negocio que ha constituido el Cusaem, calificado por el diputado local panista Carlos Madrazo Limón como “una especie de ornitorrinco”.
“Cuando les conviene a las autoridades estatales y federales Cusaem es una policía pública, y cuando les conviene también ofrece servicios de policía privada y sus ingresos no son fiscalizados por nadie”, resume Madrazo Limón en entrevista con Proceso.
Madrazo, presidente de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, interpuso desde noviembre de 2010 una denuncia ante la PGR contra quienes resulten responsables de las irregularidades en la operación del Cusaem. La denuncia no ha prosperado.
Lo único que se incrementó fue el presupuesto millonario asignado por el gobierno estatal a ese organismo. El 23 de diciembre de 2011 la Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Finanzas del gobierno mexiquense aprobó una adjudicación directa de 154 millones 295 mil 78 pesos para el Cusaem.
Estos recursos se dividieron así: 52 millones 741 mil pesos para el Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México –una de las dos denominaciones fiscales del Cusaem– y 101 millones 553 mil para los Cuerpos de Seguridad Bancaria y Comercial del Valle de Toluca.
El Cusaem tiene registro fiscal de 1985, cuando gobernaba el Estado de México un tío de Peña Nieto, Alfredo del Mazo González. Según el registro ante el SAT, su actividad preponderante no es la seguridad, sino los “servicios administrativos municipales”.
El presupuesto de 2012 para Cusaem fue más de 24 millones mayor que el ejercido en 2011. Ese año la Secretaría de Finanzas le adjudicó de manera directa 130 millones 892 mil pesos, con el argumento de que las corporaciones que integran ese organismo “cuentan con capacidad técnica e instalada, ya que tienen 20 mil 772 elementos operativos, 665 administrativos y 468 vehículos de supervisión que les permiten prestar servicios al sector privado así como a entes públicos de carácter federal, estatal y municipal”.
Los elementos del Cusaem son contratados por el gobierno del Estado de México pero también por el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional del Deporte, el Sistema de Transporte Colectivo-Metro de la Ciudad de México, el Servicio Postal Mexicano, el Instituto Nacional de Migración y el Sistema de Administración Tributaria, según consta en el acta extraordinaria 081/2010 del 31 de diciembre de 2010.
El negocio ha sido redondo. Existen múltiples testimonios de que el Cusaem opera como una “caja chica” de los recursos gubernamentales que se utilizan lo mismo para negocios que para triangular recursos destinados a las campañas.
En junio de 2009 el periódico electrónico local Diario Amanecer divulgó un testimonio anónimo que acusaba al entonces secretario general de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, y a los actuales diputados federales Alfonso Navarrete Prida, exprocurador estatal, y Manuel Cadena Morales –integrantes los tres del Consejo de Administración de Cusaem– de ser beneficiarios del negocio. Según esta versión, sólo 30% de los ingresos de Cusaem se destinaban al pago de nómina, y 70% “a operación política” y de campaña.
Los gobiernos de Peña Nieto y de Ávila rechazaron considerar al Cusaem parte de la administración pública local, y por tanto señalan que sus ingresos no son auditables; tampoco los millonarios recursos que le otorga la Secretaría de Finanzas. A pesar de eso, advierte Madrazo Limón, los 14 mil 162 agentes que integran esta policía cotizan en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México como trabajadores públicos.
“Estamos hablando de un organismo tan irregular que puede ser considerado delincuencia organizada”, subraya Madrazo Limón.
Millones a los medios
Generoso, el gobierno del Estado de México es considerado como una de las principales fuentes de ingreso publicitario para cientos de medios impresos, cibernéticos y, sobre todo, para las dos grandes cadenas de televisión privada: Televisa y TV Azteca.
La relación de gastos realizados en la contratación de espacios publicitarios entre 2006 y 2011, el sexenio de Peña Nieto, confirma que cerca de 70% de esos recursos se concentraron en las dos grandes televisoras.
El reporte obtenido por Proceso a través de las solicitudes de acceso a la información y la relación de contratos originales confirman un gasto creciente y discrecional de la Dirección General de Comunicación Social mexiquense hacia las televisoras.
En 2006, de 130.4 millones de pesos, 59.9 millones fueron para Televisa y 23 para TV-Azteca. En 2007, de 129.3 millones, 55 fueron para el consorcio de Emilio Azcárraga y 23 para TV-Azteca. En 2008, de 127 millones, 62.29 fueron para Televisa y 23 para la empresa de Ricardo Salinas Pliego.
En 2009, año de la elección federal intermedia, el presupuesto reconocido se mantuvo en 124.94 millones de pesos, de los cuales 60.7 fueron para Televisa y 23 para TV-Azteca. En 2010, de 145.9 millones de pesos, 63.3 fueron para Televisa y 24.9 para TV-Azteca. En 2011, de 126.2 millones, 54 fueron para Televisa y 24 para TV-Azteca.
El generoso presupuesto del Estado de México también le pagó a empresas bróker o intermediarias de conductores estelares de Televisa y de Radio Fórmula, como Joaquín López Dóriga y Óscar Mario Beteta.
La empresa Astron, propiedad de López Dóriga, recibió 4.6 millones de pesos en 2006 y la misma cantidad en 2007. Esa cantidad fue mayor que la de la publicidad contratada en 2007 con periódicos de circulación nacional, como La Jornada (400 mil pesos), El Universal (1.5 millones de pesos), Reforma (3.6 millones) o Milenio (2 millones). Incluso fue mayor que los 920 mil pesos que oficialmente le pagó el Estado de México a Radio Fórmula, donde López Dóriga transmite su noticiario.
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