Los grupos empresariales y los partidos tradicionales de Paraguay aprovecharon un enfrentamiento entre la policía y campesinos para presentar a Fernando Lugo como incapaz de contener una supuesta “violencia creciente” y para azuzar el miedo a la “inestabilidad” en el país. El Partido Liberal Radical Auténtico rompió la frágil alianza que sustentaba al presidente y lo dejó sin apoyo en el Congreso. En apenas unas horas éste separó a Lugo de su cargo. El golpe parlamentario tiene también un trasfondo electoral: los partidos se posicionan y rehacen alianzas de cara a los comicios presidenciales de abril de 2013.
Desde abril pasado los campesinos ocupaban mil 748 hectáreas de un terreno propiedad del empresario Jorge Riquelme, quien advirtió a la policía que corrían versiones sobre hombres enmascarados que ingresaban en las noches. Nunca se investigó su advertencia, según dijo después Riquelme a los medios.
Los campesinos que ocupaban las tierras eran liderados por José Villalba, quien a inicios de este año enfrentó a un grupo de diputados durante una audiencia pública. Reclamaba esas tierras para sus agremiados. Después atacó la sede de la fiscalía regional pidiendo la liberación de un grupo de dirigentes campesinos.
Para José Rodríguez, principal dirigente de la Liga Nacional de Carperos –como se conoce a los campesinos que invaden tierras y se instalan en carpas–, la matanza de Curuguaty fue resultado de la falta de respuesta del gobierno al reclamo de tierras. “Tomaron esa actitud por la falta de respuestas (…) Volvieron a ocupar (esa propiedad) con el compromiso de que este gobierno haría algo. Les mintieron (…) Cuando no vieron respuesta a sus reclamos tomaron esta decisión, llevados por la desesperación”, declaró a la prensa paraguaya el día de la matanza.
A partir de este hecho se precipitaron una serie de acontecimientos que culminaron el 22 de junio con la destitución del presidente Fernando Lugo mediante un juicio político aprobado por el Congreso.
La destitución –condenada por los países de la Unión de Naciones Sudamericanas y que provocó el retiro de embajadores de gobiernos de la región– fue posible debido a que se rompió la frágil alianza de partidos que impulsaron la candidatura presidencial de Lugo en 2008 y que luego formaron parte de su gobierno. El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA, pieza fundamental de dicha coalición) le retiró el apoyo al mandatario e impulsó el proceso de su juicio político. Y lo hizo con cálculo electoral, pues intenta posicionarse de cara a los comicios presidenciales que se celebrarán en Paraguay el 21 de abril de 2013.
Humo mediático
Horas
después de la matanza en Curuguaty, Lugo se presentó ante los medios. Lo
acompañaron el ministro del Interior, Carlos Filizzola, y el comandante
de la Policía Nacional, Paulino Rojas. El presidente leyó un breve
mensaje: “Expreso en primer lugar mi gran pesar y repudio a los hechos
que condujeron al fallecimiento de personas en los sucesos de esta
mañana en Curuguaty, en el marco de un operativo policial en
cumplimiento de un mandato judicial”, dijo y se retiró de la sala.
Se quedaron en ella Filizzola y Rojas para responder las preguntas de los reporteros. El primero confirmó la presencia de personas entrenadas en el uso de armas. Los policías que murieron tenían disparos en cabeza, cuello y piernas, en la zona de la arteria femoral. Los chalecos antibalas no sirvieron para tanta pericia.
Debido a la precisión de los disparos surgió la versión de que miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP, guerrilla que surgió en los setenta) se habrían infiltrado entre los carperos. Filizzola no quiso conjeturar pero no descartó la posibilidad: “Hay gente diversa”, indicó.
La respuesta del gobierno no convenció a los sectores políticos más tradicionales ni a los grupos empresariales –la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la Unión Industrial Paraguaya y la Federación de la Industria de la Producción y el Comercio– que emitieron comunicados en los que solicitaron el “fin de la violencia”.
Ramón Sánchez, uno de los dirigentes de la UGP, sostuvo que desde diciembre de 2008 “el bloque productivo alertó sobre la violencia que se estaba gestando en el campo bajo la batuta de Lugo”.
En el transcurso del 15 de junio aumentó la presión. En las redes sociales un sector de la población expresó sus críticas al gobierno. En los noticiarios nocturnos los familiares de los policías muertos reclamaron medidas más firmes contra los carperos. Esa noche Lugo trató de apaciguar los ánimos: anunció que removería a Filizzola y a Rojas.
El 16 de junio Lugo nombró a Rubén Candía, exfiscal general del Estado y militante de la Asociación Nacional Republicana –nombre oficial del llamado Partido Colorado, de oposición–, ministro del Interior. Como jefe de la policía designó a Arnaldo Sanabria, el uniformado que dirigió la operación del 15 de junio en Curuguaty, donde ocurrió la matanza.
Los nombramientos de Lugo no frenaron la presión de los sectores políticos y empresariales. Blas Llano, dirigente del PLRA, adujo que su partido –miembro del gobierno– no fue consultado por el presidente para hacer dichas designaciones.
El Partido Colorado se deslindó del nombramiento de Candía –uno de sus cuadros– ante el temor de quedar atado al “cuestionado” gobierno de Lugo en pleno año electoral. Entendía que eso podría afectarlo de cara a los comicios del próximo año. Así, mediante un comunicado alegó igualmente que el presidente no le consultó el nombramiento. Más aún, Lilian Samaniego, presidenta de ese partido, declaró a la prensa que le pidió a Candía no aceptar la designación.
En los cuadros policiales el nombramiento de Sanabria generó incomodidad. Con su llegada quedaban fuera al menos dos promociones anteriores de agentes que habían sido entrenados en el combate al EPP.
Los partidos tradicionales y los grupos empresariales –sobre todo del sector agrícola– argumentaron que la matanza de Curuguaty podría ser el germen de una escalada de violencia ligada a la lucha de los campesinos por la tierra.
Héctor Cristaldo, vocero de la UGP, pidió públicamente el juicio político para el presidente. “Lugo ha fracasado en la lucha contra el EPP por falta de voluntad de combatirlo en serio y ahora los carperos matan a los policías. Creo que amerita el juicio político”, dijo.
Se quedaron en ella Filizzola y Rojas para responder las preguntas de los reporteros. El primero confirmó la presencia de personas entrenadas en el uso de armas. Los policías que murieron tenían disparos en cabeza, cuello y piernas, en la zona de la arteria femoral. Los chalecos antibalas no sirvieron para tanta pericia.
Debido a la precisión de los disparos surgió la versión de que miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP, guerrilla que surgió en los setenta) se habrían infiltrado entre los carperos. Filizzola no quiso conjeturar pero no descartó la posibilidad: “Hay gente diversa”, indicó.
La respuesta del gobierno no convenció a los sectores políticos más tradicionales ni a los grupos empresariales –la Unión de Gremios de la Producción (UGP), la Unión Industrial Paraguaya y la Federación de la Industria de la Producción y el Comercio– que emitieron comunicados en los que solicitaron el “fin de la violencia”.
Ramón Sánchez, uno de los dirigentes de la UGP, sostuvo que desde diciembre de 2008 “el bloque productivo alertó sobre la violencia que se estaba gestando en el campo bajo la batuta de Lugo”.
En el transcurso del 15 de junio aumentó la presión. En las redes sociales un sector de la población expresó sus críticas al gobierno. En los noticiarios nocturnos los familiares de los policías muertos reclamaron medidas más firmes contra los carperos. Esa noche Lugo trató de apaciguar los ánimos: anunció que removería a Filizzola y a Rojas.
El 16 de junio Lugo nombró a Rubén Candía, exfiscal general del Estado y militante de la Asociación Nacional Republicana –nombre oficial del llamado Partido Colorado, de oposición–, ministro del Interior. Como jefe de la policía designó a Arnaldo Sanabria, el uniformado que dirigió la operación del 15 de junio en Curuguaty, donde ocurrió la matanza.
Los nombramientos de Lugo no frenaron la presión de los sectores políticos y empresariales. Blas Llano, dirigente del PLRA, adujo que su partido –miembro del gobierno– no fue consultado por el presidente para hacer dichas designaciones.
El Partido Colorado se deslindó del nombramiento de Candía –uno de sus cuadros– ante el temor de quedar atado al “cuestionado” gobierno de Lugo en pleno año electoral. Entendía que eso podría afectarlo de cara a los comicios del próximo año. Así, mediante un comunicado alegó igualmente que el presidente no le consultó el nombramiento. Más aún, Lilian Samaniego, presidenta de ese partido, declaró a la prensa que le pidió a Candía no aceptar la designación.
En los cuadros policiales el nombramiento de Sanabria generó incomodidad. Con su llegada quedaban fuera al menos dos promociones anteriores de agentes que habían sido entrenados en el combate al EPP.
Los partidos tradicionales y los grupos empresariales –sobre todo del sector agrícola– argumentaron que la matanza de Curuguaty podría ser el germen de una escalada de violencia ligada a la lucha de los campesinos por la tierra.
Héctor Cristaldo, vocero de la UGP, pidió públicamente el juicio político para el presidente. “Lugo ha fracasado en la lucha contra el EPP por falta de voluntad de combatirlo en serio y ahora los carperos matan a los policías. Creo que amerita el juicio político”, dijo.
Cabildeos
En
Paraguay muchos reclamos de tierras habían sido canalizados de manera
ordenada. El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
dispone de unos 50 millones de dólares para comprar tierras, así como de
propiedades públicas para ser entregadas a los campesinos. A pesar de
ello este año hubo seis invasiones, algunas de ellas violentas.
Según fuentes consultadas por el reportero, la dirigencia del PLRA consideró que la coyuntura política era propicia para romper su alianza con Lugo. Calculó que seguir pegado a un gobierno “altamente desgastado” en un año electoral no parecía ser lo mejor para su futuro político. Además sus cuadros le reclamaban que realmente el partido no cogobernaba.
El 19 de junio la dirigencia del PLRA hizo una solicitud formal al presidente Lugo: la remoción de Candía y Sanabria y la instalación de una mesa de diálogo.
El 20 de junio la Junta de Gobierno del Partido Colorado aprobó que su bancada planteara el juicio político al presidente de la República debido a su incapacidad para buscar una solución a la violencia que, dijo, sostenidamente viene creciendo en el país.
Pero por sí sola esta bancada no tenía los votos suficientes para aprobar el juicio. Inició una ronda de contactos con otros partidos para sumar votos en el Congreso.
El mismo día Lugo anunció en conferencia de prensa la creación de una comisión de notables que tendría como propósito investigar la matanza en Curuguaty. Argumentó que “los carperos son ciudadanos paraguayos. Si los carperos tienen falta con la justicia, para eso está la justicia, la fiscalía, para que los investigue y los pueda enjuiciar. Este presidente se reunirá con todos los paraguayos que quieren construir el Paraguay”.
Además ratificó el nombramiento de Candía. Explicó que las designaciones de los miembros de su gabinete no estaban sujetas al partido al que éstos pertenecieran.
El PLRA tomó a mal esas declaraciones. Sus dirigentes argumentaron que el presidente no había dado respuesta a sus solicitudes. A las 15:00 horas Blas Llano, su dirigente, se reunió en privado con el general retirado Lino Oviedo, presidente del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Punace). Allegados a Oviedo comentaron al reportero que en ese encuentro acordaron “acompañar” el juicio político una vez que más agrupaciones políticas estuvieran de acuerdo. En todo caso después discutirían cómo repartirse los “espacios políticos”.
El acuerdo entre el PLRA y el Punace no fue nuevo. Ambos ya habían consensuado candidaturas regionales y a finales de 2010 sellaron un compromiso que permitió la designación –por parte del Congreso– de dos miembros de la Corte Suprema de Justicia. Además, en pleno año electoral ambos exploran la posibilidad de ir unidos en los comicios de 2013.
A las 17:00 de ese mismo día Llano se reunió con Roberto Campos, presidente del Partido Patria Querida (PPQ), y con Marcelo Duarte, senador de esa organización política. La reunión duró dos horas. También acordaron apoyar el juicio político contra Lugo.
Según fuentes del PPQ, en esa reunión ambos partidos acordaron un tema que consideraron central: garantizar las elecciones de 2013.
Pero dicho acuerdo partió de un supuesto: Que hubiera una eventual inestabilidad que a su vez impidiera dichos comicios, obligando con ello a la continuidad del gobierno de Lugo por tiempo indefinido.
Según una fuente del PLRA, no hizo falta que Llano se reuniera con la dirigencia del Partido Colorado, pues éste se adelantó en anunciar que plantearía el juicio político contra el presidente.
Esa misma tarde el gobierno intentó frenar los acuerdos de los partidos opositores. Ricardo Canese y Marcos Cáceres, dirigentes del Frente Guasu (grande, en guaraní), organización que aglutina unas 20 pequeñas organizaciones de izquierda, se reunieron con los dirigentes del PPQ. La reunión fue tensa. Canese les advirtió que acompañar un juicio político significaría un caos para el país y que ellos no podrían contener a las miles de personas que se abalanzarían a las calles para defender a Lugo. Sebastián Acha, diputado del PPQ declaró después que se molestaron por “las amenazas” de Canese.
A las 7:00 de la mañana del 22 de junio, una hora y media antes del inicio de sesiones de la Cámara del Congreso, se reunieron los miembros de la Mesa Directiva del PLRA con los diputados de su bancada. Todavía hubo una ronda de contactos para confirmar que los partidos consultados votarían a favor del juicio político.
El diputado del PLRA Salyn Buzarquis comentó que, cuando se realizaba la reunión, se presentaron dos enviados de Lugo: el secretario general de la Presidencia, Miguel López Perito, y Ricardo Canese.
Según Buzarquis éstos intentaban ofrecer al PLRA puestos en la administración pública a cambio de frenar su apoyo al juicio político. Pero los dirigentes del PLRA ni siquiera quisieron recibirlos. De hecho los corrieron del edificio. Canese declaró que detrás del proceso del juicio político se encontraban “los sectores oligárquicos que se oponen al cambio” en Paraguay.
Una hora después Llano anunció que el PLRA retiraba su apoyo al presidente Lugo y que “acompañaría” el juicio político.
La decisión estaba tomada y el futuro decidido. Sin el soporte del PLRA y sin base parlamentaria que lo respaldara, la permanencia de Lugo en la presidencia era cuestión de horas. El Partido Colorado, el PLRA, Punace y PPQ formaban una abrumadora mayoría: 76 de los 80 diputados y 39 de los 45 senadores. A partir de ese momento la votación para separar a Lugo de su cargo por un supuesto “mal desempeño de funciones” fue un mero trámite. l
Según fuentes consultadas por el reportero, la dirigencia del PLRA consideró que la coyuntura política era propicia para romper su alianza con Lugo. Calculó que seguir pegado a un gobierno “altamente desgastado” en un año electoral no parecía ser lo mejor para su futuro político. Además sus cuadros le reclamaban que realmente el partido no cogobernaba.
El 19 de junio la dirigencia del PLRA hizo una solicitud formal al presidente Lugo: la remoción de Candía y Sanabria y la instalación de una mesa de diálogo.
El 20 de junio la Junta de Gobierno del Partido Colorado aprobó que su bancada planteara el juicio político al presidente de la República debido a su incapacidad para buscar una solución a la violencia que, dijo, sostenidamente viene creciendo en el país.
Pero por sí sola esta bancada no tenía los votos suficientes para aprobar el juicio. Inició una ronda de contactos con otros partidos para sumar votos en el Congreso.
El mismo día Lugo anunció en conferencia de prensa la creación de una comisión de notables que tendría como propósito investigar la matanza en Curuguaty. Argumentó que “los carperos son ciudadanos paraguayos. Si los carperos tienen falta con la justicia, para eso está la justicia, la fiscalía, para que los investigue y los pueda enjuiciar. Este presidente se reunirá con todos los paraguayos que quieren construir el Paraguay”.
Además ratificó el nombramiento de Candía. Explicó que las designaciones de los miembros de su gabinete no estaban sujetas al partido al que éstos pertenecieran.
El PLRA tomó a mal esas declaraciones. Sus dirigentes argumentaron que el presidente no había dado respuesta a sus solicitudes. A las 15:00 horas Blas Llano, su dirigente, se reunió en privado con el general retirado Lino Oviedo, presidente del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Punace). Allegados a Oviedo comentaron al reportero que en ese encuentro acordaron “acompañar” el juicio político una vez que más agrupaciones políticas estuvieran de acuerdo. En todo caso después discutirían cómo repartirse los “espacios políticos”.
El acuerdo entre el PLRA y el Punace no fue nuevo. Ambos ya habían consensuado candidaturas regionales y a finales de 2010 sellaron un compromiso que permitió la designación –por parte del Congreso– de dos miembros de la Corte Suprema de Justicia. Además, en pleno año electoral ambos exploran la posibilidad de ir unidos en los comicios de 2013.
A las 17:00 de ese mismo día Llano se reunió con Roberto Campos, presidente del Partido Patria Querida (PPQ), y con Marcelo Duarte, senador de esa organización política. La reunión duró dos horas. También acordaron apoyar el juicio político contra Lugo.
Según fuentes del PPQ, en esa reunión ambos partidos acordaron un tema que consideraron central: garantizar las elecciones de 2013.
Pero dicho acuerdo partió de un supuesto: Que hubiera una eventual inestabilidad que a su vez impidiera dichos comicios, obligando con ello a la continuidad del gobierno de Lugo por tiempo indefinido.
Según una fuente del PLRA, no hizo falta que Llano se reuniera con la dirigencia del Partido Colorado, pues éste se adelantó en anunciar que plantearía el juicio político contra el presidente.
Esa misma tarde el gobierno intentó frenar los acuerdos de los partidos opositores. Ricardo Canese y Marcos Cáceres, dirigentes del Frente Guasu (grande, en guaraní), organización que aglutina unas 20 pequeñas organizaciones de izquierda, se reunieron con los dirigentes del PPQ. La reunión fue tensa. Canese les advirtió que acompañar un juicio político significaría un caos para el país y que ellos no podrían contener a las miles de personas que se abalanzarían a las calles para defender a Lugo. Sebastián Acha, diputado del PPQ declaró después que se molestaron por “las amenazas” de Canese.
A las 7:00 de la mañana del 22 de junio, una hora y media antes del inicio de sesiones de la Cámara del Congreso, se reunieron los miembros de la Mesa Directiva del PLRA con los diputados de su bancada. Todavía hubo una ronda de contactos para confirmar que los partidos consultados votarían a favor del juicio político.
El diputado del PLRA Salyn Buzarquis comentó que, cuando se realizaba la reunión, se presentaron dos enviados de Lugo: el secretario general de la Presidencia, Miguel López Perito, y Ricardo Canese.
Según Buzarquis éstos intentaban ofrecer al PLRA puestos en la administración pública a cambio de frenar su apoyo al juicio político. Pero los dirigentes del PLRA ni siquiera quisieron recibirlos. De hecho los corrieron del edificio. Canese declaró que detrás del proceso del juicio político se encontraban “los sectores oligárquicos que se oponen al cambio” en Paraguay.
Una hora después Llano anunció que el PLRA retiraba su apoyo al presidente Lugo y que “acompañaría” el juicio político.
La decisión estaba tomada y el futuro decidido. Sin el soporte del PLRA y sin base parlamentaria que lo respaldara, la permanencia de Lugo en la presidencia era cuestión de horas. El Partido Colorado, el PLRA, Punace y PPQ formaban una abrumadora mayoría: 76 de los 80 diputados y 39 de los 45 senadores. A partir de ese momento la votación para separar a Lugo de su cargo por un supuesto “mal desempeño de funciones” fue un mero trámite. l
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