Anonymous revela fraude en el PREP
http://youtu.be/Cl_phYTXdKM
Miles de denuncias por la compra y coacción del voto; instituciones
“debilitadas”, “insuficientes” e incluso “ineficientes” y cientos de
irregularidades en el Estado de México son los principales problemas
denunciados por los observadores nacionales y extranjeros durante la
jornada del domingo 1 y que, dicen, arrojan serias dudas sobre la
equidad y legalidad del proceso electoral.
Además los estados
donde ha ocurrido la mayoría de los más de 60 mil asesinatos de la
guerra contra el narcotráfico –Tamaulipas, Guerrero y Michoacán, los más
notorios– no tuvieron observadores: los de las delegaciones y
organizaciones civiles mexicanas y extranjeras se vieron obligados a
excluir la tercera parte del país de su monitoreo y declarar “puntos
ciegos” al menos 10 entidades.
En esas regiones, afirman varios
grupos de observadores y analistas, no existieron las condiciones
“necesarias” para un efectivo protocolo de observación y vivieron
escenarios de violencia extrema que volvieron “imposible” el monitoreo
electoral.
Advierten que las miles de anomalías detectadas en las
zonas que sí fueron posible observar implican un grave retroceso en la
consolidación de la democracia en México y plantean serias interrogantes
sobre la equidad y la legalidad de la jornada electoral que concluyó
con el triunfo de Enrique Peña Nieto, candidato presidencial del PRI,
según el conteo preliminar del Instituto Federal Electoral (IFE) al
cierre de esta edición.
“Zonas de guerra”
Beatriz
Camacho, directora de la ONG Alianza Cívica (AC) –que en los comicios
presidenciales de 2006 exigió el recuento voto por voto– dice a Proceso
que para esta elección decidieron no enviar a ninguno de sus 500
observadores a 10 estados considerados “zonas de guerra”: entre ellos
Tamaulipas, Durango, Chiapas, Guerrero y Michoacán.
“No tenemos
elementos para saber si esos estados estuvieron vigilados”, afirma
Camacho. “Son puntos ciegos donde ni siquiera podemos saber cuántas
personas dejaron de votar o fueron intimidadas”.
La ONG registró
que grupos de narcotraficantes amenazaron a comunidades enteras en
Michoacán desde semanas antes de la elección. En zonas de Tamaulipas y
Nuevo León también se reportó que los partidos políticos tuvieron que
“negociar” con narcotraficantes para instalar propaganda electoral y
llevar a cabo sus tareas básicas durante la jornada.
“Esos focos
rojos nos dejaron a los observadores a merced de los representantes de
los partidos políticos”, señala Camacho. “No hay estudios para entender
los costos de la violencia y la inseguridad en la elección, como sí
existen en Colombia, por ejemplo”.
Además de los 10 estados que no fueron observados, apenas hubo una limitada presencia de AC en otras regiones conflictivas.
“Estuvimos
en Sinaloa, pero sólo en Culiacán. En Chihuahua sólo fuimos a Ciudad
Juárez porque es el referente más importante, pero no fuimos a la
sierra, no nos fuimos a meter a las localidades rurales”, dice Juan
Acosta Castillo, coordinador de los observadores de la ONG.
En
Rincón Chamula, Chiapas, uno de los estados no monitoreados por AC el
IFE cerró nueve casillas por hechos violentos en los que se “perdieron”
tres paquetes electorales completos.
En los estados que sí fueron
vigilados AC reportó cientos de casos de compra y coacción del voto, lo
que significó, según un muestreo estadístico hecho por la ONG al
terminar la elección, que 26% de los ciudadanos sufrió la violación a la
secrecía del voto en todas las casillas del país.
El mismo
muestreo reveló que 15% de la ciudadanía denunció conocer a personas que
fueron presionadas por los partidos políticos para comprar o
condicionar su voto. Ese porcentaje es el más alto desde la elección
presidencial de 1994, explica Camacho, quien afirmó que es necesaria una
reforma electoral que imponga una reducción al financiamiento excesivo
de los partidos políticos y que al mismo tiempo les prohíba actuar con
impunidad durante procesos electorales.
“Confío en el conteo de
los votos al nivel de las instituciones electorales”, señala la
directora de AC. “Pero considero que todas las irregularidades en las
casillas influyen de manera determinante en los resultados de la
elección. Plantean dudas sobre la equidad y la legalidad de la elección,
lo que se cocinó previamente y que hoy culminó con este resultado”.
Hasta
el cierre de edición el sitio observacionelectoral2012.com.mx
–plataforma oficial de monitoreo del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD)– registró mil 233 denuncias de
irregularidades, compra y coacción del voto, intimidación y violencia en
todo el país.
Por su parte el sitio contamos.org.mx, creado por
un grupo ciudadano, registró hasta el cierre de edición mil 922
denuncias similares. Éstas serán canalizadas a la Fiscalía Especializada
Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), organismo que AC
considera “debilitado” por su bajo presupuesto y poca efectividad.
“El
resultado de la compra y coacción del voto es difícil de cuantificar y
el IFE, la Fepade y el Tribunal (Electoral) resultan autoridades
insuficientes y en algunos casos ineficientes para tan grave problema”,
afirma Camacho.
En Chimalhuacán, Estado de México, que según
estudios de AC es el más clientelar del país, los observadores
encontraron decenas de representantes del PRI apostados en cada casilla y
en algunos casos manteniendo una estricta vigilancia de los votantes, a
quienes les indicaban a qué mesa ir primero para votar y dónde reunirse
con otros priistas a la salida de la casilla.
“El voto no fue
secreto en esta elección”, dice a Proceso Pamela Starr, visitante
acreditada y también profesora de relaciones internacionales y
diplomacia de la Universidad del Sur de California.
Representantes
del PRD en casillas del mismo municipio de Chimalhuacán denunciaron
ante los observadores que incluso la policía del Estado de México estaba
expulsando observadores de las casillas.
En las de la sección
2132 de Ixtapaluca, Estado de México, las autoridades electorales
intentaron intimidar a los visitantes extranjeros por hacer preguntas a
los funcionarios de casilla.
Dominios del PRI
Ya
desde el día anterior a la elección 29 visitantes procedentes de 12
países de Latinoamérica y Europa y reunidos en la sede del PRD en el
Distrito Federal había advertido “preocupantes” irregularidades en
Chimalhuacán, Estado de México; en el Valle del Mayo, en el sur de
Sonora, así como numerosas denuncias en distintas regiones rurales de
Chiapas, Hidalgo, Morelos y Quintana Roo.
Al final de la jornada
electoral y tras registrar “serias” denuncias de compra y coacción del
voto, intimidación, violencia física y verbal en múltiples casillas del
Estado de México, Hidalgo y Morelos, los observadores consideraron que
“el voto libre pudo ser alterado” en esas regiones durante la jornada
electoral.
Giulia Sirigu, observadora italiana e investigadora de
la Universidad de Manchester, afirma a Proceso que pudo atestiguar la
compra del voto en Ecatepec y otras comunidades del Estado de México,
con numerosas irregularidades donde el PRI ejerció “un dominio total”.
Los
representantes del PRI, dice Sirigu, prohibían la entrada a casillas a
funcionarios y observadores y establecieron en residencias particulares
centros desde donde operaban la compra del voto y recolectaban paquetes
de credenciales de elector.
“En Puebla no se registraron
incidentes, pero sé que el Estado de México es diferente”, señala
Sirigu. “Sé que hubo una alteración del voto”.
Además de los
cientos de irregularidades documentadas, los observadores afirman que
fue “imposible” abarcar todo el territorio nacional y que sería
“irresponsable” avalar el resultado de la elección con su limitada
cobertura.
“Seria una atrocidad nuestra hacer un pronunciamiento
definitivo sobre esta jornada electoral”, dice a Proceso Julio Muriente
Pérez, copresidente del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano
de Puerto Rico. “Hay un discurso ideológico que pretende legitimar a
priori el proceso electoral, pero yo no me atrevo a hacer una expresión
categórica sobre la validez del resultado”.
Dos días antes de la
elección Aleyda Ferreyra, coordinadora del Fondo de Apoyo para la
Observación Electoral del PNUD en México afirmó que había una “cobertura
saludable” del territorio nacional, pero aceptó que ese organismo
ignoraba en qué regiones del país específicamente se ubicaron las 56
organizaciones que reciben financiamiento del fondo.
El PNUD
afirmó que AC cubriría todo el país, a pesar de que esta última comunicó
desde junio que no tendrían presencia en 10 estados.
“El nuevo
equipo del PNUD no tiene mucha experiencia de observación en México.
Vemos una falta de sensibilidad de su parte hacia el contexto mexicano y
esto nos preocupa mucho”, señala Beatriz Camacho.
“Es lamentable
que traten de decir que todo está bien cuando en realidad hubo muchos
focos rojos. Estamos igual que en Colombia hace algunos años.”
Claudia
Montecinos, vocera de la misión de observadores de la Organización de
Estados Americanos, asegura a este semanario que los 96 observadores de
este grupo –la delegación extranjera más numerosa– cubrieron todos los
estados del país.
Pero no precisó, pese a repetidas solicitudes,
cuántos de esos observadores estuvieron distribuidos en los estados más
violentos del país ni las localidades que monitorearon.
Eric
Olson, director adjunto del Centro Internacional Woodrow Wilson, basado
en Washington, dice a Proceso que las misiones de observación
internacional en México, provenientes sobre todo desde Estados Unidos,
han sido muy limitadas desde la elección presidencial de 2000, que él
monitoreó oficialmente y que implicó la derrota del PRI.
“Los
observadores están haciendo un esfuerzo, pero hay que reconocer que hay
límites en la observación por las condiciones en algunos estados y
municipios”, señala Olson, quien se encuentra en México para analizar el
proceso electoral. “Sería un error decir que no hay ningún problema en
ningún lado del país. No se puede estar en todos lados. Aun así hubo una
cobertura amplia y se pudo velar y denunciar a reserva de los lugares
más peligrosos”.
Ted Lewis, jefe de la delegación de la ONG
estadunidense Global Exchange –que denunció la iniquidad de la elección
presidencial de 2006–, afirma a este semanario que el PNUD no puede
“pretender” que existió una observación “adecuada” de los comicios.
“Tienen
que admitir que en el contexto de la violencia en México nadie quiere
estar en riesgo. No es posible investigar en lugares donde incluso la
muerte de periodistas es sistemática”, advierte Lewis, quien ha
observado las últimas tres elecciones presidenciales en México pero que
declinó integrar una misión de observación para ésta, a causa de la
inseguridad. “Es imposible certificar la elección bajo esas
circunstancias”.
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