Los negocios de la cédula de identidad

Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F., 29 de diciembre (apro).- Considerada como una de las empresas telefónicas consentidas del gobierno de Felipe Calderón, la compañía Axtel, propiedad de Tomás Milmo Santos, ganó –el pasado lunes 14– la licitación para construir la infraestructura informática que integrará a los 105 millones de mexicanos al Servicio Nacional de Identificación Personal (SNIP), mismo que servirá de base para la creación de la cédula de identidad ciudadana, criticada por los partidos de oposición y consejeros del Instituto Federal Electoral.
El contrato por 664.5 millones de pesos que obtuvo Axtel, en sociedad con el consorcio Unisys de México, se suma a una serie de jugosos contratos que ha recibido la compañía del empresario regiomontano, hijo de Tomás Milmo Zambrano y sobrino de Lorenzo Zambrano, el principal accionista de Cementos Mexicanos (Cemex).
Informes bursátiles indican que tan sólo en 2009, Axtel obtuvo contratos por 1 mil 77 millones de pesos en diversos “productos y servicios” ofrecidos al gobierno federal. En plena crisis recesiva, sus ganancias durante el primer semestre de 2009 duplicaron a las registradas en 2008, al ascender a 486 millones de pesos.
El crecimiento de la compañía ha sido espectacular durante el presente sexenio. Al adquirir Avantel, hace dos años, Axtel se convirtió en la segunda compañía de telecomunicaciones, sólo por debajo de Telmex, empresa con la que mantiene una agria disputa por el sistema “el que llama paga”, instaurado por la Cofetel desde 1999.
El 15 de septiembre de 2009, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó a Axtel una concesión por 30 años para instalar, operar y explotar una red de televisión satelital, con lo cual se convirtió en el tercer jugador de este segmento, por debajo del sistema Sky, de Televisa, y Dish, propiedad de MVS en alianza con EchoStar y Telmex.
Informes de consultorías como Signals Telecom, Consulting o Banamex Accival pronostican que Axtel podría asociarse con Sky, de Televisa, o con el holding de empresas cableras conocido como Yoo (formado por Cablevisión, Cablemás y TVI, las tres de Televisa, más Megacable) para ofrecer servicios de telefonía móvil convergente con el triple play.
Ahora, Axtel, asociada con Unysis, superó a otros consorcios que licitaron ante la Secretaría de Gobernación y ganó el contrato para configurar todo el sistema de almacenamiento y adquisición de los datos biométricos de los mexicanos, que incluyen la fotografía del rostro, la fotografía del iris de ambos ojos y las huellas dactilares de ambas manos.
Después de postergar en cuatro ocasiones el resultado del concurso, la Secretaría de Gobernación informó que la oferta de 664 millones 594 mil pesos de Axtel y Unysis fue mejor que la de otros 20 consorcios, entre los que se encontraban Telmex, Dies asociada con Hildebrando, propiedad del cuñado presidencial Diego Zavala, la chilena Sonda Pisa, la india Tata y la japonesa Nec.
Datos personales en riesgo
En un comunicado, Gobernación precisó que “la adjudicación de la infraestructura informática contempla la contratación del equipamiento y mantenimiento del centro de datos en las instalaciones de la secretaría, así como el almacenamiento y la adquisición de los motores de búsqueda de los datos biométricos de las personas, que corresponden a la fotografía del rostro, la fotografía del iris y las huellas de los dedos de ambas manos”.
Ante las dudas expresadas por legisladores del PRI y del PRD, así como por comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) por presuntas violaciones a los datos personales y a la privacidad, la dependencia dirigida por Fernando Gómez Mont aclaró que “la empresa ganadora en ningún momento podrá vincular la identidad física de las personas con la identidad jurídica de las mismas, compuesta por los datos asentados en el acta de nacimiento”.
Esta adjudicación incluye la contratación y mantenimiento del equipo del centro de datos de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, el almacenamiento y adquisición de los motores de búsqueda de los datos biométricos y el resguardo de la misma información por parte de las autoridades federales.
Antes de esta segunda licitación, que forma parte del paquete para la creación de la Cédula de Identidad Ciudadana, Gobernación adjudicó a la empresa holandesa Smartmatic la adquisición de 2 mil equipos necesarios para la captura de información. Empresas perdedoras en esta primera licitación, como Cosmocolor, propiedad de Jorge Kawaghi, se inconformaron ante la Secretaría de la Función Pública por el resultado.
En el caso de Axtel y Unysis, hasta el momento no se inconformaron las otras compañías perdedoras, pero existen serias dudas, ya que Axtel no tiene experiencia previa en el manejo de este tipo de información y Unisys es un corporativo creado en 1986 en Estados Unidos, que ha sido señalado por la prensa norteamericana por fallas de seguridad en el manejo de datos cibernéticos.
En 2003 y 2004, la compañía fue vinculada con el escándalo del lobbysta Jack Abramoff, acusado por varios delitos relacionados con sus actividades de gestor en el Congreso norteamericano. Unisys le pagó 640 mil dólares por sus servicios.
En 2007, The Washington Post publicó que el FBI investigó a Unisys por incidentes en el manejo de la base de datos del Departamento de Seguridad de Estados Unidos. La compañía negó las acusaciones.
Unisys Corporation fue identificada como el proveedor oficial de servicios de tecnología de información para la Convención Nacional del Partido Republicano de Estados Unidos, en el que se presentaron oficialmente los entonces candidatos de 2008 a la presidencia y vicepresidencia, John McCain y Sarah Palin.
El litigio con Cofetel y Telmex
Axtel protagoniza desde hace dos años un agrio litigio en contra de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y de los demás consorcios telefónicos, especialmente contra Telmex, por el sistema “el que llama paga”.
Axtel ha litigado ante diversos tribunales en contra de la resolución de la Cofetel que en 2006 asignó una tarifa de interconexión de 2.50 para que los usuarios de telefonía celular no pagaran las llamadas que surgieran desde un teléfono fijo.
Este litigio ha escalado hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, ha colocado en el banquillo de los acusados al presidente de Cofetel, Héctor Osuna, y ha generado un enfrentamiento entre Axtel y Telcel.
La primera compañía alega que el sistema“el que llama paga” es un mecanismo de subsidio para las grandes empresas de telefonía, y reclama de Telcel el pago de 2 mil 300 millones de pesos por tarifas de interconexión que no pagó la empresa sino sus usuarios.
A su vez, el director jurídico de Telcel, Alejandro Cantú, ha revirado señalando que Axtel le debe a su compañía 2 mil 400 millones de pesos, ya que la telefónica de Tomás Milmo sólo paga 50 centavos por minuto por tarifa de interconexión en el sistema “el que llama paga local”, en lugar de la tarifa de 1.90 pesos el minuto.
La disputa está aún en tribunales y ha agudizado las diferencias entre Cofetel y SCT. Un oficio enviado el 29 de octubre pasado por Héctor Osuna al titular de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcaditas, advierte que desde el 22 de abril de 2009 la Séptima Sala dejó “insubsistente” la multa decretada en contra del presidente de Cofetel, y niega que exista una violación a la suspensión provisional del sistema “el que llama paga” a favor de Axtel.
Para la Cofetel, el sistema “el que llama paga” permitió que el servicio de telefonía móvil tuviera un impulso significativo, a tal grado que el número de usuarios de servicio pasó de 3.3 millones en diciembre de 1998 a 47.1 millones en 2005.
“Este comportamiento se debió tanto a la introducción de la modalidad ‘El que Llama Paga’ en el servicio local, que le permite al usuario del servicio local móvil recibir llamadas locales sin cargo alguno, como al esquema de prepago, al hacer posible que el servicio local móvil esté al alcance de un sector más amplio de la población”, advierte un análisis de Cofetel entregado a Proceso.
Ante el litigio de Axtel, la Cofetel alega que el esquema conocido como “El que Llama Paga Nacional” para llamadas de larga distancia nacional e internacional, además de ser una alternativa más para el usuario del teléfono móvil, “genera importantes beneficios a los usuarios al incrementar las posibilidades de comunicarse y reforzar el derecho que tiene el usuario que origina la comunicación sobre su decisión para realizar la misma, al ser él quien cuenta con todos los elementos para valorar la conveniencia de la llamada y el costo que le representa su decisión”.
Sin embargo, Axtel ha acusado a la Cofetel de desacato a las órdenes judiciales, y sus representantes jurídicos rechazan que tengan algún adeudo con Telcel.
Conocedores de su bonanza durante el presente sexenio, prevén que Axtel contará con un fuerte apoyo en Los Pinos para continuar su expansión.
Fuente: Proceso

Los PANistas nos estan vendiendo........

Cédula de control

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

MEXICO, D.F., 13 de noviembre (apro).- En su talante autoritario, Felipe Calderón primero militarizó la seguridad pública; ahora, va por el control de los datos de la población.
El próximo miércoles 18, la Secretaría de Gobernación deberá dar a conocer los resultados de la licitación que lanzó en septiembre pasado para contratar el Servicio Nacional de Identificación Personal, cuya tarea primordial será la elaboración de la Cédula de Identidad de los mexicanos.
Sin precedente en el mundo, Calderón propone crear un ambicioso Sistema Nacional de Identificación Personal (SNIP) que no sólo pasa por encima de la Constitución, sino de las experiencias y recomendaciones internacionales.
Apenas el 1 de junio de este año, el propio Calderón publicó el decreto de reforma al artículo 16 de la Constitución, dentro del capítulo de la tutela de garantías individuales.
El Congreso añadió un segundo párrafo a ese ordenamiento que teóricamente coloca al Estado mexicano a la vanguardia internacional en la protección de datos personales, pero que Calderón anulará en la práctica si es que logra, con el aval del PRI en el Congreso, poner en marcha la emisión de la cédula de identidad.
La adición constitucional establece: "Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley".
Esa ley "establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger derechos de terceros".
La ley a la que se refiere la modificación es la Ley Federal de Protección de Datos Personales, cuya discusión y aprobación está pendiente en el Senado.
En un auténtico madruguete, Calderón pretende iniciar la operación de la cédula a partir del próximo año, si es que el PRI le autoriza los mil 52 millones de pesos, en el Presupuesto de Egresos del próximo año, para que la Secretaría de Gobernación inicie el registro e identificación de la población.
El SNIP tiene como componente central a la cédula, pero considera también el registro de los menores de edad. Las estimaciones de Gobernación es que hacia el fin del gobierno calderonista estén registrados 110 millones de mexicanos.
Además de la violación a la Ley General de Población, que exige un Programa del Registro Nacional de Población previo a la emisión de la cédula, Calderón hace de lado recomendaciones de Naciones Unidas respecto de la protección de los datos de identidad.
En 1990, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución para que los países miembros del organismo que emitan cédulas de identidad, garanticen que éstas sean operadas por autoridades independientes.
No es el caso de lo que se propone Calderón, pues la base de datos de la población estará en manos de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad Personal, dependencia de la subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, de la Secretaría de Gobernación.
De esa manera, el Ejecutivo dispondrá del control de la población a través de sus datos de identidad personal. No hay, por tanto, ninguna garantía de que esa base de datos se vaya a usar sólo para registro y no para fines políticos y persecución. Ningún país democrático ha tolerado un proyecto de este tipo.
Cuando aún se discute internacionalmente qué datos biométricos deben estar bajo control de los gobiernos, la administración calderonista quiere crearle a cada habitante del país un archivo con la información biométrica del rostro, el iris y los diez dedos de las manos, además, desde luego, de sus datos personales, incluidos sus antecedentes paternos.
Otra de las recomendaciones internacionales es evitar a toda costa la prestación de servicios externos, pues hay un altísimo riesgo de que las bases de datos con la información privada de los mexicanos sean traficadas por empresas privadas, como ocurrió ya con Choice Point.
La protección de los datos personales, la identidad y la seguridad son derechos sobre los que se está legislando en el mundo antes de emitir documentos de identidad, pues lo que está en juego es la vida privada de los individuos y el control que éstos deben tener sobre sus datos.
Ese es un debate que a Calderón no le interesa. Lo que busca es tener el control de la población, haciéndose eco del falso dilema de la era Bush entre seguridad y libertad.
El expresidente estadunidense fracasó en un intento para imponer un documento de ese tipo. Calderón por la vía de los hechos, lo quiere imponer.
jcarrasco@proceso.com.mx