Cofetel: El pago de facturas

Héctor Osuna, extitular de la Cofetel y Mony de Swaan, actual encargado.

Jesusa Cervantes

MÉXICO, DF, 13 de agosto (apro).- Si los exhortos que hace la Comisión Permanente son un “llamado a misa”, al PRI parece no quedarle otra que optar por la ausencia para evitar así la casi inevitable entrega del gran espectro radioeléctrico a Televisa al precio de ganga de 180 millones de pesos.

Parece ser esta la primera lectura que se puede hacer a la fallida sesión de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) del viernes pasado.

Como se recordará, desde el 19 de julio anteriro, el Grupo Salinas del dueño de Televisión Azteca, Ricardo Salinas Pliego, presentó ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una demanda en contra de Juan Molinar Horcasitas, secretario de Comunicaciones y Transportes, y de su gran amigo y exasesor, Mony de Swaan, presidente de Cofetel, por haber participado “activamente” en la elaboración de las bases para las licitaciones 20 y 21 para la entrega del espectro radioeléctrico.

Estas, por la forma en que fueron confeccionadas, hicieron imposible que el resto de los aspirantes a obtener las nuevas frecuencias participaran, dejando así el camino libre al binomio Televisa-Nextel.

Por el mismo número de megahertz, 30, cuatro competidores debieron pagar cerca de 5 mil millones de pesos, mientras que por otro bloque similar, de 30 megahertz, Televisa-Nextel, por ser los únicos pujantes que podían concursar, ofrecieron tan sólo 180 millones de pesos.

Además de la denuncia ante la ASF, existen decenas de recursos de amparo interpuestos contra la citada licitación, de hecho, el pasado 9 de julio, un juez de Acapulco, Guerrero, decidió sobre una de las demandas de amparo y falló a favor del demandante, teniendo como verdad y orden jurídica “que se dejara todo como estaba”, es decir, “que se suspendiera la licitación”.

A pesar de ello, la SCT y Cofetel siguieron con el proceso, que consistió en revisar las “diferentes ofertas” y, este viernes 13 de agosto, daría a conocer el fallo, el cual resulta obvio: al ser sólo Televisa-Nextel la concursante y oferente, pues a ella se le otorgaría el citado espectro radioeléctrico.

Para evitarlo, el miércoles 11 de agosto, la Comisión Permanente, a iniciativa del diputado panista Javier Corral, propuso un punto de acuerdo en donde se “exhorta al Ejecutivo federal” a que declare “desierta” la licitación.

Durante el debate, el también diputado del PRI, César Augusto Santiago, cuestionó el punto de acuerdo, pues dijo que los exhortos al Ejecutivo siempre han terminado en simples “llamados a misa”, esto es, que Felipe Calderón puede o no tomar en cuenta la petición del Poder Legislativo.

De ahí que César Augusto sostuviera que en su partido aceptaban aprobar el exhorto pero a cambio de que el PAN, o por lo menos el propio Javier Corral, aceptara que, en caso de no ser tomado en cuenta el llamado, entonces respaldara una solicitud de juicio político en contra de Molinar Horcasitas.

Corral aceptó el reto, por ello, ante la negativa de Felipe Calderón de tomar en cuenta el exhorto, y ante la convocatoria que para el viernes 13 hizo la propia Cofetel, con el ánimo de entregar “oficialmente” y declarar “ganador” a Televisa-Nextel, el siguiente paso deberá ser la demanda de juicio político contra Molinar Horcasitas.

Esperemos que Corral y los panistas tengan palabra y pongan en marcha en lo inmediato el proceso para llevar a cabo el citado juicio.

Esto lo veremos la próxima semana.

Y es que la Cofetel tiene de plazo hasta el 19 de agosto para dar el fallo sobre la licitación que tanto beneficiará a Televisa.

A sabiendas entonces de que el exhorto no sería tomado en cuenta y ante la convocatoria de Mony de Swaan, presidente de la Cofetel, para dar “trámite” a la entrega del espectro a la televisora, el PRI decidió otra vía de presión y con ello evitar o por lo menos ganar tiempo para que otras demandas de amparo sean resueltas en contra de Televisa: que no acudiera uno de sus comisionados, Ernesto Gil Elorduy.

Efectivamente, José Luis Peralta y Gil Elorduy no acudieron a la cita del viernes; el segundo no se excusó pero el primero envió un oficio en donde recordó que desde el 14 de diciembre de 2009 se había manifestado en contra de las bases de la licitación --que claramente beneficiaban a Televisa y sacaban de la subasta a cualquier otro concursante--, por lo cual determinó no acudir a la sesión de este viernes 13 para no avalar con su presencia la parte última del proceso.

Y aunque Gil Elorduy no se justificó, todos saben que fue la pieza que el PRI colocó cuando se conformó la nueva Cofetel.

Como se recordará, luego de la aprobación de la llamada ley Televisa en 2006, a los partidos políticos se les dio como premio un lugar en la Cofetel, y al PAN le tocó Héctor Osuna Jaime, quien fungiría durante los siguientes cuatro años como presidente, y al PRI, Gil Elorduy.

Con la renuncia de Osuna a la Cofetel, ésta quedó acéfala; el momento fue aprovechado por Calderón y Molinar, quienes colocaron a Mony de Swaan como comisionado, y entonces el Ejecutivo federal lo nombró presidente de Cofetel, así, el PAN tenía ya dos asientos de los cinco que la conforman.

El tercer comisionado afín al gobierno es Rafael del Villar Alrich, quien se había desempeñado en el área jurídica y, al ser nombrado comisionado, es hoy considerado también como la tercera pieza del gobierno federal y el panismo en Cofetel.

Calderón nunca se sintió cómodo con Héctor Osuna, de hecho había sido una posición heredada por su antecesor, Vicente Fox, por esta misma razón en dos ocasiones le llegó a pedir su separación, pero este panista se sostuvo y se negó a renunciar.

Sin embargo, el pleito de las grabaciones del entonces titular de la SCT, Luis Téllez, que salieron a la luz pública el año pasado y en donde se acusaba a Osuna de haberlas filtrado, fue el pretexto perfecto para que éste saliera de Cofetel. Así fue y con ello el PAN se quedó con tres espacios.

Aunque la Cofetel está conformada por cinco comisionados, de los cuales tres son del gobierno, uno del PRI y el quinto cercano a Carlos Slim, el pasado viernes la comisión tuvo el quórum suficiente, al contar con los tres comisionados panistas, para llevar a cabo la conclusión de la licitación en beneficio para Televisa.

A sabiendas de que la ausencia de Elorduy y Peralta resulta vital, aunque legalmente no necesaria pues se contó con el quórum suficiente, el gobierno calderonista determinó no llevar a cabo la sesión.

¿Cuál fue el motivo?, pues que el PRI ha hecho tanto ruido en el último mes, tanto en contra de Molinar Horcasitas como en contra de la licitación, que al gobierno de Calderón no le quedó de otra que ordenar la no realización del encuentro.

Sin embargo todavía tiene cuatro días de plazo para realizar la reunión y entregar a Televisa-Nextel el especto de 30 megahertz por tan sólo 180 millones de pesos contra los 5 mil millones que desembolsaron los otros competidores por el mismo número de megahertz.

Este plazo resultará clave para que el PRI pueda llevar a cabo sus negociaciones y, como siempre, ante la debilidad y el no saber cómo hacer bien las cosas de parte del gobierno federal, los priistas podrán sacar raja de todo este conflicto, que no sólo afecta a la otra televisora o a los otros competidores que quedaron fuera, sino a toda la población, ya que la concentración de los medios de comunicación en pocas empresas, o el uso de los espectros radioeléctricos, implican una verdadera limitación a la libertad de expresión y, por lo mismo, es también un ataque contra la población en general, quien tiene pocas opciones para informarse de lo que verdaderamente ocurre en un país.

Lo que el PRI podrá negociar o hasta dónde es capaz de llegar el gobierno calderonista a favor de los dueños del dinero en México lo veremos en los próximos días. Aunque, sin duda, gran parte de la población sabe cuál camino seguirá: el pago de facturas.

Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx

En ciernes: Ley Televisa II

Muñoz Ledo. Intentona "pinuda"

Jenaro Villamil

En la arena legislativa se libran fragorosos combates para imponer reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión. Todos los partidos llevan agua a su molino pero al final de cuentas las modificaciones planteadas sólo beneficiarían al duopolio televisivo, a los poderosos grupos radiofónicos y al propio gobierno. En la iniciativa impulsada por el PAN se pretende incluso la desaparición de la Cofetel, que sería sustituida por un órgano sin ninguna independencia respecto del Ejecutivo.

El intento más reciente para impulsar una nueva ley de medios electrónicos y de telecomunicaciones ocurrió el jueves 8 de abril, con la presentación ante el Legislativo de dos iniciativas de reforma al ordenamiento jurídico en la materia: una promovida por el senador perredista Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, y la otra por el diputado panista Javier Corral y el coordinador del PAN en el Senado, Gustavo Madero.

Ambas tienen el mismo vicio de origen: presentan firmas digitales de dos instancias extralegislativas. La primera, presentada por Sotelo, vino con la firma digital de Televisa, tal como lo reveló el periódico Reforma el viernes 9; Proceso confirmó, por otro lado, que la iniciativa del PAN tiene la firma digital de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como las iniciales “iarcemun” como presunto autor del texto. Este hecho evidencia los intereses que se encuentran en juego, así como los alcances y limitaciones de esas iniciativas.

Los cabildeos realizados desde Los Pinos, la SCT y la Secretaría de Gobernación para impulsar la iniciativa panista sólo se comparan con las presiones ejercidas por los asesores y especialistas jurídicos de Televisa, de TV Azteca y de las radiodifusoras para que se apruebe una reforma mínima, también conocida como “reforma parcial”.

Para el diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien presentó otra propuesta de reformas constitucionales a los artículos 6, 7, 27 y 73, es claro que al no modificarse la Constitución se está evitando un debate de fondo.

Crítico de ambas iniciativas, pero en especial de la impulsada por Corral y Madero, Muñoz Ledo advierte que “se trata de una nueva Ley Televisa, pero ‘pinuda’, porque fue elaborada desde Los Pinos”. Y asegura que al consorcio televisivo le favorece una ley sin fundamento constitucional.

Las diferencias más debatidas, por ahora, se concentran en dos temas: el primero se refiere a los “refrendos administrativos” para que una concesión se renueve sin necesidad de licitación, como lo plantea la propuesta de Sotelo, apoyada por el coordinador del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones. El segundo tiene que ver con la iniciativa panista que plantea la creación de un nuevo órgano, sin autonomía jurídica y “desconcentrado” de la SCT, que actuaría como regulador de radio, televisión, telecomunicaciones y contenidos audiovisuales.

Las críticas al alcance de este nuevo órgano regulador provienen del propio Sotelo, del PRI y de un sector del PAN en el Senado. Los señalamientos más incisivos son los de Beltrones, quien advirtió que su bancada sólo participará siempre y cuando “exista un órgano del Estado mexicano –y no del gobierno mexicano en turno– que sea normativo, autónomo e independiente; sin injerencia del Ejecutivo”.

De manera más sutil, el senador panista Santiago Creel, quien presentó el 23 de marzo de 2009 una propuesta para darle mayor autonomía a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), expresó: “Nos interesa ver una autoridad con plena autonomía, que permita ser la reguladora para que pueda cumplir debidamente su misión y, sobre todo, poder superar la doble ventanilla”.

El miércoles 14 se había programado un debate en el Canal del Congreso entre Corral y Sotelo, conducido por el periodista Javier Solórzano. Tras una larga reunión entre Corral y los senadores del PAN y un encuentro con el coordinador del PRD, Carlos Navarrete, el debate se pospuso y ambos partidos acordaron retomar la idea de una “reforma integral” y no una “reforma parcial” a la ley de medios.

La tarde del jueves 15, las comisiones unidas de Radio, Televisión y Cinematografía, de Estudios Legislativos y de Comunicaciones y Transportes sesionaron para iniciar el proceso de dictaminación, pero los legisladores del PRI no se presentaron. Horas antes, Beltrones propuso que se abriera una ronda de consultas con la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión.

Luego de la sesión, Sotelo afirmó que primero debe resolverse el tema pendiente de los refrendos, en especial para la industria de la radio. Se calcula que son casi 100 los refrendos pendientes. Por su parte, Creel prepara una propuesta para elaborar un transitorio constitucional que resuelva este asunto.

“Falso debate”

Entrevistado por este semanario, Porfirio Muñoz Ledo afirma que la sombra de una nueva Ley Televisa estará presente si no se reforma la Constitución a fin de darle plenas facultades al Congreso para legislar en materia de radio, televisión y telecomunicaciones y conferirle autonomía plena al órgano regulador.

“¿Qué pasó con la Ley Televisa? Todos los candidatos cedieron ante esta ley, pero tenían un plan. El plan que le vendieron a Calderón es apruébala y vemos luego cómo fortalecemos a la Presidencia. La fórmula es que la Ley Televisa le pasó todas las canicas a las compañías y la Suprema Corte se las devolvió al gobierno, porque hubo un acuerdo con Los Pinos”, explica el legislador.

La actual iniciativa del PAN “es una segunda Ley Televisa que trata de equilibrar el poder de Los Pinos con el de las compañías televisivas, y sabemos quién va a ganar a la postre, porque están dejando fuera a la sociedad”.

“El cambio fundamental debe ser involucrar la ley de medios como un derecho ciudadano. El titular de las concesiones es la sociedad, no el Estado. Ninguno de los objetivos se cumple si no hay una reforma constitucional. Sólo prolongaríamos la relación incestuosa entre el Ejecutivo y los concesionarios”, explica.

–¿Y las diferencias existentes sobre los refrendos automáticos o ahora llamados administrativos? –se le pregunta.

–Ese es un falso debate que se acaba con la definición constitucional. Todos los involucrados están eludiendo el debate de fondo. Antes de las elecciones hay que hacer un órgano constitucional autónomo, de representación ciudadana, en donde puedan estar técnicos, especialistas, organizaciones civiles. Esta es la reforma política fundamental del país.

El legislador comenta que desde 1969 ha participado en este debate con un objetivo fundamental: “quitarle al Ejecutivo la facultad omnímoda de dar concesiones, porque ese es el origen de la relación perversa entre Televisa y Los Pinos”.

Los múltiples intentos por hacer una reforma constitucional han sido bloqueados desde que se estableció la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960. En 1977, cuando Muñoz Ledo era secretario de Educación propuso una reforma al artículo 3 constitucional para que desde ahí se rigieran los contenidos de radio y televisión. La propuesta fue frenada por la Secretaría de Gobernación.

El diputado petista dice que en la Comisión para la Reforma del Estado, formada en esta legislatura, se volvieron a plantear reformas a los artículos 6, 7, 27 y 73 constitucionales, las cuales tampoco avanzaron. Su iniciativa presentada en la Cámara de Diputados retoma estas propuestas.

“Antes, la televisión era un apéndice de Los Pinos y ahora Los Pinos son un anexo de Televisa. La relación perversa se estableció porque en este juego de mutuo chantaje, quien ha perdido gradualmente fuerza ha sido el gobierno”, remata Muñoz Ledo y aclara que este mismo asunto lo ha discutido varias veces con Corral y con Creel.

Este último, revela, ha estado de acuerdo con una reforma al artículo 73 constitucional a fin de darle facultades al Congreso para legislar en materia de radio, televisión, telecomunicaciones y uso del espectro radioeléctrico.

En su propuesta de reforma al artículo 27 constitucional, Muñoz Ledo plantea la adición de dos párrafos con el siguiente contenido:

“El espectro radioeléctrico será también propiedad de la nación, inalienable e imprescriptible; podrán acceder, en igualdad de condiciones, a su explotación, uso o aprovechamiento las entidades públicas, educativas, privadas y comunitarias; ninguna de ellas podrá concentrar más del 25 por ciento de las frecuencias.

“La administración y vigilancia de las concesiones y permisos de la radiodifusión, televisión y telecomunicaciones por medio del espectro radioeléctrico queda a cargo de un organismo público autónomo de participación ciudadana creado por el Congreso de la Unión.”

Afán de control

Desde que el 7 de junio de 2007 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales seis artículos fundamentales de la Ley Televisa, el Senado no prosiguió con la elaboración de una nueva ley de medios. El máximo tribunal decretó inconstitucionales los mecanismos del “refrendo automático” de las concesiones, así como la apropiación del espectro sobrante para dar servicios digitales y de telecomunicaciones, entre otros puntos.

Durante 2007 y buena parte de 2008, en el Senado se integró un grupo plural para elaborar una nueva ley de medios. A última hora, el PRI se salió del acuerdo y sólo el PRD y el PAN mantuvieron el compromiso de impulsar lo que denominaron una “reforma integral”.

Los trabajos se empantanaron ante la reforma energética, discutida durante todo 2008, y por la airada reacción de las televisoras y principales grupos radiofónicos a la reforma electoral que prohibió la compra-venta de tiempo aire durante las campañas.

En abril de ese año, a nombre de un grupo de senadores del PRI, Beltrones presentó una iniciativa para otorgarles a los concesionarios de radio en AM una frecuencia “combo” en FM. La iniciativa parcial adicionaba un segundo párrafo al artículo 4 de la Ley Federal de Radio y Televisión.

En respuesta a esa iniciativa, que generó nuevas críticas en el seno del PAN y del PRD, el Ejecutivo emitió un decreto el 15 de septiembre de 2008. En éste se condicionó el otorgamiento de una frecuencia en FM al visto bueno de la Secretaría de Gobernación. Como respuesta, en octubre de ese año el PRD y el PRI presentaron otra iniciativa parcial de reforma que buscaba responder al reclamo de los concesionarios de radio.

Otro decreto de Felipe Calderón ocasionó nuevas diferencias en el seno de las bancadas. El 8 de enero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un nuevo reglamento de la SCT que le otorgaba al titular de la dependencia atribuciones para definir el futuro de las concesiones, así como de los refrendos y las tarifas en materia de telecomunicaciones. Este instrumento se dio a conocer en el marco de la intensa batalla que libraban el presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, y el secretario Luis Téllez (Proceso 1681).

La renuncia de Téllez a la SCT y la resolución de la SCJN echaron abajo aspectos fundamentales de este decreto y no se resolvió el problema permanente de la disputa entre los órganos reguladores y la presunta “captura” de la Cofetel por parte de los entes regulados.

En diciembre de 2009 y con el apoyo de la bancada del PRI en el Senado, Sotelo pretendió acelerar el dictamen de una reforma parcial. El intento fue bloqueado por la Cámara Nacional de la Industria de la Radio al calificarla de “reforma chavista” que impulsaba el reconocimiento de los medios comunitarios. El PAN y un sector del PRD también se opusieron, por considerar que la figura de los “refrendos administrativos” iba en contra de la sentencia de la Corte. Ante la polémica, el PRI se hizo a un lado.

Desde finales de marzo pasado, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas y la subsecretaria Gabriela Hernández, comenzaron a perfilar una nueva iniciativa para crear un órgano regulador con alcances similares a los establecidos en el reglamento presidencial de la SCT. El anteproyecto perfiló la creación de un nuevo Instituto Federal de Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales, como “órgano administrativo desconcentrado” de la dependencia.

Con esta nueva figura y otros avances sustanciales como el reconocimiento a los medios públicos, a los derechos de las audiencias, la regulación de contenidos y de los servicios de must carrier –que hacen obligatoria la retransmisión de todas las señales de televisión concesionada o permisionada en las empresas de televisión restringida–, Corral y Madero presentaron la iniciativa, sin consulta previa con los senadores de su propio partido que habían trabajado en las comisiones.

El jueves 8, Sotelo aceleró la dictaminación de la reforma parcial en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía. Para ello, contó con el apoyo de los legisladores del PRI. Los panistas se abstuvieron. En esa sesión estuvo presente, casi al final, el director de Análisis de Televisa, Javier Tejado Dondé.

En los próximos días, el debate fundamental se enfocará ya no sólo en los refrendos automáticos o en los “combos” para la transición de las estaciones de AM a FM. Los puntos más polémicos serán los que se abrieron con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia: la independencia del órgano regulador, los derechos ciudadanos incorporados a la legislación de medios y la autorización para que la participación de capital extranjero en la radio y la televisión concesionadas sea hasta de 25%.

En medio del debate también saldrá a relucir otro polémico decreto que Calderón publicó en el Diario Oficial de la Federación para crear un organismo descentralizado denominado Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Este nuevo organismo, con recursos presupuestales y sin autonomía, tendrá como funciones la generación, producción y distribución de materiales audiovisuales, así como “instalar y operar estaciones de radiodifusión”. Un grupo de senadores del PRI ya calificó como “bodrio” y “electorero” a este organismo. Mientras, el PAN y el PRD guardan silencio.

Los negocios de la cédula de identidad

Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F., 29 de diciembre (apro).- Considerada como una de las empresas telefónicas consentidas del gobierno de Felipe Calderón, la compañía Axtel, propiedad de Tomás Milmo Santos, ganó –el pasado lunes 14– la licitación para construir la infraestructura informática que integrará a los 105 millones de mexicanos al Servicio Nacional de Identificación Personal (SNIP), mismo que servirá de base para la creación de la cédula de identidad ciudadana, criticada por los partidos de oposición y consejeros del Instituto Federal Electoral.
El contrato por 664.5 millones de pesos que obtuvo Axtel, en sociedad con el consorcio Unisys de México, se suma a una serie de jugosos contratos que ha recibido la compañía del empresario regiomontano, hijo de Tomás Milmo Zambrano y sobrino de Lorenzo Zambrano, el principal accionista de Cementos Mexicanos (Cemex).
Informes bursátiles indican que tan sólo en 2009, Axtel obtuvo contratos por 1 mil 77 millones de pesos en diversos “productos y servicios” ofrecidos al gobierno federal. En plena crisis recesiva, sus ganancias durante el primer semestre de 2009 duplicaron a las registradas en 2008, al ascender a 486 millones de pesos.
El crecimiento de la compañía ha sido espectacular durante el presente sexenio. Al adquirir Avantel, hace dos años, Axtel se convirtió en la segunda compañía de telecomunicaciones, sólo por debajo de Telmex, empresa con la que mantiene una agria disputa por el sistema “el que llama paga”, instaurado por la Cofetel desde 1999.
El 15 de septiembre de 2009, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó a Axtel una concesión por 30 años para instalar, operar y explotar una red de televisión satelital, con lo cual se convirtió en el tercer jugador de este segmento, por debajo del sistema Sky, de Televisa, y Dish, propiedad de MVS en alianza con EchoStar y Telmex.
Informes de consultorías como Signals Telecom, Consulting o Banamex Accival pronostican que Axtel podría asociarse con Sky, de Televisa, o con el holding de empresas cableras conocido como Yoo (formado por Cablevisión, Cablemás y TVI, las tres de Televisa, más Megacable) para ofrecer servicios de telefonía móvil convergente con el triple play.
Ahora, Axtel, asociada con Unysis, superó a otros consorcios que licitaron ante la Secretaría de Gobernación y ganó el contrato para configurar todo el sistema de almacenamiento y adquisición de los datos biométricos de los mexicanos, que incluyen la fotografía del rostro, la fotografía del iris de ambos ojos y las huellas dactilares de ambas manos.
Después de postergar en cuatro ocasiones el resultado del concurso, la Secretaría de Gobernación informó que la oferta de 664 millones 594 mil pesos de Axtel y Unysis fue mejor que la de otros 20 consorcios, entre los que se encontraban Telmex, Dies asociada con Hildebrando, propiedad del cuñado presidencial Diego Zavala, la chilena Sonda Pisa, la india Tata y la japonesa Nec.
Datos personales en riesgo
En un comunicado, Gobernación precisó que “la adjudicación de la infraestructura informática contempla la contratación del equipamiento y mantenimiento del centro de datos en las instalaciones de la secretaría, así como el almacenamiento y la adquisición de los motores de búsqueda de los datos biométricos de las personas, que corresponden a la fotografía del rostro, la fotografía del iris y las huellas de los dedos de ambas manos”.
Ante las dudas expresadas por legisladores del PRI y del PRD, así como por comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) por presuntas violaciones a los datos personales y a la privacidad, la dependencia dirigida por Fernando Gómez Mont aclaró que “la empresa ganadora en ningún momento podrá vincular la identidad física de las personas con la identidad jurídica de las mismas, compuesta por los datos asentados en el acta de nacimiento”.
Esta adjudicación incluye la contratación y mantenimiento del equipo del centro de datos de las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, el almacenamiento y adquisición de los motores de búsqueda de los datos biométricos y el resguardo de la misma información por parte de las autoridades federales.
Antes de esta segunda licitación, que forma parte del paquete para la creación de la Cédula de Identidad Ciudadana, Gobernación adjudicó a la empresa holandesa Smartmatic la adquisición de 2 mil equipos necesarios para la captura de información. Empresas perdedoras en esta primera licitación, como Cosmocolor, propiedad de Jorge Kawaghi, se inconformaron ante la Secretaría de la Función Pública por el resultado.
En el caso de Axtel y Unysis, hasta el momento no se inconformaron las otras compañías perdedoras, pero existen serias dudas, ya que Axtel no tiene experiencia previa en el manejo de este tipo de información y Unisys es un corporativo creado en 1986 en Estados Unidos, que ha sido señalado por la prensa norteamericana por fallas de seguridad en el manejo de datos cibernéticos.
En 2003 y 2004, la compañía fue vinculada con el escándalo del lobbysta Jack Abramoff, acusado por varios delitos relacionados con sus actividades de gestor en el Congreso norteamericano. Unisys le pagó 640 mil dólares por sus servicios.
En 2007, The Washington Post publicó que el FBI investigó a Unisys por incidentes en el manejo de la base de datos del Departamento de Seguridad de Estados Unidos. La compañía negó las acusaciones.
Unisys Corporation fue identificada como el proveedor oficial de servicios de tecnología de información para la Convención Nacional del Partido Republicano de Estados Unidos, en el que se presentaron oficialmente los entonces candidatos de 2008 a la presidencia y vicepresidencia, John McCain y Sarah Palin.
El litigio con Cofetel y Telmex
Axtel protagoniza desde hace dos años un agrio litigio en contra de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y de los demás consorcios telefónicos, especialmente contra Telmex, por el sistema “el que llama paga”.
Axtel ha litigado ante diversos tribunales en contra de la resolución de la Cofetel que en 2006 asignó una tarifa de interconexión de 2.50 para que los usuarios de telefonía celular no pagaran las llamadas que surgieran desde un teléfono fijo.
Este litigio ha escalado hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, ha colocado en el banquillo de los acusados al presidente de Cofetel, Héctor Osuna, y ha generado un enfrentamiento entre Axtel y Telcel.
La primera compañía alega que el sistema“el que llama paga” es un mecanismo de subsidio para las grandes empresas de telefonía, y reclama de Telcel el pago de 2 mil 300 millones de pesos por tarifas de interconexión que no pagó la empresa sino sus usuarios.
A su vez, el director jurídico de Telcel, Alejandro Cantú, ha revirado señalando que Axtel le debe a su compañía 2 mil 400 millones de pesos, ya que la telefónica de Tomás Milmo sólo paga 50 centavos por minuto por tarifa de interconexión en el sistema “el que llama paga local”, en lugar de la tarifa de 1.90 pesos el minuto.
La disputa está aún en tribunales y ha agudizado las diferencias entre Cofetel y SCT. Un oficio enviado el 29 de octubre pasado por Héctor Osuna al titular de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcaditas, advierte que desde el 22 de abril de 2009 la Séptima Sala dejó “insubsistente” la multa decretada en contra del presidente de Cofetel, y niega que exista una violación a la suspensión provisional del sistema “el que llama paga” a favor de Axtel.
Para la Cofetel, el sistema “el que llama paga” permitió que el servicio de telefonía móvil tuviera un impulso significativo, a tal grado que el número de usuarios de servicio pasó de 3.3 millones en diciembre de 1998 a 47.1 millones en 2005.
“Este comportamiento se debió tanto a la introducción de la modalidad ‘El que Llama Paga’ en el servicio local, que le permite al usuario del servicio local móvil recibir llamadas locales sin cargo alguno, como al esquema de prepago, al hacer posible que el servicio local móvil esté al alcance de un sector más amplio de la población”, advierte un análisis de Cofetel entregado a Proceso.
Ante el litigio de Axtel, la Cofetel alega que el esquema conocido como “El que Llama Paga Nacional” para llamadas de larga distancia nacional e internacional, además de ser una alternativa más para el usuario del teléfono móvil, “genera importantes beneficios a los usuarios al incrementar las posibilidades de comunicarse y reforzar el derecho que tiene el usuario que origina la comunicación sobre su decisión para realizar la misma, al ser él quien cuenta con todos los elementos para valorar la conveniencia de la llamada y el costo que le representa su decisión”.
Sin embargo, Axtel ha acusado a la Cofetel de desacato a las órdenes judiciales, y sus representantes jurídicos rechazan que tengan algún adeudo con Telcel.
Conocedores de su bonanza durante el presente sexenio, prevén que Axtel contará con un fuerte apoyo en Los Pinos para continuar su expansión.
Fuente: Proceso

Ley Televisa, en segunda edición

Jenaro Villamil

MEXICO, D.F., 7 de diciembre.- Dos años después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación echó para atrás la Ley Televisa, las bancadas del PRI y del PRD en el Senado intentan “reeditarla” mediante una iniciativa de reforma parcial a la ley de medios electrónicos.

El propósito es invalidar el decreto presidencial de septiembre de 2008 en el que se establecen los requisitos para la transición de las 760 concesiones de radiodifusoras de la banda de Amplitud Modulada a la de Frecuencia Modulada. Ante el avasallamiento de la alianza PRI-PRD, los senadores del PAN piden que el debate se posponga para febrero de 2010.
Los senadores del PRI y del PRD impulsan una iniciativa de reforma a la ley de medios electrónicos en un intento por reeditar la Ley Televisa, que hace dos años echó abajo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Legisladores del PAN consideran “regresivo” el predictamen correspondiente, que se discutirá en la Comisión de Radio y Televisión los próximos días, los últimos del actual periodo ordinario de sesiones, y adelantan que su bancada en el Senado no dará el aval. Por lo pronto proponen que la discusión del documento se posponga para febrero próximo.
El propósito de la iniciativa presentada por el priista Andrés Massieu Fernández es incorporar la figura de la “prórroga administrativa” para concesiones y permisos en radio, lo que permitirá la comercialización de hasta 5% de tiempo en los medios permisionados. De aprobarse, la nueva reforma derogará el decreto del presidente Felipe Calderón emitido el 15 de septiembre de 2008 en el que se establecen los requisitos para la transición de las 760 concesiones de radiodifusoras de Amplitud Modulada (AM) hacia la banda de Frecuencia Modulada (FM).
Consultado al respecto, el senador perredista Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, explica: “Ya vimos que la reforma integral no fue posible y vamos hacia una reforma parcial que incluya cuatro temas sustanciales: los combos (otorgarles estaciones FM a las frecuencias en AM); resolver la incertidumbre frente al tema de los refrendos vencidos que preocupa fundamentalmente a la radio (las estaciones de televisión ya tienen garantizada la concesión hasta 2021); establecer un marco jurídico para convertir a los permisionarios en medios públicos, medios comunitarios y medios indígenas, y modificar la Norma Oficial Mexicana para disminuir de 800 a 400 Kilohertz el espacio entre dos emisoras en FM para dar más espacio a operadores de AM”.
Y matiza: “No es una reforma integral, pero lo veo como una señal de que podemos avanzar en el sentido de una reforma mayor. La idea es que este lunes 7 dictaminemos y se pueda aprobar por el pleno el martes 8 o el jueves 10”.
A su vez, el coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Manlio Fabio Beltrones, quien hace 18 meses promovió una iniciativa para impulsar la transición de las estaciones de radio de AM a FM, sostiene que “es posible que haya una definición de esa naturaleza antes de que termine el periodo legislativo”.
E insiste en que debe regularizarse este aspecto, pues ha generado incertidumbre en los mexicanos que “han sido merecedores de una concesión del Estado mexicano”.
Si la alianza PRI-PRD logra que este paquete de reformas se apruebe, será el segundo golpe que reciba un decreto presidencial, ya que entre el 23 y el 24 de noviembre la SCJN determinó modificar aspectos sustanciales del reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para que la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) se convirtiera en regulador único en materia de radio y televisión.
Según Beltrones, “la Corte ha resuelto de manera definitiva que son facultades de la Cofetel y no facultades de la Secretaría de Comunicaciones, las prórrogas y la conversión tecnológica. A partir de ello estamos obligados a legislar en la materia para garantizarle certidumbre jurídica a los tenedores de las actuales concesiones”.
En paralelo, el presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, adelanta a Proceso que ese organismo ya le planteó al gobierno federal y a los distintos concesionarios y permisionarios de las estaciones de radio que con la adopción del estándar digital IBOC se permitirá en una misma frecuencia la utilización hasta de ocho canales radiofónicos que incluyan estaciones públicas, como las del Congreso de la Unión y los estatales, así como la del Poder Judicial y las de las universidades estatales.
Y aunque admite que ese procedimiento necesita ser aprobado en el Congreso, el presidente de la Cofetel reitera: “Mediante este esquema de digitalización, las estaciones de radio experimentarán un proceso similar al de la televisión restringida; podrán multiplicar sus contenidos. E incluso se garantizará el acceso a los medios públicos y a las radios comunitarias”.
Los opositores panistas
El predictamen acordado entre el PRI y el PRD provocó la irritación de los senadores panistas que participan en la Comisión de Radio y Televisión, Santiago Creel, Ricardo García Cervantes y Marko Cortés, quienes sostienen que deben analizarse con detenimiento los objetivos de la reforma.
Asimismo, el coordinador de los senadores panistas, Gustavo Enrique Madero, propuso al presidente del Senado y coordinador del PRD, Carlos Navarrete, que el dictamen se posponga para febrero de 2010 pues algunos de sus correligionarios aun tienen dudas sobre los alcances de la reforma.
El diputado Javier Corral, presidente de la Comisión de Gobernación en San Lázaro, considera que la iniciativa que abanderan las bancadas del PRI y del PRD en el Senado constituye una “reedición de Ley Televisa”, ya que busca garantizar un mecanismo de refrendo automático a las concesiones, a pesar del criterio adoptado por la Corte, cuyos ministros ordenaron hace dos años que las concesiones vencidas después de 2007 deben ser licitadas.
En el “engrose” de la sentencia relativa a la Acción de Anticonstitucionalidad 26/2006 contra la Ley Televisa, la SCJN dejó sin efecto aspectos sustanciales del artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión, en especial el que señalaba que “el término de una concesión será de 20 años… El refrendo de las concesiones, salvo en el caso de renuncia, no estará sujeto al procedimiento del artículo 17 de esta ley”, en referencia al ordenamiento que señala que las concesiones deben otorgarse mediante licitación pública.
Además, en su tesis de jurisprudencia P./J. 73/2007 la Corte determinó que es inconstitucional el refrendo de concesiones en radio y televisión sin que éstas se sometan a un proceso de licitación.
El senador Sotelo admite que el “punto más polémico” del predictamen es justamente el de los refrendos a las estaciones de radio. Él asegura que la SCJN estableció en su sentencia en contra de la Ley Televisa que no existirían a partir de 2007 los “refrendos automáticos” a las concesiones vencidas, por lo que sería necesario entrar a procesos de licitación.
“Lo que nosotros proponemos ahora es la figura de una ‘prórroga administrativa’ en lugar del refrendo automático, estableciendo una contraprestación, así como nuevas condiciones sociales y tecnológicas”, abunda el perredista.
Y reitera que no se trata de revivir el “refrendo automático” que estableció la Ley Televisa. El propósito, arguye, es atender una demanda específica de certidumbre jurídica por parte de los concesionarios de radio, incluso dice al reportero que ha habido encuentros con algunos ministros de la Corte en los últimos días para analizar los alcances de esta reforma.
Algunos analistas en medios calculan que hay alrededor de 150 refrendos vencidos en la radio y aseguran que para finales de 2012 la cifra puede elevarse a 450.
En la pasada 75 Convención Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, admitió que era necesario “acelerar” el calendario establecido en el decreto presidencial del 15 de septiembre de 2008 para garantizar la asignación de estaciones de FM a las 760 concesiones que operan en AM.
El calendario original, establecido en el decreto de Calderón, fijó como plazo el mes de agosto de 2010 para que se asignaran todas las frecuencias en FM. Un año después (septiembre de 2009), la SCT aún no fijaba con la Secretaría de Hacienda el monto de la contraprestación: tampoco estaban claros los criterios para cumplir con los requisitos de capacidad jurídica y financiera para llevar a cabo la instalación, operación y explotación de las frecuencias en FM.
Medios comunitarios en resistencia
Organizaciones promotoras de medios comunitarios critican la iniciativa presentada por el diputado priista Andrés Massieu Fernández, exfuncionario de la CIRT, quien propuso el jueves 3 una reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión para penalizar hasta con 12 años de prisión a quien instale, opere, hable, colabore o venda equipos a radios o televisoras sin autorización.
Un comunicado firmado por organizaciones como la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Artículo 19, el Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (Cencos), Fundar y la red nacional Todos los Derechos para Todos y Todas indican que la iniciativa criminaliza el ejercicio de la libertad de expresión.
Además, arguyen, afecta a comunidades indígenas y campesinas marginadas ya que la ley actual “da un margen de discrecionalidad tan alto a la autoridad competente para el otorgamiento de permisos que para muchas de ellas es casi imposible cumplir con los requisitos establecidos”.
En lugar de fortalecer las acciones legislativas para establecer una normatividad que “otorgue certeza jurídica a las radios”, advierten las organizaciones ciudadanas, “el PRI propone medidas represivas en contra de comunidades que buscan ejercer su derecho a la libertad de expresión, pues el uso de la vía penal es desproporcional y abusiva”.
De aprobarse esta iniciativa, “muchos presidentes municipales también irían a la cárcel, pues como las mismas autoridades han documentado, existen múltiples emisoras sin concesión o permiso que son instaladas por las autoridades locales, por lo que el PRI llevaría a prisión a miembros de su propio partido”.
Este reportaje se publicó en la edición 1727 de la revista Proceso que empezó a circular el pasado domingo 6 de diciembre.
Fuente: Proceso

Abdicación

Manuel Bartlett Díaz

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El más brutal instrumento de dominio del pueblo mexicano son las televisoras. Medios de los intereses económicos dominantes manipulan al auditorio desprotegido. No son un “poder” neutro, deberían serlo, como concesionarias del Estado supuestamente democrático y con responsabilidad social. Pero el gobierno de Calderón no es democrático ni neutral ni comprometido con los intereses públicos sobre los privados. Televisa y TV Azteca son parte de la oligarquía.
Someter al duopolio al interés público, simplemente a la ley, es batalla inconclusa porque ese “poder” está asociado al poder político. El caso Cofetel, Comisión Federal de Telecomunicaciones, lo ejemplifica. Es su responsabilidad democratizar la radiodifusión y no la cumple. Creada como organismo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones Transportes para otorgar y retirar concesiones, con objeto de que esta materia estratégica quedara en manos de un grupo de personas imparciales a salvo de los intereses políticos del secretario del ramo. Veamos.
La ley Televisa asignó a la Cofetel facultades sustraídas al secretario de Comunicaciones, de acuerdo al diseño de Televisa, aprobado por su connivencia con los coordinadores del PAN y del PRI en el Senado y legisladores coludidos. Publicada la ley, Fox, Calderón, candidato del PAN, y Emilio Gamboa, vicecoordinador priísta, nombraron a los comisionados: el presidente de la Comisión de Radiodifusión del Senado, Héctor Osuna, principalísimo operador de la ley Televisa, resultó presidente de la Cofetel, y como comisionados, un adelantado de Gamboa y los “imparciales” directores jurídicos de Televisa y TV Azteca, sustituidos después por un amparo reclamando derechos que obligó a incorporar a Del Villar y Martínez Pous, ajenos al grupito. Demandada la inconstitucionalidad de la ley Televisa por senadores inconformes, la Suprema Corte declaró inconstitucionales las concesiones a perpetuidad, pero no anuló facultades reservadas por el ingenio de Televisa a la Cofetel. Así, el instrumento fundamental de la regulación quedó mayoritariamente en manos de las televisoras, conservando la autonomía atribuida para servir eficazmente a sus patrones: juez y parte.
Pero el secretario de Comunicaciones, Téllez, no toleró que la Cofetel se apropiara la distribución del pastel y armó un reglamento para recuperar esas funciones; declaró paladinamente que la Cofetel estaba capturada por las televisoras y Calderón firmó el reglamento.
Pero los creadores de la Cofetel capturada no aceptaron que le quitaran las facultades que le habían reservado. Casualmente el presidente de la Cámara de Diputados, ligado al entonces coordinador, diputado Emilio Gamboa, presentó una controversia constitucional: “El reglamento viola la ley”. Gamboa, jefe maniobrero en el Senado para impulsar la ley Televisa, reaparece para evitar que le quiten a la Cofetel con su actual composición tan útiles funciones. El impulsor de la inconstitucional ley Televisa, resulta defensor de la Constitución, fiel a sus intereses. Una resolución correcta de la Suprema Corte termina devolviéndoles a las televisoras su Cofetel.
La Cofetel naturalmente está acusada de actuar con parcialidad. Osuna impúdico reta a que se lo demuestren. Osuna es parcial, fue desembozada su maquinación para sacar la ley Televisa, está ahí por Televisa.
Calderón está obligado a actuar, es responsable, impulsó la ley Televisa y el nombramiento de Osuna; por boca de Téllez su gobierno denunció la parcialidad de la Cofetel, firmó el reglamento anulado supuestamente para corregirlo. Debe y puede remover legalmente a los comisionados afectados por conflicto de intereses. Dejarlos es aceptar que las televisoras se impongan: grave abdicación.
mbartlett_diaz@hotmail.com
Ex secretario de Estado
Fuente: El Universal

El avionazo de Luis Téllez

JENARO VILLAMIL

MÉXICO, D.F., 3 de marzo (apro).- Desde diciembre de 2008, las grabaciones comprometedoras del ahora exsecretario de Comunicaciones y Transportes se conocían en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. "Es cuestión de tiempo", dijeron algunos de quienes escucharon, entre otras cosas, aquella famosa frase de Téllez: "Me cae que extraño al PRI".El derrumbe de Luis Téllez al frente de la SCT se produjo tres meses después y vino acompañado del primer reacomodo importante en el gabinete de Calderón. Su sustitución por Juan Molinar Horcasitas, amigo del primer mandatario y sin ninguna experiencia probada en el sector de las telecomunicaciones o de puertos y carreteras, nos habla de la profunda guerra interna que se libra en el seno del calderonismo por eliminar a una figura que ya era incómoda, no sólo por su pasado priista-salinista-zedillista, sino por los numerosos errores cometidos en un sector atenazado por la guerra entre Televisa y Telmex.Téllez ganó tiempo con el fatídico avionazo en el que falleció Juan Camilo Mouriño. Especialista en operaciones políticas que implican un alto nivel de riesgo, Téllez se "ofreció" para salir a explicar desde el 4 de noviembre de 2008 que al exsecretario de Gobernación lo mató una turbulencia y la impericia de los pilotos y no un posible atentado. Se jugó el prestigio y el puesto con sus famosas conferencias de prensa, pero se ganó el afecto de Calderón. Esto lo hizo sentirse seguro para emprender la batalla final que necesitaba en su sector: eliminar a piezas que no eran parte de su equipo, como la subsecretaria Purificación Carpinteyro; ganar supremacía jurídica frente a la Cofetel y ante Héctor Osuna, viejo rival desde el inicio del sexenio; emprender los grandes negocios portuarios, como la ampliación de Manzanillo, para beneficiar a una empresa vinculada a él, como SSA, a pesar de la oposición de los habitantes y del gobernador colimenses; tener el control de las próximas licitaciones del espectro para rearticular su red de intereses y de beneficiarios, aun a costa de confrontarse con Televisa, su vieja aliada, y mantener un delicado litigio con Telcel por favorecer a Axtel, y con Telmex, para postergar su entrada al triple play. Téllez se peleó prácticamente con todo el espectro circundante…. incluyendo el radioeléctrico. Se sintió lo suficientemente respaldado por Calderón, a pesar de su enorme vulnerabilidad en el concierto de un gabinete y de un partido gobernante en el que no era bien visto.Las grabaciones se difundieron en el momento justo de su debilidad. El desarreglo con Purificación Carpinteyro y el enfrentamiento jurídico con el Congreso por sus nuevas atribuciones como "supersecretario" fueron el marco ideal para que Téllez fuera exhibido como un funcionario poco cuidadoso –por decirlo elegantemente-- a la hora de insultar a otros políticos y exjefes vía telefónica.Téllez pudo haber enfrentado los audioescándalos de una forma distinta. Sin embargo, optó por hundirse más. Como al avión de Mouriño, a Téllez lo tumbó la turbulencia de sus propias palabras. De manera increíble, se dijo víctima de un chantaje y una extorsión, sin especificar de dónde provenían y cuáles eran las razones, a pesar de que reconoció abiertamente que todas las grabaciones eran genuinas. Evadió discutir el fondo de las ocho grabaciones que Procesoreseñó: la violación al amparo de Telcel para favorecer a Axtel. En el colmo, pidió disculpas anticipadas por las próximas grabaciones que pudieran conocerse.Las turbulencias de Téllez lo llevaron a donde se encuentra ahora. Calderón intenta "salvarlo" al designarlo como asesor de la Presidencia de la República. ¿Por qué lo hace? ¿Sabe algo Téllez en relación con el avionazo del 4 de noviembre que obliga a Calderón a mantener un pacto con él? ¿Existe alguna grabación al respecto?
Email: jenarovi@yahoo.com.mx

Téllez, "el que llama paga"

JENARO VILLAMIL

MÉXICO, D.F., 24 de febrero (apro).- En menos de un mes el sector de las telecomunicaciones se ha visto envuelto en un enredo que tiene tintes lo mismo de telecomedia que de escándalo de espionaje, al estilo Juan Orol, con no pocos ingredientes de vendetta.La historia de estos sucesos no comenzó a escribirse el 1 de febrero –fecha en que se oficializó la renuncia de la subsecretaria Purificación Carpinteyro--, sino el 4 de noviembre de 2008, día del fatídico avionazo que le costó la vida al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y al exsubprocurador José Luis Santiago Vasconcelos.Como en las famosas cajas chinas, la disputa de poder entre Carpinteyro y Téllez está cubierta por otra caja, que es una disputa mayor por el sector de las telecomunicaciones, cuyos actores principales son empresas con gran poder de presión y amplias ramificaciones políticas: Televisa y las empresas cableras, por un lado, Telmex y su poderío en telefonía fija y móvil, Telefónica con el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, al frente, así como una variedad de jugadores intermedios (MVS, Axtel, TV Azteca, Iusacell, Nextel, etcétera) e inversiones que superan los 20 mil millones de pesos anuales.En esta disputa cada actor defiende su territorio como si fuera de su propiedad y no una concesión. Las televisoras han presionado para evitar una tercera cadena y frenar el ingreso de Telmex al triple play. Telmex prefiere invertir en el extranjero en tanto no le cumplan lo prometido en el Acuerdo de Convergencia y la gran mayoría de las empresas siente un clima de incertidumbre jurídica y falta de liderazgo.Pero un contexto político mucho más delicado ha agudizado este pleito por el control de las telecomunicaciones y los medios electrónicos. Este contexto está relacionado con el papel que protagonizó el secretario Luis Téllez desde que el 5 de noviembre de 2008 empeñó su cargo, su palabra y, quizá, su prestigio para explicarle a la nación que el avionazo fue el resultado de un lamentable accidente, cuyos responsables fueron los pilotos (sin posibilidad alguna de defenderse) y descartando otros posibles factores.Antes de este suceso, el papel de Téllez en el gabinete calderonista era más bien gris. Se quejaba en privado por su falta de interlocución con Calderón. Los panistas lo veían con desconfianza por su participación protagónica en los sexenios de Salinas y Zedillo. Su vínculo con Carlyle y la familia Bush pudo beneficiarle antes de la derrota de los republicanos en Estados Unidos. Sus relaciones con Televisa ya estaban deterioradas, a pesar de haber sido consejero de Cablevisión.Si algo revelan las grabaciones difundidas el 13 de febrero es que hasta octubre del año pasado, el titular de Comunicaciones y Transportes no tenía interlocución directa con Calderón, estaba ansioso porque no lo invitaban a los eventos en Los Pinos y necesitaba maniobrar con su asesor jurídico Juan Velázquez para evitar que en el equipo presidencial se enteraran que posiblemente él violó el amparo que había ganado Telcel en su litigio por "El que llama paga" con Axtel, empresa vinculada a Lorenzo Zambrano, uno de los respaldos más fuertes de Téllez en el gobierno federal.Desde el 4 de noviembre la ecuación cambió. Téllez ocupó un lugar privilegiado en "el afecto presidencial", han insistido diversos observadores. De ser un expriista incorporado al gabinete (como en el caso de Javier Lozano), Téllez se transformó en una pieza clave para enfrentar la más grave crisis al interior del equipo de gobierno calderonista.¿A quiénes afectó este protagonismo? ¿Qué tuvo que aceptar Téllez a cambio? ¿Qué secretos existen en los sucesos de noviembre de 2008 que anteceden a la fiebre de "filtraciones" y llamadas telefónicas de un funcionario que nunca se ha caracterizado por su discreción o su temperancia? ¿Se trata de un ajuste de cuentas o de una advertencia? ¿Es Téllez el único destinatario de esta embestida o es un mensaje también para Calderón?Estas preguntas están en el ambiente político. Por esta razón, Téllez intentó "vacunarse" este martes reconociendo que se darán a conocer nuevas llamadas interceptadas y, de antemano, pidió disculpas a todos aquellos que pudieran sentirse ofendidos por su falta de elegancia al expresarse en privado. E insistió en el tema del chantaje y de la extorsión."Como lo ha observado la opinión pública, estoy siendo víctima de una extorsión como secretario de Comunicaciones y Transportes y como ciudadano. Lo he dicho, no he incurrido en acciones ilegales. Me he conducido en todo momento de acuerdo a mis atribuciones, es decir, dentro de la ley. Reconozco que he utilizado lenguaje altisonante, como lo hacen muchos en conversaciones privadas", afirmó durante su participación en la Expo Comm 2009 que inició este 24 de febrero."Sé que más grabaciones pueden venir como se amenaza, pero también reflejan actos indebidos", advirtió Téllez.Por lo visto, la telenovela no ha finalizado. La SCT ha orientado sus baterías en contra de Purificación Carpinteyro, quien pasó de subsecretaria consentida de Los Pinos a ciudadana denunciada en la PGR. El presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, cuya mala relación con Téllez siempre ha sido pública, se desmarcó y hoy le dio un espaldarazo al titular de la SCT.Ellos pueden ser los personajes menores de un pleito de ramificaciones más complejas. Si así fuera, conviene no sólo admitir que vendrá un mayor escándalo, sino una presión muy fuerte en un sector que genera no sólo las mayores inversiones, sino las interceptaciones más delicadas. "El que llama paga o al que pegan, llama".
Email: jenarovi@yahoo.com.mx

Carpinteyro: Enemiga del Estado

JENARO VILLAMIL

En su intento por deslindarse de las conversaciones telefónicas que lo exhiben, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, enfiló sus acusaciones hacia la exsubsecretaria Purificación Carpinteyro, a quien acusa de filtrar las grabaciones. Pero ella contraataca: Téllez tiene "visos de paranoia"… Quien hasta hace tres semanas era amiga del presidente Calderón y ahora es, según ella, "enemiga del Estado", dice a Proceso: el escándalo de las intercepciones telefónicas de Téllez constituye "una cortina de humo" en medio de una "zona de guerra entre Telmex y Televisa" por el gran negocio de las telecomunicaciones.



“No soy la chica de Cipol ni tengo una central de inteligencia. Seguramente si la tuviera, tendría una gran base de clientes, pero no es el caso”, sentencia Purificación Carpinteyro, exsubsecretaria de Comunicaciones y Transportes.Nombrada por el presidente Felipe Calderón para ese cargo, al que renunció el pasado 30 de enero, Carpinteyro no tiene interlocución con su excolega de la Escuela Libre de Derecho desde el último encuentro que tuvo con el mandatario, el día 20 del mismo mes. Ahora se considera a sí misma como “enemiga del Estado” por enfrentar las acusaciones penales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ante la Procuraduría General de la República. Carpinteyro advierte que lo sucedido con el escándalo de las intercepciones telefónicas de Luis Téllez constituye “una cortina de humo” en medio de una “zona de guerra entre Telmex y Televisa” que está afectando al sector de las telecomunicaciones.“Sabemos que si Telmex busca el cambio de título de concesión para dar servicios convergentes de triple play y que si Cablevisión y Cablemás, ambas de Televisa, están luchando a través de Canitec para hacer hasta lo imposible por evitar que eso suceda, para cualquiera es evidente que sí existe esta zona de guerra, en la cual hay dos claros grupos poderosos que están llevando esta pelea para proteger sus intereses”, reseña.En menos de tres semanas, Carpinteyro pasó de tener “diferencias irreconciliables” con el titular de la SCT a ser acusada por esta dependencia, donde laboró cinco meses, como presunta responsable de los delitos de intercepción de llamadas telefónicas y divulgación de sus contenidos en los medios electrónicos.En entrevista con Proceso, Carpinteyro niega ser la autora de estas grabaciones, reitera que sólo conoció las ocho llamadas telefónicas divulgadas el viernes 13 en Reporte Índigo por medio del presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, y contraataca: Téllez tiene “visos de paranoia” y “un terrible problema de desconfianza”.

Pistas de “guerra sucia”

Entre el jueves 19 y el viernes 20 aparecieron otras pistas que apuntan hacia una guerra sucia de anónimos y “filtraciones” contra el titular de la SCT. El jueves 19, el periódico Excélsior divulgó otra serie de tres conversaciones telefónicas entre Téllez y el secretario del Trabajo, Javier Lozano, presidente de la Cofetel en el sexenio de Ernesto Zedillo y cuyo nombre se menciona insistentemente para ocupar la titularidad de la SCT.En esas llamadas, Téllez se lanza contra el exsubsecretario de Comunicaciones y Transportes Jorge Álvarez Hoth, quien publicó en Reforma una serie de artículos en los que documenta la violación de la SCT al amparo de Telcel en la disputa con Axtel por las tarifas del programa El que Llama Paga.Simultáneamente, circuló una “carta anónima” dirigida a Téllez en la que se hace una breve y críptica reseña de otras posibles llamadas telefónicas en las cuales el titular de la SCT se queja de los priistas, critica a la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, se burla del titular de la Secretaría de Hacienda, Agustín Carstens, se queja ante la falta de sensibilidad en Los Pinos, hace recomendaciones al concesionario Pancho González para ganar licitaciones, negocia con Diego Fernández de Cevallos, acusa a Emilio Gamboa Patrón de haber “regalado” a amigos de Carlos Salinas concesiones de radio y da instrucciones a sus colaboradores para “maquillar” cifras del presupuesto o darle “todos los apoyos necesarios” a Rafael del Villar y Gonzalo Martínez Pous, comisionados de Cofetel que estuvieron en el equipo de Téllez.En una de sus partes más delicadas ese anónimo advierte:“Además, te encanta lo ilegal y te quejas de ello, te indigna que te hayan grabado, pero tú ordenaste a Ricardo (Ríos, su secretario privado) para que hable con el almirante (José Luis) Figueroa (responsable de seguridad interna en la SCT) para que investigue a Carpinteyro, la sigan y la graben. Si en realidad Purificación está tan loca como dices, es tan mala y perversa… o se trata de otra de tus mentiras como la que te aventaste de Carlos Salinas.”En su programa radiofónico, Joaquín López Dóriga destacó el jueves 19 que este texto circuló en los correos electrónicos del Senado. Sin embargo, la oficina del presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la fracción del PRI en esa Cámara, Manlio Fabio Beltrones, negó que un escrito de esta naturaleza hubiera llegado a alguno de los 28 senadores de su fracción. Tampoco llegó a su correo electrónico, dijo. Los senadores del PRD y del PAN, así como reporteros de la fuente consultados, rechazaron que se hubiera distribuido o conocido en el Senado el anónimo que leyó López Dóriga.En su edición del viernes 20, Excélsior publicó una versión más extensa de este anónimo, aun con partes omitidas. La rúbrica, dirigida a Luis Téllez, es una clara amenaza: “Voy a hacer de tu vida una vida miserable.”En los tres últimos párrafos de este texto se lanzan otras advertencias contra el titular de la SCT, a quien retan a que renuncie antes de que se conozcan nuevas grabaciones:“¿Y por qué tapas a Cerisola? ¿Por qué dices que le vas a pedir al secretario de la Función Pública que no se metan con él? ¿Qué es lo que estás ocultando? ¿Estás encubriendo algún delito?“Bueno, bueno, tenemos mucho, mucho más, pero lo más delicado lo dejamos para la próxima.“Esperamos que renuncies antes de convertir tu vida en un verdadero escándalo…“Por último, Teddy bear, te quiero decir que… seguramente vas a negar todo. Recuerda que tenemos las grabaciones de todo lo aquí escrito y las haremos llegar desde el extranjero, a toda la sociedad.”A diferencia de hace una semana, la SCT no reaccionó ante este anónimo; tampoco lo acreditó ni anunció investigación alguna.Por el contrario, el jueves 19 el titular de la Unidad Jurídica de la dependencia, Gerardo Sánchez Henkel, orientó sus baterías contra la exsubsecretaria. Declaró a un programa radiofónico que otro anónimo, llegado vía e-mail a la secretaría, era de Carpinteyro, ya que contenía palabras en portugués y “ella tiene la nacionalidad brasileña”.Según el acta de nacimiento del Registro Civil, cuya copia tiene Proceso, Purificación Carpinteyro Calderón nació en el Sanatorio Español de la Ciudad de México, es hija de padres mexicanos y tiene nacionalidad mexicana.La exfuncionaria admite que las principales diferencias entre ella y Téllez surgieron a raíz del litigio entre Axtel y Telcel. “No estuve de acuerdo con la decisión tomada por la SCT. Había una suspensión que fue notificada por Cofetel. El punto fue si la decisión adoptada implicaba una violación a la suspensión. Con posterioridad, encargué un estudio jurídico al despacho de Julio Esponda para que me diera una opinión al respecto”, relata.El despacho concluyó que “es altamente probable que se resuelva que se violó la suspensión” (Proceso 1685). El litigio está siendo revisado en un tribunal colegiado, como segunda instancia.

La ruta de las grabaciones

¿Cómo le llegaron las grabaciones? se le pregunta a Carpinteyro.“En una conversación con el arquitecto Héctor Osuna, presidente de la Cofetel, le hago el comentario de que me enteré que el secretario de Comunicaciones le había dicho al presidente que había un ‘hoyo’ de mil millones de pesos en Correos Mexicanos”, responde.

–¿Existía ese “hoyo” presupuestal?

–No había un “hoyo”. Hay una gran diferencia entre no haber alcanzado las expectativas de ingresos que estaban presupuestados, a que exista un “hoyo”. Era parte del presupuesto de ingresos, una proyección de cuáles iban a ser. No se concretó por infinidad de motivos, entre ellos, por la crisis económica. Distintos clientes corporativos nos habían dado un estimado de 15% de crecimiento y no crecieron, disminuyeron. La crisis comenzó a impactar prácticamente a todas las empresas del sector público y privado. No llegamos a la meta. Eso no es muy diferente a que haya un “hoyo”; decirlo implica que hubo corrupción.

–¿Cómo se enteró de que el presidente sabía de ese faltante?–La diputada panista de Chiapas Martha Cecilia (Díaz Gordillo) me habló para decirme que en una gira con el presidente ella le había sugerido que se promovieran las nuevas tiendas de Correos. El presidente le dice que eso no será posible porque habían encontrado “un hoyo de mil millones de pesos”.“Obviamente, Téllez había informado de manera desvirtuada al presidente y se lo comento a Osuna. Él me dijo: ‘Ay, qué curioso, porque a mí me llegó de forma anónima una cinta en donde Téllez afirma, entre otras muchas cosas, que tenía que decir que había un ‘hoyo de mil millones de pesos en Correos’.“Tenía la oportunidad de tener una reunión privada con el presidente y pensé que era el momento adecuado de mostrarle estas cintas, puesto que yo quería decirle al presidente que le estaban dando información mentirosa y desvirtuada.”

–¿Fue la reunión del 20 de enero?

–Sí.

–¿Cómo reaccionó el presidente?

–Desafortunadamente, esperaba que se diera una reunión donde sólo estuviéramos el presidente y yo. Pero estaban convocados dos secretarios de Estado (Luis Téllez y Fernando Gómez Mont), la jefa del gabinete (Patricia Flores) y el director jurídico de Presidencia (Miguel Alessio). El presidente me dijo que eran ilegales esas grabaciones y que, por favor, en todo caso entregara al secretario de Gobernación las cintas.

–¿Fueron las únicas grabaciones que entregó?

–Sí, fueron las únicas.

–¿Usted las filtró a la prensa?–No.–¿Por qué entonces la insistencia de la SCT de que usted primero las grabó y luego las distribuyó?–Si yo renuncio con una relación deteriorada y desgastada, irreconciliable, tal como lo digo en mi carta, ¿no cree que si mi intención era filtrarlas lo hubiera hecho antes?... ¿Por qué las iba a filtrar si el presidente, el secretario de Gobernación y todo el mundo sabían que las tenía? Claro que no fui yo quien filtró esa grabación.

–¿Usted las grabó?

–Para poder hacer intercepción telefónica se requiere de equipos sumamente sofisticados que difícilmente yo tengo. Por supuesto, no los grabé. Me dio mucha risa una columna periodística que leí hace una semana en donde me llamaban la señora Cipol y decían que la KGB, la CIA y la agencia británica de espionaje me estaban buscando para hacerme una oferta de trabajo.“Las grabaciones llegaron a mis manos de la forma que he relatado. Yo le comenté a Héctor Osuna que iba a ir con el presidente y que creía que las debía conocer.”

–¿No se las había entregado Osuna antes al presidente?

–Hacía más de un año que él no tenía una reunión con el presidente.Por su parte, Osuna declaró en otro programa radiofónico, el jueves 19, que no tenía “nada que ver” con las grabaciones. “Yo creo que vale la pena que este asunto lo ventilemos con quien la autoridad designe. Yo no tengo ningún problema en el asunto”, afirmó Osuna al periodista Sergio Sarmiento.

La ruptura con Téllez

Purificación Carpinteyro asegura que el quiebre en su relación con Téllez ocurrió en una reunión en su oficina, cuando éste le gritó y la acusó de mentirle tres veces en menos de 24 horas. Recuerda que eran cuestiones irrelevantes, como que ella había tenido una cena con el senador Manlio Fabio Beltrones, que había citado a Alfredo Elías Ayub (director de la Comisión Federal de Electricidad) para hablar de la fibra óptica o que se había reunido con alguien de MVS.“Lo hizo de manera muy grosera, que le mandé una carta. Le dije que me parecía que las relaciones personales y profesionales, con independencia de jerarquías, se tenían que basar en el respeto. Que si bien quedaba constancia de que él no tenía respeto para mi persona, y que lo que en ese momento debía hacer era presentar mi renuncia, no lo haría en tanto el presidente Calderón no me lo pidiera. Yo estaba segura que estaba siendo un estorbo para otros planes.”

–¿Fue antes del 9 de enero, fecha de la emisión del reglamento interno de la SCT que le otorga amplias facultades a Téllez?

–Sí.

–Una versión de su renuncia es que usted estuvo en desacuerdo con el reglamento porque le restaba atribuciones a la subsecretaría.

–Eso no tiene ningún fundamento por la sencilla razón de que las atribuciones se le dan a la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y que depende directamente de la subsecretaría, por lo tanto, son responsabilidades de la propia subsecretaría.“Si bien no estoy de acuerdo con los términos del reglamento, la verdad es que no lo conocí hasta que fue publicado y ya la relación con Téllez estaba muy, muy desgastada. Ya era una situación irreconciliable.”

–Usted presentó un plan para el sector de telecomunicaciones. ¿Le expresó su desacuerdo el secretario?

–Presentamos un plan que comprende seis puntos para transformar el sector y que no son fáciles de implementar. El secretario me manifestó estar de acuerdo y posteriormente me demostró que no lo estaba. Siempre existió esta falta de confianza necesaria para que el funcionario público pueda operar.

–¿Es paranoia?

–No soy psiquiatra para evaluarlo, pero según la definición que existe en el diccionario, eso aparenta.

–También se corrió el rumor de que usted llegaba a la subsecretaría con la intención de desbancarlo. ¿Qué tanto influyó esta percepción?

–Probablemente ese fue uno de los factores que más desgastó la relación en el ánimo del secretario. “Ahora, tampoco hay que descartar una buena dosis de misoginia. Por los desafortunados rumores que se generan en relación con una mujer que tiene una determinada posición, él simplemente utilizó este tipo de chismes. Incluso, diciendo que era yo la que las propalaba.”

–Usted está demandada. ¿Ya le notificaron?

–Primero, no sé si la denuncia esté hecha en contra mía. No me han notificado.

–¿Cómo interpreta el comunicado de la Secretaría de Gobernación?

–Acreditan que les entregué las grabaciones.

–¿No es ambiguo?

–No. Creo que eso deja claro que se procederá conforme a derecho. Es legítimo que se haga una investigación.

–¿Cómo es su relación ahora con el presidente?

–No hay una relación.

–¿Espera usted algún encuentro?

–Estimo que no es necesario…

–Detrás de esto, ¿ve usted un pleito entre Telmex y Televisa?

–Definitivamente. l