El aspecto y comportamiento inquieto del diputado Jorge Kahwagi, coordinador del Panal, en la Cámara de Diputados causó polémica pues además de incoherente, se presentó con la camisa desabotonada y por fuera del pantalón, a veces dormitando, unas más distraído e indiferente. También se le vio sudoroso, despeinado, con la cara y los ojos hinchados, y bebiendo agua.....Debido a “problemas técnicos” en la credencialización de la Cédula de Identidad Ciudadana, el Registro Nacional de Población e Identificación Personal entabla relaciones con el Instituto Politécnico Nacional para desarrollar un software que permita la toma biométrica: huellas dactilares y del iris, de la población mexicana menor de 18 años. Uno de los posibles proveedores de este equipamiento tecnológico para la casa de estudios es Cosmocolor, invalidada en el primer proceso de licitación. Con ello, la empresa de Jorge Kahwagi podría obtener indirectamente un contrato que perdió en 2009.
La urgencia del gobierno federal para reproducir estas tarjetas ha llevado al Renapo a establecer relaciones con el Centro de Investigación en Computación del IPN, cuyo titular es Luis Villa Vargas.
De las relaciones con el Instituto Politécnico Nacional, indica, se plantea una “solución integral”. Ésta tiene que ver con el desarrollo de sistemas y capacitación. También se tienen contemplados la generación de 3 mil puntos de recabación adicionales, “que son maletines para la captura del biométrico de los muchachos y el soporte que se requiere para toda esta operación”. 
Érika Ramírez/Ruth Roque
El Registro Nacional de Población e Identificación Personal (Renapo) se encuentra en negociaciones con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) para afianzar el proceso de enrolamiento de la Cédula de Identidad Ciudadana. Al organismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) le urge recabar los datos personales, huellas dactilares y la lectura del iris de todos los ciudadanos menores de 18 años.
A la fecha existe una disparidad entre el número de registros y las credenciales emitidas, como consecuencia de unos “problemas técnicos” que se han presentado en la primera etapa del proyecto, reconoce en entrevista con Contralínea el titular del Renapo, Alberto Alonso y Coria.
Entre los posibles contratistas de este nuevo proceso, a través de una tercerización de servicios con el IPN, podría encontrarse la empresa Cosmocolor, propiedad de Jorge Kahwagi Gastine y su hijo Jorge Kahwagi Macari. Los representantes de esta compañía presentaron un recurso de inconformidad ante el Órgano Interno de Control de la Segob al término del primer proceso de licitación, entonces ganado por la trasnacional Smartmatic International Holding. El principal argumento fue supuestas “irregularidades” en el concurso.
Al frente del Renapo desde el 10 de julio pasado, Alonso y Coria destaca que hasta el momento se han matriculado 1.9 millones de niños para obtener la Cédula de Identidad Ciudadana (CIC). Señala que los padres se han “volcado” para registrar a sus hijos. No obstante, los números no coinciden con la emisión de tarjetas-credenciales. Fuentes cercanas al enrolamiento aseguran que han tenido problemas en la operación de los equipos, por lo que sólo se han emitido 400 mil plásticos con los datos biométricos de los ciudadanos.
Convenio con el IPN
Convenio con el IPN
La urgencia del gobierno federal para reproducir estas tarjetas ha llevado al Renapo a establecer relaciones con el Centro de Investigación en Computación del IPN, cuyo titular es Luis Villa Vargas.
Las mismas fuentes –allegadas al registro de casi 2 millones de niños– afirman que en lo que va de este año se le habrían entregado 75 millones de pesos a Cosmocolor, a través del Politécnico, sin previa licitación. A esto se suman los 1 mil 200 millones de pesos invertidos desde el inicio de este proyecto calderonista. Parte de estos recursos fueron operados “ineficientemente”, de acuerdo con el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), (Contralínea 245, 7 de agosto de 2011).
Entrevistado en sus oficinas de Reforma 99, Alberto Alonso y Coria hace un balance del programa para desarrollar la CIC y los vínculos con el Instituto. Comenta que el Renapo tiene programado un presupuesto de 800 millones de pesos, con una posible ampliación para 2012. Dos entidades ya concluyeron la etapa de registro: Colima y Baja California. En tanto, en Sinaloa, Jalisco, Chiapas, Guanajuato y Baja California Sur se llevan a cabo las convocatorias para los padres de familia en las escuelas.
—¿El número de registros corresponde a la emisión de cédulas? –se le pregunta al titular del Renapo.
—Hay una pequeña diferencia por los tiempos de transmisión. Una cosa es registrar y otra es que lleguen [las credenciales]. Hay que recordar que algunos de los equipos están en zonas rurales… O a lo mejor en urbanas, pero el enlace no está bien. Hay una serie de problemas, una pequeña merma.
—¿Cuántos niños cuentan ya con su cédula?
—No tengo el dato.
—Tengo entendido que son 400 mil.
—No cuento con esa información; no lo podría decir. Estamos haciendo muchísimos esfuerzos para que todos los niños que han hecho su registro tengan su credencial.
Alonso y Coria asegura que “se está buscando mejorar el plan al llevar a cabo un número importante de acciones para optimizar nuestros procedimientos. Un proyecto de esta naturaleza requiere de una revisión permanente, constante, diaria”.
Uno de los problemas actuales del proceso de la CIC, comenta, es que debe desarrollar un soporte lógico en las propias maletas (equipo portátil), “un software que captura, procesa y eventualmente manda la información; la tecnología luego hace sus diabluras y tenemos que tener un registro de qué pasó”. A final de cuentas, añade, “quien debe tener el control es el Estado mexicano. En ese sentido, se está trabajando para el desarrollo de un programa informático con el IPN. Es una institución estatal financiada con dinero público. Entre sus objetivos, además de la educación, está la parte de investigación [científica] y desarrollo tecnológico”.
Los vínculos con el IPN
Los vínculos con el IPN
De las relaciones con el Instituto Politécnico Nacional, indica, se plantea una “solución integral”. Ésta tiene que ver con el desarrollo de sistemas y capacitación. También se tienen contemplados la generación de 3 mil puntos de recabación adicionales, “que son maletines para la captura del biométrico de los muchachos y el soporte que se requiere para toda esta operación”.
El director del Renapo añade que “es una solución que le conviene al Estado, a éste le favorece tener un insumo que le es necesario y se beneficia con soberanía sobre el aparato tan importante o la situación. Instrumentos tan valiosos que permiten [obtener] la información confidencial de los niños, sus datos personales”.
—Tenemos entendido que Cosmocolor también participa en este proyecto –se le cuestiona.
—El convenio que estamos por concluir con el Politécnico Nacional tiene una vinculación con los distintos proveedores de los diferentes equipos. Hay una serie de dispositivos que deben ser integrados y quien los completa es el Politécnico, que lleva esa relación, no la Secretaría de Gobernación.
Alonso y Coria niega que hasta el momento el acercamiento con el IPN haya generado algún tipo de gasto del presupuesto.
Contralínea solicitó una entrevista con Luis Villa Vargas, director del Centro de Investigación en Computación del IPN, área encargada de desarrollar el software para el Renapo. La solicitud se realizó a través de la Unidad de Comunicación Social del Instituto, que encabeza José Arnulfo Ramírez Cordero, sin que hasta el cierre de edición se obtuviera respuesta.
Gestiones para Datacard-Cosmocolor
Una carta emitida por la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con copia en poder de Contralínea, muestra la promoción realizada por esta entidad gubernamental para que Datacard sea “considerada” como uno de los posibles proveedores del Renapo. Datarcard tiene como distribuidora en México a Cosmocolor.
Regina Gándara Mendoza, entonces encargada de la Dirección General de Promoción Económica Internacional, es quien firma el documento DGPEI-00399, fechado el 17 de febrero de 2009. En éste solicita al oficial mayor de la Segob, Abel Ignacio Cuevas Mel, una reunión con los ejecutivos de Datacard para “conocer los servicios que esta empresa podría ofrecer para la implementación de un programa de identificación en el Registro Nacional de Población”.
Para ese encuentro, que se llevó a cabo el 26 de febrero de 2009, ya se había confirmado la presencia del entonces director general del Renapo, Carlos Raúl Anaya, con los directivos de Datacard, Leonard W Levine, asesor decano del presidente; Zeca Peris, director de servicios de consultoría; y Joe López, director de Ventas para la Región de América Latina y el Caribe.
Datacard y Cosmocolor, los aliados
Otro documento –esta vez firmado por el gerente de Ventas de la trasnacional, Aaron Williams– muestra la relación entre la trasnacional y la empresa familiar de los Kahwagi. En éste, Datacard Group, con sede en Miami, Florida, acredita como su distribuidor mayoritario a Sistemas Integrales de Automatización, quien tiene como representante autorizado a la empresa Cosmocolor.
El comunicado se llevó a cabo para autorizar que fuera la compañía de Jorge Kahwagi la que mercantilizara el equipo de impresión al gobierno del Estado de México, como resultado del fallo de la licitación pública nacional LPN-019-2009.
Cosmocolor inconforme
Cosmocolor inconforme
Cosmocolor es la compañía que presentó su inconformidad ante el Órgano Interno de Control de la Segob, luego de que se le adjudicara a Smartmatic International Holding el contrato relativo a la adquisición de equipo especializado para la obtención de la información biométrica para el Servicio Nacional de Identificación Personal.
Datos del Sistema Electrónico de Información Pública Gubernamental Compranet, perteneciente a la Secretaría de la Función Pública, indican que la compañía de Kahwagi ha obtenido en el fallo de licitaciones a su favor 418 millones 632 mil 500 pesos. Ésta ha sido proveedora del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México, de la Secretaría de Transporte del Estado de México, del Instituto de Control Vehicular de Nuevo León, así como de la Secretaría de Administración del gobierno de Tamaulipas.
En sus argumentos de la inconformidad, la empresa afirma que se registraron irregularidades en el proceso de licitación SG-N-DA-11/09. El concurso implicó la adquisición de 2 mil equipos especializados para la obtención de la información biométrica que integrará el Renapo.
Jorge Pineda, encargado de Licitaciones Públicas en Cosmocolor, negó la entrevista a Contralínea, toda vez que, arguyó, tienen una agenda saturada y no hay postura al respecto. También se solicitó una entrevista a la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Unidad de Comunicación Social, sin que se haya obtenido respuesta.
Observaciones de la ASF, pendientes
Observaciones de la ASF, pendientes
El Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009 identifica que la Segob, encabezada por Francisco Blake Mora, no cumplió con las normas que debieron ser aplicadas en los capítulos de “Servicios personales” (1000), “Servicios generales” (3000) y “Bienes muebles e inmuebles” (5000), a través de la Dirección General del Renapo (Contralínea, 7 de agosto de 2011).
Al respecto, el director general del Registro, Alberto Alonso y Coria, asegura que personal de ambas instituciones se encuentra trabajando en conjunto para dar salida a la solventación de observaciones emitidas por la ASF. “Hemos resuelto prácticamente la totalidad; todavía tenemos algunos puntos de atención”. Respecto de la falta de programación, asegura que “sí hubo ese tipo de problema, no al momento de la situación. Al día de hoy tenemos una calendarización muy precisa sobre cómo vamos a atender a las entidades, es parte de nuestro trabajo. No solamente tenemos eso, sino un seguimiento puntual de cada una de las acciones”.
El senador Felipe González González, secretario de la Comisión de Gobernación por el Partido Acción Nacional, desestima las observaciones de la Auditoría, entre las que destaca que el Renapo no cuenta con un sistema actualizado que pueda garantizar la seguridad de todos los datos.
“Está mal. Asistimos a una presentación en la que se nos informó cómo está reforzado para que no entre un hacker al programa de captación de toda la información. La ley misma señala que [para] todo aquel que mal use, saque un dato de esa base de datos, que va a ser el Registro de Población, existe una pena de 20 años. Van a estar juramentados todos los que entren al sistema, porque cada sexenio los cambian.”
Ante el incumplimiento de contratos, como lo documentó la ASF en el Informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública 2009, el legislador panista indica: “Ahí hay una responsabilidad que no la puede evadir nadie. El haber empezado a hacerlo en Baja California y Guanajuato fue para quitarse de encima el golpe de que no se estaba cumpliendo los tres años”.
Niños, sin protecciónUno de los argumentos del Estado para promover la afiliación de los niños y adolescentes de México es la seguridad. Los discursos del secretario de gobernación, Francisco Blake Mora, y del presidente Felipe Calderón argumentan que la inscripción de la población infantil “obedece a que son un segmento de la población, probablemente el más expuesto a la vulnerabilidad de sus derechos y hay que protegerlos contra cualquier amenaza”.No obstante, Juan Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red de Protección de la Infancia en México, critica esta postura, pues la garantía de seguridad, señala, se da a través de la institucionalidad, marcos normativos, presupuestos que garanticen la protección de los derechos de los niños. Los argumentos oficiales “son frágiles”, asegura, y aunque jurídicamente están en el derecho y conforme a la ley para llevarlo a cabo hay un tema de carácter técnico y de viabilidad: “El derecho a la identidad no está en una cédula de identidad, sino en un acta de nacimiento. La tipificación de los chicos que han sido sustraídos de su núcleo familiar no se resuelve con una cédula sino con investigación e inteligencia policiaca”.Señala que los mexicanos se deben preguntar “cuál es la tarea y el sentido de las acciones del gobierno para garantizar la defensa de los derechos de los niños”. Además, considera, que no es lo mismo “resguardar a los niños” que cuidar sus derechos. Cuando resguardas a éstos creas institucionalidad, marcos normativos, presupuestos que garanticen la protección”.El documento Inversión pública en la infancia y la adolescencia en México (versión actualizada 2008-2011), publicado por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por su sigla en inglés), indica que casi el 6 por ciento del producto interno bruto está destinado para atender a la niñez.Durante este periodo, indica la Unicef, “la inversión federal en niños y adolescentes osciló entre 737 mil millones y 819 mil millones de pesos al año, a valores constantes de abril pasado. En total, en el periodo referido se invirtieron 3 billones 123 mil 554 millones de pesos en los niños del país, lo que implica una inversión promedio de 5.85 por ciento del producto interno bruto de México y de 30.25 por ciento del gasto programable total”.El gasto empleado en salud corresponde a 34.41 por ciento; vivienda y su infraestructura, 0.19 por ciento; alimentación y nutrición, 4.6 por ciento; asistencia social, 3.72 por ciento; educación, 46.94 por ciento; deportes, recreación y cultura, 0.65 por ciento; urbanización y desarrollo regional, 8.61 por ciento; medios masivos de comunicación, 0.01 por ciento; y en el rubro de protección contra abuso, violencia, explotación y discriminación sólo se emplea el 0.87 por ciento.
La SCJN desecha controversia constitucionalEl 7 de septiembre pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la controversia constitucional interpuesta por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.El senador panista Felipe González defiende la puesta en marcha de este proceso y expone que “la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 36, fracción primera, que es obligación de los residentes inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos en los términos que las leyes dicten.“De la misma forma, el segundo párrafo del artículo 36 establece que la organización y el funcionamiento del citado registro y la expedición del documento de identidad son servicios de interés público. Por lo tanto, es una responsabilidad que le corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que se vayan estableciendo en la ley.”El 25 de enero pasado, la Cámara de Diputados interpuso ante la SCJN una controversia constitucional en contra de Calderón y su gabinete, al considerar que la Cédula de Identidad Ciudadana incurría en ilegalidades: la primera, “el Ejecutivo no puede por sí solo regular o reglamentar un aspecto que la ley le ha conferido al Legislativo, mismo que no ha normado respecto a la Cédula”. La segunda corresponde a la violación de los derechos humanos con la obtención de los datos biométricos y la lectura del iris de los mexicanos.Jaime Cárdenas Gracia comenta que después del fallo de la SCJN la única vía que podrían utilizar los ciudadanos para evitar la “violación de sus derechos humanos” será mediante el amparo.
Estado policiacoDe acuerdo con especialistas, defensores de derechos humanos y de la niñez, la Cédula de Identidad Ciudadana violenta la integridad de los menores, pues en ningún país se recaban los datos biométricos y las huellas dactilares de las personas en un sólo documento.David Peña, abogado defensor de derechos humanos, indica que “ni en Estados Unidos, una de las naciones más desarrolladas del mundo, existe un registro de las huellas dactilares de sus ciudadanos, en tanto no hayan cometido ningún delito. La CIC responde más a un Estado policiaco de la actual administración, que a la protección de los mexicanos” (Contralínea, 7 de agosto de 2011).Pérez García, director ejecutivo de la Red de Protección de la Infancia en México, añade que “es excesiva la cantidad de elementos biométricos que se han incorporado, sobre todo cuando en el estándar internacional no está sustentado en los esquemas de identidad policiaca, sino de identificación de una persona. Éstos están definidos con el pasaporte, que es un documento biométrico de reconocimiento mundial”.De la revisión de las solicitudes que hacen los gobiernos de México, España, Brasil, Chile, Estados Unidos y Reino Unido para identificar a sus ciudadanos se desprende que ninguno conjunta los biométricos, con huellas dactilares y la lectura del iris.El director del Renapo justifica: “Hay que tener cuidado porque el tema, por ejemplo del iris, es una cuestión nueva. No tiene mucho tiempo y los sistemas de identificación de los países tardan mucho tiempo en tomar decisiones hasta que se logra instrumentar; por consiguiente, no son tan dinámicos, no son cambiantes las innovaciones tecnológicas”.
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