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lunes, julio 12, 2010

Elecciones: El perdedor es México

Proceso electoral 2010.

Álvaro Delgado

MÉXICO, D.F., 12 de julio (apro).- El mercadeo sobre ganadores y derrotados en la alternancia electoral en la mitad de los 12 estados donde hubo elecciones para gobernador, el domingo 4 de julio, escamotea a los ciudadanos los turbios e ilegales mecanismos vigentes para la conquista del voto popular y en eso la conclusión es inequívoca: Perdió México.

Tal como ocurrió en las elecciones de hace tres años en los mismos estados, donde se celebraron elecciones para alcaldes y diputados, el uso de recursos públicos para favorecer al partido y los candidatos del gobernador fue manifiesto y las prácticas de “mapachería” se impusieron el día de la jornada electoral.

Lo grave es que estas herramientas de defraudación electoral --que se suman a la parcialidad de los organismos electorales, medios de comunicación facciosos y el uso clientelar de los programas públicos, sobre todo en los estados con alta marginación y pobreza-- es casi seguro que quedarán impunes, lo que incita a volverlos a cometer.

Más lamentable es, todavía, que en los estados donde se materializó la alternancia se hayan suscrito pactos de impunidad con los gobiernos salientes como parte del pragmatismo extremo que ha caracterizado a las alianzas triunfadoras y que atenta contra elecciones de calidad.

Todo apunta a que quedarán sin castigo las infracciones y delitos cometidos por autoridades y candidatos priistas en Puebla, Oaxaca y Sinaloa, donde se puso fin a su hegemonía de ocho décadas, sino también en Tlaxcala, Aguascalientes y Zacatecas, donde panistas en los dos primeros estados y perredistas en el tercero incurrieron a lo largo de las campañas y en la jornada electoral en conductas análogas.

En el reparto del botín (con el PRI-Partido Verde que perdió tres gubernaturas, pero arrebató el mismo número a sus oponentes del PAN-PRD, con Elba Esther Gordillo como ganadora-perdedora con ambos bloques) es previsible que, tras el pataleo de los perdedores para mediatizar los enojos populares, finalmente todo se diluya para quedar igual.

Y es en este contexto de pactos de impunidad que interviene Felipe Calderón, quien de manera facciosa, aun antes de que las autoridades emitan los resultados oficiales, declara quién es el legítimo ganador. Tan es así que dejó como imbéciles a Xóchitl Gálvez, la candidata a gobernadora de Hidalgo, al panista César Nava y el perredista Jesús Ortega.

Por eso hay que insistir una y otra vez, porque el cinismo de ver como normal la adulteración de la voluntad popular --aun con la frase de “prácticas que creíamos superadas”, cuando han sido vigentes siempre-- sólo nos conducirá al precipicio con todo y las decrépitas instituciones: Urge una reactivación de la sociedad civil organizada.

Si bien durante la jornada electoral del domingo 4 se movilizaron organizaciones agrupadas en Alianza Cívica para, dentro de lo posible, inhibir y documentar los mecanismos de defraudación electoral en varios de los 15 estados donde se celebraron elecciones –incluidas Baja California, donde el PAN tuvo la peor derrota en dos décadas de gobierno, y en Coahuila, donde hubo elecciones extraordinarias en dos municipios--, ahora es preciso someter a un riguroso escrutinio el proceso de elección de tres consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE).

Así como fue exitoso el proyecto de observación electoral de Alianza Cívica, “Juego Limpio, Voto Libre”, es indispensable que los ciudadanos exijan, desde ahora, a la Cámara de Diputados un procedimiento transparente que garantice que los tres próximos consejeros electorales, que serán electos en octubre, sean independientes frente a los intereses partidarios, políticos y económicos.

Como dejarán de ser consejeros Virgilio Andrade, Marco Antonio Gómez Alcántar y Arturo Sánchez Gutiérrez, los dos primeros identificados como personeros del PRI y el tercero claramente vinculado al PAN y a Felipe Calderón, los priistas dan como un hecho que el reparto en la Cámara de Diputados será igual.

Y hasta con sorna describen que un consejero será para el PRI, otro para el Partido Verde, como si no fueran lo mismo, y el tercero será para la “coalición” PAN-PRD.

La única manera de neutralizar este plan, que es también un mecanismo de defraudación electoral, es que los ciudadanos vigilen que los electos por los grupos parlamentarios tengan un auténtico compromiso democrático y no sean meras correas de transmisión o embajadores de los intereses de los mismos de siempre…

No hay que olvidarlo: La verdadera transformación sólo podrá materializarse de abajo para arriba. Nunca ha sido al revés…

Apuntes

A estas alturas de los disparates de Fernando Gómez Mont --o de los pleitos intestinos que tienen que ver con el oscuro secuestro de Diego Fernández de Cevallos-- ya no es noticia que deje la Secretaría de Gobernación, sino quién lo sustituye. Y en primer lugar no está, hasta la noche de este lunes 12, el porro expriista Javier Lozano Alarcón, sino Luis Felipe Bravo Mena, expresidente del PAN y prominente militante de la organización secreta El Yunque... Y mientras siguen las matanzas en el país, como el fin de semana de horror en Juárez, con medio centenar de ejecutados, también se siguen matando periodistas. Ahora correspondió a Marco Aurelio Martínez Tijerina y Guillermo Alcaraz Trejo, de Chihuahua y Nuevo León. Y Calderón, el dictadorcillo, sonríe…

delgado@proceso.com.mx

viernes, febrero 19, 2010

Clouthier: El narco amenaza el proceso electoral de 2010

¿CUANDO HAS VISTO QUE UN PUERCO SUELTE LA MAZORCA?

El diputado federal lanza un llamado para conformar una alianza social contra "la camarilla mafiosa en el poder", mientras valora si contenderá por la gubernatura
este año *

* Tomado de El debate, de Sinaloa

Culiacán,Sinaloa. Este año podríamos perder Sinaloa y el narcotráfico podría encumbrarse en la silla gubernamental si los sinaloenses no salen a votar contra "la camarilla mafiosa en el poder". Así lo alerta el diputado federal del PAN, Manuel Clouthier Carrillo.

En entrevista con El debate Clouthier hace un llamado a la sociedad a integrarse al bloque opositor, así como a los "priistas de bien" al tiempo que valora lanzarse a la arena política para contender como gobernador.

Se ha hablado mucho de que este 2010 va a ser un parteaguas.

- Este 2010 puede ser el fin del punto de no retorno, porque si llega el narcotráfico a gobernar Sinaloa, que ahorita es la narcopolítica, nos va a costar. Ya lo he dicho, nomás que creen que es discurso de campaña, que me ando promoviendo, estoy desesperado gritándolo, tratando de encontrar quién termine de entender esto y quién quiera ayudar a empezar a cambiar esta sociedad; no es cuándo vamos a terminar, es cuándo vamos a empezar, y lo digo: Si el narcotráfico llega a gobernar Sinaloa, ya no hay remedio, nos va a costar generaciones revertir esto, generaciones.

Sinaloa necesita convertirse en un estado atractivo a la inversión productiva, y dime tú si con los niveles de violencia; dime tú si con los problemas del narcotráfico; dime tú si el día de mañana con narcotraficantes gobernando; dime tú si con los estilos autoritarios, en donde el abuso se da desde el poder, donde no hay seguridad jurídica, donde no hay seguridad a la propiedad, ¿va a ser atractivo eso a la inversión productiva en donde quien promovía el turismo es asesinado? ¿Qué clase de estado es ese? Tenemos que entender los sinaloenses primero que estamos enfermos.

¿El crimen de Antonio Ibarra (secretario estatal de Turismo) será esclarecido?

- No creo, en Sinaloa pasas a ser una estadística más. Para mí hay cuatro vertientes: una acción dirigida personal, otra, un mensaje a la camarilla mafiosa; otra, que fuese la propia camarilla mafiosa la que lo hubiera ordenado matar; otra es por las confrontaciones de la lucha por el poder político. Y una más, es que nos estén induciendo miedo a los sinaloenses, puedes huir, inmovilizarte o actuar ante el posible miedo. Quizás lo que están buscando es que huyas o te inmovilices, el llamado que hago es que nos atrevamos a actuar.

¿Cómo se puede recuperar el estado?, ¿cuál puede ser la cura?

- Invito al pueblo sinaloense a que iniciemos la batalla, empecemos a transformar la sociedad sinaloense, hay dos maneras de vivir en Sinaloa con una sociedad crecida y un hampa replegada o un hampa crecida y una sociedad replegada. Dígame quién va ganando la batalla, quién es dueño de las calles, quién se esconde. Es urgente que iniciemos este proceso. En los estados que he visto este proceso siempre lo ví con un sector empresarial comprometido, como en Nuevo León, Chihuahua, Baja California, pero aquí falta compromiso del sector empresarial, con el costo que significa.

¿Usted cree que en las urnas está la esperanza para Sinaloa?

- El comienzo de la esperanza, el comienzo del revertir, es que, dime cuál es la otra ¿o vamos a agarrar las armas nosotros? no es nuestro papel.

¿Habrá condiciones para que se acerque ese cambio?

- Ese es el llamado que estamos haciendo, ¿le vamos a entrar los sinaloenses a pagar el precio que significa quitarnos el yugo de esta camarilla?. Éstos no se van a dejar. La frase aquella de mi padre: ¿Cuándo han visto que un puerco suelte una mazorca?

¿Y su lucha es desde la tribuna en San Lázaro o va a ser aquí?

Para leer articulo completo AQUI.

miércoles, mayo 27, 2009

PGR, el brazo armado del PAN


Casos como el de Cándido Monreal Ávila, hermano del exgobernador de Zacatecas Ricardo Monreal, que en un lapso de cuatro meses pasó de testigo a indiciado, sólo se entienden en contexto político-electoral como el que hoy se vive en el país. En los últimos años ha sido una constante que en cada proceso electoral la Procuraduría General de la República integre una averiguación previa contra un candidato o alguien de su familia y ventile el asunto en los medios de comunicación.

La historia que hoy implica a varios de los hermanos Monreal Ávila se inició el 28 de noviembre de 2008. Ese día, según la información difundida, la PGR recibió una llamada en que un denunciante anónimo habló de movimientos sospechosos en la deshidratadora San Felipe, propiedad de los hermanos Cándido y David Monreal; dos meses después, el 22 de enero de 2009, elementos de la misma procuraduría decomisaron 14.5 toneladas de mariguana en las instalaciones de esa empresa familiar y detuvieron a dos presuntos zetas.Sin embargo, fue el lunes 18 -¡cuatro meses después de los hechos!- cuando el diario Reforma informó que Cándido y David Monreal eran investigados por la PGR por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Para el viernes 22, los dos hermanos ya no eran sólo testigos, sino indiciados.Y aún cuando la autoridad está obligada a investigar al propietario de un inmueble en el que se decomisa droga para deslindar responsabilidades, es incongruente que la investigación se mantenga en secreto durante cuatro meses, como sucedió en el caso de los hermanos Monreal Ávila, y es sólo ahora que la campaña electoral está en marcha cuando los datos de dan a conocer.La información se difundió precisamente en el momento en que David Monreal anunció su postulación como candidato a la gubernatura de Zacatecas y al día siguiente de la espectacular fuga de 53 reos de un reclusorio de esa entidad. En este caso sólo caben dos explicaciones: distraer la atención sobre la fuga masiva o alterar la contienda electoral, afectando al candidato.Todo indica que la familia Monreal Ávila, particularmente el senador con licencia Ricardo Monreal, en un primer momento se inclinó por la primera opción y dirigió las baterías contra la gobernadora Amalia García, principal beneficiaria de dicha operación por partida doble: ella no sólo habría tendido una cortina de humo sobre la fuga, sino que, de paso, estaba desprestigiando a David, candidato de un partido de oposición.Sin embargo, tanto por los antecedentes de este caso como por el contexto en el que suceden, todo apunta a la segunda opción: el rendimiento electoral de la acción para el PAN. Quizá por ello Ricardo Monreal dirige ahora sus misiles contra la PGR.En este aspecto resulta pertinente voltear hacia el 2005, año en el que el gobierno foxista desaforó y pretendió enjuiciar a Andrés Manuel López Obrador para sacarlo de la contienda electoral por la Presidencia de la República. El uso político-electoral de la justicia está plenamente acreditada con la confesión de los actores de aquel embrollo. Basta leer el libro La diferencia de Rubén Aguilar y Jorge G. Castañeda o remitirse a las declaraciones hechas en Washington por el expresidente Vicente Fox en febrero de 2007, en aquella ocasión el guanajuatense aseveró que en el proceso de desafuero contra Lopez Obrador "tuve que retirarme y perdí. Pero 18 meses después me desquité cuando ganó mi candidato".Meses después, en junio de 2006, hubo otro caso en el que se volvió a utilizar a la PGR, esta vez contra el candidato del PRI al gobierno de Jalisco, Arturo Zamora Jiménez, quien participaba en una cerrada contienda. Un mes antes, el entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Manuel Espino, presentó una denuncia contra Zamora como presunto responsable del "fraude más grande en la historia del IMSS" por apoderarse de nueve inmuebles en litigio.Esa vez se filtró información según la cual la DEA había integrado un expediente contra Zamora por presuntos nexos con el narco. El 11 de junio de ese año, el procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, declaró que había una investigación en contra del candidato priista de Jalisco por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.El 13 de junio siguiente, una hora antes del debate entre los candidatos a la gubernatura por Jalisco, la PGR desmintió esa información mediante un boletín y señaló que la única investigación contra Zamora era la que se derivaba de la denuncia panista. Finalmente, cuatro días antes de los comicios del 2 de julio de 2006 incautaron los nueve inmuebles. El resultado: el candidato panista, Emilio González Márquez, ganó la gubernatura por amplio margen. Meses después Zamora fue exonerado de los delitos que le imputaban.Ahora, en plena efervescencia electoral, el presidente del CEN panista, Germán Martínez, reiteradamente coloca sobre la mesa la dicotomía: apoyas a Calderón en su lucha contra el narco o estás con el narco; incluso ya acusó al candidato del PRI a la gubernatura de Colima, Mario Anguiano Moreno, de estar vinculado al narcotráfico. El argumento que esgrimió es que Humberto Anguiano, hermano de Mario, está preso por vender droga.El mes pasado, la PGR anunció la detención de Miguel Ángel Almaraz, exdirigente estatal del PRD en Tamaulipas por sus presuntos vínculos con Los Zetas, así como por el robo y venta de gasolina.Vistos los antecedentes y el contexto, la PGR y los panistas han sacado provecho en períodos electorales. En el caso del decomiso de mariguana en la empresa de los hermanos Monreal Ávila en enero pasado las cosas no son diferentes, con el agravante de que en esta ocasión también hubo un enfrentamiento entre el senador Ricardo Monreal y la gobernadora Amalia García.En los casos de López Obrador y de Zamora, aun cuando quedaron exonerados, su descrédito ante la opinión pública y el efecto electoral en su contra fueron irreversibles; en el de los hermanos Monreal Ávila, aún en curso, es evidente que la espectacular exposición mediática tiene más fines electorales que jurídicos. Es cierto que la procuración e impartición de justicia no puede interrumpirse por los procesos electorales, pero tampoco debe aprovecharse para atacar a la oposición, especialmente con presunciones que todavía no son cosa juzgada.

Golpe mediático la detención de funcionarios del gobierno michoacano, para favorecer a candidatos panistas, acusa López Obrador

*A escasas seis semanas de las elecciones intermedias, el gobierno espurio de Calderón utiliza a la PGR con fines electoreros, precisa

*Se debe enfrentar primero a la mafia de Los Pinos, si se quiere realmente combatir la impunidad que impera en México, subraya

*La aprehensión de alcaldes se inscribe al ámbito electoral y de supuesta lucha al crimen organizado, establece La detención de 27 servidores públicos en Michoacán “huele” a golpe mediático espectacular e irresponsable del presidente pelele Felipe Calderón, con la deliberada intención de favorecer a los candidatos del PAN, en vísperas de las elecciones federales, aseguró Andrés Manuel LópezObrador.

El presidente legítimo de México aclaró que se debe enfrentar a la mafiade Los Pinos, “que es la que más daño hace, si realmente se quiere combatir la impunidad en nuestro país”, y demandó investigar el presunto involucramiento de los funcionarios michoacanos en la comisión de actos ilícitos.En entrevista que concedió a su arribo a esta ciudad capital, destacó que el operativo policiaco que se montó para la captura de presidentes municipales y autoridades de diversos niveles del gobierno estatal corresponde a un manejo propagandístico y de espectacularidad.Hizo énfasis en que el caso “huele mucho a golpe mediático, espectacular,en vísperas de las elecciones”.El asunto, puntualizó, “Tiene mucho que ver con el manejo irresponsable que hacen Calderón y los panistas, de utilizar a la Procuraduría Generalde la República estas épocas, para favorecerse”.Adicionalmente, PAN difunde una campaña en los medios de comunicación,para mostrarse como aquellos que están salvando al país de la delincuencia. “Entonces se empata esto”, explicó.Con relación a la decisión que tomó la dirigencia nacional del PRD para no transmitir, como parte de su campaña electoral, el spot de televisión en donde López Obrador llama a votar por los candidatos perredistas en el Distrito Federal, expresó: “Yo ya cumplí”.Expuso que los dirigentes capitalinos de su partido le solicitaron que “yo grabara un mensaje; y así lo hice”.Y dejó en claro: “Si no lo transmiten, pues ya no es un asunto mío. Yo ya cumplí”, reiteró.La difusión del mencionado promocional “ya no corresponde a mi esfera. Ya cumplí yo con esa aportación”, añadió. El presidente legítimo de los mexicanos afirmó que su principal preocupación es la grave situación en que se encuentra la nación. “La mafia de la política está afectando mucho, la mafia de Los Pinos y sus principales integrantes, como Roba harto, Barril sin fondo, El pelele, El san camilote, La ardilla y El señor X. También El innombrable”.

viernes, abril 10, 2009

Proceso electoral en riesgo


La irresponsabilidad de los legisladores, que dejaron una normatividad electoral desarticulada, compleja e incompleta; las argucias de los actores políticos, particularmente las televisoras y los partidos políticos, que aprovechan cualquier resquicio o imprecisión en la ley para eludir su cumplimiento, así como la incompetencia, parcialidad, timidez e inconsistencia de los consejeros electorales para aplicar la ley, forman una mezcla explosiva que pone en riesgo el proceso electoral.Ahora fue el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) el que inventó un informe de gestión, de sus diputados plurinominales, para comprar tiempo aire a los concesionarios con el fin de promocionarse en un intento de influir en las preferencias electorales. Aprovechó la ausencia de legislación secundaria que regule las disposiciones del artículo 134 de la Constitución, relativas a la aplicación imparcial de los recursos públicos y las características de la propaganda gubernamental.Justo en la víspera (el 17 de marzo) de que se difundieran los spots del Verde (iniciaron el 18 de marzo), el diario Reforma publicó una declaración del senador y consejero del Poder Legislativo por el grupo parlamentario del PVEM en el IFE, Arturo Escobar. En ésta reconoce que los partidos propiciaron una ley compleja con muchos hoyos para evadirla. Y una de las lagunas que pretendieron encontrar fue la excepción establecida en el párrafo 5 del artículo 228 del Cofipe, que permite la promoción de la imagen de los servidores públicos durante 13 días al año, siete anteriores y cinco posteriores al informe anual de labores o gestión. Sin embargo los cinco diputados plurinominales olvidaron leer que “En ningún caso la difusión de tales informes podrá tener fines electorales…” y pretendieron disfrazar la propaganda electoral con mensajes que difundían sus pretendidos informes de labores. Por cierto, éstos nunca fueron ubicados en fecha, hora y lugar.Como bien precisó la consejera María Macarita Elizondo, en la sesión del consejo celebrada el domingo 29 de marzo, al respaldar su afirmación de que los spots eran propaganda electoral: “… el mensaje tiene como finalidad influir en las preferencias electorales de los ciudadanos… pues de una manera inequívoca lo presenta como un partido político que plantea una solución a un problema de carácter político-social y, por ende, lleva implícita la invitación a simpatizar con dicho instituto político y eventualmente a votar por él… Más aún cuando es un hecho notorio que la propuesta de instaurar la pena de muerte a secuestradores es uno de los ejes temáticos de la propaganda que ese partido político ha presentado a la ciudadanía… (los mensajes) guarda(n) una gran similitud con los que el propio partido político solicitó fueran transmitidos durante el período de precampañas…”A lo largo de todo el período de precampañas (del 31 de enero al 11 de marzo), el PVEM transmitió en total 205 spots y en los 13 días de permisividad, pretendidamente amparados en la excepción, 206, según denunció en la sesión del consejo el representante del Partido Socialdemócrata, Miguel Medrado. Así, en 13 días igualó el número de promocionales que transmitió en 40; pero, además, en este caso con la posibilidad de elegir los horarios de mayor audiencia y ser el único partido político con esa presencia en los medios electrónicos.Más allá de que en esta ocasión el Consejo General del IFE obtuvo la mayoría para sancionar al partido, a pesar de la oposición del bloque de consejeros electorales colocados en dicho órgano con el apoyo del PRI (que participará en coalición con el Verde en 63 distritos electorales), el partido político consiguió su objetivo de difundir sus spots e influir en las preferencias electorales. La única medida cautelar que tomó la autoridad electoral fue cancelar la difusión del logotipo del partido, pero no la de los promocionales.No se procedió al retiro del spot porque la Comisión de Quejas y Denuncias está integrada por tres de los cuatro consejeros que se opusieron a la sanción: Virgilio Andrade, Marco Antonio Gómez y Marco Antonio Baños. El hecho de que sea la comisión y no el consejo la instancia ante la cual se presenta la solicitud de medidas cautelares por parte de la secretaría ejecutiva, puede ser definitiva en algunos casos, como éste, en el que los tres miembros de la comisión tomaron la decisión de no impedir la difusión del spot, pese a que fueron minoría en el Consejo General.El caso muestra de manera palmaria las limitantes de la reforma electoral de 2007: vacíos e incongruencias legales, que se manifiestan en la ausencia de una ley reglamentaria del 134 constitucional, tal como reconoce el senador panista Ricardo García Cervantes.Las acotaciones a la reforma también se manifiestan en la existencia de disposiciones –como los límites establecidos para la integración de comisiones– que permiten la aplicación sesgada de la ley; el abuso de los hoyos, como los llama el senador Escobar, por parte de los partidos políticos para intentar eludirla, y la parcialidad de algunos consejeros electorales, que en este caso permitieron que el partido cumpliera sus objetivos.El mayor problema es que todas estas restricciones se manifiestan cuando todavía estamos en los prolegómenos de la contienda electoral, pues las campañas empezarán hasta el 3 de mayo y es ahí precisamente cuando la competencia se vuelve más feroz, y los contendientes echan mano de todos los recursos a su disposición con tal de obtener la victoria.

jueves, marzo 19, 2009

Iglesia entrometida

Detrás de la Noticia

Iglesia entrometida

Ahora sólo falta que desde el púlpito nos digan por quién votar: como si no hubiera existido jamás una Reforma; como si jamás se hayan separado la Iglesia y el Estado; como si la Revolución resultase inútil y como si la revuelta cristera no nos hubiese manchado de sangre.
Desde luego, no son nuevas ni la sujeción ni la alcahuetería ni las complicidades de la jerarquía católica con el poder. Desde la Conquista, ésta se hizo a sangre, fuego y a cruz. Aunque justo sería deslindar a curas magníficos como Hidalgo y Morelos, como Sergio Méndez Arceo, Samuel Ruiz, Raúl Vera, Miguel Concha y Luis Arriaga en tiempos recientes, que han cumplido su vocación pastoral. Igual hay sacerdotes inolvidables como el queridísimo y controversial Alejandro García Durán o el padre Chinchachoma, que viniendo de España a una escuela pirrurris acabó entregado a los niños de la calle en una obra que tras su muerte continúa. Pero la verdad, son garbanzos de a libra. Luces aisladas en una Iglesia cada vez más oscura. Excepciones que confirman un acercamiento aún más impúdico con hombres y mujeres del poder y una distancia ya infinita con sus feligreses.
En México tan sólo en los tiempos recientes sobran episodios para ilustrar este pecaminoso maridaje: recuérdese en el 68 al cura de San Miguel Canoa, Puebla, que haciéndole juego al gobierno diazordacista incitó al pueblo al linchamiento de unos excursionistas por el pecado de parecer estudiantes; también a los Arellano Félix con Prigione en la bendita nunciatura del DF; la aún extraña muerte del cardenal Posadas y los inacabables testimonios de obispos codeándose con la crema y nata de los capos del narco a lo largo y ancho del país; o metiéndole miedo a la gente en los sermones del 2006.
Ahora llama la atención el descaro con el que la jerarquía mete sus narices en el proceso electoral en flagrante violación constitucional. Salen con una injerencia lambiscona a favor, claro, del patrón federal en turno. Descaradamente piden a sus aún fieles no votar por el PRI debido a su negativa para avalar tal cual la iniciativa calderonista de Ley de Dominio, que no es otra cosa que el decomiso ipso facto de bienes de todo aquel sospechoso de pertenecer o servir al crimen organizado. Aunque, más allá del debate sobre la propuesta, está el intervencionismo injerencista eclesial al que sólo le falta decir que votemos por el PAN para contentar al Señor —de Los Pinos, claro— y ser todos muy felices acá en la tierra.
Donde por cierto se nota la mano de mártires de la buena vida como Norberto Rivera, al que exhibieron testimonios sobre su protección a por lo menos un sicópata cura pederasta, aunque ahora parezca absuelto. O el campeón del campo —de golf, faltaba más— Onésimo Cepeda, que oraba para que al gobierno dejara de temblarle la mano y se cargara a 300 o 400 de los de Atenco con tal de que se construyera el nuevo aeropuerto. Es su modo de practicar la caridad cristiana.
Por cierto, no se necesita ser ateo para renegar de esos curas. Yo, por ejemplo, me considero religioso y católico, pero no podría ser riverista u onesimista. Es como si se confunde el ser de izquierda con ser del PRD. Vámonos respetando, ¿no?

miércoles, febrero 04, 2009

Retan Televisa y Tv Azteca al IFE



MÉXICO, D.F., 3 de febrero (apro).- Televisa y TV Azteca ignoraron la petición del Instituto Federal Electoral (IFE) de informar sobre la emisión de spots políticos en bloques continuos y a una misma hora. Además, establecieron que se sujetarán a la postura fijada ayer por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), la cual señaló en un comunicado que las pautas de las precampañas electorales fueron notificadas un par de semanas atrás, cuando ya existían compromisos contractuales previos en la programación. En pronunciamientos por separado, Televisa informó que no emitiría opinión alguna y TV Azteca señaló que hasta el momento no tiene planeado pronunciarse sobre el tema. El pasado fin de semana, ambas televisoras integraron a su barra de programación bloques de propaganda político-electoral con miras a las elecciones de julio próximo, sin embargo, dichos spots interrumpieron programas infantiles, películas y partidos de futbol. La acción fue condenada por el IFE, al aclarar que la decisión de agrupar en un solo bloque los anuncios de partidos políticos fue exclusivamente de las televisoras y no por una pauta marcada por el órgano electoral. Este martes, el IFE emplazó a Televisa y TV Azteca para que expliquen la presencia de “conductas atípicas” en la transmisión (en bloque) de las pautas del Instituto y los partidos, fijando un plazo “improrrogable” de 24 horas para responder. Al leer un comunicado, el consejero presidente, Leonardo Valdés, dijo que “una vez que las empresas requeridas respondan, el Instituto federal Electoral determinará si hay lugar al inicio de procedimientos sancionadores”. A partir del pasado sábado 31 de enero y hasta el 5 de julio, cada una de las mil 569 emisoras concesionadas de radio y televisión en el país deberán difundir un total de 48 minutos diarios para los promocionales de los partidos y de las autoridades electorales, hasta llegar a más de 23.4 millones de spots.

miércoles, enero 14, 2009

En Nuevo León, terrorismo político-electoral


Las características del atentado del 6 de enero contra Televisa Monterrey, así como los cuatro mensajes aparecidos en la ciudad el mismo día, no configuran un presunto ataque del narcotráfico o del crimen organizado. En cambio, señalan diversas fuentes consultadas por Proceso, parecen indicar un acto de terrorismo político o de guerra sucia preelectoral, además de un reclamo por la parcialidad informativa.

MONTERREY, NL.- De acuerdo con las primeras investigaciones de la PGR y de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, el atentado contra Televisa Monterrey el martes 6 de enero, en el que se utilizó un arma corta calibre .40 y una granada, pudo ser un acto de terrorismo político o de guerra sucia electoral. Entre los elementos que sustentan esta hipótesis están los hechos de que el ataque se realizó en el estacionamiento -no en los estudios ni en su entrada-, los agresores dispararon sólo a la parte alta de un portón, la granada era de explosión -sin esquirlas- y los protagonistas tuvieron el cuidado de que no hubiera heridos ni coches dañados.Como al parecer se trataba sólo de un mensaje, en esta hipótesis cobran especial relevancia los escritos que aparecieron en una cartulina y tres mantas ese mismo día, así como una denuncia por presuntos delitos electorales que se presentó en contra del secretario de gobierno de Nuevo León.En la cartulina que los atacantes dejaron en un automóvil después del atentado, acusaron a Televisa Monterrey de ser parcial en su cobertura informativa: "Ya dejen de transmitir nada más a nosotros, también transmitan a los narcomandatarios. Esto es un aviso", decían en caracteres de plumón azul.A este reproche de orden informativo se suma otro que, aparecido el mismo día en tres mantas colocadas en diversos puntos de la ciudad, hace una crítica política al gobernador y se refiere al aspecto electoral:"Natividad González. ¡Feliz 2009! Este año haga su trabajo. Nuevo León es hoy mundo de pandilleros, crimen organizado, deuda pública, invasión y robo de terrenos, tráfico vehicular, etc. ¡Seguridad y Vialidad! Nati ¿votaremos por tu candidato?". El firmante: "Memoria Colectiva".Este mensaje que apareció en tres puentes sólo fue difundido por TV Azteca y Multimedios Televisión en sus noticiarios de mañana, tarde y noche. Pero Televisa se abstuvo de pasar la nota.Una fuente del gobierno estatal que pidió no ser identificada consideró que el atentado en las instalaciones de Televisa pudo ser una venganza por no difundir el contenido de las mantas. Y observó también que los textos dejados en la televisora y en tres puentes de Monterrey eran muy parecidos en su redacción, caligrafía y manejo del lenguaje.Por esas coincidencias y por la forma en que se perpetró el atentado, la fuente consideró que los patrocinadores de éste no fueron narcotraficantes. "Es un ataque relacionado con política", dijo, y recordó que en este año serán elegidos en Nuevo León el nuevo gobernador, los alcaldes y los diputados locales y federales.Esto, agregó, es lo que más preocupa ahora a las autoridades locales, pues no se sabe hasta dónde los agresores pueden llegar en sus intentos de intimidación y si respaldan a algunos de los candidatos. Consultado al respecto, el director de Noticias de la televisora, Francisco Cobos Cardona, expresó: "Lo que nos han dicho es que el contenido del mensaje (dejado en Televisa) es diferente a los demás, debido a que tiene ciertas palabras que son diferentes, como la de 'narcomandatario', que nunca había aparecido en un mensaje. La investigación se centra un poco en eso, como un punto para dar con el posible móvil".Por lo pronto, las tres televisoras comerciales de Monterrey y al menos un periódico ya cuentan con protección especial. Hay elementos del Ejército, de la Policía Federal Preventiva y de Seguridad Pública Estatal en el exterior de Televisa Monterrey, asentada en el centro de la ciudad; en TV Azteca, localizada en la colonia México, y en Multimedios Televisión, que opera desde la colonia Roma.Una vigilancia armada similar existe en el exterior de las instalaciones del periódico El Norte, a una cuadra del palacio de Gobierno.En medio de la conmoción que causó el ataque armado a un medio de comunicación, se recordó que, desde el 10 de mayo de 2007, se encuentran desaparecidos los reporteros de TV Azteca Noreste Gamaliel López Candanosa y Gerardo Paredes Pérez; que el domingo 12 de octubre de 2008 varios desconocidos dispararon contra la fachada del Consulado de Estados Unidos en Monterrey para en seguida arrojar al jardín una granada de fragmentación que no detonó, y que unos días después, entre el 14 y el 22 de octubre, fueron asesinados a cuchilladas 10 elementos del Ejército Mexicano en varios municipios de Nuevo León.La intimidaciónLa noche del 6 de enero de 2009, los conductores Hugo Chávez y Michelle Galván transmitían las informaciones del día cuando fueron interrumpidos por el director de Noticias, Francisco Cobos Cardona, quien, en un enlace telefónico, expresó con voz entrecortada que la televisora había sido víctima de un atentado con una granada y a balazos.Aunque las versiones iniciales del suceso fueron confusas, la Procuraduría General de Justicia del Estado aclaró finalmente que, poco después de las 20:40 horas, un coche rojo se detuvo en las calles Albino Espinosa y Amado Nervo, a una cuadra de Televisa, y que de él bajaron dos personas.Los testigos dijeron que eran dos hombres jóvenes que vestían sudaderas y se cubrían las cabezas con las capuchas de esas prendas. Caminaron unos 50 metros. Uno de ellos disparó en nueve ocasiones con un arma corta sobre la parte alta de uno de los dos portones (el que no se usa) del estacionamiento, ubicado del otro lado de la calle de la televisora.Al parecer, el atacante se asomó luego por una de las rendijas del portón para verificar si había personas del otro lado y arrojó la granada cerca del área donde se hacen trabajos de escenografía. Tras el estallido, que sólo dejó un hueco en el piso de concreto de 20 centímetros de profundidad, los atacantes huyeron. A su paso, uno de ellos dejó en la parte trasera de un Volkswagen una cartulina blanca con la amenaza contra Televisa.Diez minutos después, el lugar se llenó de hombres armados de todas las corporaciones: Ejército, Seguridad Pública del Estado, Agencia Estatal de Investigaciones, Policía Municipal de Monterrey...Protección Civil del Estado desalojó el estacionamiento. En el interior, los conductores televisivos trataban de mantener la calma y, visiblemente nerviosos, terminaron los minutos que les quedaban del noticiario, que concluye a las 21:00 horas, con reportes de lo que sucedía en el exterior.Cuando Eugenio Azcárraga López, director general de Televisa Monterrey, llegó a las instalaciones, organizó junto con Cobos Cardona una junta de emergencia para explicar lo ocurrido y tranquilizar al personal. Aunque el director de Noticias expresó a los reporteros la opción de no salir a reportear si sentían miedo, todos aceptaron continuar con su trabajo.Aunque mayor tranquilidad debieron experimentar los delincuentes cuando el propio Cobos Cardona dirigió más tarde un mensaje de respeto y consideración a los "señores de la delincuencia organizada", a quienes, promisorio, les aseguró: "no queremos nada contra ustedes".Esa misma noche, en El Noticiero de Televisa a nivel nacional, Joaquín López-Dóriga se refirió así al atentado: "Esta noche, indignados, rechazamos la violenta agresión y expresamos nuestra solidaridad personal y profesional a todos y cada uno de nuestros compañeros de Televisa Monterrey y a todos quienes en Monterrey siguen estas transmisiones todos los días desde hace 50 años".Antes de la media noche, la PGR giró un boletín en el que anunciaba que atraía el caso y que abría la averiguación previa PGR/NL/ESC/033/D/2009. La orden fue dada directamente por el procurador Eduardo Medina Mora, explicó Alejandro Garza y Garza, subprocurador de Ministerios Públicos de la Procuraduría de Justicia estatal.A las 8:00 de la mañana del día siguiente, agentes de Tránsito de Monterrey encontraron abandonado a unas cuadras de allí, con una de las puertas traseras abierta, el coche que utilizaron los pistoleros: un Pontiac rojo, placas de Texas Z37CRB, en cuyo interior se hallaba la pistola calibre .40 con el cargador que usaron los sicarios. Hallaron igualmente una sudadera, una capucha y un pants.Las coincidencias Televisa Monterrey ya había recibido previamente al menos dos amenazas.El 8 de noviembre de 2006, cuando un grupo de policías perseguía una camioneta, acción que culminó con la detención de varios pistoleros, Televisa transmitía la operación en vivo. En una llamada por teléfono, una voz anónima exigió al área de Noticias sacar del aire aquella nota. No obstante que entonces la Gerencia de Noticias decidió suspender la transmisión, fue retomada en un noticiario del día siguiente. Quien parecía ser la misma persona exigió que la nota fuera sacada y advirtió que no habría tercer aviso.Un poco más tarde, cuando TV Azteca difundía también dicha información, al parecer la persona que había hablado a Televisa le exigió lo mismo a la competencia.Y el 18 de septiembre del año pasado, cuando Televisa Monterrey daba cuenta de un enfrentamiento entre dos bandas en el penal de Topo Chico, otra llamada anónima pidió sacar del aire la información porque, según el de la voz, "tenía intereses" ahí y no era conveniente hacer público el desorden del penal.Inmediatamente después del ataque del pasado 6 de enero, en la Procuraduría General de Justicia del Estado corrió la hipótesis de que este hecho podía estar relacionado con la aparición, esa misma mañana, de las mantas contra el gobernador. Una de esas mantas estaba sobre un puente peatonal de la avenida Gonzalitos, casi cruzando Fleteros. Las otras dos se hallaban en San Pedro, una en el cruce de Vasconcelos y Montes Rocallosos, y otra en Calzada del Valle y Calzada San Pedro. Todas fueron retiradas antes del mediodía.Pero también llamó la atención el hecho de que un panista que se dijo desempleado, Eddi Jacobo Álvarez, quien anteriormente trabajó como encargado de Prensa en la delegación de la Secretaría de Economía en la entidad, acudió a la PGR para presentar una querella por delitos electorales en contra del secretario general de Gobierno, Rodrigo Medina de la Cruz.A su vez, el jefe de la Oficina Ejecutiva de la Gubernatura, Héctor Gutiérrez de la Garza, dijo que la colocación de las mantas en puentes parecía ser "el inicio de una guerra sucia" contra el gobierno, y agregó que despertaba "sospechosismo" la coincidencia de los mensajes de las mantas y la denuncia presentada contra el secretario general de gobierno.Este tipo de sospechas se multiplicaron después del estallido en Televisa, al punto de que una fuente relacionada directamente con la investigación negó tener elementos para atribuir el atentado a una de las bandas del crimen organizado que operan en la entidad."Los sicarios de los cárteles -explicó- no disparan para dejar mensajes y no utilizan pistolas; es igualmente extraño que, en lugar de abrir fuego sobre la puerta de la televisora, que estaba cruzando la calle, agujeraron un portón, y, por si fuera poco, testigos dicen haber visto a uno de los muchachos asomarse por una rendija del portón para ver si no había personas del otro lado antes de arrojar la granada. "Los sicarios de los cárteles no tienen esos miramientos -observó el investigador. Además, no utilizan coches como el Pontiac. Generalmente se desplazan en camionetas y usan armas largas. No acostumbran abandonar los coches, y menos las armas usadas en sus ilícitos."No parecen integrantes de alguna de las bandas del crimen organizado. Y si lo son, parecen ser pistoleros de menor rango contratados por alguien más", puntualizó.Otros análisis hicieron notar que en la cartulina dejada en Televisa se usa un lenguaje inusual, que incluye palabras como "transmitir" y "narcomandatarios", que parecen términos demasiado sofisticados para hampones.Indicaron también que los trazos del texto de la cartulina de Televisa y de las mantas presentan rasgos afines, con una diferencia que podría explicarse por la prisa de la redacción en un caso, y de la calma con que se escribió en el otro.Destaca la pulcra redacción, el empleo correcto de signos de puntuación y una implicación político-electoral al referirse directamente al gobernador como "Nati" y preguntar: "¿Votaremos por tu candidato?". Por último, apuntan los especialistas, la firma de "Memoria Colectiva" remite a un autor que denota formación intelectual.Respecto de las causas de que Televisa no haya dado a conocer el contenido de las mantas, un vocero de la televisora en Monterrey aseguró que no pasaron la nota simplemente porque, inicialmente, no les pareció trascendente.Pero en el transcurso del día, al ver que los canales de la competencia sí le "dieron vuelo", en Televisa se determinó hacer una nota pequeña al respecto para incluirla en el noticiario nocturno. Casualmente, dijo el vocero de Televisa, la nota se fue retrasando por otras que eran más importantes, y cuando se disponían a difundirla ocurrieron la explosión y la balacera.Francisco Cobos, periodista con 23 años de experiencia, consideró improbable que el ataque haya sido en represalia por la cobertura de algún tema polémico, y así se lo ha comunicado directamente a los investigadores de la procuraduría."Ya analizamos nuestros contenidos y no encontramos algo específicamente que nos haga pensar en una nota de peligro o de riesgo, como nos ha pasado. No es la primera vez que nos amenazan, pero sí la primera que se perpetra un ataque de esta naturaleza", afirmó.Y refirió que en los últimos cuatro años él, camarógrafos, reporteros y personal técnico han recibido diversas amenazas de todo tipo y han vivido "en constante zozobra" por la misma dinámica del oficio.Como consecuencia de la explosión, las medidas de seguridad en el edificio de Televisa Monterrey se han incrementado. Ahora son más cuidadosos en la expedición de permisos para ingresar a las instalaciones y, por lo pronto, cuentan con una estrecha vigilancia del Ejército y de la PFP, aunque los reporteros no tienen ninguna protección extra.Por su parte, el subprocurador de Ministerios Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Alejandro Garza y Garza, se negó a especular sobre la relación que pudiera haber entre las mantas con mensajes contra el gobernador y la cartulina contra Televisa."Todas las líneas de investigación están abiertas desde que iniciamos la investigación. Nos entrevistamos con directivos de Televisa (y les preguntamos) si hay amenazas o no. La información la pasamos a la PGR y tengo entendido que ellos ya hablaron con la gente de la televisora", manifestó.Por su parte, al referirse al atentado, el gobernador Natividad González Parás se limitó a afirmar el jueves 8 que "hay una línea de investigación muy sólida...". l

domingo, noviembre 02, 2008

Nuevo revés al gobierno mexicano.....

En Washington, nuevo revés al gobierno mexicano

En una nueva fase del litigio de Proceso contra el gobierno de Felipe Calderón para poder acceder a las boletas de la elección presidencial de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó, el pasado viernes 31, prolongar las medidas cautelares otorgadas en favor de la revista para evitar la destrucción de esa papelería electoral. Entretanto, el organismo analizará si el Estado mexicano tiene razón cuando arguye que la información contenida en las boletas ya se había hecho "pública" mediante las actas electorales, y cuando afirma que la solicitud de medidas cautelares efectuada por la Comisión es imprecisa, parcial y desproporcionada.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió mantener las medidas cautelares otorgadas a favor de Proceso para evitar que el gobierno de Felipe Calderón destruya las boletas de la elección presidencial de 2006.
El organismo rechazó los argumentos con los que Calderón pretendió echar abajo las medidas concedidas el 2 de julio pasado, justo al cumplirse dos años de los controvertidos comicios presidenciales.
El 31 de octubre, el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, informó a Proceso de la decisión adoptada por los siete comisionados del organismo interamericano, luego de escuchar a las dos partes sobre la conveniencia de mantener o levantar las medidas precautorias.
"Cumplo con informales que la CIDH consideró la solicitud del Estado de México de dejar sin efecto las medidas cautelares otorgadas el 3 de julio de 2008 y decidió mantener su vigencia", señala la notificación, fechada en Washington, sede del organismo dependiente de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
El gobierno de Calderón, en efecto, había impugnado dichas medidas, otorgadas a la revista a raíz de la denuncia interpuesta por el director del semanario, Rafael Rodríguez Castañeda, en contra del Estado mexicano por haberle negado el acceso a las boletas de la elección presidencial del 2 de julio de 2006.
Calderón argumentó que la información contenida en las boletas ya se había hecho pública a través de las actas electorales, por lo que la solicitud de medidas efectuada por la Comisión era imprecisa, parcial y desproporcionada (Proceso 1657).
Si bien la protección de las boletas se mantendrá mientras la CIDH decide si le da entrada a la demanda de Rodríguez Castañeda, Calderón llegó a considerar como un exceso la solicitud de las medidas precautorias y advirtió que su adopción tendría consecuencias no sólo en México, sino en todo el continente:
"Pareciera adecuado que la Comisión valorara el impacto de la implementación de medidas cautelares de esta naturaleza, solicitadas por los peticionarios, no sólo en México, sino en los países de la región", señaló en un escrito del 18 de julio.
Posteriormente, los comisionados de la CIDH recibieron a representantes del gobierno mexicano, quienes insistieron no sólo en el rechazo a las medidas, sino en las consecuencias que éstas tendrían para la región.
Con todo, los comisionados mantuvieron esas medidas luego de escuchar, el 23 de octubre, los argumentos de la revista: "Para Proceso, para mí en lo personal, la CIDH es ya el único recurso disponible para conseguir que en mi país y en nuestro continente quede sentado el precedente de que los derechos humanos, su respeto, son más fuertes que el más fuerte de los Estados.
"Negar el acceso a la información es una forma de censura, y la censura es reconocida por el sistema interamericano como una flagrante violación a los derechos humanos", expresó Rodríguez Castañeda en la sesión privada del pleno de la Comisión (Proceso 1669).
En el encuentro también participaron los representantes legales de la revista ante la CIDH, Graciela Rodríguez y Luis Miguel Cano, del Centro de Análisis e Investigación A.C., Fundar, así como la relatora para la Libertad de Expresión de la CIDH, Catalina Botero.
En entrevista posterior al encuentro, Botero aseguró que el litigio internacional de Proceso "es un caso fundamental porque plantea un tema muy importante de acceso al dato, a lo que en términos de acceso a la información se llama acceso al dato en bruto".
Exmagistrada auxiliar de la Corte Constitucional de Colombia, Botero consideró que se trata de un caso en el cual no hay mucha jurisprudencia y todavía no hay estándares del todo claros:
"Sería un caso que permitiría a la Comisión, y eventualmente a la Corte Interamericana, definir con mucha más precisión y claridad si los ciudadanos pueden acceder al dato en bruto para poder ellos mismos confirmar, con metodologías validadas alternativas, el resultado que el Estado está reportando y el procesamiento de esos datos en bruto."
La petición de acceso a las boletas presidenciales se debió precisamente a la controversia originada por los resultados con los que el Instituto Federal Electoral (IFE) dio como ganador a Calderón.
Debido al estrecho margen de diferencia con el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, de apenas 0.56%, la coalición Por el Bien de Todos, encabezada por este político, pidió el recuento de los votos para identificar los errores tanto en el conteo como en el registro de los votos en las actas electorales.
En medio de esa controversia, el 28 de julio de 2006, Proceso le solicitó al IFE el acceso a las boletas. Ante la negativa del Instituto, interpuso un amparo. Pero la titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, María Guadalupe Rivera González, se lo negó, con el argumento de que la petición estaba relacionada con la materia electoral.
El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En una resolución dividida y en la que el voto definitivo fue el de su presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, el máximo tribunal también negó el amparo, el 11 de marzo de este año.
En todas las instancias administrativas y judiciales prevaleció el criterio de que la petición de la revista era un asunto electoral y no de acceso a la información pública.
Después del rechazo de la Suprema Corte, Rodríguez Castañeda acudió, el 24 de abril, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington. Ahí, argumentó que el Estado mexicano violó su derecho de acceso a la información, el cual se halla protegido por la Constitución Política mexicana y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a cuyo cumplimiento está comprometido el Estado mexicano.
Solicitó también el mantenimiento de las medidas cautelares, a las que consideró como urgentes y necesarias, "ya que en las actuales circunstancias constituyen el único medio a nuestro alcance que podría suspender a tiempo la destrucción de las boletas electorales y con ello evitar un daño irreparable al derecho a la información".
Aunque el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, ha insistido en que las boletas no se destruirán hasta que concluyan los litigios relacionados con el acceso a dichos documentos -entre esos alegatos se encuentra, además del de la revista, el del investigador Sergio Aguayo-, el Estado mexicano es ahora requerido internacionalmente para que no se destruya la papelería electoral con la que se le dio el triunfo a Calderón. Sin embargo, su gobierno está en su derecho de atender o no la petición de la CIDH.
La adopción de medidas precautorias es independiente de la decisión de la Comisión de dar entrada o rechazar el juicio interpuesto por Rodríguez Castañeda.
Por lo pronto, el gobierno mexicano ya envió un informe a la CIDH en el que le pide rechazar la demanda, pues asegura que la revista no agotó las instancias internas antes de acudir a la Comisión. En las próximas semanas, Proceso entregará al organismo interamericano sus observaciones al escrito de las autoridades mexicanas.