Julian Assange Entrevista a Rafael Correa

Assange se desnuda ante la humanidad

Contra el establishment

*Wikileaks contra el mundo, título tentativo de su autobiografía, revela Random House Mondadori
*El libro saldrá a la venta en abril en España y Latinoamérica; destinará los ingresos a su defensa
La siguiente audiencia de Julian Assange será el 11 de enero; su expediente será transferido a la Corte de Belmarh, Londres, para ser tratado como caso de terrorismo.

Alondra Flores

Wikileaks contra el mundo: mi historia, será el título en español del primer libro de Julian Assange, el cual saldrá a la venta en abril en México, anunció la editorial Random House Mondadori, que distribuirá el texto en España y Latinoamerica.

Espero que se convierta en uno de los documentos que definan esta generación. En esta obra muy personal explico nuestro esfuerzo global por forzar una nueva relación entre la gente y sus gobiernos, expresó el australiano, de 39 años, sobre la autobiografía que llegará a las librerías en un lanzamiento internacional coordinado.

El fundador del controvertido sitio Wikileaks, calificado por el gobierno estadunidense como terrorista de alta tecnología, en esta ocasión no revelará documentos filtrados, ni información secreta gubernamental, sino detalles de su vida y sobre la filosofía que inspira la organización que nació en 2006, redefinió nuestro concepto de periodismo de investigación y que ha obligado a repensar cuestiones como la transparencia, la democracia y el poder.

En diciembre pasado, días antes de que finalizara el año, como consignó La Jornada, Julian Assange vendió los derechos de su autobiografía en más de 1.5 millones de dólares. La prensa difundió los datos de la transacción con la editorial estadunidense Knopf por 800 mil dólares, y 350 mil libras (casi medio millón de dólares) con la firma escocesa Canongate.

Assange, fundador y director del sitio que puso a temblar a gobiernos con sus filtraciones, se dijo obligado a vender la historia de su vida, pues siempre se había mostrado reticente a dar detalles. No quiero escribir este libro, pero tengo que hacerlo, y argumentó que los recursos serían para su defensa legal y para mantener con vida el proyecto en Internet.

“He gastado hasta ahora 200 mil libras (más de 300 mil dólares) en asuntos legales: necesito defenderme y mantener a flote Wikileaks”, expresó desde el pequeño poblado inglés de Ellingham Kingdom, recién liberado bajo fianza de una cárcel británica, con la petición de ser extraditado a Suecia acusado de delitos sexuales y con el temor de ser trasladado a Estados Unidos por cargos de espionaje.

Sin embargo, la fecha de publicación era indefinida y sólo se habló de algún momento de 2011. El día de hoy se informó que será en abril, primero en un comunicado por la editorial Canongate, y horas después por la editorial Random House Mondadori, que adquirió los derechos mundiales en español de las memorias.

Canongate también vendió los derechos a la editorial italiana Feltrinelli, la alemana Kiepenheuerund Witsch, la francesa Laffont, la australiana Text, la holandesa De Geus, la portuguesa Objectiva, la noruega Font, la sueca Norstedts, la catalana Ara y la brasileña Companhiadas Letras.

En noviembre de 2010, el nombre de Julian Assange saltó a la luz pública cuando el sitio Wikileaks comenzó a hacer públicos millones de cables clasificados, incluyendo un paquete de 250 mil documentos del Departamento de Estado de Estados Unidos. La información que implicaba a los gobiernos de todo el mundo rápidamente se extendió en los medios y en Internet, provocando incontables reacciones.

Poco a poco se comenzó a indagar sobre un entonces desconocido Julian Assange, de quien se desconocía su paradero. Se dice que nació en Australia en Townsville, al norte del país, en 1971. Su vida es digna de guión de película de acción, pues desde su infancia ha sido la de un nómada, viajando de un lugar a otro, cambiando de residencia frecuentemente. Quienes ha colaborado con él lo describen como intenso, muy inteligente y con una agilidad excepcional para descifrar códigos cibernéticos.

Assange ha sido acusado anteriormente de realizar actividades de piratería cibernética o de hacker. En contraparte, fue reconocido por Amnistía Internacional en 2009 por el informe sobre los asesinatos en Kenia. La publicación francesa Le Monde Diplomatique lo nombró el hombre del año, le dedicó la portada y un artículo biográfico en su edición semanal.

Después de la controversia que causaron las revelaciones de Wikileaks, incluso Assange fue etiquetado como terrorista de alta tecnología por Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos. También patrocinadores de Wikileaks decidieron retirar su apoyo financiero a la organización, como fue el caso de MasterCard, Visa, PayPal y el Banco de América.

La siguiente audiencia de Assange será el próximo 11 de enero y su expediente será transferido a la Corte de Belmarh, al sureste de Londres, para ser tratado como caso de terrorismo, después de que la justicia británica adoptó tal decisión.

Aunado a la expectación que ha causado la autobiografía de Assange, días atrás se dio a conocer que el ex vocero de Wikileaks, Daniel Domscheit-Berg, también ha escrito un libro acerca de su participación en la organización, el cual se publicará en febrero por Random House en Estados Unidos, con el título Inside Wikileaks: my time with Julian Assange at the world’s most dangerous web site, (Wikiliaks al interior: mi tiempo con Julian Assange en el sitio de Internet más peligroso del mundo).

Hasta el momento no se conocen detalles del libro de Assange, ni del título en inglés. Representantes de la editorial Random House sólo señalaron que, en forma tentativa, en español será Wikileaks contra el mundo: mi historia, con el sello de Debate. Algunos lo han calificado como un paladín defensor de la verdad y la justicia, mientras otros lo han criticado duramente y lo persiguen. En abril se sabrá el veredicto en voz del implicado.

Temo por mi vida, pero no me callarán: Ricardo Ravelo

El periodista veracruzano que labora en la Revista Proceso, Ricardo Ravelo aseguró que pese a intentan desprestigiarlo acusándolo de recibir dinero de los capos del narcotráfico no lo van a callar y va a seguir publicando sus reportajes sobre esos temas.

"No por supuesto en ningún momento yo voy a dar marcha atrás ni me siento mal por todo esto, es un escándalo pero yo se que he hecho mi trabajo y se a que fuentes me he apoyado y yo rechazo las afirmaciones del testigo protegido Sergio Villarreal Barragán".

En entrevista vía telefónica el reportero aseguró que teme por su vida y por ende empezará a tomar medidas para cuidarse no tanto del crimen organizado sino del gobierno en turno.

Y es que hay que recordar que Ricardo Ravelo es uno de los periodistas que más ha profundizado en el tema del crimen organizado, tanto que ha publicado cinco libros.

Aclaró que el domingo la Revista Proceso publicará su postura sobre el tema pues afirmó tiene todo el respaldo del semanario.

Hay que recordar que la televisora Televisa sacó al aire declaraciones de Sergio Villareal, alias El Grande, quien de ser capo pasó a formar parte de la lista de testigos protegidos.

En las declaraciones difundidas por la televisión nacional El Grande inculpa a Ravelo y dice que recibía dinero del narco con tal de dejar de golpear a ciertas organizaciones delincuenciales.

Incluso el día de ayer en horario estelar televisaron varias entrevistas de legisladores y reporteros que reprobaban que Proceso haya tomado en cuenta las declaraciones de testigos protegidos y ahora que uno de ellos los inculpaban las rechazaban.

Al respecto Ravelo dice: "No es un debate sobre el tema de si hay testigos, si hubo pago, si se deben o no de utilizar las figuras de testigos protegidos, no es un debate periodístico, es un golpe político del gobierno".

Dijo que el gobierno federal y las televisoras son las quienes utilizan los testigos como un arma para golpear a Proceso, "ese no es el punto creo yo, finalmente las declaraciones de testigos protegidos siempre han servido como una herramienta de apoyo a los trabajos de investigación periodística, obviamente nunca se han tomado como una verdad puesto que siempre se refiere que forman parte de averiguaciones previas".

-¿Teme por su vida?

-Claro temo por mi seguridad y bueno no quito el dedo del reglón al señalar que este es un momento bastante complicado, crítico y debo de tomar mis medidas para cuidarme y lo vamos a enfrentar por todos los ángulos.

Libertad de expresión bajo acoso

Ernesto Villanueva

La libertad de expresión, como derecho humano, vive momentos más difíciles cada día. El umbral de tolerancia de quienes ocupan cargos públicos se ha reducido y la crítica a su función pública la perciben como ataque a su “honor” o "vida privada”. Peor todavía, confunden a la persona física con la institución en la que prestan sus servicios. En este septiembre se cumplen cinco años de una demanda que debió durar dos años, del ahora ex diputado federal Gerardo Sosa Castelán contra quienes participaron en el libro “La sosa nostra gobierno y porrismo coludidos en Hidalgo”, entre ellos el autor Alfredo Rivera y el prologuista Miguel Ángel Granados Chapa.
Del mismo modo, la Magistrada Consuelo Villallobos Ortiz demandó a los periodistas Rubén Lara, Eduardo Huchim, Abel Barajas, Víctor Fuentes y Luis Soto por publicar el seguimiento a dudosos manejos en la construcción del actual edificio del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. No demandó a ningún medio en los que se difundieron las investigaciones de los periodistas y, curiosamente, ninguno de ellos le imputó acción alguna más que ser la Presidenta del Tribunal en el periodo cuando se detectaron irregularidades de colaboradores en el referido Tribunal.
Así también, esta semana se publica en la revista Proceso una carta a modo de réplica del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Salvador Olimpo Nava Gomar, en la que no refuta ningún dato de una investigación del reportero Álvaro Delgado en la que aparecí como entrevistado. Lo grave es el sentimiento de impunidad que alberga el magistrado Nava Gomar. En efecto, en una extensa carta afirma que: “A Delgado y Villanueva no sólo les duele mi salario sino también mi cargo como servidor público. No perdonan el éxito ajeno. Ese resentimiento se ve reflejado en el continuo ataque a mi persona. No comprenden que no soy culpable de la disfuncionalidad de las instituciones ni de la laxitud de las normas jurídicas de nuestra Nación. Los sueldos y prestaciones corresponden a nuestra investidura y a nuestro trabajo especializado, al que nos dedicamos con imparcialidad y ética; los reducidos sueldos de periodistas y de académicos no son mi responsabilidad. Estoy cansado de tanto ataque y no puedo pasar por alto esta nueva embestida. Después se quejan de las agresiones a periodistas. Si el ataque a las instituciones no fueran los pilares de su trabajo no habría ese problema. No dejaré pasar una más. Haré lo que sea necesario para asegurarme de que ello sea así.”
Estos casos tienen en común que quienes los protagonizan son servidores públicos que no admiten el escrutinio público de su desempeño laboral.
Sobra decir que las personas no son las instituciones, por el contrario escrutar a las personas fortalece a las instituciones que sí pueden resultar afectadas ante los actos u omisiones de las personas que los conforman.
No debe permitirse este uso cínico y abusivo de las atribuciones por quienes deben rendir cuentas de sus actos. En el clima de agresiones contra la libertad de expresión en México, es lamentable el que un Magistrado amenace al más prolijo estilo de la mafia con acallar las voces disidentes y de crítica documentada. Hago responsable de mi integridad y la de mi familia al magistrado Nava por sus singulares declaraciones. Actuaré, en consecuencia, dentro del marco de la ley para denunciar esta amenaza expresa. Seguiré en mi labor de ejercicio responsable de mi libertad, en función de mi derecho a expresar mis ideas y del derecho social de saber que tienen mis lectores.

Evillanueva99@yahoo.com

Comentario: Más allá de las reflexiones del autor sobre el comportamiento del magistrado, valdría la pena releer críticamente el fragmento de la carta de Nava que aquí se publica:

“A Delgado y Villanueva no sólo les duele mi salario sino también mi cargo como servidor público. No perdonan el éxito ajeno. Ese resentimiento se ve reflejado en el continuo ataque a mi persona."

Es decir, el magistrado Nava piensa que si nos quejamos de las exhorbitantes ganancias de los funcionarios en contraste con los mínimos salarios de la mayoría de la gente, es porque nos da envidia su salario y su "éxito". Dentro de su estructura moral no hay lugar para el concepto de injusticia y de avaricia. La derecha por lo general apela perversamente a un imperativo moral cuando la gente se queja de la desigualdad. Por otra parte considera que el "éxito" radica en el dinero que gana porque dentro de sus ideales no está contemplado que éste sea el producto de una práctica honesta de servicio al pueblo. Sigue diciendo:

"No comprenden que no soy culpable de la disfuncionalidad de las instituciones ni de la laxitud de las normas jurídicas de nuestra Nación. Los sueldos y prestaciones corresponden a nuestra investidura y a nuestro trabajo especializado, al que nos dedicamos con imparcialidad y ética; los reducidos sueldos de periodistas y de académicos no son mi responsabilidad."

Lo que no comprende el señor Nava es que "la disfuncionalidad de las instituciones y la laxitud de las normas jurídicas de nuestra Nación" son precisamente responsabilidad de quienes representan esas instituciones y de como se aplican las normas jurídicas. Las "instituciones" por sí solas no son nada hasta que no tienen quienes estén a cargo de ellas. Por otra parte, el "trabajo especializado" que muchos ejercen en diferentes especialidades no puede tener una remuneración sin límites por muy "especializado" que sea, al cual por cierto no se dedican con imparcialidad y ética pues nuestra Nación se caracteriza por la impunidad con la que actúan quiénes más dinero tienen y todos los mexicanos sabemos que en este país no hay justicia. Si por ello fuera no sólo no deberíamos pagarles sino que muchos nos estarían debiendo unos cuantos años en prisión. Continúa:

"Estoy cansado de tanto ataque y no puedo pasar por alto esta nueva embestida. Después se quejan de las agresiones a periodistas. Si el ataque a las instituciones no fueran los pilares de su trabajo no habría ese problema. No dejaré pasar una más. Haré lo que sea necesario para asegurarme de que ello sea así.”

Así que el señor está "cansado". Pues, el 90% de los mexicanos está mucho más cansado de estar pagando salarios exhorbitantes mientras 70 millones no sólo están cansados sino muriéndose de hambre, sin servicios de salud, sin educación y con el riesgo de ser asesinados en cualquier momento, precisamente por la impunidad que hay en este país resultado de un "trabajo especializado". Luego el "magistrado" que habla de "trabajo especializado" en materia jurídica y de impartición de justicia está justificando las agresiones a los periodistas. Piensa que los periodistas debían aceptar sin chistar los malos manejos de las instituciones y los devalúa considerando que los señalamientos de sus presuntas corrupciones son el "pilar de su trabajo". Más aún, el propio magistrado amenaza al periodista. Sería bueno que aclarara como piensa no dejarle "pasar una más". Pretende entonces utilizar su "investidura" para agredir al periodista y luego que no se queje. ¿Acaso piensa meterlo a la cárcel, matarlo o atentar contra sus familiares? Lo que queda muy claro es la inmoralidad del magistrado que supuestamente está para impartir justicia cobrando un salario inmoral para la crisis económica que sufre este país de lo cual las "instituciones" son en gran parte responsables.

Así es como se responde

Desestima Ecuador pedido estadunidense

Afp

Quito. El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, afirmó este sábado que le tienen sin cuidado los pedidos del gobierno de Estados Unidos para que se garantice la libertad de expresión, al desairar en duros términos a un periódico de oposición que se hizo eco del llamado. “Señores de El Universo: aquí hay un país soberano. ¿Sabe cuánto me importa lo que diga el secretario de Estados Unidos?... Aquí me va a importar lo que diga el pueblo ecuatoriano”, dijo Correa en su programa semanal. El viernes, el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Philip J. Crowley, pidió a todos los gobiernos que tomen medidas para garantizar la libertad de expresión y los principios de la Carta Democrática Interamericana, incluida la importancia de respetar la libertad de prensa en el subcontinente.

¿Con qué autoridad moral el Departamento de Estado habla de garantizar la libertad de expresión cuando los Estados Unidos y sus lacayos tienen amagada a la mayoría de los medios de comunicación? A ver ¿por qué no protesta cuando Alan García cierra una estación de radio que informa sobre la matanza de indígenas? Cínicos, descarados, dan asco.

Carmen Aristegui entrevista a Marcelo Ebrard

Carmen Aristegui entrevistó a Marcelo Ebrard jefe de Gobierno del DF, señaló que en el Consejo Nacional de Seguridad Pública se puso a discusión si la política de seguridad se regirá por los tiempos del gobierno federal o por los tiempos del Estado, es decir, si habrá el compromiso de todas las fuerzas políticas y una visión más allá del próximo proceso electoral.

Reconoció que al interior del PRD la figura es Andrés Manuel López Obrador; agregó que la silla presidencial no es su obsesión.

Sobre el tema de la abstensión, votar o anular el sufragio, es muy mala idea abstenerse o anular el voto, que ello sólo conduciría a la victoria del voto duro. El riesgo de abstenerse o anular la papeleta puede tener un efecto inverso.

Dijo que México vive una emergencia peor que la de 1995, por lo que urge actuar inmediatamente.

Concluyó que sobre los 25 años del asesinato del periodista Manuel Buendía, Ebrard se comprometió que en la liberación del homicida él personalmente revisará el caso para atender la atención de quienes impugnan esta liberación, como es, el periodista Miguel Angel Granados Chapa.

¿Cuál libertad de prensa?

Ángel Guerra Cabrera

Los llamados medios de comunicación masiva constituyen hoy el arma principal del imperio contra las luchas sociales y los gobiernos populares y progresistas. Sus loas a la libertad de prensa son de dientes para fuera puesto que en lugar de la información veraz y diversa favorecen la noticia y el pensamiento troquelados. Artífices de la esclavitud y la enajenación de las conciencias, sus contenidos son banales, sesgados, eurocéntricos, racistas, culturalmente empobrecedores y distorsionadores de la realidad. Más neoliberalismo es su receta para remediar la crisis del capitalismo.

Excelsos demócratas, han sido actores protagónicos de la desestabilización contra los gobierno de Hugo Chávez y Evo Morales, de la agresión yanqui/uribista a Ecuador y convertido en dogma de fe las mágicas revelaciones de las computadoras del jefe guerrillero Raúl Reyes. Los medios de desinformación masiva (MDM), nombre que se han ganado a pulso, son los arietes principales del sistema dominante en la inducción del terror con el fin de desmovilizar la lucha popular y promover la represión del pensamiento crítico y de la protesta social.

No es casual su feroz animadversión hacia los gobiernos de Cuba, Venezuela, Ecuador y Bolivia, e incluso los más moderados de Argentina, Nicaragua, Honduras, Paraguay y Guatemala. En fin de cuentas estos han contribuido a crear en América Latina y el Caribe, junto a los de Brasil, Uruguay, los del Caricom y en alguna medida Chile, un panorama político mucho más favorable a la independencia, la unidad e integración regional y las luchas populares. La Alba y Unasur son sus frutos y ni los gobiernos de derecha han podido separarse del todo de esta corriente regional.

Si el ejemplo de Cuba en solitario alarmaba tanto a los paladines de la democracia y el libre mercado, la aparición de un equipo de líderes latinocaribeños que no se subordina incondicionalmente a Estados Unidos se ha vuelto intolerable para ellos. No ha de extrañar el proyecto que desarrollan para desarticularlo por distintas vías, cuyo componente fundamental son los MDM.

La batalla por los auténticos cambios democráticos y sociales se decide, en última instancia, en el terreno de las ideas, y los MDM participan en ella como escuadras de choque de la derecha, mientras los medios alternativos no han adquirido el desarrollo necesario para contrarrestarlos. La cultura dominante parte con ventaja en esta batalla pues el sentido común de gran parte de las sociedades está moldeado por instituciones que, o son dominio exclusivo de las clases opresoras, o están a su servicio, o reciben gran influencia de sus ideas: el Estado, el sistema educacional, la jerarquía eclesiástica, las clases medias, las tradiciones conservadoras, los aparatos represivos, la inmensa mayoría de los partidos políticos y, por supuesto, los MDM son, como regla, reproductores de aquel sentido común, aunque como se ha demostrado, esto puede sufrir cambios dramáticos como consecuencia de las luchas populares y de los cambios sociales.

La alta peligrosidad de los MDM radica en que en las últimas décadas su influencia se ha vuelto omnipresente en la cotidianidad debido a la flexibilidad de las nuevas tecnologías y a la concentración de la propiedad sobre ellos por seis grupos internacionales, predominantemente estadunidenses, y apenas tres regionales en Latinoamérica, siempre ligados a oligopolios trasnacionales de otras ramas. Para esta minúscula elite la libertad de prensa equivale a la impune dictadura que ejerce sobre los contenidos de los MDM.

Los presidentes Rafael Correa, Hugo Chávez y Evo Morales han coincidido en catalogar a los MDM como instrumentos de desinformación y desestabilización. Correa ha afirmado que en cuanto asuma la presidencia de Unasur en julio abogará por legislaciones nacionales que protejan a los ciudadanos y a los gobiernos contra esas prácticas. Es una iniciativa valiente, que para prosperar necesita el acompañamiento de las fuerzas populares en una intensa batalla de ideas. Ante todo es crucialmente importante demoler el mito de la inexistente libertad de prensa, que sólo podrá alcanzarse cuando la propiedad de los MDM se democratice y los pueblos conquisten el derecho de decidir y supervisar sus contenidos. Es a partir de esa premisa que se iniciará el tránsito de la etapa de los MDM a la de los Medios de Difusión Democráticos(MDD).

Contrahechuras de la libre expresión

MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA

El jueves 14 de mayo pronuncié mi discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Lengua. Presento a los lectores una porción de esas palabras en que reviso la trayectoria de las limitaciones a la libre expresión, que en la actualidad han hecho de ella una contrahechura:Salvo el inaplicado programa de la administración del presidente Valentín Gómez Farías, que en 1833 estableció sin cortapisas la "libertad absoluta de opiniones, y supresión de las leyes represivas de la prensa", la legislación sobre la materia vigente en las tres décadas iniciales de vida independiente, osciló entre la proclamación de los principios liberales y la enumeración de restricciones, pretendidamente fundada en la experiencia de los abusos en que incurría el periodismo. Su extremo corresponde a Santa Anna, en cuyo último gobierno, en que era llamado Su Alteza Serenísima fueron listados por primera vez como abusos de imprenta los escritos subversivos, sediciosos, inmorales, injuriosos y calumniosos, los que después se llamarían, en la tríada vigente hoy, ataques a la vida privada, la moral y el orden público. Entre los escritos subversivos se contaban "los que ataquen al supremo gobierno, o a sus facultades o a los actos que ejerza en virtud de ellas" y "los que insulten el decoro del gobierno supremo, del consejo, o de cualquier otra autoridad superior o inferior, ya sea en general o particular de la república, atacando a las personas de las que la ejerzan, con dicterios, revelación de hechos de la vida privada o imputaciones ofensivas, aunque los escritos se disfracen con sátiras, invectivas, alusiones y demás medios…"Había que ofrecer una respuesta condigna a esa desmesura represiva. La dio no tanto su producto sino el proceso de elaboración de la Constitución de 1857, su Congreso, al que fueron elegidos diputados periodistas que en carne propia habían padecido en la década anterior las dictaduras de Paredes, Arista y el dueño de Manga de Clavo. La discusión de los artículos que serían el sexto y el séptimo de la carta magna del liberalismo mexicano en el poder, alcanzó momentos cumbre en la historia parlamentaria mexicana. Los protagonizaron Ignacio Ramírez, Guillermo Prieto y Francisco Zarco, que con un puñado más se opusieron sin éxito al relativismo de consagrar el derecho y de inmediato acotarlo con limitaciones que, a los ojos de esos próceres, lo hacían nugatorio, Prieto, el gran memorioso de sus tiempos sintetizó esta incongruencia diciendo que la comisión dictaminadora, cuyo texto combatía, "asienta un gran principio, y como deslumbrada con la luz de la verdad, retrocede espantada, se intimida…, parece pedir perdón por su atrevimiento y se apresura a formular restricciones que nulifican el derecho".Zarco, por su parte, al pugnar por "un principio que debe ser amplio y absoluto", invocó su experiencia, su experiencia de víctima, ante sus compañeros que al restringir la libertad de imprenta "dejan a la prensa expuesta a las mil vejaciones y arbitrariedades a que ha estado sujeta en nuestra patria". Estuvo de acuerdo, naturalmente, en que el artículo que sería séptimo declarase "inviolable la libertad de escribir y publicar escritos en cualquier materia" pero aclaró que ese enunciado "no es una concesión, es un homenaje del legislador a la dignidad humana, es un tributo de respeto a la independencia del pensamiento y de la palabra".Y luego expuso los riesgos de erigir como valladares contra la libertad la vida privada, la moral y la paz pública:"¡La vida privada! Todos deben respetar ese santuario, pero cuando el escritor acusa a un ministro de haberse robado un millón de pesos al celebrar un contrato, cuando denuncia a un Presidente de derrochar los fondos públicos, los fiscales y los jueces sostienen que cuando se trata de un robo se ataca a la vida privada y el escritor sucumbe a la arbitrariedad."¡La moral! ¿Quién no respeta la moral? ¿Qué hombre no la lleva inscrita en el fondo de su corazón!... pero cuando hay un gobierno perseguidor, cuando hay jueces corrompidos y cuando el odio de partido quiere no sólo callar sino ultrajar a un escritor independiente, una máxima política, una alusión festiva, un pasaje jocoso de los que se llaman colorados, una burla inocente, una chanza sin consecuencia, se califican de escritos inmorales para echar sobre un hombre la mancha de libertino."¡La paz pública! Esto es lo mismo que el orden público. El orden público, señores, es una frase que inspira horror; el orden público, señores, reinaba en este país cuando lo oprimían Santa Anna y los conservadores, cuando el orden consistía en destierros y proscripciones. ¡El orden público se restablecía en México cuando el ministro Alamán empapaba sus manos con la sangre del ilustre y esforzado (Vicente) Guerrero!... ¡El orden público, señores, es a menudo la muerte y la degradación de los pueblos, es el reino tranquilo de todas las tiranías!"¿Y cómo se ataca el orden público por medio de la imprenta? Un gobierno que teme la discusión ve comprometida la paz y atacado el orden si se censuran los actos de los funcionarios; el examen de una ley compromete el orden público; el reclamo de reformas sociales amenaza el orden público; la petición de reformas a una constitución pone en peligro el orden público. Este orden público es deleznable y quebradizo y llega a destruir a la libertad de prensa, y con ella todas las libertades".Derrotada por la moderación mayoritaria su postura, Zarco logró un privilegio que atenuara el riesgo de persecución y castigo injustos, como los que él había padecido. Consiguió que el artículo incluyera una cláusula procesal: los delitos de imprenta serían vistos por dos jurados, uno que estableciera el hecho y otro que aplicara la pena. Pretendió de ese modo evitar que los jueces profesionales, en quienes con fundamento desconfiaba, fueran instrumento de la represión. No fue casual que esa fórmula quedara derogada en 1883 en la pavimentación del camino a la dictadura de Díaz.La Constitución de 1917 reprodujo el artículo séptimo de la de 57, y lo enriqueció con la prohibición de considerar la imprenta como instrumento del delito y la de encarcelar a los "vendedores, papeleros, operarios y demás empleados del establecimiento de donde haya salido el escrito denunciado", sensible apreciación echada a perder por la sensatez que era innecesario enunciar: "a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquellos". En una restitución parcial de la fórmula de Zarco, se estableció en el artículo 20 que los delitos de prensa fueran vistos por un jurado, uno solo y no especializado, para no crear un indeseable fuero. "En todo caso serán juzgados por un jurado los delitos cometidos por medio de la prensa contra el orden público o la seguridad exterior o interior de la nación", reza ese texto convertido no propiamente en letra muerta, sino en clara señal de que el poder ha preferido la anomia que la emisión de normas que permitan el venturoso ensamble de libertad y responsabilidad. Venustiano Carranza se apresuró a reglamentar las libertades de pensamiento y de imprenta. Su propia experiencia y el papel que atribuyó a la prensa contraria a Madero su derrocamiento y muerte, le habían causado una inquina contra los periodistas a los que buscó someter, en los hechos y con una ley a modo. Cuando fue primer jefe del Ejército constitucionalista, y también durante su presidencia puso en práctica una singular modalidad de represión e intimidación. Eran los "viajes de rectificación", verdaderos secuestros en que reporteros u opinadores eran forzados a echar una segunda mirada al lugar de los acontecimientos que habían referido y al que eran llevados por la fuerza, bajo cuyo efecto enmendaban su primera aproximación. Con toda su gravedad, tal práctica desapareció con su creador. No ocurrió lo mismo, en cambio, con la ley reglamentaria de los artículos 6º. y 7º de la Constitución, cuyo lenguaje recuerda al de Santa Anna. Dictada en circunstancias de inestabilidad para enfrentar una coyuntura aun afectada por enfrentamientos bélicos esa ley está vigente al día de hoy. Aunque se trate de una antigualla, una pieza de museo jurídico, es la regla que pueden invocar o aplicar quienes se sientan víctimas de ataques en la prensa. Ataques, así llama esta norma a las violaciones a la trinidad de vida privada, moral pública y orden público¿Cuáles valores jurídicos defiende esa ley, a sus noventa y dos años de edad?: A título de ejemplos, solamente, leamos en ella que constituye un ataque a la vida privada "toda manifestación o expresión maliciosa hecha verbalmente, o por señales en presencia de una o más personas, o por medio de manuscrito, o de la imprenta, del dibujo, litografía, fotografía o de cualquiera otra manera que, expuesta o circulando en público, o transmitida por correo, telégrafo, radiotelegrafía o por mensaje, o de cualquier otro modo, exponga a una persona al odio, desprecio o en sus intereses". Constituye un ataque a la moral, "toda manifestación verificada con discursos, gritos, cantos, exhibiciones o por cualquier otro medio… con la cual se ultraje u ofenda públicamente el pudor, a la decencia o a las buenas costumbres, o se excite a la prostitución o a la práctica de actos licenciosos o impúdicos, teniéndose como tales todos aquellos que, en el concepto público, estén calificados de contrarios al pudor". Y constituye un ataque al orden o a la paz pública "toda manifestación o expresión hecha públicamente… con la que se aconseje, excite o provoque directa o indirectamente al Ejército a la desobediencia, a la rebelión, a la dispersión de sus miembros o a la falta de otro u otros de sus deberes; se aconseje, excite o provoque directamente al público en general a la anarquía, al motín, sedición o rebelión; o a la desobediencia de las leyes o de los mandatos legítimos de la autoridad; se injurie a las autoridades del país con objeto de atraer sobre ellas el odio, desprecio o ridículo; o con el mismo objeto se ataque a los cuerpos públicos colegiados, al Ejército o Guardia Nacional, o a los miembros de aquellos y ésta, con motivo de sus funciones; se injurie a las naciones amigas, o a los soberanos y jefes de ellas o a sus legítimos representantes en el país; o se aconseje, excite o provoque a la comisión de un delito determinado".Discutible técnicamente la vigencia de la ley, porque fue dictada en el período preconstitucional, y toda pieza legal en esa circunstancia quedó derogada al entrar en vigor la Constitución, los tribunales, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de tanto en tanto la aplican y declaran su vigencia. Se la invoca asimismo cotidianamente para rectificar o responder a informaciones periodísticas, pero los editores la acatan voluntariamente y nadie ha iniciado acción legal alguna para hacer valer ese derecho, como tampoco nadie ha buscado el apoyo legal para que emisoras de radio y televisión lo hagan efectivo en cumplimiento de un reglamento administrativo expedido en 2002. Esa norma nueva carece de eficacia tanto como sus antecedentes remotos, la Ley Federal de Radio y Televisión, que en materia de libertades se limita a reproducir, rutinariamente, el credo constitucional sin ofrecer un desarrollo propio a los contenidos de los medios electrónicos de comunicación.Se ha configurado así una contrahechura jurídica y social, un panorama contradictorio y aun ridículo en que la principal pieza jurídica de alcance federal expresa y específicamente aplicable a la prensa pende amenazante sobre los gobernados, no sólo los periodistas, sino los ciudadanos en general. Desde el poder no se busca aplicarla sino sólo tenerla allí como amago latente, de donde resulta que una principalísima actividad social, la prensa, no está regulada suficiente y eficazmente, para conciliar los intereses de la sociedad y los del periodismo, que por definición no pueden ser antagónicos sino compatibles.Tenían también ese carácter de amago los delitos contra el honor incluidos en el Código Penal Federal. Los de difamación y la calumnia quedaron derogados en marzo de 2007, pues en tal sentido se pronunciaron instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha estimado riesgoso para la libertad de expresión el que sus practicantes puedan ser llevados a prisión. Como quiera que sea que la reputación es un valor jurídico a cuyo respeto tiene derecho toda persona, se recordó que la cancelación de la vía penal quedaba remediada de antemano por una de carácter civil. En 1982, como parte de un programa de gobierno que incluía "la renovación moral de la sociedad", algo imposible de lograr por decreto, se introdujo en el Código Civil del Distrito Federal la responsabilidad por daño moral. Con prosa pedregosa allí se define tal daño como "la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás…". Que la figura jurídica se creó para castigar expresiones publicadas en los medios de comunicación queda claro al saberse que "cuando el daño moral haya afectado a la víctima en su decoro, honor, reputación o consideración, el juez ordenará, a petición de ésta y con cargo al responsable, la publicación de un extracto de la sentencia que refleje adecuadamente la naturaleza y alcance de la misma, a través de los medios informativos que considere convenientes. En los casos en que el daño derive de un acto que haya tenido difusión en los medios informativos, el juez ordenará que los mismos den publicidad al extracto de la sentencia, con la misma relevancia que hubiere tenido la difusión original".Ante la protesta de un sector de la prensa que temió que la renovación moral de la sociedad implicara en realidad una criminalización de sus tareas por una vía en apariencia ligera, se agregó a la reforma una disposición presentada como garantía de libertad: "No estará obligado a la reparación del daño moral quien ejerza sus derechos de opinión, crítica, expresión o información en los términos y con las limitaciones de los artículos 6º y 7º de la Constitución General de la República". Tal remisión lo es en realidad a la ley de imprenta, reglamentaria de esos textos, con lo que la aparente garantía de libertad queda ceñida a normas restrictivas, dictadas en una época de franca ingobernabilidad y autoritarismo contra la prensa. Que no es tal garantía lo muestra el hecho de que casi la totalidad de los juicios por daño moral se han instaurado contra periodistas, con lo que medran demandantes abusivos que ponen precio a su honor, pues la principal sanción en este caso es una indemnización cuyo monto puede arruinar al castigado. En el panorama de confusión, incongruencias, vacíos, inaplicabilidad general y aplicación selectiva de las normas que rigen la libertad de expresión, los juzgadores en general han hecho aportaciones vitandas que empeoran el talante peligroso y contradictorio de esa legislación. La mala salud de la impartición de justicia en general, ha llegado en este capítulo a extremos inadmisibles, como el de suponer que es ilícita la sola publicación de libros, diarios y revistas. Con semejante criterio, se ha generado una suerte de acoso judicial, de hostigamiento de demandantes animados por dolo y mala fe que buscan fatigar a sus demandados en prolongados y costosos juicios que cuando se multiplican dejan exhaustos no a malandrines que ostensiblemente dañan la fama pública de personas respetables sino a periodistas que honran a su oficio practicándolo con rigor y responsabilidad.