lunes, junio 11, 2007
Protestan en Cancún contra la privatización de playa Delfines
¡CON QUÉ DERECHO VENDEN PLAYAS!
Insiste Fonatur en la versión de que los terrenos están fraccionados para su venta
Habitantes y el gobernador demandan revocar la entrega de los terrenos a dos clubes privados
HUGO MARTOCCIA
Pobladores de Cancún y turistas protestaron ayer por la venta de una parte de playa Delfines, uno de los pocos espacios públicos de la zona, para construir clubes privados Foto: José Luis López Soto
Cientos de personas acudieron a manifestarse en defensa de su ''última ventana al mar'' Foto: José Luis López Soto
Cancún, QR, 10 de junio. Alrededor de 500 personas se manifestaron este domingo en la playa Delfines de la zona hotelera de Cancún, en protesta porque el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) vendió parte de ese espacio público para la construcción de dos clubes privados.
Los manifestantes demandaron que se revoque la venta que realizó Fonatur en 2005, cuando John McCarthy era su director general, pero se dio a conocer apenas la semana pasada.
''Gobierno ocioso, mi playa no es negocio''; ''De playa Delfines, fuera, malandrines''; ''Gobierno, comprende, Delfines no se vende''; "Calderón, los mexicanos no somos gente de segunda; regresa nuestra playa", y ''Fonatur, detente, ya fue suficiente'', fueron algunas de las consignas que gritaron los inconformes.
Tanto habitantes de Cancún como turistas firmaron un documento de adhesión a la queja.
Esta es la segunda protesta por la venta de una parte de la playa más grande de Cancún. La primera fue domingo de la semana pasada, cuando un grupo de estudiantes obstruyó algunos minutos el tránsito en bulevar Kukulcán, cerca de playa Delfines.
Luego de la manifestación, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) reconoció que había vendido alrededor de cien metros lineales junto a la playa pública para que inversionistas privados construyan dos clubes.
Según Fonatur, se trata de tres lotes que se ubican a un costado del terreno destinado a playa Delfines, pero insistió en que nunca formaron parte de ésta y que estuvieron ''desocupados'' durante 30 años, por lo que daban la impresión de ser una parte del espacio público.
Sin embargo, el plan director de desarrollo urbano y los registros del ayuntamiento de Benito Juárez (donde se encuentra Cancún) señalan que el terreno de playa Delfines es uno solo y no cinco, como afirma Fonatur, y que siempre estuvo destinado a ser un solo espacio público.
Los manifestantes formaron una valla que acordonó la playa con cinta amarilla similar a la que utiliza la policía para sellar escenas de crímenes, a fin de ocupar simbólicamente el lugar.
Uno de las consignas más celebradas y gritadas aludía a la posibilidad de que a los cancunenses se les cierre ''la última ventana al mar'', como es considerada playa Delfines: ''Cancún, alerta, tu playa está en oferta; Cancún, despierta, que nos cierran la puerta'', decían.
Autoridades estatales y municipales también se han manifestado en contra de la venta de los predios.
El alcalde de Benito Juárez (Cancún), el priísta Francisco Alor, aseguró la semana pasada que el municipio negará cualquier permiso para construir inmuebles en ese espacio público, lo que generaría un conflicto para los compradores.
El gobernador del estado, el también priísta Félix González Canto, fue aún más allá y anunció que se pedirá a Fonatur que revierta esta venta.
Fonatur no vendió la playa propiamente dicha, porque 20 metros del arenal son parte de la zona federal, que no se puede enajenar, pero vendió los terrenos que están detrás del área citada, lo que en los hechos implica ceder la playa.
Insiste Fonatur en la versión de que los terrenos están fraccionados para su venta
Habitantes y el gobernador demandan revocar la entrega de los terrenos a dos clubes privados
HUGO MARTOCCIA
Pobladores de Cancún y turistas protestaron ayer por la venta de una parte de playa Delfines, uno de los pocos espacios públicos de la zona, para construir clubes privados Foto: José Luis López Soto
Cientos de personas acudieron a manifestarse en defensa de su ''última ventana al mar'' Foto: José Luis López Soto
Cancún, QR, 10 de junio. Alrededor de 500 personas se manifestaron este domingo en la playa Delfines de la zona hotelera de Cancún, en protesta porque el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) vendió parte de ese espacio público para la construcción de dos clubes privados.
Los manifestantes demandaron que se revoque la venta que realizó Fonatur en 2005, cuando John McCarthy era su director general, pero se dio a conocer apenas la semana pasada.
''Gobierno ocioso, mi playa no es negocio''; ''De playa Delfines, fuera, malandrines''; ''Gobierno, comprende, Delfines no se vende''; "Calderón, los mexicanos no somos gente de segunda; regresa nuestra playa", y ''Fonatur, detente, ya fue suficiente'', fueron algunas de las consignas que gritaron los inconformes.
Tanto habitantes de Cancún como turistas firmaron un documento de adhesión a la queja.
Esta es la segunda protesta por la venta de una parte de la playa más grande de Cancún. La primera fue domingo de la semana pasada, cuando un grupo de estudiantes obstruyó algunos minutos el tránsito en bulevar Kukulcán, cerca de playa Delfines.
Luego de la manifestación, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) reconoció que había vendido alrededor de cien metros lineales junto a la playa pública para que inversionistas privados construyan dos clubes.
Según Fonatur, se trata de tres lotes que se ubican a un costado del terreno destinado a playa Delfines, pero insistió en que nunca formaron parte de ésta y que estuvieron ''desocupados'' durante 30 años, por lo que daban la impresión de ser una parte del espacio público.
Sin embargo, el plan director de desarrollo urbano y los registros del ayuntamiento de Benito Juárez (donde se encuentra Cancún) señalan que el terreno de playa Delfines es uno solo y no cinco, como afirma Fonatur, y que siempre estuvo destinado a ser un solo espacio público.
Los manifestantes formaron una valla que acordonó la playa con cinta amarilla similar a la que utiliza la policía para sellar escenas de crímenes, a fin de ocupar simbólicamente el lugar.
Uno de las consignas más celebradas y gritadas aludía a la posibilidad de que a los cancunenses se les cierre ''la última ventana al mar'', como es considerada playa Delfines: ''Cancún, alerta, tu playa está en oferta; Cancún, despierta, que nos cierran la puerta'', decían.
Autoridades estatales y municipales también se han manifestado en contra de la venta de los predios.
El alcalde de Benito Juárez (Cancún), el priísta Francisco Alor, aseguró la semana pasada que el municipio negará cualquier permiso para construir inmuebles en ese espacio público, lo que generaría un conflicto para los compradores.
El gobernador del estado, el también priísta Félix González Canto, fue aún más allá y anunció que se pedirá a Fonatur que revierta esta venta.
Fonatur no vendió la playa propiamente dicha, porque 20 metros del arenal son parte de la zona federal, que no se puede enajenar, pero vendió los terrenos que están detrás del área citada, lo que en los hechos implica ceder la playa.
Estados Unidos e Israel preparan bombardeo a Irán
Como ya se les va a acabar la guerra de Irak con un rotundo fracaso porque la perdieron y consecuencias terribles para la humanidad pero finalmente buenos negocios, ya están preparando la que sigue, porque lo que importa es el business de la guerra, no las vidas humanas.
Bases estadunidenses, al alcance de la república islámica
REUTERS, AFP
Teherán, 10 de junio. Las fuerzas armadas de Israel y Estados Unidos realizaron hoy importantes maniobras para preparar una eventual operación militar conjunta contra las instalaciones nucleares de Irán, país que a su vez advirtió que todas las bases estadunidenses en Medio Oriente están al alcance de sus armas.
Un vocero del ejército israelí, quien pidió el anonimato, señaló que los ejercicios son "parte de un año de trabajo que incluyen vuelos conjuntos con el propósito de que ambos países aprendan de manera mutua", y anunció que se realizarán de manera anual. Pilotos de los dos países se ejercitaron para volar en formación, y simularon combates aéreos y bombardeos.
Según medios árabes, esas maniobras incrementan las especulaciones de que Tel Aviv y Washington podrían bombardear las instalaciones nucleares iraníes, si las sanciones del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) fracasan en su intento por detener el programa atómico de Teherán.
Los ejercicios castrenses, aun cuando fueron anunciados previamente, se efectúan tras las recientes "discusiones estratégicas" entre las dos naciones acerca de la amenaza nuclear iraní, adelantadas en Washington por el ministro israelí de Transportes, Shaul Mofaz.
Mofaz, ex ministro de Defensa y ex jefe del estado mayor, miembro del gabinete de seguridad, es responsable del diálogo estratégico con la Casa Blanca.
Israel y Estados Unidos acusan a Irán de querer dotarse de armas nucleares, pretextando el desarrollo de su programa civil.
Por su parte, el viceministro del Interior de Irán, Mohammad Bagher Zolgadr, declaró que todas las bases de Estados Unidos en Medio Oriente están al alcance de las armas de la república islámica.
"En caso de ataque de Estados Unidos contra Irán, los intereses de Washington en el mundo y en la región estarán en peligro", declaró Zolgadr.
Irán dispone de misiles, entre ellos los Shahab 3, que según los iraníes tiene un alcance aproximado de 2 mil kilómetros.
En este sentido, el vocero del parlamento iraní, Gholan Ali Hadad Adel, advirtió desde Kuwait que su país atacará las bases militares estadunidenses en los países vecinos del golfo Pérsico si éstos llegaran a apoyar a Washington para bombardear las instalaciones atómicas de Irán.
Bases estadunidenses, al alcance de la república islámica
REUTERS, AFP
Teherán, 10 de junio. Las fuerzas armadas de Israel y Estados Unidos realizaron hoy importantes maniobras para preparar una eventual operación militar conjunta contra las instalaciones nucleares de Irán, país que a su vez advirtió que todas las bases estadunidenses en Medio Oriente están al alcance de sus armas.
Un vocero del ejército israelí, quien pidió el anonimato, señaló que los ejercicios son "parte de un año de trabajo que incluyen vuelos conjuntos con el propósito de que ambos países aprendan de manera mutua", y anunció que se realizarán de manera anual. Pilotos de los dos países se ejercitaron para volar en formación, y simularon combates aéreos y bombardeos.
Según medios árabes, esas maniobras incrementan las especulaciones de que Tel Aviv y Washington podrían bombardear las instalaciones nucleares iraníes, si las sanciones del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) fracasan en su intento por detener el programa atómico de Teherán.
Los ejercicios castrenses, aun cuando fueron anunciados previamente, se efectúan tras las recientes "discusiones estratégicas" entre las dos naciones acerca de la amenaza nuclear iraní, adelantadas en Washington por el ministro israelí de Transportes, Shaul Mofaz.
Mofaz, ex ministro de Defensa y ex jefe del estado mayor, miembro del gabinete de seguridad, es responsable del diálogo estratégico con la Casa Blanca.
Israel y Estados Unidos acusan a Irán de querer dotarse de armas nucleares, pretextando el desarrollo de su programa civil.
Por su parte, el viceministro del Interior de Irán, Mohammad Bagher Zolgadr, declaró que todas las bases de Estados Unidos en Medio Oriente están al alcance de las armas de la república islámica.
"En caso de ataque de Estados Unidos contra Irán, los intereses de Washington en el mundo y en la región estarán en peligro", declaró Zolgadr.
Irán dispone de misiles, entre ellos los Shahab 3, que según los iraníes tiene un alcance aproximado de 2 mil kilómetros.
En este sentido, el vocero del parlamento iraní, Gholan Ali Hadad Adel, advirtió desde Kuwait que su país atacará las bases militares estadunidenses en los países vecinos del golfo Pérsico si éstos llegaran a apoyar a Washington para bombardear las instalaciones atómicas de Irán.
Más corrupción entre empresas que con el sector público, detectan
¡Qué bueno que hicieron su estudio! pero no reporta ninguna novedad, ya sabíamos que las empresas grandes son unos cerdos, o que ¿lo del fraude no es corrupción? ¿el enriquecimiento exagerado no es rapacidad? ¿el explotar a los trabajadores no es inmoralidad? Son unos marranos asquerosos.
Los efectos de esta práctica se trasladan al precio final que paga el consumidor: CEESP
Se atenta contra la competencia, incide negativamente en las operaciones e inhibe el desarrollo de nuevas unidades productivas, además de distorsionar los precios en el mercado, advierte
SUSANA GONZALEZ
Por su frecuencia, la corrupción entre empresas ''es superior'' a la que se practica entre ellas y el sector público, pero como se ejerce en áreas inesperadas resulta difícil comprobar su existencia, alertó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
''Cuando se cuestiona a los empresarios acerca de la incidencia de los sobornos, sorprende que respondan que es entre empresas donde más frecuentemente han enfrentado solicitudes de pagos extraoficiales, superando considerablemente el promedio de frecuencia con que perciben el pago de sobornos al sector público, en sus diferentes niveles de gobierno, para influir en leyes, políticas y regulaciones'', precisó el organismo empresarial.
Ponderó que en la mayoría de los casos el efecto de la corrupción empresarial ''se traslada al precio final que paga el consumidor, por lo que indirectamente quien financia todos estos aspectos de corrupción, sin saberlo, es el comprador final''.
Pese a que la corrupción entre empresas ''es tan común como la que se da en el sector público'' y preocupa a la iniciativa privada, el CEESP reconoció que no ha sido estudiada suficientemente, y ejemplificó que los sobornos se observan lo mismo sobre gerentes de grandes tiendas para que en sus aparadores concedan espacios favorables a ciertos productos, que entre compradores de las grandes cadenas para que ofrezcan la exclusividad o mayor beneficio a algunos proveedores, y hasta en trabajadores de una empresa para que vendan información confidencial a sus competidores.
Cualquiera sea la forma en que se presenta la corrupción entre las empresas, y aun cuando concedió que puede beneficiar a algunas e incrementar sus ganancias, el CEESP aseveró que tal práctica atenta contra la competencia ''libre y justa'', incide negativamente en la operación de las compañías e inhibe el desarrollo de nuevas unidades productivas.
''Hasta el momento no se tiene una estimación del costo monetario que representa la corrupción entre empresas, pero se puede confirmar que es un fenómeno que preocupa a todo el sector empresarial, y que ha calificado igual de negativa que la propia corrupción que se enfrenta con el sector público'', indicó.
Otros efectos negativos que propicia la corrupción empresarial, dijo, es la distorsión de precios en el mercado y los altos costos sociales, además de que genera un ambiente de incertidumbre en la economía, que eventualmente podría contribuir a ahuyentar las inversiones, inhibir el crecimiento económico y deteriorar la competitividad del aparato productivo.
No obstante, el CEESP acotó que ''la mayor corrupción que enfrentan las empresas es con el sector público'', de acuerdo con su Encuesta sobre el costo de la regulación 2007.
Los efectos de esta práctica se trasladan al precio final que paga el consumidor: CEESP
Se atenta contra la competencia, incide negativamente en las operaciones e inhibe el desarrollo de nuevas unidades productivas, además de distorsionar los precios en el mercado, advierte
SUSANA GONZALEZ
Por su frecuencia, la corrupción entre empresas ''es superior'' a la que se practica entre ellas y el sector público, pero como se ejerce en áreas inesperadas resulta difícil comprobar su existencia, alertó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
''Cuando se cuestiona a los empresarios acerca de la incidencia de los sobornos, sorprende que respondan que es entre empresas donde más frecuentemente han enfrentado solicitudes de pagos extraoficiales, superando considerablemente el promedio de frecuencia con que perciben el pago de sobornos al sector público, en sus diferentes niveles de gobierno, para influir en leyes, políticas y regulaciones'', precisó el organismo empresarial.
Ponderó que en la mayoría de los casos el efecto de la corrupción empresarial ''se traslada al precio final que paga el consumidor, por lo que indirectamente quien financia todos estos aspectos de corrupción, sin saberlo, es el comprador final''.
Pese a que la corrupción entre empresas ''es tan común como la que se da en el sector público'' y preocupa a la iniciativa privada, el CEESP reconoció que no ha sido estudiada suficientemente, y ejemplificó que los sobornos se observan lo mismo sobre gerentes de grandes tiendas para que en sus aparadores concedan espacios favorables a ciertos productos, que entre compradores de las grandes cadenas para que ofrezcan la exclusividad o mayor beneficio a algunos proveedores, y hasta en trabajadores de una empresa para que vendan información confidencial a sus competidores.
Cualquiera sea la forma en que se presenta la corrupción entre las empresas, y aun cuando concedió que puede beneficiar a algunas e incrementar sus ganancias, el CEESP aseveró que tal práctica atenta contra la competencia ''libre y justa'', incide negativamente en la operación de las compañías e inhibe el desarrollo de nuevas unidades productivas.
''Hasta el momento no se tiene una estimación del costo monetario que representa la corrupción entre empresas, pero se puede confirmar que es un fenómeno que preocupa a todo el sector empresarial, y que ha calificado igual de negativa que la propia corrupción que se enfrenta con el sector público'', indicó.
Otros efectos negativos que propicia la corrupción empresarial, dijo, es la distorsión de precios en el mercado y los altos costos sociales, además de que genera un ambiente de incertidumbre en la economía, que eventualmente podría contribuir a ahuyentar las inversiones, inhibir el crecimiento económico y deteriorar la competitividad del aparato productivo.
No obstante, el CEESP acotó que ''la mayor corrupción que enfrentan las empresas es con el sector público'', de acuerdo con su Encuesta sobre el costo de la regulación 2007.
Gordillo podría declarar como fondo perdido $25 mil millones
Posible desfalco mediante fideicomiso: Di Costanzo
ALMA E MUÑOZ
El "gobierno legítimo de México" advirtió que con la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se podría declarar como "fondo perdido" 25 mil millones de pesos que presumiblemente desfalcó Elba Esther Gordillo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), mediante el Fideicomiso de Vivienda Magisterial (Vima).
Lo anterior, con el propósito, de aplicar el "borrón y cuenta nueva" a una de las operaciones "más irregulares" que en 18 años de cacicazgo cometió la lideresa en perjuicio del magisterio.
Según el análisis que elaboró el secretario de la Hacienda Pública del "gobierno legítimo", Mario Di Costanzo, la dirigente del SNTE contempla dos caminos para evitar acciones en su contra sobre este tema.
Una es declarar "fondo perdido" los 25 mil millones de pesos que son "equiparables a la totalidad de la cartera vencida de Fovissste", una vez que este organismo forme parte de una Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda -contemplada el artículo 167 de la nueva ley del instituto- para encargarse de "operar y decidir el manejo de los créditos y fondos de los inmuebles de los trabajadores".
O bien, esa cartera sea bursatilizada para que los recursos "a su vez, sean adquiridos por una administradora que en colusión con los intereses de Elba Esther Gordillo se encargue de revenderlos a los deudores originales privilegiados, pero a un valor muy inferior a su monto actual".
Por ello, llamó a la Cámara de Diputados y al titular de la Secretaría de la Función Pública, Germán Martínez Cázares, investigar a fondo las "operaciones irregulares" que desde la creación de Vima, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, realizó la maestra, con la "complacencia, en su momento," de autoridades del ISSSTE y su fondo de vivienda.
Di Costanzo lamentó que desde entonces ninguna autoridad haya actuado en consecuencia, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación detectó, con base en la revisión de las cuentas públicas de 1999 y 2000, que el organismo "operaba con irregularidades".
Basta ver, argumentó, que los informes financieros de Vima, durante esa época, no dan cuenta de los "rendimientos generados desde 1989 hasta 2000 en las cuentas bancarias que tenía autorizadas en Serfin, y podrían ascender a 930 millones de pesos", que debían destinarse, entre otros, a "la operación administrativa, la supervisión de obras, la contratación de bienes raíces, la compra de terrenos y trámite de créditos".
ALMA E MUÑOZ
El "gobierno legítimo de México" advirtió que con la reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se podría declarar como "fondo perdido" 25 mil millones de pesos que presumiblemente desfalcó Elba Esther Gordillo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), mediante el Fideicomiso de Vivienda Magisterial (Vima).
Lo anterior, con el propósito, de aplicar el "borrón y cuenta nueva" a una de las operaciones "más irregulares" que en 18 años de cacicazgo cometió la lideresa en perjuicio del magisterio.
Según el análisis que elaboró el secretario de la Hacienda Pública del "gobierno legítimo", Mario Di Costanzo, la dirigente del SNTE contempla dos caminos para evitar acciones en su contra sobre este tema.
Una es declarar "fondo perdido" los 25 mil millones de pesos que son "equiparables a la totalidad de la cartera vencida de Fovissste", una vez que este organismo forme parte de una Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda -contemplada el artículo 167 de la nueva ley del instituto- para encargarse de "operar y decidir el manejo de los créditos y fondos de los inmuebles de los trabajadores".
O bien, esa cartera sea bursatilizada para que los recursos "a su vez, sean adquiridos por una administradora que en colusión con los intereses de Elba Esther Gordillo se encargue de revenderlos a los deudores originales privilegiados, pero a un valor muy inferior a su monto actual".
Por ello, llamó a la Cámara de Diputados y al titular de la Secretaría de la Función Pública, Germán Martínez Cázares, investigar a fondo las "operaciones irregulares" que desde la creación de Vima, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, realizó la maestra, con la "complacencia, en su momento," de autoridades del ISSSTE y su fondo de vivienda.
Di Costanzo lamentó que desde entonces ninguna autoridad haya actuado en consecuencia, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación detectó, con base en la revisión de las cuentas públicas de 1999 y 2000, que el organismo "operaba con irregularidades".
Basta ver, argumentó, que los informes financieros de Vima, durante esa época, no dan cuenta de los "rendimientos generados desde 1989 hasta 2000 en las cuentas bancarias que tenía autorizadas en Serfin, y podrían ascender a 930 millones de pesos", que debían destinarse, entre otros, a "la operación administrativa, la supervisión de obras, la contratación de bienes raíces, la compra de terrenos y trámite de créditos".
"Justicia", clamor en movilizaciones conmemorativas del jueves de Corpus
Aclarar crímenes del pasado y liberar a todos los "presos políticos", exige la CNTE
Demandan a Elba Esther Gordillo informar sobre uso de fondos del sindicato magisterial
EMIR OLIVARES, VICTOR BALLINAS
Integrantes del Comité 68 encabezaron una de las marchas por el 36 aniversario del halconazo Foto: Víctor Camacho
Al cumplirse ayer 36 años de la matanza de estudiantes perpetrada el jueves de Corpus por el grupo paramilitar los halcones, organizaciones sociales, encabezadas por el Comité 68, recordaron que las víctimas de ése y otros crímenes del pasado aún esperan justicia.
"Los juicios siguen. No olvidamos. La lucha sigue", aunque para las autoridades mexicanas el caso está concluido, dijeron.
"Nosotros no lo consideramos cerrado, abrimos las puertas y presentamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación un juicio, y también recurrimos a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanas. Insistimos en que el 10 de junio se tiene que volver a abrir", aseveró Raúl Alvarez Garín, integrante del Comité 68.
Añadió que los juicios penales por ese y otros casos "están en curso, en distinto grado de evolución, tan es así que el ex presidente Luis Echeverría -acusado de genocidio- se encuentra en prisión domiciliaria y está corriendo su proceso".
Para conmemorar la matanza de estudiantes del 10 de junio de 1971, cometida en la zona de San Cosme, se realizaron dos movilizaciones. En la primera participó el Comité 68 al lado de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y otras agrupaciones, que partieron del casco de Santo Tomás para confluir en el Zócalo.
La segunda movilización, menos concurrida, partió del mismo lugar con rumbo al mismo destino, y en ella participaron, además de otro contingente del Comité 68, pobladores de San Salvador Atenco.
Esta última marcha se retrasó alrededor de una hora porque el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra "fue cercado por la policía en Atenco", denunció uno de los integrantes de esa organización ante Alvarez Garín.
La CNTE encabezó la primera manifestación y anunció que durante las pláticas oficiales que darán inicio el próximo martes con la Secretaría de Gobernación para discutir la Ley del ISSSTE, pondrán sobre la mesa otras dos demandas: la liberación "inmediata e incondicional" de todos "presos políticos" del país, así como la solución de los crímenes del pasado.
Antes de la marcha, en conferencia de prensa, Artemio Ortiz Hurtado, de la sección 18 de Michoacán del sindicato magisterial e integrante de la dirección de la CNTE, manifestó que pese al inicio del diálogo con Gobernación, el plan de acción del Consejo Nacional de Huelga no se modificará.
Aseguró que ni la sede del Senado ni la de la Secretaría de Hacienda serán bloqueadas mientras duren las pláticas. Anunció una "megamarcha" para el 18 de este mes, además del inicio de la huelga nacional a finales de agosto próximo.
Durante la conferencia de prensa de la CNTE se informó que ante la revelación de que Elba Esther Gordillo ha acaparado más de 104 mil millones de pesos a partir de que ascendió a la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, hace 18 años, exigirán aclarar el manejo de los recursos del gremio, y en caso de que no se haga, la profesora será denunciada ante la justicia federal.
Ya en la marcha, Ortiz Hurtado llamó a "todas las resistencias del país" a formar un solo frente de lucha para buscar la libertad de los "presos políticos", la derogación de la Ley del ISSSTE y que el próximo primero de septiembre, en el contexto del primer Informe del presidente Felipe Calderón y durante el inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, "demos la bienvenida" tanto a legisladores como al mandatario "por haber aprobado esta ley".
Al finalizar el mitin de la primera marcha, Alvarez Garín, junto con representantes de la APPO, inauguró una exposición fotográfica montada por el Comité 68 en el Zócalo capitalino, en la que se hace un recuento de lo acontecido en 10 de junio de 1971.
La exhibición comienza con la imagen titulada El genocida mayor, en la que en tres momentos Echeverría es el protagonista: primero como presidente en 1970, después durante su comparecencia ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, el 2 de julio de 2002, "imagen que es un hito en la historia de México porque por primera vez un ex mandatario es llevado a comparecer y enfrenta a una multitud", aseguró Alvarez Garín. La tercera fotografía muestra al ex jefe del Ejecutivo preso en su domicilio.
Otra imagen exhibe a Echeverría acompañado por un grupo de estudiantes, cuando "él interpretó lo que estaba ocurriendo y les dijo: 'me quieren calar'", explicó el líder del Comité 68.
En otras fotografías se muestra cómo durante el halconazo "fueron cercados los estudiantes por policías", y en otras más se da cuenta de que Echeverría "llamó emisarios del pasado al ex regente capitalino, Alfonso Martínez Domínguez, y al entonces jefe de la policía capitalina, Rogelio Flores Curiel", al responsabilizarlos de la masacre.
En otra secuencia de imágenes Martínez Domínguez responde a Echeverría: "El Estado Mayor Presidencial fue responsable de la masacre. A mí me ordenaron entregar el mando de las policías de la ciudad cuatro días antes".
Terminaba la primera visita guiada a esta exposición fotográfica cuando ingresó por la calle de Madero hacia la Plaza de la Constitución la segunda marcha, encabezada por los pobladores de Atenco, quienes portaban su símbolo: el machete.
Esta segunda movilización, a diferencia de la de la CNTE, llegó hasta la puerta de Palacio Nacional para exigir, además de justicia por los crímenes del pasado, la libertad de los "presos políticos" del país.
Posteriormente, en lo que se reconoció como una "descoordinación", se tuvo que parchar el clásico listón rojo para volver a inaugurar, en menos de una hora, la misma exposición, sólo que ya con Trinidad Ramírez de Del Valle como madrina de honor.
Demandan a Elba Esther Gordillo informar sobre uso de fondos del sindicato magisterial
EMIR OLIVARES, VICTOR BALLINAS
Integrantes del Comité 68 encabezaron una de las marchas por el 36 aniversario del halconazo Foto: Víctor Camacho
Al cumplirse ayer 36 años de la matanza de estudiantes perpetrada el jueves de Corpus por el grupo paramilitar los halcones, organizaciones sociales, encabezadas por el Comité 68, recordaron que las víctimas de ése y otros crímenes del pasado aún esperan justicia.
"Los juicios siguen. No olvidamos. La lucha sigue", aunque para las autoridades mexicanas el caso está concluido, dijeron.
"Nosotros no lo consideramos cerrado, abrimos las puertas y presentamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación un juicio, y también recurrimos a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanas. Insistimos en que el 10 de junio se tiene que volver a abrir", aseveró Raúl Alvarez Garín, integrante del Comité 68.
Añadió que los juicios penales por ese y otros casos "están en curso, en distinto grado de evolución, tan es así que el ex presidente Luis Echeverría -acusado de genocidio- se encuentra en prisión domiciliaria y está corriendo su proceso".
Para conmemorar la matanza de estudiantes del 10 de junio de 1971, cometida en la zona de San Cosme, se realizaron dos movilizaciones. En la primera participó el Comité 68 al lado de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y otras agrupaciones, que partieron del casco de Santo Tomás para confluir en el Zócalo.
La segunda movilización, menos concurrida, partió del mismo lugar con rumbo al mismo destino, y en ella participaron, además de otro contingente del Comité 68, pobladores de San Salvador Atenco.
Esta última marcha se retrasó alrededor de una hora porque el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra "fue cercado por la policía en Atenco", denunció uno de los integrantes de esa organización ante Alvarez Garín.
La CNTE encabezó la primera manifestación y anunció que durante las pláticas oficiales que darán inicio el próximo martes con la Secretaría de Gobernación para discutir la Ley del ISSSTE, pondrán sobre la mesa otras dos demandas: la liberación "inmediata e incondicional" de todos "presos políticos" del país, así como la solución de los crímenes del pasado.
Antes de la marcha, en conferencia de prensa, Artemio Ortiz Hurtado, de la sección 18 de Michoacán del sindicato magisterial e integrante de la dirección de la CNTE, manifestó que pese al inicio del diálogo con Gobernación, el plan de acción del Consejo Nacional de Huelga no se modificará.
Aseguró que ni la sede del Senado ni la de la Secretaría de Hacienda serán bloqueadas mientras duren las pláticas. Anunció una "megamarcha" para el 18 de este mes, además del inicio de la huelga nacional a finales de agosto próximo.
Durante la conferencia de prensa de la CNTE se informó que ante la revelación de que Elba Esther Gordillo ha acaparado más de 104 mil millones de pesos a partir de que ascendió a la dirección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, hace 18 años, exigirán aclarar el manejo de los recursos del gremio, y en caso de que no se haga, la profesora será denunciada ante la justicia federal.
Ya en la marcha, Ortiz Hurtado llamó a "todas las resistencias del país" a formar un solo frente de lucha para buscar la libertad de los "presos políticos", la derogación de la Ley del ISSSTE y que el próximo primero de septiembre, en el contexto del primer Informe del presidente Felipe Calderón y durante el inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, "demos la bienvenida" tanto a legisladores como al mandatario "por haber aprobado esta ley".
Al finalizar el mitin de la primera marcha, Alvarez Garín, junto con representantes de la APPO, inauguró una exposición fotográfica montada por el Comité 68 en el Zócalo capitalino, en la que se hace un recuento de lo acontecido en 10 de junio de 1971.
La exhibición comienza con la imagen titulada El genocida mayor, en la que en tres momentos Echeverría es el protagonista: primero como presidente en 1970, después durante su comparecencia ante la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, el 2 de julio de 2002, "imagen que es un hito en la historia de México porque por primera vez un ex mandatario es llevado a comparecer y enfrenta a una multitud", aseguró Alvarez Garín. La tercera fotografía muestra al ex jefe del Ejecutivo preso en su domicilio.
Otra imagen exhibe a Echeverría acompañado por un grupo de estudiantes, cuando "él interpretó lo que estaba ocurriendo y les dijo: 'me quieren calar'", explicó el líder del Comité 68.
En otras fotografías se muestra cómo durante el halconazo "fueron cercados los estudiantes por policías", y en otras más se da cuenta de que Echeverría "llamó emisarios del pasado al ex regente capitalino, Alfonso Martínez Domínguez, y al entonces jefe de la policía capitalina, Rogelio Flores Curiel", al responsabilizarlos de la masacre.
En otra secuencia de imágenes Martínez Domínguez responde a Echeverría: "El Estado Mayor Presidencial fue responsable de la masacre. A mí me ordenaron entregar el mando de las policías de la ciudad cuatro días antes".
Terminaba la primera visita guiada a esta exposición fotográfica cuando ingresó por la calle de Madero hacia la Plaza de la Constitución la segunda marcha, encabezada por los pobladores de Atenco, quienes portaban su símbolo: el machete.
Esta segunda movilización, a diferencia de la de la CNTE, llegó hasta la puerta de Palacio Nacional para exigir, además de justicia por los crímenes del pasado, la libertad de los "presos políticos" del país.
Posteriormente, en lo que se reconoció como una "descoordinación", se tuvo que parchar el clásico listón rojo para volver a inaugurar, en menos de una hora, la misma exposición, sólo que ya con Trinidad Ramírez de Del Valle como madrina de honor.
La transformación del país será difícil, pero líder hay: AMLO
Construye la "mejor organización que se haya visto"
ELIO HENRIQUEZ
Simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador lo recibieron en Teopisca, Chiapas Foto: Moisés Zúñiga
Villa las Rosas, Chis., 10 de junio. Andrés Manuel López Obrador aseguró que el "gobierno legítimo" que encabeza está construyendo "la mejor organización que se haya visto en la historia" del país para una transformación definitiva, pero aclarló que "no será fácil, porque los poderosos no la quieren".
En su último día de gira por la zona norte y los Altos de Chiapas, López Obrador manifestó que "este movimiento no puede fracasar, porque entonces no habría esperanza para la gente humilde y pobre".
En Villa las Rosas, municipio gobernado por el PAN, aseguró estar "optimista", porque "si hay millones de mexicanos dispuestos a luchar por un cambio, esto no lo va a detener nada ni nadie, y más temprano que tarde vamos a lograr una renovación profunda de la vida pública de México".
En la mañana, el tabasqueño estuvo en Chanal y de ahí se trasladó a Teopisca, donde fue recibido por hombres, mujeres y niños con una valla de milpa y canastas con mazorcas.
Ante unas mil personas reunidas en la plaza central, afirmó que para que haya justicia, libertad y democracia en el país se debe fortalecer el movimiento que él encabeza en busca de una transformación definitiva del país.
"No será fácil, porque los poderosos no la quieren; ya vimos cómo nos cerraron el paso, pero tenemos que ser muy perseverantes, muy tercos en la defensa de nuestros ideales y las causas que defendemos. Ahí está la lección fundamental que nos dejó Benito Juárez: nunca perdió la fe en el triunfo de la causa que defendía", expresó.
El tabasqueño indicó que "aunque nos dolió mucho el fraude (electoral), no nos hicimos a un lado ni renunciamos a seguir luchando, porque tenemos la encomienda de transformar el país".
López Obrador se trasladó después al vecino municipio de Amatenango, donde insistió en que le "robaron la Presidencia de la República no porque les caigamos mal o no les guste como hablo, sino porque los potentados, los camajanes, no quieren perder sus privilegios, quieren seguirse tragando el país, no tienen llenadera".
Posteriormente, en Villa las Rosas, el último municipio que visitó en su tercera gira por Chiapas como "presidente legítimo", comentó que "el fraude electoral generó mucha tristeza, dolor y depresión de millones de mexicanos, sobre todo de los más humildes y pobres que tenían fincadas las esperanzas de que las cosas iban a cambiar".
Sin embargo, señaló, "no podíamos quedarnos todo el tiempo quejándonos de nuestra desgracia y decidimos seguir luchando. Hoy vengo a decirles que no se preocupen, porque líder no va a faltar, ya tomamos este camino y lo vamos a seguir hasta el fin, pase lo que pase, venga lo que venga; queremos la transformación".
Reiteró que en México se necesita un cambio en todos los órdenes de la vida pública: en lo económico, político, social, cultural y hasta espiritual. "Tenemos que llevar a cabo una renovación de la vida pública, una verdadera purificación.
"No vengo a invitarles a que sigamos adelante para que lleguemos a la Presidencia de la República; vengo a invitarles a hacer historia, por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros", expresó.
ELIO HENRIQUEZ
Simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador lo recibieron en Teopisca, Chiapas Foto: Moisés Zúñiga
Villa las Rosas, Chis., 10 de junio. Andrés Manuel López Obrador aseguró que el "gobierno legítimo" que encabeza está construyendo "la mejor organización que se haya visto en la historia" del país para una transformación definitiva, pero aclarló que "no será fácil, porque los poderosos no la quieren".
En su último día de gira por la zona norte y los Altos de Chiapas, López Obrador manifestó que "este movimiento no puede fracasar, porque entonces no habría esperanza para la gente humilde y pobre".
En Villa las Rosas, municipio gobernado por el PAN, aseguró estar "optimista", porque "si hay millones de mexicanos dispuestos a luchar por un cambio, esto no lo va a detener nada ni nadie, y más temprano que tarde vamos a lograr una renovación profunda de la vida pública de México".
En la mañana, el tabasqueño estuvo en Chanal y de ahí se trasladó a Teopisca, donde fue recibido por hombres, mujeres y niños con una valla de milpa y canastas con mazorcas.
Ante unas mil personas reunidas en la plaza central, afirmó que para que haya justicia, libertad y democracia en el país se debe fortalecer el movimiento que él encabeza en busca de una transformación definitiva del país.
"No será fácil, porque los poderosos no la quieren; ya vimos cómo nos cerraron el paso, pero tenemos que ser muy perseverantes, muy tercos en la defensa de nuestros ideales y las causas que defendemos. Ahí está la lección fundamental que nos dejó Benito Juárez: nunca perdió la fe en el triunfo de la causa que defendía", expresó.
El tabasqueño indicó que "aunque nos dolió mucho el fraude (electoral), no nos hicimos a un lado ni renunciamos a seguir luchando, porque tenemos la encomienda de transformar el país".
López Obrador se trasladó después al vecino municipio de Amatenango, donde insistió en que le "robaron la Presidencia de la República no porque les caigamos mal o no les guste como hablo, sino porque los potentados, los camajanes, no quieren perder sus privilegios, quieren seguirse tragando el país, no tienen llenadera".
Posteriormente, en Villa las Rosas, el último municipio que visitó en su tercera gira por Chiapas como "presidente legítimo", comentó que "el fraude electoral generó mucha tristeza, dolor y depresión de millones de mexicanos, sobre todo de los más humildes y pobres que tenían fincadas las esperanzas de que las cosas iban a cambiar".
Sin embargo, señaló, "no podíamos quedarnos todo el tiempo quejándonos de nuestra desgracia y decidimos seguir luchando. Hoy vengo a decirles que no se preocupen, porque líder no va a faltar, ya tomamos este camino y lo vamos a seguir hasta el fin, pase lo que pase, venga lo que venga; queremos la transformación".
Reiteró que en México se necesita un cambio en todos los órdenes de la vida pública: en lo económico, político, social, cultural y hasta espiritual. "Tenemos que llevar a cabo una renovación de la vida pública, una verdadera purificación.
"No vengo a invitarles a que sigamos adelante para que lleguemos a la Presidencia de la República; vengo a invitarles a hacer historia, por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros", expresó.
El 2 de julio, un asalto al poder desde el poder mismo: Guillermo Zamora
Haberse adueñado de la Presidencia dejará marcado históricamente a Calderón, afirma
ENRIQUE MENDEZ
A casi un año de las elecciones presidenciales, el periodista Guillermo Zamora expresa que el ex presidente Vicente Fox utilizó al Estado mexicano para aliarse con los grupos de poder fáctico, en una "confabulación siniestra" para cerrarle el paso a como diera lugar a Andrés Manuel López Obrador, en lo que define como "un asalto al poder desde el poder mismo".
Democracia inconclusa: diagnóstico de un fraude es su más reciente libro, donde se ordenan -en 11 entrevistas con analistas e investigadores- los episodios del "complot" en contra de un proyecto de gobierno de izquierda.
"El fraude existió. Había una decisión tal que bajo ninguna circunstancia habrían dejado ganar a López Obrador", expresa en entrevista, y señala que, a pesar de las evidencias, Felipe Calderón se apoderó del gobierno y su primera acción fue "militarizar el país, apoyarse en las bayonetas".
En el libro, coedición de Jorale Editores y Orfila, Zamora recoge las conclusiones que individualmente tienen Rafael Barajas El Fisgón, Armando Bartra, Héctor Díaz-Polanco, Luis Javier Garrido, Julio Hernández López, Lorenzo Meyer, Francisco Portillo, José Reveles, Paco Ignacio Taibo II, Florence Toussaint y Juan Villoro sobre los orígenes y los autores del "fraude".
Se trata, explica el autor en entrevista con La Jornada, de dejar un testimonio histórico, ordenado desde la perspectiva de un grupo de intelectuales, de profesionistas, analistas políticos de renombre y crédito, que hacen una retrospectiva de tres años y medio, desde que se gestó el "complot" con los videoescándalos, el caso de El Encino y el desafuero, y luego la consumación del "fraude".
-Todas esas voces coinciden, a lo largo del libro, en el robo de la elección.
-El fraude existió, se dio y la gran prueba es la negativa de contar voto por voto y casilla por casilla. Además tengo la certeza de que pronto las boletas serán quemadas. El costo político que tiene Calderón de quemarlas será menor que el de abrir los paquetes. Porque en un recuento, estamos convencidos, habría un giro y Calderón tendría que renunciar forzosamente, pero no lo va hacer. Seguirá apoyado por el PRI y los partidos pequeños, que no son más que paleros del gobierno.
-Frente a esa certeza, ¿a qué puede atribuirse que Calderón esté en el gobierno sin ningún pudor?
-Aquí hay un cinismo extraordinario de Calderón, porque sabe que perdió. Haberse apoderado de la Presidencia lo dejará marcado históricamente. ¿Por qué ha podido estar en el gobierno en estos seis meses? Por la complicidad de toda la derecha, entre ella el PRI, que es el gran cómplice. Le ha dado un manto de cobertura casi incondicional al michoacano, al que se suma la de los empresarios y la Iglesia católica, que en su caso prefirió a un conservador como él que a un hombre que tampoco exclamó algo en contra del clero.
"El hecho de que Calderón mantenga militarizado al país está relacionado con la pregunta. Su primera acción fue apoyarse en las bayonetas para arroparse, no para cuidar al país. Pero no puede mantenerse todo un sexenio bajo esta situación sin dar bandazos, y me refiero a lo que ocurrió en Zongolica con Ernestina Ascensión y el asesinato de una familia en Sinaloa. Seguirán pasando cosas, es inevitable. Si vives en el fuego, te quemas".
Guillermo Zamora, con experiencia de más de 25 años de reportero, considera que las perspectivas de que Calderón gobierne sin sobresaltos son muy pobres. No sólo, expone, no ha ganado nada en su personal guerra contra el narcotráfico, sino todavía tiene muchas facturas pendientes que pagar, como lo ha hecho ya con Elba Esther Gordillo.
-¿Cuáles son las expectativas de López Obrador? Está aislado por los medios y, en el libro, Juan Villoro lo critica fuerte por los errores en la campaña.
-En efecto, está aislado por los medios. En la televisión no se habla más de él. Hace una labor que no es muy lucidora, porque es un trabajo de hormiga. Aún tiene gran preponderancia a escala nacional; es el líder de la izquierda, no veo otra figura de su tamaño y en los momentos que se agudice la situación política -como creo pasará a mediano plazo-, su figura volverá a tomar la dimensión que tuvo en campaña.
"Villoro, efectivamente, es crítico. El estuvo en contra del plantón y cuestiona al PRD y a López Obrador respecto de que pudo, si hubiese cambiado su actitud, ganar más adeptos. Pero de todas maneras había una decisión tal de los poderes fácticos, con Fox a la cabeza y Salinas detrás, que bajo ningún aspecto lo habrían dejado ganar. Pero también habla de una elección de Estado que le hizo ganar a Calderón".
-A lo largo del libro también persiste la idea de que la derecha no permitirá que llegue al poder la izquierda. Se deslizan, inclusive, ideas sobre las alternativas de la izquierda.
-El mensaje que envía la derecha es desastroso, por eso deben cambiar las reglas del juego. Con las actuales, la izquierda no tiene ninguna garantía y, al igual que López Obrador, debe buscar nuevas normas para buscar el poder por medio de las elecciones.
"El mensaje, insisto, es muy grave, porque -y uno de los entrevistados lo dice (Lorenzo Meyer)- si no es por medio del voto, entonces por qué vía deberá buscar llegarse al poder. Eso es muy grave.
"Nadie en su sano juicio quiere una insurrección en México, y la izquierda menos que nadie. Pero si estos señores se empeñan en mantener el poder a como dé lugar y sólo con sus canicas, no le veo ningún caso para 2009 ni para 2012. Ya se saben el camino y perfeccionarán el virus Hildebrando y todas las maniobras que ya conocimos.
"El camino para la izquierda es por medio de las elecciones, y se anota en el libro. La pregunta es, entonces, ¿qué camino le queda para acceder al poder?"
La presentación del libro Democracia inconclusa: diagnóstico de un fraude será mañana en el Centro Cultural San Angel a las 19 horas.
ENRIQUE MENDEZ
A casi un año de las elecciones presidenciales, el periodista Guillermo Zamora expresa que el ex presidente Vicente Fox utilizó al Estado mexicano para aliarse con los grupos de poder fáctico, en una "confabulación siniestra" para cerrarle el paso a como diera lugar a Andrés Manuel López Obrador, en lo que define como "un asalto al poder desde el poder mismo".
Democracia inconclusa: diagnóstico de un fraude es su más reciente libro, donde se ordenan -en 11 entrevistas con analistas e investigadores- los episodios del "complot" en contra de un proyecto de gobierno de izquierda.
"El fraude existió. Había una decisión tal que bajo ninguna circunstancia habrían dejado ganar a López Obrador", expresa en entrevista, y señala que, a pesar de las evidencias, Felipe Calderón se apoderó del gobierno y su primera acción fue "militarizar el país, apoyarse en las bayonetas".
En el libro, coedición de Jorale Editores y Orfila, Zamora recoge las conclusiones que individualmente tienen Rafael Barajas El Fisgón, Armando Bartra, Héctor Díaz-Polanco, Luis Javier Garrido, Julio Hernández López, Lorenzo Meyer, Francisco Portillo, José Reveles, Paco Ignacio Taibo II, Florence Toussaint y Juan Villoro sobre los orígenes y los autores del "fraude".
Se trata, explica el autor en entrevista con La Jornada, de dejar un testimonio histórico, ordenado desde la perspectiva de un grupo de intelectuales, de profesionistas, analistas políticos de renombre y crédito, que hacen una retrospectiva de tres años y medio, desde que se gestó el "complot" con los videoescándalos, el caso de El Encino y el desafuero, y luego la consumación del "fraude".
-Todas esas voces coinciden, a lo largo del libro, en el robo de la elección.
-El fraude existió, se dio y la gran prueba es la negativa de contar voto por voto y casilla por casilla. Además tengo la certeza de que pronto las boletas serán quemadas. El costo político que tiene Calderón de quemarlas será menor que el de abrir los paquetes. Porque en un recuento, estamos convencidos, habría un giro y Calderón tendría que renunciar forzosamente, pero no lo va hacer. Seguirá apoyado por el PRI y los partidos pequeños, que no son más que paleros del gobierno.
-Frente a esa certeza, ¿a qué puede atribuirse que Calderón esté en el gobierno sin ningún pudor?
-Aquí hay un cinismo extraordinario de Calderón, porque sabe que perdió. Haberse apoderado de la Presidencia lo dejará marcado históricamente. ¿Por qué ha podido estar en el gobierno en estos seis meses? Por la complicidad de toda la derecha, entre ella el PRI, que es el gran cómplice. Le ha dado un manto de cobertura casi incondicional al michoacano, al que se suma la de los empresarios y la Iglesia católica, que en su caso prefirió a un conservador como él que a un hombre que tampoco exclamó algo en contra del clero.
"El hecho de que Calderón mantenga militarizado al país está relacionado con la pregunta. Su primera acción fue apoyarse en las bayonetas para arroparse, no para cuidar al país. Pero no puede mantenerse todo un sexenio bajo esta situación sin dar bandazos, y me refiero a lo que ocurrió en Zongolica con Ernestina Ascensión y el asesinato de una familia en Sinaloa. Seguirán pasando cosas, es inevitable. Si vives en el fuego, te quemas".
Guillermo Zamora, con experiencia de más de 25 años de reportero, considera que las perspectivas de que Calderón gobierne sin sobresaltos son muy pobres. No sólo, expone, no ha ganado nada en su personal guerra contra el narcotráfico, sino todavía tiene muchas facturas pendientes que pagar, como lo ha hecho ya con Elba Esther Gordillo.
-¿Cuáles son las expectativas de López Obrador? Está aislado por los medios y, en el libro, Juan Villoro lo critica fuerte por los errores en la campaña.
-En efecto, está aislado por los medios. En la televisión no se habla más de él. Hace una labor que no es muy lucidora, porque es un trabajo de hormiga. Aún tiene gran preponderancia a escala nacional; es el líder de la izquierda, no veo otra figura de su tamaño y en los momentos que se agudice la situación política -como creo pasará a mediano plazo-, su figura volverá a tomar la dimensión que tuvo en campaña.
"Villoro, efectivamente, es crítico. El estuvo en contra del plantón y cuestiona al PRD y a López Obrador respecto de que pudo, si hubiese cambiado su actitud, ganar más adeptos. Pero de todas maneras había una decisión tal de los poderes fácticos, con Fox a la cabeza y Salinas detrás, que bajo ningún aspecto lo habrían dejado ganar. Pero también habla de una elección de Estado que le hizo ganar a Calderón".
-A lo largo del libro también persiste la idea de que la derecha no permitirá que llegue al poder la izquierda. Se deslizan, inclusive, ideas sobre las alternativas de la izquierda.
-El mensaje que envía la derecha es desastroso, por eso deben cambiar las reglas del juego. Con las actuales, la izquierda no tiene ninguna garantía y, al igual que López Obrador, debe buscar nuevas normas para buscar el poder por medio de las elecciones.
"El mensaje, insisto, es muy grave, porque -y uno de los entrevistados lo dice (Lorenzo Meyer)- si no es por medio del voto, entonces por qué vía deberá buscar llegarse al poder. Eso es muy grave.
"Nadie en su sano juicio quiere una insurrección en México, y la izquierda menos que nadie. Pero si estos señores se empeñan en mantener el poder a como dé lugar y sólo con sus canicas, no le veo ningún caso para 2009 ni para 2012. Ya se saben el camino y perfeccionarán el virus Hildebrando y todas las maniobras que ya conocimos.
"El camino para la izquierda es por medio de las elecciones, y se anota en el libro. La pregunta es, entonces, ¿qué camino le queda para acceder al poder?"
La presentación del libro Democracia inconclusa: diagnóstico de un fraude será mañana en el Centro Cultural San Angel a las 19 horas.
¡Pues claro! que contaba con el aval del pelele, ¿a poco creían eso de la automía de la Corte?
Si ya sabemos que la Corte es un servidor del Ejecutivo desde hace mucho, si sabemos quien avaló a esos magistrados, si Mayagoitia es cuate de Azuela y están hechos de la misma mierda. Si cuando dijo que no sabíamos de que estaban hechos fue muy ingenuo, ¡claro que sabemos de que están hechos!, esto de la justicia es puro teatro, están preparando algo, y esto es como querer darnos un antecedente de que son honestos. No nos chupamos el dedo, estamos preparados después de todo lo que ha sucedido en este país, así que a ver cómo se ponen las cosas cuando se presente la marranada que estén preparando. ¡Ya basta de engaños! Como si fuéramos niños.
Inquietud entre ministros de la Corte por la posible creación de un tribunal constitucional
Calderón avaló por anticipado la decisión sobre la ley Televisa
El Presidente de la República ''ya había leído'' el proyecto de resolución elaborado por Salvador Aguirre Anguiano, el cual le pareció ''muy bueno'', indican fuentes de la SCJN
JESUS ARANDA
La decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la inconstitucionalidad de diversos artículos de la llamada ley Televisa contaba con el aval del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, antes de que el asunto fuera discutido en sesión pública, a partir del 28 de mayo pasado.
Trascendió lo anterior en el máximo tribunal, donde además se reconoció que existe inquietud entre los integrantes de la Corte por las consecuencias que tendrían sus decisiones adoptadas en torno a un asunto en el que afectaron fuertes intereses económicos y políticos.
El impacto más grave, reconocieron ministros consultados, sería que se consolidara la propuesta de las fracciones parlamentarias de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República de crear un tribunal constitucional que asumiera la resolución de controversias y acciones de inconstitucionalidad, principalmente, las cuales son competencia de la SCJN. La fracción del Partido Acción Nacional (PAN) ha hecho saber que se opone, por el momento, a la creación de un tribunal con esas características.
Cabe señalar que la aprobación de un organismo como el mencionado implicaría necesariamente la remoción de los actuales ministros, o por lo menos los que se han distinguido por defender una postura autónoma e independiente, sostuvieron los funcionarios entrevistados.
Por otra parte, las fuentes señalaron que la razón por la cual se lograron los ocho votos necesarios para invalidar artículos ''claves'' de las leyes federales de Telecomunicaciones (LFT) y de Radio y Televisión (LFRT) es que sabían que el presidente Felipe Calderón ''ya había leído'' el proyecto de resolución elaborado por el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, el cual le pareció ''muy bueno''.
Este comentario, aunado al cabildeo que llevó a cabo el senador panista Santiago Creel -con la venia del Ejecutivo federal- con los ministros, a quienes dijo en privado que Calderón apoyaría en todo la resolución que adoptaran, ayudó a convencer a los juzgadores que aún estaban indecisos sobre la inconstitucionalidad de diversos artículos de las citadas leyes, y terminó por reafirmar los puntos de vista de quienes desde un principio habían hecho saber -en público y privado- su oposición a la entrega a perpetuidad, de manera gratuita y de forma inconstitucional, del espectro radioeléctrico a las dos principales televisoras y cadenas de radio a nivel nacional.
De acuerdo con información obtenida en el máximo tribunal, el primero en conocer el proyecto de resolución elaborado por Aguirre Anguiano fue el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña -quien por cierto es paisano del ministro-, quien recibió el documento antes que los magistrados.
Fue hasta el 3 de mayo pasado en que Aguirre Anguiano -una vez que recibió señales de Gobernación de que no había problema con el sentido del dictamen- repartió su proyecto de resolución entre sus compañeros.
Inclusive, para evitar filtraciones resolvió enviar el documento directamente a los domicilios de los ministros la tarde de ese día; sin embargo, Aguirre no contaba con que al haber entregado también el texto a todas las partes involucradas en el juicio, sólo fuera cuestión de horas la difusión pública del mismo.
Fuentes de la Corte añadieron que el 5 de mayo pasado, en el contexto de la conmemoración de la batalla de Puebla, Calderón le confió al ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, que ya había leído el dictamen de Aguirre y que le pareció ''muy bueno''.
El comentario, apuntaron los funcionarios consultados, confirmó lo dicho por Creel Miranda a los juzgadores días antes, de que había ''luz verde'' de la Presidencia de la República, no sólo para actuar ''conforme a derecho'', sino que además el pleno contaba con la promesa del Ejecutivo federal de que la resolución de los ministros sería acatada y llevada a la práctica.
Falta ver el desenlace de la propuesta de senadores perredistas y priístas de crear un tribunal constitucional.
¡FUERA MAGISTRADOS SERVILES Y CORRUPTOS! ¡PERO YA! ¡LARGO!
Inquietud entre ministros de la Corte por la posible creación de un tribunal constitucional
Calderón avaló por anticipado la decisión sobre la ley Televisa
El Presidente de la República ''ya había leído'' el proyecto de resolución elaborado por Salvador Aguirre Anguiano, el cual le pareció ''muy bueno'', indican fuentes de la SCJN
JESUS ARANDA
La decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la inconstitucionalidad de diversos artículos de la llamada ley Televisa contaba con el aval del presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, antes de que el asunto fuera discutido en sesión pública, a partir del 28 de mayo pasado.
Trascendió lo anterior en el máximo tribunal, donde además se reconoció que existe inquietud entre los integrantes de la Corte por las consecuencias que tendrían sus decisiones adoptadas en torno a un asunto en el que afectaron fuertes intereses económicos y políticos.
El impacto más grave, reconocieron ministros consultados, sería que se consolidara la propuesta de las fracciones parlamentarias de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República de crear un tribunal constitucional que asumiera la resolución de controversias y acciones de inconstitucionalidad, principalmente, las cuales son competencia de la SCJN. La fracción del Partido Acción Nacional (PAN) ha hecho saber que se opone, por el momento, a la creación de un tribunal con esas características.
Cabe señalar que la aprobación de un organismo como el mencionado implicaría necesariamente la remoción de los actuales ministros, o por lo menos los que se han distinguido por defender una postura autónoma e independiente, sostuvieron los funcionarios entrevistados.
Por otra parte, las fuentes señalaron que la razón por la cual se lograron los ocho votos necesarios para invalidar artículos ''claves'' de las leyes federales de Telecomunicaciones (LFT) y de Radio y Televisión (LFRT) es que sabían que el presidente Felipe Calderón ''ya había leído'' el proyecto de resolución elaborado por el ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano, el cual le pareció ''muy bueno''.
Este comentario, aunado al cabildeo que llevó a cabo el senador panista Santiago Creel -con la venia del Ejecutivo federal- con los ministros, a quienes dijo en privado que Calderón apoyaría en todo la resolución que adoptaran, ayudó a convencer a los juzgadores que aún estaban indecisos sobre la inconstitucionalidad de diversos artículos de las citadas leyes, y terminó por reafirmar los puntos de vista de quienes desde un principio habían hecho saber -en público y privado- su oposición a la entrega a perpetuidad, de manera gratuita y de forma inconstitucional, del espectro radioeléctrico a las dos principales televisoras y cadenas de radio a nivel nacional.
De acuerdo con información obtenida en el máximo tribunal, el primero en conocer el proyecto de resolución elaborado por Aguirre Anguiano fue el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña -quien por cierto es paisano del ministro-, quien recibió el documento antes que los magistrados.
Fue hasta el 3 de mayo pasado en que Aguirre Anguiano -una vez que recibió señales de Gobernación de que no había problema con el sentido del dictamen- repartió su proyecto de resolución entre sus compañeros.
Inclusive, para evitar filtraciones resolvió enviar el documento directamente a los domicilios de los ministros la tarde de ese día; sin embargo, Aguirre no contaba con que al haber entregado también el texto a todas las partes involucradas en el juicio, sólo fuera cuestión de horas la difusión pública del mismo.
Fuentes de la Corte añadieron que el 5 de mayo pasado, en el contexto de la conmemoración de la batalla de Puebla, Calderón le confió al ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, que ya había leído el dictamen de Aguirre y que le pareció ''muy bueno''.
El comentario, apuntaron los funcionarios consultados, confirmó lo dicho por Creel Miranda a los juzgadores días antes, de que había ''luz verde'' de la Presidencia de la República, no sólo para actuar ''conforme a derecho'', sino que además el pleno contaba con la promesa del Ejecutivo federal de que la resolución de los ministros sería acatada y llevada a la práctica.
Falta ver el desenlace de la propuesta de senadores perredistas y priístas de crear un tribunal constitucional.
¡FUERA MAGISTRADOS SERVILES Y CORRUPTOS! ¡PERO YA! ¡LARGO!
Brasil, Argentina y Bolivia; el vaivén de las clases medias
James Petras
Estudiantes de la Universidad de Sao Paulo llevaron a cabo una marcha el pasado 31 de mayo, en demanda de una audiencia con el gobernador José Serra Foto: Reuters
El comportamiento social y político de la clase media es determinado por su posición e intereses de clase, así como por el contexto político-económico, al cual confronta. En el contexto de un régimen de derecha, con economía en expansión, créditos baratos e importación de bienes de consumo a bajo precio, la clase media es atraída a la derecha. En el contexto de un régimen de derecha con profunda crisis, la clase media puede ser parte de un frente popular amplio, que busque recuperar su pérdida de propiedad, ahorros y empleo. Cuando el régimen es un gobierno antidictatorial, antimperialista y populista, la clase media apoya las reformas democráticas, pero se opone a cualquier radicalización que ecualice condiciones con la clase trabajadora.
Brasil, Argentina y Bolivia ilustran la cambiante orientación y las divisiones internas de la clase media. En el primer país, funcionarios, profesionales, abogados laborales y burócratas de la clase media, con movilidad ascendente, coparon el Partido de los Trabajadores (PT), encabezado por Luiz Inacio Lula da Silva. Con 75 por ciento de sus delegados respaldaron una alianza electoral con el Partido Liberal, de los grandes negocios, y con el sector financiero. Una vez en el poder, se apartaron de los políticos socialdemócratas y se acercaron a los neoliberales. Los movimientos sociales, incluidos el de los Sin Tierra y el Urbano de la Gente Sin Casa (MSC), apoyaron la elección de Lula sobre la base de sus promesas de campaña, sin haber hecho un análisis de clase de los cambios posibles en políticas, liderazgo y programa.
El resultado es que los movimientos sociales invirtieron cinco años en argumentar que el gobierno de Lula era un "terreno en disputa" que podía empujarse hacia la izquierda. Una de las consecuencias fue que el MST perdió piso político, se aisló organizativamente y sus miembros se desorientaron por casi cinco años. En tanto, Lula recortó 30 por ciento las pensiones a trabajadores del sector público (profesores, empleados postales, trabajadores de la salud, funcionarios, etcétera), incrementó la edad de jubilación y privatizó los fondos públicos de pensiones. Como resultado, esos sindicatos rompieron con el gobierno y con la confederación laboral progubernamental (CUT), y se unieron a otros independientes para formar una nueva confederación, la Conluta, que incluye a estudiantes, ecologistas y otros grupos. En 2007, la Conluta se juntó en asamblea nacional con el MST y sectores de la CUT para organizar una huelga general a finales de mayo.
Los vínculos de los movimientos sociales con la política electoral de partidos socialdemócratas que se mueven hacia las políticas neoliberales son un desastre. Como los movimientos sociales carecían de un programa político independiente, basado en su clase y un liderazgo orientado al poder estatal, se vieron forzados a subordinarse al Partido de los Trabajadores, antes socialdemócrata, hoy ligado con el imperialismo, las finanzas y el capital agromineral. Por otra parte, sindicatos de trabajadores y el sector público de clase media se vieron forzados a romper con Lula y a buscar alianzas en la izquierda radical, incluidos los movimientos sociales, y rechazar los lazos con la pequeña y gran burguesía.
En Argentina, la clase media, especialmente la pequeña burguesía, respaldó el régimen neoliberal de Menem en los años 90. Su apoyo se basó en créditos baratos (bajas tasas de interés), importaciones de bienes de consumo a bajo precio, en una economía dolarizada y una economía expansiva, apalancada por préstamos del exterior. Con la crisis económica (1999-2002) y el colapso de la economía (diciembre 2001-diciembre 2002), las clases medias vieron que sus cuentas bancarias se congelaron, perdieron sus empleos, los negocios se fueron a la bancarrota y la pobreza afectó a más de 50 por ciento de la población. El resultado es que las clases medias se "radicalizaron", salieron a las calles en rebelión masiva, protestando frente a los bancos, el Congreso y el palacio presidencial. En todas las grandes ciudades, los barrios de clase media formaron asambleas populares y fraternizaron con las organizaciones de desempleados (piqueteros), bloqueando todas las calles y carreteras importantes. Esa rebelión espontánea adoptó la consigna política de "¡Que se vayan todos!", lo cual reflejaba un rechazo al status quo neoliberal, pero también a cualquier solución radical. El sindicato de trabajadores de empleados públicos (CTA), de izquierda, o el del sector privado (CGT), de derecha, no aportaron mucho al liderazgo. Sólo algunos miembros jugaron cierto papel en los nuevos movimientos sociales de las "villas miseria", esas vastas barriadas urbanas. La izquierda y los partidos marxistas intervinieron para fragmentar el masivo movimiento de desempleados, mientras sobreideologizaban y disolvían las asambleas barriales de la clase media. A mediados de 2003, la clase media dio un giro hacia la política electoral y votó por Kirchner, quien hizo campaña como socialdemócrata de centroizquierda. A principios de 2003, subieron los precios de artículos de consumo significativamente. Argentina pospuso y luego redujo sus pagos de deuda. Kirchner estabilizó la economía y descongeló las cuentas bancarias de la clase media, que entonces viró hacia el centro.
En tanto, Kirchner sacó ventaja de la fragmentación del movimiento de los desempleados y coptó a muchos líderes, proporcionando 50 pesos al mes en subsidios para cada familia, comenzó un proceso selectivo de negociaciones y de exclusión, seguida de represión, lo cual aisló a los radicales de la izquierda reformista. En 2007, las principales luchas de clase implicaban a los empleados del sector público o a la clase media contra el régimen de Kirchner por el asunto de los salarios y las compensaciones. El movimiento de fábricas ocupadas fue coptado por el Estado. El de desempleados sigue existiendo, pero con mucho menor fuerza. La clase media, habiéndose recuperado y al gozar de gran crecimiento, se mueve de la centroizquierda a la centroderecha.
Argentina ilustra cómo la política de la clase media puede virar dramáticamente de la conformidad a la rebelión, pero al carecer de dirección política regresa a la derecha. Con estabilización, la clase media se escinde de los empleados públicos: aquélla apoya a los neoliberales, y los empleados públicos a la socialdemocracia.
El gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia tiene una masa electoral de pobres urbanos o rural-urbanos, pero los ministros de su gabinete son profesionales, burgueses, tecnócratas y abogados, junto con algunos líderes de movimientos que fueron coptados. Evo Morales combina la demagogia política para las masas, como "la nacionalización del petróleo y el gas" y "la reforma agraria", con prácticas liberales, como acordar proyectos conjuntos con todas las compañías internacionales importantes de petróleo y gas, y excluir a las grandes plantaciones "productivas", propiedad de la oligarquía, de la política de expropiación de la reforma agraria. Mientras tanto, la pequeña burguesía, que inicialmente ayudó a Evo Morales a pacificar a los indios y los trabajadores, se ha ido corriendo a la derecha. Además, dado que Morales respalda las políticas de estabilización macroeconómicas tipo Fondo Monetario Internacional, ha provocado que los principales sindicatos de empleados del sector público (en particular los profesores y los trabajadores de la salud) se vayan a huelga.
Las consecuencias para los movimientos, como en Brasil y Argentina, incluyen la fragmentación y el retorno de la clase media a la centroderecha. Se desmovilizan los grupos sociales y hay un descontento creciente entre el sector público de la clase media, pues las alzas a los salarios apenas exceden el incremento al costo de la vida, pese al vasto aumento de las entradas gubernamentales procedentes de los elevados precios de la exportación de minerales.
Los nuevos programas de centroizquierda de Lula, Kirchner y Morales son en realidad la nueva cara de la derecha neoliberal: los regímenes de centroizquierda han seguido las mismas políticas macroeconómicas, se niegan a revertir las ilegales privatizaciones emprendidas por los antiguos regímenes, mantienen las gruesas inequidades de clase y han debilitado a los movimientos sociales. Los regímenes de centroizquierda se estabilizaron por el estallido de los precios de los bienes de consumo y las plusvalías en el presupuesto y el comercio, lo cual les permite proporcionar programas mínimos de alivio a la pobreza. Su principal logro ha sido desmovilizar a la izquierda, restaurar la hegemonía capitalista y mantener cierto grado de autonomía de Estados Unidos por haber diversificado mercados mirando a Asia.
En los casos mencionados, el principal problema de los movimientos sociales fue el fracaso para desarrollar un liderazgo político y un programa para el poder estatal, y como tal tener que depender de los políticos electorales de la clase media profesional con movilidad ascendente. Tan pronto como los movimientos subordinan la política extraparlamentaria a los partidos, quedan atorados en las alianzas electorales entre los líderes de la clase media y los grandes capitalistas.
La centroizquierda -si saca ventaja de las condiciones económicas internacionales (como el alto precio de los bienes de consumo y la gran liquidez)- puede estabilizar la economía, bajar el desempleo y reducir la pobreza, pero no resolver los problemas básicos de un desarrollo desigual, el subempleo, la concentración de la riqueza y el poder, la explotación y las inequidades.
La relación de la izquierda con la clase media tiene una aproximación de izquierda y una de derecha. La de derecha implica no asumir las demandas anticapitalistas y antimperialistas, con el propósito de obtener el respaldo del sector privado de la clase media. Eso significa sacrificar los cambios estructurales favorecidos por la clase obrera, los campesinos y los desempleados en favor de las vagas promesas de empleo, estabilidad, protección de los negocios locales y crecimiento. La aproximación de la izquierda se dirige a apoyar al sector público de la clase media y oponerse a las medidas neoliberales, como la privatización, al tiempo que se apoya la nacionalización de las industrias básicas, los incrementos a sueldos y salarios, las pensiones y las garantías de seguridad social, salud pública y mayor educación. El reto principal para la izquierda es combinar la oposición del sector público de las clases medias al neoliberalismo con el anticapitalismo y antimperialismo, que propugnan los sectores militantes de los obreros y los campesinos.
Traducción: Ramón Vera Herrera
Estudiantes de la Universidad de Sao Paulo llevaron a cabo una marcha el pasado 31 de mayo, en demanda de una audiencia con el gobernador José Serra Foto: ReutersEl comportamiento social y político de la clase media es determinado por su posición e intereses de clase, así como por el contexto político-económico, al cual confronta. En el contexto de un régimen de derecha, con economía en expansión, créditos baratos e importación de bienes de consumo a bajo precio, la clase media es atraída a la derecha. En el contexto de un régimen de derecha con profunda crisis, la clase media puede ser parte de un frente popular amplio, que busque recuperar su pérdida de propiedad, ahorros y empleo. Cuando el régimen es un gobierno antidictatorial, antimperialista y populista, la clase media apoya las reformas democráticas, pero se opone a cualquier radicalización que ecualice condiciones con la clase trabajadora.
Brasil, Argentina y Bolivia ilustran la cambiante orientación y las divisiones internas de la clase media. En el primer país, funcionarios, profesionales, abogados laborales y burócratas de la clase media, con movilidad ascendente, coparon el Partido de los Trabajadores (PT), encabezado por Luiz Inacio Lula da Silva. Con 75 por ciento de sus delegados respaldaron una alianza electoral con el Partido Liberal, de los grandes negocios, y con el sector financiero. Una vez en el poder, se apartaron de los políticos socialdemócratas y se acercaron a los neoliberales. Los movimientos sociales, incluidos el de los Sin Tierra y el Urbano de la Gente Sin Casa (MSC), apoyaron la elección de Lula sobre la base de sus promesas de campaña, sin haber hecho un análisis de clase de los cambios posibles en políticas, liderazgo y programa.
El resultado es que los movimientos sociales invirtieron cinco años en argumentar que el gobierno de Lula era un "terreno en disputa" que podía empujarse hacia la izquierda. Una de las consecuencias fue que el MST perdió piso político, se aisló organizativamente y sus miembros se desorientaron por casi cinco años. En tanto, Lula recortó 30 por ciento las pensiones a trabajadores del sector público (profesores, empleados postales, trabajadores de la salud, funcionarios, etcétera), incrementó la edad de jubilación y privatizó los fondos públicos de pensiones. Como resultado, esos sindicatos rompieron con el gobierno y con la confederación laboral progubernamental (CUT), y se unieron a otros independientes para formar una nueva confederación, la Conluta, que incluye a estudiantes, ecologistas y otros grupos. En 2007, la Conluta se juntó en asamblea nacional con el MST y sectores de la CUT para organizar una huelga general a finales de mayo.
Los vínculos de los movimientos sociales con la política electoral de partidos socialdemócratas que se mueven hacia las políticas neoliberales son un desastre. Como los movimientos sociales carecían de un programa político independiente, basado en su clase y un liderazgo orientado al poder estatal, se vieron forzados a subordinarse al Partido de los Trabajadores, antes socialdemócrata, hoy ligado con el imperialismo, las finanzas y el capital agromineral. Por otra parte, sindicatos de trabajadores y el sector público de clase media se vieron forzados a romper con Lula y a buscar alianzas en la izquierda radical, incluidos los movimientos sociales, y rechazar los lazos con la pequeña y gran burguesía.
En Argentina, la clase media, especialmente la pequeña burguesía, respaldó el régimen neoliberal de Menem en los años 90. Su apoyo se basó en créditos baratos (bajas tasas de interés), importaciones de bienes de consumo a bajo precio, en una economía dolarizada y una economía expansiva, apalancada por préstamos del exterior. Con la crisis económica (1999-2002) y el colapso de la economía (diciembre 2001-diciembre 2002), las clases medias vieron que sus cuentas bancarias se congelaron, perdieron sus empleos, los negocios se fueron a la bancarrota y la pobreza afectó a más de 50 por ciento de la población. El resultado es que las clases medias se "radicalizaron", salieron a las calles en rebelión masiva, protestando frente a los bancos, el Congreso y el palacio presidencial. En todas las grandes ciudades, los barrios de clase media formaron asambleas populares y fraternizaron con las organizaciones de desempleados (piqueteros), bloqueando todas las calles y carreteras importantes. Esa rebelión espontánea adoptó la consigna política de "¡Que se vayan todos!", lo cual reflejaba un rechazo al status quo neoliberal, pero también a cualquier solución radical. El sindicato de trabajadores de empleados públicos (CTA), de izquierda, o el del sector privado (CGT), de derecha, no aportaron mucho al liderazgo. Sólo algunos miembros jugaron cierto papel en los nuevos movimientos sociales de las "villas miseria", esas vastas barriadas urbanas. La izquierda y los partidos marxistas intervinieron para fragmentar el masivo movimiento de desempleados, mientras sobreideologizaban y disolvían las asambleas barriales de la clase media. A mediados de 2003, la clase media dio un giro hacia la política electoral y votó por Kirchner, quien hizo campaña como socialdemócrata de centroizquierda. A principios de 2003, subieron los precios de artículos de consumo significativamente. Argentina pospuso y luego redujo sus pagos de deuda. Kirchner estabilizó la economía y descongeló las cuentas bancarias de la clase media, que entonces viró hacia el centro.
En tanto, Kirchner sacó ventaja de la fragmentación del movimiento de los desempleados y coptó a muchos líderes, proporcionando 50 pesos al mes en subsidios para cada familia, comenzó un proceso selectivo de negociaciones y de exclusión, seguida de represión, lo cual aisló a los radicales de la izquierda reformista. En 2007, las principales luchas de clase implicaban a los empleados del sector público o a la clase media contra el régimen de Kirchner por el asunto de los salarios y las compensaciones. El movimiento de fábricas ocupadas fue coptado por el Estado. El de desempleados sigue existiendo, pero con mucho menor fuerza. La clase media, habiéndose recuperado y al gozar de gran crecimiento, se mueve de la centroizquierda a la centroderecha.
Argentina ilustra cómo la política de la clase media puede virar dramáticamente de la conformidad a la rebelión, pero al carecer de dirección política regresa a la derecha. Con estabilización, la clase media se escinde de los empleados públicos: aquélla apoya a los neoliberales, y los empleados públicos a la socialdemocracia.
El gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia tiene una masa electoral de pobres urbanos o rural-urbanos, pero los ministros de su gabinete son profesionales, burgueses, tecnócratas y abogados, junto con algunos líderes de movimientos que fueron coptados. Evo Morales combina la demagogia política para las masas, como "la nacionalización del petróleo y el gas" y "la reforma agraria", con prácticas liberales, como acordar proyectos conjuntos con todas las compañías internacionales importantes de petróleo y gas, y excluir a las grandes plantaciones "productivas", propiedad de la oligarquía, de la política de expropiación de la reforma agraria. Mientras tanto, la pequeña burguesía, que inicialmente ayudó a Evo Morales a pacificar a los indios y los trabajadores, se ha ido corriendo a la derecha. Además, dado que Morales respalda las políticas de estabilización macroeconómicas tipo Fondo Monetario Internacional, ha provocado que los principales sindicatos de empleados del sector público (en particular los profesores y los trabajadores de la salud) se vayan a huelga.
Las consecuencias para los movimientos, como en Brasil y Argentina, incluyen la fragmentación y el retorno de la clase media a la centroderecha. Se desmovilizan los grupos sociales y hay un descontento creciente entre el sector público de la clase media, pues las alzas a los salarios apenas exceden el incremento al costo de la vida, pese al vasto aumento de las entradas gubernamentales procedentes de los elevados precios de la exportación de minerales.
Los nuevos programas de centroizquierda de Lula, Kirchner y Morales son en realidad la nueva cara de la derecha neoliberal: los regímenes de centroizquierda han seguido las mismas políticas macroeconómicas, se niegan a revertir las ilegales privatizaciones emprendidas por los antiguos regímenes, mantienen las gruesas inequidades de clase y han debilitado a los movimientos sociales. Los regímenes de centroizquierda se estabilizaron por el estallido de los precios de los bienes de consumo y las plusvalías en el presupuesto y el comercio, lo cual les permite proporcionar programas mínimos de alivio a la pobreza. Su principal logro ha sido desmovilizar a la izquierda, restaurar la hegemonía capitalista y mantener cierto grado de autonomía de Estados Unidos por haber diversificado mercados mirando a Asia.
En los casos mencionados, el principal problema de los movimientos sociales fue el fracaso para desarrollar un liderazgo político y un programa para el poder estatal, y como tal tener que depender de los políticos electorales de la clase media profesional con movilidad ascendente. Tan pronto como los movimientos subordinan la política extraparlamentaria a los partidos, quedan atorados en las alianzas electorales entre los líderes de la clase media y los grandes capitalistas.
La centroizquierda -si saca ventaja de las condiciones económicas internacionales (como el alto precio de los bienes de consumo y la gran liquidez)- puede estabilizar la economía, bajar el desempleo y reducir la pobreza, pero no resolver los problemas básicos de un desarrollo desigual, el subempleo, la concentración de la riqueza y el poder, la explotación y las inequidades.
La relación de la izquierda con la clase media tiene una aproximación de izquierda y una de derecha. La de derecha implica no asumir las demandas anticapitalistas y antimperialistas, con el propósito de obtener el respaldo del sector privado de la clase media. Eso significa sacrificar los cambios estructurales favorecidos por la clase obrera, los campesinos y los desempleados en favor de las vagas promesas de empleo, estabilidad, protección de los negocios locales y crecimiento. La aproximación de la izquierda se dirige a apoyar al sector público de la clase media y oponerse a las medidas neoliberales, como la privatización, al tiempo que se apoya la nacionalización de las industrias básicas, los incrementos a sueldos y salarios, las pensiones y las garantías de seguridad social, salud pública y mayor educación. El reto principal para la izquierda es combinar la oposición del sector público de las clases medias al neoliberalismo con el anticapitalismo y antimperialismo, que propugnan los sectores militantes de los obreros y los campesinos.
Traducción: Ramón Vera Herrera
Sólo el comienzo
León Bendesky
Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con respecto a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) que aprobó la pasada legislatura, a finales del gobierno de Vicente Fox son, sin duda, relevantes. Pero es apenas la punta de un iceberg político con muchas aristas.
La invalidez constitucional de la ley Televisa, llamada así por haber sido prácticamente elaborada y pactada entre el Ejecutivo y esa empresa, con la complacencia, o incluso la complicidad de las cámaras de Diputados y Senadores, exhibe buena parte de la gran descomposición institucional que prevalece en el país.
El sentido común impone una reflexión esencial referida cuando menos a tres cuestiones. Primera, la actividad de un presidente, Fox, como promotor directo de intereses de empresas privadas casi monopólicas. Segunda, el que los encargados de hacer las leyes incurran en tan grave falta cuando, en este caso, se violaron tantos preceptos de la Constitución que han jurado cumplir. Tercera, el papel de las entidades reguladoras, en particular la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y la Comisión Federal de Competencia (CFC).
La SCJN puso en evidencia todas estas fallas del sistema político y, de paso, la fragilidad de lo que se denomina transición democrática. Frágil, precisamente por la disfuncionalidad de las instituciones necesarias para armarla y consolidarla.
De la presidencia de Vicente (y Marta) Fox es realmente notoria la rapidez con la que se desmorona la supuesta trayectoria de cambio que ofreció impulsar.
Pero son los funcionarios del gobierno y el Congreso los que salen en verdad lastimados de todo este embrollo. El ex secretario de Gobernación, ahora flamante coordinador de la fracción panista en el Senado, dijo que en la etapa en que se promulgó la ley Televisa estaba en el limbo político; el ex secretario de Comunicaciones y Transportes brilla por su ausencia. Los líderes priístas en las cámaras han sido desenmascarados como operadores de la ley a favor de las empresas de telecomunicaciones y no pueden desmentirlo. Los legisladores del PAN (con la notable excepción de Javier Corral) actuaron como comparsas y hasta se apropiaron de la Cofetel. Y el entonces jefe de la bancada de los diputados del PRD admitió ni siquiera haber leído la ley. Así se aprobó esta deformidad anticonstitucional, con unos diputados y senadores que votaron en un caso sicológico de esquizofrenia.
Por el lado de los reguladores, la Cofetel se integró las exigencias de una ley hecha a la medida de las dos empresas televisoras y la de telefonía, a cuya disposición se ponía el espectro radioeléctrico del país. Hoy, la Cofetel es inservible y la CFC muestra una vez más su inoperancia.
La SCJN determinó que no se puede, como se establecía en la malograda LFRT, obtener concesiones sin pago al Estado por el uso del espectro radioeléctrico. Es decir, que lo que es propiedad del Estado no se puede regalar. Además, no es válido otorgar concesiones a empresas privadas por 20 años que se refrenden de manera automática, y no se puede hacer mediante el instrumento de subastas, que sólo permiten a quienes tienen más recursos hacer uso de ese espectro en su propio beneficio.
Ello, claro está, dijo la Corte, va en contra de los derechos a la libre expresión, a la información y a la igualdad, y en contra de la rectoría económica del Estado sobre un bien público. Hay, pues, asuntos ligados a la utilización social de los medios de comunicación y a la prohibición de los monopolios. No debe olvidarse que ahora es técnicamente posible usar el espectro radioeléctrico para ofrecer una gama muy amplia de servicios (radio, televisión, telefonía, Internet, entre otros) y que esa industria está altamente concentrada, literalmente, en unas cuantas manos.
Nada de esto sabían en la oficina de la Presidencia, en Gobernación o en la Secretaría de Comunicaciones; nada de esto sabían en el Congreso y en la Cofetel o la CFC. Pero ahora que lo saben -y lo sabemos todos- nada garantiza que haya mayor espacio para que los ciudadanos ejerzan de modo más cabal esos derechos y libertades. La ley tendrá que rehacerse, y para ello queda el antecedente fijado por la SCJN, pero el entorno de los compromisos y el amiguismo interesado entre los políticos y los grandes empresarios de los medios de comunicación y las telecomunicaciones no se ha roto.
Esos compromisos son fuertes, como quedó demostrado en las pasadas elecciones presidenciales de 2006. El poder económico de las empresas involucradas es enorme y la voluntad de una reforma en este terreno es muy limitada. El secretario de Comunicaciones, Luis Téllez, tiene una papa caliente en las manos. En una reciente entrevista con Carmen Aristegui mostró la gran confusión que tiene sobre cómo acometer este asunto (puede incurrir incluso en conflicto de intereses como se supo cuando fue nombrado en su puesto) y lo absurdo que resulta la Cofetel como órgano regulador del sector. Reconoció abiertamente que uno de los comisionados, ahora alto funcionario en su secretaría, no cumplía con los requisitos fijados por la ley.
La verdad es que todo este caso sigue quedando en buena medida en las mismas manos de los funcionarios y los legisladores y los intereses políticos y económicos que hicieron la ley anterior. Habrá que ver hasta dónde querrá llegar Felipe Calderón para impulsar una verdadera reforma en un sector que es clave para esta sociedad. Todos quedan a prueba.
Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con respecto a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) que aprobó la pasada legislatura, a finales del gobierno de Vicente Fox son, sin duda, relevantes. Pero es apenas la punta de un iceberg político con muchas aristas.
La invalidez constitucional de la ley Televisa, llamada así por haber sido prácticamente elaborada y pactada entre el Ejecutivo y esa empresa, con la complacencia, o incluso la complicidad de las cámaras de Diputados y Senadores, exhibe buena parte de la gran descomposición institucional que prevalece en el país.
El sentido común impone una reflexión esencial referida cuando menos a tres cuestiones. Primera, la actividad de un presidente, Fox, como promotor directo de intereses de empresas privadas casi monopólicas. Segunda, el que los encargados de hacer las leyes incurran en tan grave falta cuando, en este caso, se violaron tantos preceptos de la Constitución que han jurado cumplir. Tercera, el papel de las entidades reguladoras, en particular la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y la Comisión Federal de Competencia (CFC).
La SCJN puso en evidencia todas estas fallas del sistema político y, de paso, la fragilidad de lo que se denomina transición democrática. Frágil, precisamente por la disfuncionalidad de las instituciones necesarias para armarla y consolidarla.
De la presidencia de Vicente (y Marta) Fox es realmente notoria la rapidez con la que se desmorona la supuesta trayectoria de cambio que ofreció impulsar.
Pero son los funcionarios del gobierno y el Congreso los que salen en verdad lastimados de todo este embrollo. El ex secretario de Gobernación, ahora flamante coordinador de la fracción panista en el Senado, dijo que en la etapa en que se promulgó la ley Televisa estaba en el limbo político; el ex secretario de Comunicaciones y Transportes brilla por su ausencia. Los líderes priístas en las cámaras han sido desenmascarados como operadores de la ley a favor de las empresas de telecomunicaciones y no pueden desmentirlo. Los legisladores del PAN (con la notable excepción de Javier Corral) actuaron como comparsas y hasta se apropiaron de la Cofetel. Y el entonces jefe de la bancada de los diputados del PRD admitió ni siquiera haber leído la ley. Así se aprobó esta deformidad anticonstitucional, con unos diputados y senadores que votaron en un caso sicológico de esquizofrenia.
Por el lado de los reguladores, la Cofetel se integró las exigencias de una ley hecha a la medida de las dos empresas televisoras y la de telefonía, a cuya disposición se ponía el espectro radioeléctrico del país. Hoy, la Cofetel es inservible y la CFC muestra una vez más su inoperancia.
La SCJN determinó que no se puede, como se establecía en la malograda LFRT, obtener concesiones sin pago al Estado por el uso del espectro radioeléctrico. Es decir, que lo que es propiedad del Estado no se puede regalar. Además, no es válido otorgar concesiones a empresas privadas por 20 años que se refrenden de manera automática, y no se puede hacer mediante el instrumento de subastas, que sólo permiten a quienes tienen más recursos hacer uso de ese espectro en su propio beneficio.
Ello, claro está, dijo la Corte, va en contra de los derechos a la libre expresión, a la información y a la igualdad, y en contra de la rectoría económica del Estado sobre un bien público. Hay, pues, asuntos ligados a la utilización social de los medios de comunicación y a la prohibición de los monopolios. No debe olvidarse que ahora es técnicamente posible usar el espectro radioeléctrico para ofrecer una gama muy amplia de servicios (radio, televisión, telefonía, Internet, entre otros) y que esa industria está altamente concentrada, literalmente, en unas cuantas manos.
Nada de esto sabían en la oficina de la Presidencia, en Gobernación o en la Secretaría de Comunicaciones; nada de esto sabían en el Congreso y en la Cofetel o la CFC. Pero ahora que lo saben -y lo sabemos todos- nada garantiza que haya mayor espacio para que los ciudadanos ejerzan de modo más cabal esos derechos y libertades. La ley tendrá que rehacerse, y para ello queda el antecedente fijado por la SCJN, pero el entorno de los compromisos y el amiguismo interesado entre los políticos y los grandes empresarios de los medios de comunicación y las telecomunicaciones no se ha roto.
Esos compromisos son fuertes, como quedó demostrado en las pasadas elecciones presidenciales de 2006. El poder económico de las empresas involucradas es enorme y la voluntad de una reforma en este terreno es muy limitada. El secretario de Comunicaciones, Luis Téllez, tiene una papa caliente en las manos. En una reciente entrevista con Carmen Aristegui mostró la gran confusión que tiene sobre cómo acometer este asunto (puede incurrir incluso en conflicto de intereses como se supo cuando fue nombrado en su puesto) y lo absurdo que resulta la Cofetel como órgano regulador del sector. Reconoció abiertamente que uno de los comisionados, ahora alto funcionario en su secretaría, no cumplía con los requisitos fijados por la ley.
La verdad es que todo este caso sigue quedando en buena medida en las mismas manos de los funcionarios y los legisladores y los intereses políticos y económicos que hicieron la ley anterior. Habrá que ver hasta dónde querrá llegar Felipe Calderón para impulsar una verdadera reforma en un sector que es clave para esta sociedad. Todos quedan a prueba.
La Corte en su encrucijada
Bernardo Bátiz V.
Da, finalmente, la Suprema Corte de Justicia un paso correcto en su zigzagueante camino; deja entrever sus posibilidades, como uno de los tres poderes, el garante de la constitucionalidad de los actos de los otros dos y vigilante del cumplimiento de la ley.
Fue un caso extremo sin duda el que la atención pública puso su mirada; se trató desde un principio del singular enfrentamiento entre un poder informal, enorme y aplastante, inmisericorde y temible, como es el de las televisoras, y la voluntad decidida de un puñado de ciudadanos, que fueron senadores y en tal carácter impulsaron el recurso y ahora ya concluido su cargo, continuaron su empeño justiciero con gran valor civil e inusual consistencia y tenacidad. Qué bueno sería que los reflectores de la opinión pública y de la crítica estuvieran presentes en todos los casos relevantes que están en manos del llamado máximo tribunal del país.
Destacaron por su presencia más constante, hablando, escribiendo, exigiendo que se corrigiera el entuerto de una ley elaborada por los mismos que con ella se iban a beneficiar: Javier Corral y Manuel Bartlett; este último después de una larga vida al servicio del sistema, como político duro envuelto siempre en conflictos y criticas, más bien con mala fama que con buena, rescata su imagen ya en el declive, más vale tarde que nunca, y el primero, Javier Corral, mucho más joven, panista muy diferente a sus compañeros de partido, poniendo en juego y en riesgo grave (las televisoras no tiran con flores ni con bolitas de papel), su, esperemos, larga y prometedora carrera política. Hay como se ve con su ejemplo, panistas de otro temple y con la mira en puntos de vista que no son los grandes negocios, el tráfico de influencias y el protagonismo vacío y de opereta que ahora gusta a los del partido azul.
Es bueno recordar que en su momento se enfrentó al llamado jefe Diego en varios asuntos, personaje tan aguerrido como él, sólo que metido siempre en causas tortuosas y de beneficio personal.
Corral (¿cuánto durará en el PAN?) se ha empeñado con entereza y desde hace ya algún tiempo en la lucha más importante de nuestra época. Después de defenestrar al PRI de Los Pinos y de que se mantuvo en el Gobierno del Distrito Federal el PRD, simultáneamente en el año 2000, lo que se veía en ese momento como el paso más importante en materia de democratización y elevación de la política era la lucha con el más temible de los poderes informales, por su potencial para causar daños, por su fuerza económica y por su capacidad inmoral de manipulación. A un enemigo así vale la pena enfrentarlo, aun a riesgo de perder la partida, porque, como ya se ve, no se dan por vencidos y ya están en busca de formas de eludir la resolución de la Corte. Cabe a Corral esta cita de uno de los discursos de José Vasconcelos: "todo el que acepta la pelea por una causa justa, sin preguntarse si puede o no vencer; todo el que es capaz de aceptar de antemano la derrota, si cree que el honor impone librar la batalla, es un héroe y también un Quijote".
La Suprema Corte, por otra parte, esta otra vez en la encrucijada; tiene pendientes varios casos importantes, entre ellos el de las violaciones a los derechos humanos en Oaxaca y el de la periodista Lydia Cacho; veremos qué camino toma en estos casos, especialmente en el de Oaxaca, donde la venganza del gobernador se ceba sobre ciudadanos que por expresar su repudio a su pésimo gobierno están ahora sujetos no sólo a procesos injustos, sino también a vejaciones y arbitrariedades, dispersos en cárceles lejanas de su lugar de origen y con prohibiciones absurdas como las de no poder tener libros en su celda o infinidad de dificultades para recibir visitas de familiares y abogados.
En este caso, el discreto pero eficaz ministro Juan Silva Meza formuló un proyecto en favor de constituir una comisión investigadora, con fundamento en el polémico artículo 97 de la Constitución, alguna vez descalificado por un insensible colega suyo. La propuesta es favorable, entre otras cosas, porque es difícil negar la evidencia de los tratos dados a los ciudadanos oaxaqueños.
Veremos si la Corte continúa por el camino que ha tomado en el caso de la Ley Federal de Radio y Televisión o bien vuelve a desbarrar, como sucedió en los de la usura bancaria, la absolución a Espinosa Villarreal o el fallo a favor de la propiedad privada, aun a costa del bien público, en el pleito de la Cooperativa Pascual defendiendo la propiedad que se le dio en pago por un laudo de la Junta y del Gobierno de la ciudad de México defendiendo una fuente de empleo y una zona con vocación no habitacional de la urbe.
Da, finalmente, la Suprema Corte de Justicia un paso correcto en su zigzagueante camino; deja entrever sus posibilidades, como uno de los tres poderes, el garante de la constitucionalidad de los actos de los otros dos y vigilante del cumplimiento de la ley.
Fue un caso extremo sin duda el que la atención pública puso su mirada; se trató desde un principio del singular enfrentamiento entre un poder informal, enorme y aplastante, inmisericorde y temible, como es el de las televisoras, y la voluntad decidida de un puñado de ciudadanos, que fueron senadores y en tal carácter impulsaron el recurso y ahora ya concluido su cargo, continuaron su empeño justiciero con gran valor civil e inusual consistencia y tenacidad. Qué bueno sería que los reflectores de la opinión pública y de la crítica estuvieran presentes en todos los casos relevantes que están en manos del llamado máximo tribunal del país.
Destacaron por su presencia más constante, hablando, escribiendo, exigiendo que se corrigiera el entuerto de una ley elaborada por los mismos que con ella se iban a beneficiar: Javier Corral y Manuel Bartlett; este último después de una larga vida al servicio del sistema, como político duro envuelto siempre en conflictos y criticas, más bien con mala fama que con buena, rescata su imagen ya en el declive, más vale tarde que nunca, y el primero, Javier Corral, mucho más joven, panista muy diferente a sus compañeros de partido, poniendo en juego y en riesgo grave (las televisoras no tiran con flores ni con bolitas de papel), su, esperemos, larga y prometedora carrera política. Hay como se ve con su ejemplo, panistas de otro temple y con la mira en puntos de vista que no son los grandes negocios, el tráfico de influencias y el protagonismo vacío y de opereta que ahora gusta a los del partido azul.
Es bueno recordar que en su momento se enfrentó al llamado jefe Diego en varios asuntos, personaje tan aguerrido como él, sólo que metido siempre en causas tortuosas y de beneficio personal.
Corral (¿cuánto durará en el PAN?) se ha empeñado con entereza y desde hace ya algún tiempo en la lucha más importante de nuestra época. Después de defenestrar al PRI de Los Pinos y de que se mantuvo en el Gobierno del Distrito Federal el PRD, simultáneamente en el año 2000, lo que se veía en ese momento como el paso más importante en materia de democratización y elevación de la política era la lucha con el más temible de los poderes informales, por su potencial para causar daños, por su fuerza económica y por su capacidad inmoral de manipulación. A un enemigo así vale la pena enfrentarlo, aun a riesgo de perder la partida, porque, como ya se ve, no se dan por vencidos y ya están en busca de formas de eludir la resolución de la Corte. Cabe a Corral esta cita de uno de los discursos de José Vasconcelos: "todo el que acepta la pelea por una causa justa, sin preguntarse si puede o no vencer; todo el que es capaz de aceptar de antemano la derrota, si cree que el honor impone librar la batalla, es un héroe y también un Quijote".
La Suprema Corte, por otra parte, esta otra vez en la encrucijada; tiene pendientes varios casos importantes, entre ellos el de las violaciones a los derechos humanos en Oaxaca y el de la periodista Lydia Cacho; veremos qué camino toma en estos casos, especialmente en el de Oaxaca, donde la venganza del gobernador se ceba sobre ciudadanos que por expresar su repudio a su pésimo gobierno están ahora sujetos no sólo a procesos injustos, sino también a vejaciones y arbitrariedades, dispersos en cárceles lejanas de su lugar de origen y con prohibiciones absurdas como las de no poder tener libros en su celda o infinidad de dificultades para recibir visitas de familiares y abogados.
En este caso, el discreto pero eficaz ministro Juan Silva Meza formuló un proyecto en favor de constituir una comisión investigadora, con fundamento en el polémico artículo 97 de la Constitución, alguna vez descalificado por un insensible colega suyo. La propuesta es favorable, entre otras cosas, porque es difícil negar la evidencia de los tratos dados a los ciudadanos oaxaqueños.
Veremos si la Corte continúa por el camino que ha tomado en el caso de la Ley Federal de Radio y Televisión o bien vuelve a desbarrar, como sucedió en los de la usura bancaria, la absolución a Espinosa Villarreal o el fallo a favor de la propiedad privada, aun a costa del bien público, en el pleito de la Cooperativa Pascual defendiendo la propiedad que se le dio en pago por un laudo de la Junta y del Gobierno de la ciudad de México defendiendo una fuente de empleo y una zona con vocación no habitacional de la urbe.
La seguridad nacional en los siguientes 10 años
Javier Oliva Posada
En un lapso de solamente una semana, del 4 al 10 junio, las relaciones entre México y Estados Unidos entraron en una etapa de definiciones cruciales en materia de seguridad para el continente americano. Todo comenzó en la votación del Senado estadunidense el pasado martes 5 de junio, cuando los conservadores impusieron su peso político e impidieron, de momento, una reforma migratoria que logre estabilizar la vida y acceso a servicios en ese país de millones de trabajadores ilegales. Quizá por ese rechazo, ni un solo senador asistió a la 46 reunión interparlamentaria, realizada en Austin, Texas, del 7 al 9 de junio. Allí la exigencia de la oposición en México, de analistas y medios de comunicación, fue que los gobiernos de ambos países especifiquen la eventualidad para la aplicación de un amplio programa contra el narcotráfico, cuyo principal y cuestionable antecedente (por sus pocos resultados) es el denominado Plan Colombia.
Mientras tanto, el viernes 8, el presidente de la República, Felipe Calderón, sostenía una reunión con su homólogo de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, en el contexto de la reunión del G-8 en Heiligendamm, Alemania. El tema central fue no la migración de mexicanos a Estados Unidos, sino la forma en que uno y otro pueden hacerle frente al desafío del narcotráfico. Ese mismo día, ahora en Jiutepec, Morelos, Alberto Gonsalez, jefe del Departamento de Justicia estadunidense, y Eduardo Medina Mora, responsable de la Procuraduría General de la República, anunciaban el inicio de medidas encaminadas a tratar de disminuir el tráfico de armas de ese país al nuestro. Cabe recordar que en esta reunión participaron sus homólogos de Centroamérica y Colombia.
Todos estos acontecimientos fueron precedidos por las declaraciones del titular del Ejecutivo mexicano, en la víspera de su gira por Europa, a propósito de que no sabía si Estados Unidos apoyaba o no a su gobierno en la lucha contra el narcotráfico, además de exigir a la Casa Blanca un mayor compromiso para inhibir el consumo de drogas en esa nación. Así que como puede observarse en este apretadísimo resumen, la dinámica demuestra qué tan importantes son las relaciones bilaterales en este momento, pero también dejan en claro cuáles serán los pasos a seguir en la construcción de un acuerdo continental en materia de seguridad regional.
Establecer un proyecto de seguridad continental, comenzando por los criterios geopolíticos, conduce a que sean las áreas geográficas de cercanía las incluidas en los primeros pasos en ese sentido. Pueden ser polémicos, que vulneren la soberanía nacional, pero lo cierto es que de parte de los gobiernos mexicanos en los tres sexenios anteriores, y lo que ha transcurrido del actual, las condiciones para una suma e inclusión de México a medidas de corte continental ya existen. Desde las reformas a la Constitución hasta la creación de leyes secundarias, sobre todo en el sexenio de Vicente Fox; el terreno está listo. Falta nuestro proceso político doméstico. Es allí donde el problema no parece tan fácil como en el jurídico y el diplomático.
La revelación (La Jornada, 9/6/07) del congresista Silvestre Reyes respecto de que fue un desliz o una indiscreción su revelación sobre el grado de avance de las negociaciones a petición del gobierno mexicano, en materia de lucha contra el narcotráfico, parece poco creíble cuando la posición de Reyes es la del presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Así las cosas, es de prever más y profundas acciones diplomáticas y políticas para alcanzar el objetivo planteado en la Reunión de Seguridad Hemisférica, realizada en la ciudad de México en octubre de 2003. En aquella ocasión, la conclusión fue que los principales riesgos para la seguridad del continente son: terrorismo y narcotráfico. Problemas como la pobreza y la marginación, los dejamos para después.
En un lapso de solamente una semana, del 4 al 10 junio, las relaciones entre México y Estados Unidos entraron en una etapa de definiciones cruciales en materia de seguridad para el continente americano. Todo comenzó en la votación del Senado estadunidense el pasado martes 5 de junio, cuando los conservadores impusieron su peso político e impidieron, de momento, una reforma migratoria que logre estabilizar la vida y acceso a servicios en ese país de millones de trabajadores ilegales. Quizá por ese rechazo, ni un solo senador asistió a la 46 reunión interparlamentaria, realizada en Austin, Texas, del 7 al 9 de junio. Allí la exigencia de la oposición en México, de analistas y medios de comunicación, fue que los gobiernos de ambos países especifiquen la eventualidad para la aplicación de un amplio programa contra el narcotráfico, cuyo principal y cuestionable antecedente (por sus pocos resultados) es el denominado Plan Colombia.
Mientras tanto, el viernes 8, el presidente de la República, Felipe Calderón, sostenía una reunión con su homólogo de Estados Unidos y el primer ministro de Canadá, en el contexto de la reunión del G-8 en Heiligendamm, Alemania. El tema central fue no la migración de mexicanos a Estados Unidos, sino la forma en que uno y otro pueden hacerle frente al desafío del narcotráfico. Ese mismo día, ahora en Jiutepec, Morelos, Alberto Gonsalez, jefe del Departamento de Justicia estadunidense, y Eduardo Medina Mora, responsable de la Procuraduría General de la República, anunciaban el inicio de medidas encaminadas a tratar de disminuir el tráfico de armas de ese país al nuestro. Cabe recordar que en esta reunión participaron sus homólogos de Centroamérica y Colombia.
Todos estos acontecimientos fueron precedidos por las declaraciones del titular del Ejecutivo mexicano, en la víspera de su gira por Europa, a propósito de que no sabía si Estados Unidos apoyaba o no a su gobierno en la lucha contra el narcotráfico, además de exigir a la Casa Blanca un mayor compromiso para inhibir el consumo de drogas en esa nación. Así que como puede observarse en este apretadísimo resumen, la dinámica demuestra qué tan importantes son las relaciones bilaterales en este momento, pero también dejan en claro cuáles serán los pasos a seguir en la construcción de un acuerdo continental en materia de seguridad regional.
Establecer un proyecto de seguridad continental, comenzando por los criterios geopolíticos, conduce a que sean las áreas geográficas de cercanía las incluidas en los primeros pasos en ese sentido. Pueden ser polémicos, que vulneren la soberanía nacional, pero lo cierto es que de parte de los gobiernos mexicanos en los tres sexenios anteriores, y lo que ha transcurrido del actual, las condiciones para una suma e inclusión de México a medidas de corte continental ya existen. Desde las reformas a la Constitución hasta la creación de leyes secundarias, sobre todo en el sexenio de Vicente Fox; el terreno está listo. Falta nuestro proceso político doméstico. Es allí donde el problema no parece tan fácil como en el jurídico y el diplomático.
La revelación (La Jornada, 9/6/07) del congresista Silvestre Reyes respecto de que fue un desliz o una indiscreción su revelación sobre el grado de avance de las negociaciones a petición del gobierno mexicano, en materia de lucha contra el narcotráfico, parece poco creíble cuando la posición de Reyes es la del presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Así las cosas, es de prever más y profundas acciones diplomáticas y políticas para alcanzar el objetivo planteado en la Reunión de Seguridad Hemisférica, realizada en la ciudad de México en octubre de 2003. En aquella ocasión, la conclusión fue que los principales riesgos para la seguridad del continente son: terrorismo y narcotráfico. Problemas como la pobreza y la marginación, los dejamos para después.
Aspirinas contra el calentamiento global
Iván Restrepo
Cuando le conviene, nuestro vecino del norte y socio comercial se muestra muy exigente con terceros países al exigir el cumplimiento de normas estrictas en favor de la salud y el ambiente. Así pasa, por ejemplo, cuando detiene en la frontera cargamentos de melón, jitomate o fresa alegando que contienen residuos de plaguicidas, razón por la que no pueden estar en la mesa de los estadunidenses. Se ha probado varias veces que ese celo protector es para resguardar las cosechas agrícolas locales y reducir las importaciones de otros países.
Pero a veces en el propio Estados Unidos hay sorpresas. Un ejemplo: a finales del año pasado una docena de estados y varias ciudades acusaron al gobierno federal ante la Suprema Corte por no regular las emisiones de gases que producen sus coches y camiones, pues ello afecta la salud pública y contribuye al calentamiento global. Entre los que formularon la demanda destacan California y Massachussets, también ciudades más importantes, como Los Angeles, Boston y Nueva York. A la petición se sumaron los grupos ambientalistas más influyentes.
Alegaron entonces que la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés) debe regular todo lo relativo a la Ley del Aire Limpio, arma principal que tienen para luchar contra la contaminación atmosférica ocasionada principalmente por la industria y el transporte automotriz. Los demandantes mencionaban en especial al dióxido de carbono, gas que debe estar sujeto a regulación estricta. Varios estados, incluido California, aprobaron ya normas avanzadas para limitar la emisión de ese y otros gases causantes del efecto invernadero y el calentamiento global.
La administración de Bush alegó siempre que no le correspondía intervenir en esos asuntos, pues la regulación de las emisiones era tarea de cada empresa y del sector productivo. La Corte analizó detenidamente el caso y finalmente dio la razón a los inconformes. Esto, pese a que dicho tribunal, dominado por el ala conservadora, es complaciente con el presidente Bush, como ocurre con los presos concentrados en Guantánamo y en el tema del aborto.
Cuando su popularidad está por los suelos y la mayoría demócrata en el Congreso le cuestiona sus políticas internas y externas, Bush tuvo que acatar el fallo. Y como una primera forma de cumplirlo, en un acto especial exigió a los titulares de transporte, agricultura, energía y a la EPA adoptar nueva normas para reducir el consumo de gasolina y diesel. No dejó de subrayar que así cumplía con el mandato de la Corte e inclusive habló de que es urgente reducir los severos riesgos que corre su país por consumir tanto petróleo, por ser el derrochador por excelencia de hidrocarburos en el planeta y depender extremadamente de otros yacimientos. Asimismo, señaló que hoy, a causa de la acción de regímenes que le son hostiles y por el terrorismo, Estados Unidos es muy vulnerable energéticamente, por lo que debe bajar su consumo de gasolina, depender menos del exterior (¿de Venezuela, Medio Oriente, México?) y cuidar sus reservas petroleras.
La primera meta propuesta es reducir una quinta parte el consumo de gasolina en los próximos 10 años, algo insuficiente. Dado que Bush termina su mandato el año próximo pide que los programas de ahorro se intensifiquen desde ahora, lo mismo que "revolucionar" tecnológicamente a la industria, en especial la automotriz, para que produzca vehículos que ahorren energía y contaminen menos.
Modernizar su aparato industrial puede beneficiar a México, porque así los vehículos nuevos y los paquetes tecnológicos provenientes del vecino país serán más limpios ecológicamente, lo que contrastaría con los miles de autos usados muy contaminantes (los chocolate) que se traen ilegalmente del otro lado y circulan por nuestras ciudades y carreteras.
Bush receta aspirinas al enfermo cuando necesita una intervención quirúrgica. Como se comprobó en la reciente reunión del G-8, el texano tiene su propio modelo contra el calentamiento global, ajeno al de la comunidad de naciones. Entre otras cosas, descarta atacar sus principales causas, como el derroche energético de su país, alentado por las poderosas compañías petroleras.
Cuando le conviene, nuestro vecino del norte y socio comercial se muestra muy exigente con terceros países al exigir el cumplimiento de normas estrictas en favor de la salud y el ambiente. Así pasa, por ejemplo, cuando detiene en la frontera cargamentos de melón, jitomate o fresa alegando que contienen residuos de plaguicidas, razón por la que no pueden estar en la mesa de los estadunidenses. Se ha probado varias veces que ese celo protector es para resguardar las cosechas agrícolas locales y reducir las importaciones de otros países.
Pero a veces en el propio Estados Unidos hay sorpresas. Un ejemplo: a finales del año pasado una docena de estados y varias ciudades acusaron al gobierno federal ante la Suprema Corte por no regular las emisiones de gases que producen sus coches y camiones, pues ello afecta la salud pública y contribuye al calentamiento global. Entre los que formularon la demanda destacan California y Massachussets, también ciudades más importantes, como Los Angeles, Boston y Nueva York. A la petición se sumaron los grupos ambientalistas más influyentes.
Alegaron entonces que la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés) debe regular todo lo relativo a la Ley del Aire Limpio, arma principal que tienen para luchar contra la contaminación atmosférica ocasionada principalmente por la industria y el transporte automotriz. Los demandantes mencionaban en especial al dióxido de carbono, gas que debe estar sujeto a regulación estricta. Varios estados, incluido California, aprobaron ya normas avanzadas para limitar la emisión de ese y otros gases causantes del efecto invernadero y el calentamiento global.
La administración de Bush alegó siempre que no le correspondía intervenir en esos asuntos, pues la regulación de las emisiones era tarea de cada empresa y del sector productivo. La Corte analizó detenidamente el caso y finalmente dio la razón a los inconformes. Esto, pese a que dicho tribunal, dominado por el ala conservadora, es complaciente con el presidente Bush, como ocurre con los presos concentrados en Guantánamo y en el tema del aborto.
Cuando su popularidad está por los suelos y la mayoría demócrata en el Congreso le cuestiona sus políticas internas y externas, Bush tuvo que acatar el fallo. Y como una primera forma de cumplirlo, en un acto especial exigió a los titulares de transporte, agricultura, energía y a la EPA adoptar nueva normas para reducir el consumo de gasolina y diesel. No dejó de subrayar que así cumplía con el mandato de la Corte e inclusive habló de que es urgente reducir los severos riesgos que corre su país por consumir tanto petróleo, por ser el derrochador por excelencia de hidrocarburos en el planeta y depender extremadamente de otros yacimientos. Asimismo, señaló que hoy, a causa de la acción de regímenes que le son hostiles y por el terrorismo, Estados Unidos es muy vulnerable energéticamente, por lo que debe bajar su consumo de gasolina, depender menos del exterior (¿de Venezuela, Medio Oriente, México?) y cuidar sus reservas petroleras.
La primera meta propuesta es reducir una quinta parte el consumo de gasolina en los próximos 10 años, algo insuficiente. Dado que Bush termina su mandato el año próximo pide que los programas de ahorro se intensifiquen desde ahora, lo mismo que "revolucionar" tecnológicamente a la industria, en especial la automotriz, para que produzca vehículos que ahorren energía y contaminen menos.
Modernizar su aparato industrial puede beneficiar a México, porque así los vehículos nuevos y los paquetes tecnológicos provenientes del vecino país serán más limpios ecológicamente, lo que contrastaría con los miles de autos usados muy contaminantes (los chocolate) que se traen ilegalmente del otro lado y circulan por nuestras ciudades y carreteras.
Bush receta aspirinas al enfermo cuando necesita una intervención quirúrgica. Como se comprobó en la reciente reunión del G-8, el texano tiene su propio modelo contra el calentamiento global, ajeno al de la comunidad de naciones. Entre otras cosas, descarta atacar sus principales causas, como el derroche energético de su país, alentado por las poderosas compañías petroleras.
Se lee cada cosa...
Gustavo Iruegas
La versión 2007-2012 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) es malísima. Lo que destaca en él es la incongruencia, pues asegura que "en la democracia, la soberanía reside en los ciudadanos, quienes eligen a otros ciudadanos para que en su representación asuman cargos públicos y tomen las decisiones más pertinentes para lograr el desarrollo económico y social del país". Luego entonces ¿para qué quiere alguien un PND? Dividido en cinco "ejes" (léase capítulos) contiene uno que, en un ejercicio de conectividad que envidiarían los punteros de la industria electrónica, se titula: "5. Democracia efectiva y política exterior responsable".
Separando los dos inconexos conceptos encontramos en el primero, "Democracia efectiva", un escandaloso alarde de cinismo cuando se atreve a decir: "Para que una democracia sea realmente efectiva, tiene que traducir los resultados de las urnas en mandatos que impacten positiva y claramente en el bienestar de los ciudadanos". El segundo, "Política exterior responsable", es toda una promesa. Seguramente alude a la responsabilidad que cabe a los ejecutores de la misma en el caso de que, como en el de sus antecesores, no pongan la atención y el cuidado necesarios en su actuación. Sin embargo, por la manera en que está usado el sentido del término responsable parece ser el contrario de irresponsable que, relativo a un acto, revela falta de previsión o meditación. Por lo tanto, deberíamos esperar una política exterior cuidadosa y medida en sus actos y omisiones. ¡Qué compromiso!
La pobreza del texto se hace notar desde el primer párrafo del introito, cargado de fallida grandilocuencia y repleto de enunciados fatuos y declamatorios: "El compromiso con el Bien Común y la dignidad de las personas debe reflejarse a su vez en una política exterior responsable, clara y activa, mediante la cual México sea un auténtico promotor del desarrollo humano de los pueblos en todos los órdenes de la vida social. La política exterior debe servir como palanca para promover el Desarrollo Humano Sustentable. Esto significa utilizar la política exterior para mejorar los niveles de vida de los mexicanos, tanto de los que viven en el territorio nacional como de los migrantes. De igual forma, la inserción de México en el concierto de las naciones requiere una acción resuelta que identifique nítidamente al país como una opción atractiva y segura para invertir, con la finalidad de generar los empleos que los mexicanos demandan para desarrollarse a plenitud".
Para que México sea "un auténtico promotor del desarrollo humano de los pueblos" se requeriría que hubiera sido capaz de promover el de su propio pueblo y, como es sabido, los gobiernos neoliberales, priístas y panistas, electos y factuales, se han dedicado a su bien particular y a degradar a las mayorías antes que al bien común y la dignidad de las personas. La supuesta pretensión de mejorar el nivel de vida de los mexicanos que viven en territorio nacional, así como el de los migrantes, parecería ignorar que los que emigran se van para ganar 10 veces más de lo que percibirían aquí y que los inversionistas extranjeros invierten en México para pagar 10 veces menos de lo que pagarían en sus países de origen. En realidad los redactores no ignoran la vigencia de esta fórmula, pero la ocultan deliberadamente y entregan un documento fatuo y mendaz que no tiene más propósito que llenar un requisito de la ley de planeación, tan demagógica y falaz como el mismo PND.
El "subeje" política exterior responsable incluye cinco objetivos que se cuentan a partir del sexto y consisten en:
6. Apoyar el desarrollo económico, social y político del país, a partir de una efectiva inserción de México en el mundo. Este objetivo ya está logrado porque México ya está "inserto" en el mundo, a menos que seamos marcianos;
7. Contribuir a los esfuerzos de la comunidad internacional para ampliar la vigencia de los valores y principios democráticos, las libertades fundamentales y los derechos humanos, así como el desarrollo sustentable. Facilito porque en todos estos temas tenemos un historial ejemplar y un desempeño impecable, como demuestran los informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
8. Impulsar la proyección de México en el entorno internacional. Proyectar al país es difícil porque pesa mucho y el entorno internacional se molestaría por el golpazo. Por lo tanto, es de pensarse que se trataría de proyectar una imagen que, si falsa, mal, y si realista, peor. Ante el dilema cabe preguntarse: ¿qué estarían pensando? o mejor aún ¿estarían pensando?
9. Proteger y promover activamente los derechos de los mexicanos en el exterior. ¿Sabrá la administración enumerar esos derechos? ¿Sabrá que está obligada a defender lo que les interesa aunque no sea su derecho?
10. Construir una nueva cultura de la migración. Este es un objetivo verdaderamente desfachatado. Pretendidamente orientado a la inmigración de los centroamericanos -a los que debería dárseles un trato equivalente al que queremos para nuestros emigrados, aunque en realidad se les aplica una versión más severa del que los mexicanos reciben en el norte-, la administración conversa con su contraparte estadunidense acerca de cómo detener ese flujo, incluso con un muro, no altamente tecnificado. sino más bien artesanal, en la frontera sur.
Como quizá haya podido observarse, el propósito de estas líneas es disuadir a los interesados en la política exterior del dispendio de su tiempo que significaría la lectura de este torcido e inoperante texto. Más recomendable sería ocuparse de aquello de lo que la administración espuria no habla, aunque debería, como es el muro; así como de aquello de lo que no debería hablar, pero habla, como ASPAN.
La versión 2007-2012 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) es malísima. Lo que destaca en él es la incongruencia, pues asegura que "en la democracia, la soberanía reside en los ciudadanos, quienes eligen a otros ciudadanos para que en su representación asuman cargos públicos y tomen las decisiones más pertinentes para lograr el desarrollo económico y social del país". Luego entonces ¿para qué quiere alguien un PND? Dividido en cinco "ejes" (léase capítulos) contiene uno que, en un ejercicio de conectividad que envidiarían los punteros de la industria electrónica, se titula: "5. Democracia efectiva y política exterior responsable".
Separando los dos inconexos conceptos encontramos en el primero, "Democracia efectiva", un escandaloso alarde de cinismo cuando se atreve a decir: "Para que una democracia sea realmente efectiva, tiene que traducir los resultados de las urnas en mandatos que impacten positiva y claramente en el bienestar de los ciudadanos". El segundo, "Política exterior responsable", es toda una promesa. Seguramente alude a la responsabilidad que cabe a los ejecutores de la misma en el caso de que, como en el de sus antecesores, no pongan la atención y el cuidado necesarios en su actuación. Sin embargo, por la manera en que está usado el sentido del término responsable parece ser el contrario de irresponsable que, relativo a un acto, revela falta de previsión o meditación. Por lo tanto, deberíamos esperar una política exterior cuidadosa y medida en sus actos y omisiones. ¡Qué compromiso!
La pobreza del texto se hace notar desde el primer párrafo del introito, cargado de fallida grandilocuencia y repleto de enunciados fatuos y declamatorios: "El compromiso con el Bien Común y la dignidad de las personas debe reflejarse a su vez en una política exterior responsable, clara y activa, mediante la cual México sea un auténtico promotor del desarrollo humano de los pueblos en todos los órdenes de la vida social. La política exterior debe servir como palanca para promover el Desarrollo Humano Sustentable. Esto significa utilizar la política exterior para mejorar los niveles de vida de los mexicanos, tanto de los que viven en el territorio nacional como de los migrantes. De igual forma, la inserción de México en el concierto de las naciones requiere una acción resuelta que identifique nítidamente al país como una opción atractiva y segura para invertir, con la finalidad de generar los empleos que los mexicanos demandan para desarrollarse a plenitud".
Para que México sea "un auténtico promotor del desarrollo humano de los pueblos" se requeriría que hubiera sido capaz de promover el de su propio pueblo y, como es sabido, los gobiernos neoliberales, priístas y panistas, electos y factuales, se han dedicado a su bien particular y a degradar a las mayorías antes que al bien común y la dignidad de las personas. La supuesta pretensión de mejorar el nivel de vida de los mexicanos que viven en territorio nacional, así como el de los migrantes, parecería ignorar que los que emigran se van para ganar 10 veces más de lo que percibirían aquí y que los inversionistas extranjeros invierten en México para pagar 10 veces menos de lo que pagarían en sus países de origen. En realidad los redactores no ignoran la vigencia de esta fórmula, pero la ocultan deliberadamente y entregan un documento fatuo y mendaz que no tiene más propósito que llenar un requisito de la ley de planeación, tan demagógica y falaz como el mismo PND.
El "subeje" política exterior responsable incluye cinco objetivos que se cuentan a partir del sexto y consisten en:
6. Apoyar el desarrollo económico, social y político del país, a partir de una efectiva inserción de México en el mundo. Este objetivo ya está logrado porque México ya está "inserto" en el mundo, a menos que seamos marcianos;
7. Contribuir a los esfuerzos de la comunidad internacional para ampliar la vigencia de los valores y principios democráticos, las libertades fundamentales y los derechos humanos, así como el desarrollo sustentable. Facilito porque en todos estos temas tenemos un historial ejemplar y un desempeño impecable, como demuestran los informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
8. Impulsar la proyección de México en el entorno internacional. Proyectar al país es difícil porque pesa mucho y el entorno internacional se molestaría por el golpazo. Por lo tanto, es de pensarse que se trataría de proyectar una imagen que, si falsa, mal, y si realista, peor. Ante el dilema cabe preguntarse: ¿qué estarían pensando? o mejor aún ¿estarían pensando?
9. Proteger y promover activamente los derechos de los mexicanos en el exterior. ¿Sabrá la administración enumerar esos derechos? ¿Sabrá que está obligada a defender lo que les interesa aunque no sea su derecho?
10. Construir una nueva cultura de la migración. Este es un objetivo verdaderamente desfachatado. Pretendidamente orientado a la inmigración de los centroamericanos -a los que debería dárseles un trato equivalente al que queremos para nuestros emigrados, aunque en realidad se les aplica una versión más severa del que los mexicanos reciben en el norte-, la administración conversa con su contraparte estadunidense acerca de cómo detener ese flujo, incluso con un muro, no altamente tecnificado. sino más bien artesanal, en la frontera sur.
Como quizá haya podido observarse, el propósito de estas líneas es disuadir a los interesados en la política exterior del dispendio de su tiempo que significaría la lectura de este torcido e inoperante texto. Más recomendable sería ocuparse de aquello de lo que la administración espuria no habla, aunque debería, como es el muro; así como de aquello de lo que no debería hablar, pero habla, como ASPAN.
Venezuela: libertad de expresión e información
Marcos Roitman Rosenmann
Simpatizantes de Hugo Chávez marcharon ayer en la capital venezolana en apoyo a la decisión presidencial de no renovar la concesión a Radio Caracas Televisión Foto: Reuters
Nada más basto que presentar un problema bajo la forma de caos social. Al hacerlo, se parapetan en ello los reaccionarios buscando un relato de coyuntura apropiado a sus fines. Diseñan un guión al cual deben ceñirse los actores bajo las luces de una sociedad espectáculo. Así buscan controlar los tiempos de sus propuestas informativas. Es la manera de presentar el problema. En este caso se trata de la libertad de expresión, derecho por el cual se ha luchado desde tiempos inmemoriales dentro del capitalismo; por ende, su aplicación y beneficios no son asimilables a su dinámica interna. A pesar de ello, sus clases dominantes se consideran sus herederas desde los orígenes de la historia.
Las luchas exigiendo libertad de expresión e información se han acompañado siempre con demandas democráticas por la enseñanza pública, gratuita y obligatoria, condición sine qua non para la emergencia de una ciudadanía en su proyección ética y dignidad social. No resulta extraño que marcara un punto de inflexión en la lucha contra los regímenes oligárquicos en América Latina. Exigir estar alfabetizado y gozar de educación era una forma de romper el círculo de la desinformación y la represión cultural, amén de la política. Por ello, los defensores de la democracia han sido y son impulsores de proyectos educativos liberadores. Paulo Freire, por ejemplo. Pero hagamos un poco de historia. ¿Cómo quienes han reprimido la libertad de expresión e información se convierten hoy en sus paladines?
El derecho a la libertad de expresión y de información es parte de la lucha reivindicativa de las clases sociales dominadas y explotadas por romper el control sobre la interpretación del mundo ejercido en cualquiera de los órdenes institucionales, militar, familiar, religioso, político y económico. Así, mientras perteneció a la Iglesia, la lucha fue contra el poder inquisidor. La institución formuló la contrarreforma por medio del Congreso de Trento. Sin embargo, ya había castigado la libertad de expresión para quienes contraviniesen interpretar las escrituras pintando retablos y murales en los sitios de culto. Los artistas díscolos fueron purgados, prohibidos sus lienzos y sus frescos tapados con cal. Con la imprenta llegó la quema de libros. La secularización abrió las puertas a un conocimiento laico del poder y la historia. Pero la libertad de expresión, información y la lectura siguió siendo un privilegio de minorías. La escasa prensa escrita en el siglo XVIII propició el concepto de la opinión pública ilustrada. Pocos lectores, en medio de una sociedad semicampesina y analfabeta. Periódicos liberales y conservadores. La censura se ejerció cuando se contravenía el orden regio, republicano e imperial. Pero algo cambiaría el mundo; junto a la revolución industrial, en el siglo XIX, la cuestión social y la emergencia del movimiento obrero determinaron un nuevo tipo de prensa. Ahora se podía contrainformar y educar. Los periódicos representaban intereses de clases. Las imprentas editan libros y pasquines peligrosos. La burguesía ejerce la represión. Los dominados sólo podían ser objeto de la información, no sujetos participantes. La coacción cae sobre las organizaciones obreras, sus partidos y medios de comunicación. La mordaza es total. Marx, Engels, Blanc, Proudhon, y en América Latina Flores Magón, Martí, Mariátegui o Recabarren.
Hoy el problema es el mismo: las clases dominantes atacan la libertad de expresión para mantener el control sobre la noticia y la producción de realidad, sólo que hoy son infinitamente más sofisticadas. El desarrollo científico-técnico transforma la manera de construir la noticia y de producir la dominación ideológica. Hemos pasado del periódico ancestral y la rotativa al láser, de la radio al videocine, de la televisión a la televisión digital, Internet y el MP4. La noticia llega a lugares recónditos en tiempo simultáneo. Ello permite adjetivar a los acólitos de la globalización capitalista como la sociedad de la información. Así, para quienes luchan en esta batalla se trata de romper el control monopólico ejercido por las trasnacionales de los medios de comunicación sobre los hechos, la historia y la noticia. Así nacen las radios comunitarias, los periódicos digitales, la prensa independiente, las televisiones libres, vecinales o cualquier forma de la contrainformación mediática. Es el uso alternativo. La técnica como arma política.
En esta dinámica, el gobierno de Venezuela aplica una ley que lo habilita para rescindir un contrato de concesión a una empresa privada de medios de comunicación dentro de un Estado democrático. Cuestión legítima y aplicada en todos los países donde hay marcos legales al respecto, desde Estados Unidos, España y México hasta Japón o Canadá. Por ello, ninguno de los detractores de la decisión señala que no se ajusta a derecho. Así, hemos visto ejercer a las trasnacionales la libertad de expresión e información. Sin embargo, no han informado, mienten y han vulnerado el derecho a la información veraz. Veamos.
Un conjunto de medios de comunicación trasnacionales, como Televisa, CNN, o PRISA, entre otros, empresas de capital cuya lógica consiste en ganar dinero y hacer propaganda del capitalismo, han dado pie a pensar que revocar una concesión supone eliminar la libertad de expresión y de información. Han emitido la misma noticia en sus canales, asumiendo el relato y las imágenes. No han contrastado con el gobierno venezolano. Sólo hubo un titular. La libertad de expresión y de información está en peligro en Venezuela: Hugo Chávez cierra un canal de televisión privado contrario a su ideología. La sociedad se rebela. El Estado reprime. El corolario fue el siguiente: la libertad de expresión e información se sustenta en la empresa privada, cuyo complemento es una pequeña red pública de televisión y radio administrada eficientemente para evitar una competencia desleal. Dicho equilibrio es la base del edificio de la libertad de expresión e información en la sociedad contemporánea. Roto el pacto, no hay libertad de expresión ni de información. El totalitarismo asecha. No importa que el capital privado controle más de 75 por ciento de los medios de comunicación social. Eso se ocultó. Por ello, podemos concluir que la decisión en Venezuela no supone un obstáculo a la libertad de expresión o de información, ya que proviene de un falso postulado. La empresa privada no fomenta la libertad de expresión e información: su objetivo es difundir los principios del capitalismo y sus intereses; a los hechos nos remitimos.
Simpatizantes de Hugo Chávez marcharon ayer en la capital venezolana en apoyo a la decisión presidencial de no renovar la concesión a Radio Caracas Televisión Foto: ReutersNada más basto que presentar un problema bajo la forma de caos social. Al hacerlo, se parapetan en ello los reaccionarios buscando un relato de coyuntura apropiado a sus fines. Diseñan un guión al cual deben ceñirse los actores bajo las luces de una sociedad espectáculo. Así buscan controlar los tiempos de sus propuestas informativas. Es la manera de presentar el problema. En este caso se trata de la libertad de expresión, derecho por el cual se ha luchado desde tiempos inmemoriales dentro del capitalismo; por ende, su aplicación y beneficios no son asimilables a su dinámica interna. A pesar de ello, sus clases dominantes se consideran sus herederas desde los orígenes de la historia.
Las luchas exigiendo libertad de expresión e información se han acompañado siempre con demandas democráticas por la enseñanza pública, gratuita y obligatoria, condición sine qua non para la emergencia de una ciudadanía en su proyección ética y dignidad social. No resulta extraño que marcara un punto de inflexión en la lucha contra los regímenes oligárquicos en América Latina. Exigir estar alfabetizado y gozar de educación era una forma de romper el círculo de la desinformación y la represión cultural, amén de la política. Por ello, los defensores de la democracia han sido y son impulsores de proyectos educativos liberadores. Paulo Freire, por ejemplo. Pero hagamos un poco de historia. ¿Cómo quienes han reprimido la libertad de expresión e información se convierten hoy en sus paladines?
El derecho a la libertad de expresión y de información es parte de la lucha reivindicativa de las clases sociales dominadas y explotadas por romper el control sobre la interpretación del mundo ejercido en cualquiera de los órdenes institucionales, militar, familiar, religioso, político y económico. Así, mientras perteneció a la Iglesia, la lucha fue contra el poder inquisidor. La institución formuló la contrarreforma por medio del Congreso de Trento. Sin embargo, ya había castigado la libertad de expresión para quienes contraviniesen interpretar las escrituras pintando retablos y murales en los sitios de culto. Los artistas díscolos fueron purgados, prohibidos sus lienzos y sus frescos tapados con cal. Con la imprenta llegó la quema de libros. La secularización abrió las puertas a un conocimiento laico del poder y la historia. Pero la libertad de expresión, información y la lectura siguió siendo un privilegio de minorías. La escasa prensa escrita en el siglo XVIII propició el concepto de la opinión pública ilustrada. Pocos lectores, en medio de una sociedad semicampesina y analfabeta. Periódicos liberales y conservadores. La censura se ejerció cuando se contravenía el orden regio, republicano e imperial. Pero algo cambiaría el mundo; junto a la revolución industrial, en el siglo XIX, la cuestión social y la emergencia del movimiento obrero determinaron un nuevo tipo de prensa. Ahora se podía contrainformar y educar. Los periódicos representaban intereses de clases. Las imprentas editan libros y pasquines peligrosos. La burguesía ejerce la represión. Los dominados sólo podían ser objeto de la información, no sujetos participantes. La coacción cae sobre las organizaciones obreras, sus partidos y medios de comunicación. La mordaza es total. Marx, Engels, Blanc, Proudhon, y en América Latina Flores Magón, Martí, Mariátegui o Recabarren.
Hoy el problema es el mismo: las clases dominantes atacan la libertad de expresión para mantener el control sobre la noticia y la producción de realidad, sólo que hoy son infinitamente más sofisticadas. El desarrollo científico-técnico transforma la manera de construir la noticia y de producir la dominación ideológica. Hemos pasado del periódico ancestral y la rotativa al láser, de la radio al videocine, de la televisión a la televisión digital, Internet y el MP4. La noticia llega a lugares recónditos en tiempo simultáneo. Ello permite adjetivar a los acólitos de la globalización capitalista como la sociedad de la información. Así, para quienes luchan en esta batalla se trata de romper el control monopólico ejercido por las trasnacionales de los medios de comunicación sobre los hechos, la historia y la noticia. Así nacen las radios comunitarias, los periódicos digitales, la prensa independiente, las televisiones libres, vecinales o cualquier forma de la contrainformación mediática. Es el uso alternativo. La técnica como arma política.
En esta dinámica, el gobierno de Venezuela aplica una ley que lo habilita para rescindir un contrato de concesión a una empresa privada de medios de comunicación dentro de un Estado democrático. Cuestión legítima y aplicada en todos los países donde hay marcos legales al respecto, desde Estados Unidos, España y México hasta Japón o Canadá. Por ello, ninguno de los detractores de la decisión señala que no se ajusta a derecho. Así, hemos visto ejercer a las trasnacionales la libertad de expresión e información. Sin embargo, no han informado, mienten y han vulnerado el derecho a la información veraz. Veamos.
Un conjunto de medios de comunicación trasnacionales, como Televisa, CNN, o PRISA, entre otros, empresas de capital cuya lógica consiste en ganar dinero y hacer propaganda del capitalismo, han dado pie a pensar que revocar una concesión supone eliminar la libertad de expresión y de información. Han emitido la misma noticia en sus canales, asumiendo el relato y las imágenes. No han contrastado con el gobierno venezolano. Sólo hubo un titular. La libertad de expresión y de información está en peligro en Venezuela: Hugo Chávez cierra un canal de televisión privado contrario a su ideología. La sociedad se rebela. El Estado reprime. El corolario fue el siguiente: la libertad de expresión e información se sustenta en la empresa privada, cuyo complemento es una pequeña red pública de televisión y radio administrada eficientemente para evitar una competencia desleal. Dicho equilibrio es la base del edificio de la libertad de expresión e información en la sociedad contemporánea. Roto el pacto, no hay libertad de expresión ni de información. El totalitarismo asecha. No importa que el capital privado controle más de 75 por ciento de los medios de comunicación social. Eso se ocultó. Por ello, podemos concluir que la decisión en Venezuela no supone un obstáculo a la libertad de expresión o de información, ya que proviene de un falso postulado. La empresa privada no fomenta la libertad de expresión e información: su objetivo es difundir los principios del capitalismo y sus intereses; a los hechos nos remitimos.
Miedo como moneda de cambio
Miguel Angel Velázquez
Presión en Los Pinos para limpiar Xochiaca
Hacer el aeropuerto, obsesión blanquiazul
Al precio que sea, no importan los límites legales o económicos, construir el aeropuerto de la ciudad de México sobre los terrenos de Atenco es la segunda obsesión más patológica de Felipe Calderón.
Directamente, sin personeros que medien, Los Pinos ha venido ejerciendo presión constante sobre las autoridades del Distrito Federal para que a la brevedad dejen libre el Bordo de Xochiaca, donde hasta ahora se deposita la basura que generan los habitantes de la capital, y algunos municipios del estado de México, porque será allí, en esos terrenos, donde pasará la carretera que una a la capital con el aeropuerto.
Esta empresa se ha convertido, decíamos, en la segunda obsesión de Felipe Calderón -la primera, como se sabe, es apoderarse del Distrito Federal-, y la alimentan, por un lado, el fracaso de Fox, y por el otro, el miedo a la represión que se ha infundido en los pobladores de aquella parte de Texcoco.
Fox no pudo por tonto, por prepotente -combinación que eleva a su poseedor al grado de la idiotez-, y Calderón supone, enmendando algunos de los errores cometidos, como el no pagar suficiente indemnización a los dueños de las tierras, que podrá tener el paso libre, así se tenga que erogar todo el dinero que sea necesario.
Pero para quienes no quieren vender sus terrenos porque no saben hacer otra cosa que cultivar la tierra, o porque su sentido de pertenencia a esos lugares es total, también existe remedio. Para los necios hay, primero, la amenaza, y después la cárcel. Así de claro, así de cruel.
Calderón quiere pasar por donde no pudo Fox, quiere que su deseo se cumpla a costa de lo que sea para demostrar que él sí puede dominar a los opositores, y comprar a los indecisos.
En Atenco ya se sabe de la nueva embestida, se cuentan las ofertas que los cabilderos han ido a prometer, y en su caso se refuerzan las convicciones de quienes no quieren abandonar sus lugares, aunque se pague bien, aunque aterroricen las amenazas.
Pero se haga lo que se haga, por lo pronto las autoridades del Distrito Federal han empezado a sentir el peso de una decisión desafortunada, por decir lo menos. Además de que no hay un lugar para depositar los desechos de los habitantes de la ciudad.
En la metrópoli cada poblador produce un kilo con 300 gramos al día de basura, lo que genera más de 20 mil toneladas de desechos cada 24 horas, es decir, se genera el material suficiente para levantar, todos los días, un nuevo cerro de basura, lo que implica tener un lugar, lo suficientemente grande y seguro, donde alojarla. Eso parece que ya no existe en el DF.
Conscientes del problema, en Los Pinos no hay quien se preocupe por la grave situación que genera, tanto en lo social como en lo ambiental, crear un nuevo destino para la basura. Aún le quedan al tiradero de Xochiaca cuando menos cuatro años de existencia, tiempo suficiente para que la ciudad de México pueda crear un ámbito propicio para tal tarea.
No obstante, la intención es cerrar ya el actual tiradero, porque en caso de que los afanes, buenos y malos, de Calderón lleguen a triunfar, el panista quiere inaugurar la terminal aérea antes de que concluya 2012. A ver si es cierto.
De pasadita
La joven encargada de los menesteres en la delegación Miguel Hidalgo dice que sí es legal y sí está permitido que los titulares acudan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a pedir recursos. Por ello, este fin de semana casi se terminó de firmar una carta que, cuando menos, una decena de delegados ha preparado para hacerle saber al secretario Carstens que también requieren de mayores fondos para invertir en sus comunidades.
Gilberto Ensástiga, quien encabeza la protesta, asegura que la misiva es el primer paso, pero si esta manera de hacerse de recursos es legal, decimos nosotros, ¿para qué diablos sirve el show de los asambleístas cada año con el cuento de la aprobación del presupuesto? Mejor que cada cual le envíe su cartita a Carstens, y asunto concluido. Lo malo es que nos perderemos el show. Ni modo.
Si la obsesión del pelele es hacer del Distrito Federal una base panista puede ir preparando las botellas de alcohol que necesite para llorar su fracaso. A menos que la población defeña sufra de amnesia o de una regresión hacia el oscurantismo, esta plaza es y será congruente con los sectores políticos que apunten a la libertad, la verdad y la democracia, que son opuestos a la ideología del PAN. Mucho menos cuando estamos informados del desastre que ese partido ha provocado en sus "posesiones" y de la ola criminal que ha desencadenado las decisiones de un pelele incapaz y usurpador. Sólo la gente atrasada que se deja intimidar por el miedo, que se educa viendo la televisión y que no ve más allá de sus narices está dispuesta a que los sigan ultrajando y robando, allá ellos.
Presión en Los Pinos para limpiar Xochiaca
Hacer el aeropuerto, obsesión blanquiazul
Al precio que sea, no importan los límites legales o económicos, construir el aeropuerto de la ciudad de México sobre los terrenos de Atenco es la segunda obsesión más patológica de Felipe Calderón.
Directamente, sin personeros que medien, Los Pinos ha venido ejerciendo presión constante sobre las autoridades del Distrito Federal para que a la brevedad dejen libre el Bordo de Xochiaca, donde hasta ahora se deposita la basura que generan los habitantes de la capital, y algunos municipios del estado de México, porque será allí, en esos terrenos, donde pasará la carretera que una a la capital con el aeropuerto.
Esta empresa se ha convertido, decíamos, en la segunda obsesión de Felipe Calderón -la primera, como se sabe, es apoderarse del Distrito Federal-, y la alimentan, por un lado, el fracaso de Fox, y por el otro, el miedo a la represión que se ha infundido en los pobladores de aquella parte de Texcoco.
Fox no pudo por tonto, por prepotente -combinación que eleva a su poseedor al grado de la idiotez-, y Calderón supone, enmendando algunos de los errores cometidos, como el no pagar suficiente indemnización a los dueños de las tierras, que podrá tener el paso libre, así se tenga que erogar todo el dinero que sea necesario.
Pero para quienes no quieren vender sus terrenos porque no saben hacer otra cosa que cultivar la tierra, o porque su sentido de pertenencia a esos lugares es total, también existe remedio. Para los necios hay, primero, la amenaza, y después la cárcel. Así de claro, así de cruel.
Calderón quiere pasar por donde no pudo Fox, quiere que su deseo se cumpla a costa de lo que sea para demostrar que él sí puede dominar a los opositores, y comprar a los indecisos.
En Atenco ya se sabe de la nueva embestida, se cuentan las ofertas que los cabilderos han ido a prometer, y en su caso se refuerzan las convicciones de quienes no quieren abandonar sus lugares, aunque se pague bien, aunque aterroricen las amenazas.
Pero se haga lo que se haga, por lo pronto las autoridades del Distrito Federal han empezado a sentir el peso de una decisión desafortunada, por decir lo menos. Además de que no hay un lugar para depositar los desechos de los habitantes de la ciudad.
En la metrópoli cada poblador produce un kilo con 300 gramos al día de basura, lo que genera más de 20 mil toneladas de desechos cada 24 horas, es decir, se genera el material suficiente para levantar, todos los días, un nuevo cerro de basura, lo que implica tener un lugar, lo suficientemente grande y seguro, donde alojarla. Eso parece que ya no existe en el DF.
Conscientes del problema, en Los Pinos no hay quien se preocupe por la grave situación que genera, tanto en lo social como en lo ambiental, crear un nuevo destino para la basura. Aún le quedan al tiradero de Xochiaca cuando menos cuatro años de existencia, tiempo suficiente para que la ciudad de México pueda crear un ámbito propicio para tal tarea.
No obstante, la intención es cerrar ya el actual tiradero, porque en caso de que los afanes, buenos y malos, de Calderón lleguen a triunfar, el panista quiere inaugurar la terminal aérea antes de que concluya 2012. A ver si es cierto.
De pasadita
La joven encargada de los menesteres en la delegación Miguel Hidalgo dice que sí es legal y sí está permitido que los titulares acudan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a pedir recursos. Por ello, este fin de semana casi se terminó de firmar una carta que, cuando menos, una decena de delegados ha preparado para hacerle saber al secretario Carstens que también requieren de mayores fondos para invertir en sus comunidades.
Gilberto Ensástiga, quien encabeza la protesta, asegura que la misiva es el primer paso, pero si esta manera de hacerse de recursos es legal, decimos nosotros, ¿para qué diablos sirve el show de los asambleístas cada año con el cuento de la aprobación del presupuesto? Mejor que cada cual le envíe su cartita a Carstens, y asunto concluido. Lo malo es que nos perderemos el show. Ni modo.
Si la obsesión del pelele es hacer del Distrito Federal una base panista puede ir preparando las botellas de alcohol que necesite para llorar su fracaso. A menos que la población defeña sufra de amnesia o de una regresión hacia el oscurantismo, esta plaza es y será congruente con los sectores políticos que apunten a la libertad, la verdad y la democracia, que son opuestos a la ideología del PAN. Mucho menos cuando estamos informados del desastre que ese partido ha provocado en sus "posesiones" y de la ola criminal que ha desencadenado las decisiones de un pelele incapaz y usurpador. Sólo la gente atrasada que se deja intimidar por el miedo, que se educa viendo la televisión y que no ve más allá de sus narices está dispuesta a que los sigan ultrajando y robando, allá ellos.
La labor hormiga de los desplazados
Carlos Fernández-Vega
Enormes ganancias de trasnacionales en AL
Víctimas del apartheid económico
Latinoamericanos en España
Miles de millones de dólares remiten anualmente las trasnacionales españolas asentadas en América Latina. A lo largo de las últimas dos décadas estos corporativos se han apropiado -no sin la gracia gubernamental- de buena parte de lo que algún día fue la infraestructura productiva del Estado en la región.
Una de las constantes de estas trasnacionales, al igual que otras de distinta nacionalidad que han sentado sus reales en la región, ha sido la de maximizar utilidades por medio de la cancelación de puestos de empleo ("adelgazamiento" le llaman), práctica que ha contribuido a la masiva expulsión de mano de obra de los países latinoamericanos en los que operan.
América Latina, pues, no sólo es la región más desigual del planeta, sino una de las mayores expulsoras de mano de obra. Ante un panorama así, obvio es que las víctimas del apartheid económico que impera en la región busquen opciones de vida en otras latitudes, y en este sentido muchos expulsados comienzan a mirar tierras culturalmente más cercanas, aunque geográficamente más distantes.
Aún sin punto de comparación con lo que sus trasnacionales se llevan de la región, pero con creciente peso específico en la balanza de pagos latinoamericana, las remesas que los expulsados de su tierra envían desde España se han convertido en la segunda fuente de divisas para muchas economías de América Latina.
Existe una obligada intentona hormiga para resarcir lo que las trasnacionales españolas se llevan de América Latina, y aunque comparativamente la proporción aún es pequeña, pero en aumento, en los últimos 12 meses los ya casi 2 millones de latinoamericanos adultos oficialmente residentes en España remitieron a sus respectivos países poco más de 5 mil millones de dólares, monto equivalente al 11 por ciento de lo que esas mismas naciones y por igual concepto captaron por remesas provenientes de Estados Unidos. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, de mantenerse las tendencias económicas y demográficas de años recientes, para 2010 las remesas de España a América Latina podrían alcanzar 7 mil millones de dólares.
El BID, junto con el Ministerio de Economía de España y la firma Bendicen y Asociados, elaboraron un estudio (que incluye una encuesta levantada a nivel nacional del 23 de marzo-23 de abril 2007) sobre la creciente presencia de inmigrantes latinoamericanos en la madre tierra, y de él se deriva la siguiente numeralia.
En los últimos 12 meses, desde España, los inmigrantes latinoamericanos adultos remitieron a sus familias 3 mil 730 millones de euros (5 mil 30 millones de dólares); 66 por ciento de las remesas se originaron en Madrid (mil 74 millones de euros), Cataluña (673 millones), Valencia (408 millones) y Andalucía (315 millones).
En enero de 2001 la población adulta de inmigrantes latinoamericanos en España sumó 496 mil personas; en enero de 2006, un millón 598 mil, es decir, un aumento de 222 por ciento en el periodo. Así, el total oficialmente registrado es de un millón 820 mil adultos latinoamericanos residentes en la madre tierra.
Del millón 820 mil adultos latinoamericanos residentes en España (que constituye casi la mitad de los inmigrantes totales), la mayoría es de nacionalidad ecuatoriana (414 mil del total); le siguen colombianos (269 mil), argentinos (262 mil), bolivianos (136 mil), peruanos (126 mil), venezolanos (113 mil), brasileños (85 mil), dominicanos (84 mil), cubanos (79 mil), uruguayos (69 mil), chilenos (55 mil), centroamericanos (53 mil; el estudio no especifica), mexicanos (40 mil) y paraguayos (35 mil).
La única estadística sobre los mexicanos adultos residentes en España es el número (los 40 mil citados), pero el grueso de latinoamericanos se asienta en Madrid (26 por ciento del total), Cataluña (21 por ciento), Valencia (11 por ciento), Andalucía (8 por ciento) e Islas Canarias (7 por ciento). En Asturias, patria querida, sólo el uno por ciento. El 55 por ciento de los inmigrantes latinoamericanos son mujeres, y 55 por ciento de los que envían dinero a sus familias son hombres.
Por tipo de ocupación, los inmigrantes latinoamericanos adultos se colocan así: servicios (domésticos, cocinera, cuidadora, empleado de limpieza, peluquera, etcétera) 32 por ciento; obrero (construcción, peón) 24 por ciento; profesional (abogado, psicólogo, etcétera) 11 por ciento; empleados de restaurantes y hoteles, 9 por ciento; empleados de fábrica, 6 por ciento; gerente, 3 por ciento; estudiante, 3 por ciento; ama de casa, 2 por ciento; jubilado, uno por ciento y vendedor ambulante, uno por ciento. En el desempleo se encuentra 4 por ciento del total (alrededor de 73 mil personas).
Por ingreso, el 35 por ciento obtiene menos de 10 mil euros anuales (cerca de 14 mil dólares o 154 mil pesos mexicanos, casi nueve salarios mínimos); 48 por ciento, entre 10 mil y 20 mil euros; 9 por ciento entre 20 mil y 30 mil; uno por ciento más de 30 mil euros, y 7 por ciento no respondió.
En la encuesta destaca la siguiente pregunta: ¿Cuál fue la principal razón que lo motivó para mudarse a España? Y las respuestas: 47 por ciento, por empleo; 33 por ciento por tener más oportunidades económicas; 14 por ciento para estar con familiares; 6 por ciento para estudiar. El 32 por ciento de los inmigrantes no tiene certificado de secundaria; el 35 por ciento sí lo tiene; 16 por ciento tiene estudios técnicos, y el 15 por ciento cuenta con diploma universitario.
A la pregunta ¿por qué emigró a España en vez de a Estados Unidos?, los entrevistados respondieron así: 37 por ciento porque obtuvo visa española; 21 por ciento por familia/ amigos; 15 por ciento negativo sobre Estados Unidos; 13 por ciento por idioma/cultura; 11 por ciento por mejores oportunidades de trabajo o estudios, y 3 por ciento no reveló su intención.
Las rebanadas del pastel
Por lo visto, las opciones de bienestar y mejoría en las condiciones de vida para los latinoamericanos están en muchas partes, menos en América Latina.
Enormes ganancias de trasnacionales en AL
Víctimas del apartheid económico
Latinoamericanos en España
Miles de millones de dólares remiten anualmente las trasnacionales españolas asentadas en América Latina. A lo largo de las últimas dos décadas estos corporativos se han apropiado -no sin la gracia gubernamental- de buena parte de lo que algún día fue la infraestructura productiva del Estado en la región.
Una de las constantes de estas trasnacionales, al igual que otras de distinta nacionalidad que han sentado sus reales en la región, ha sido la de maximizar utilidades por medio de la cancelación de puestos de empleo ("adelgazamiento" le llaman), práctica que ha contribuido a la masiva expulsión de mano de obra de los países latinoamericanos en los que operan.
América Latina, pues, no sólo es la región más desigual del planeta, sino una de las mayores expulsoras de mano de obra. Ante un panorama así, obvio es que las víctimas del apartheid económico que impera en la región busquen opciones de vida en otras latitudes, y en este sentido muchos expulsados comienzan a mirar tierras culturalmente más cercanas, aunque geográficamente más distantes.
Aún sin punto de comparación con lo que sus trasnacionales se llevan de la región, pero con creciente peso específico en la balanza de pagos latinoamericana, las remesas que los expulsados de su tierra envían desde España se han convertido en la segunda fuente de divisas para muchas economías de América Latina.
Existe una obligada intentona hormiga para resarcir lo que las trasnacionales españolas se llevan de América Latina, y aunque comparativamente la proporción aún es pequeña, pero en aumento, en los últimos 12 meses los ya casi 2 millones de latinoamericanos adultos oficialmente residentes en España remitieron a sus respectivos países poco más de 5 mil millones de dólares, monto equivalente al 11 por ciento de lo que esas mismas naciones y por igual concepto captaron por remesas provenientes de Estados Unidos. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, de mantenerse las tendencias económicas y demográficas de años recientes, para 2010 las remesas de España a América Latina podrían alcanzar 7 mil millones de dólares.
El BID, junto con el Ministerio de Economía de España y la firma Bendicen y Asociados, elaboraron un estudio (que incluye una encuesta levantada a nivel nacional del 23 de marzo-23 de abril 2007) sobre la creciente presencia de inmigrantes latinoamericanos en la madre tierra, y de él se deriva la siguiente numeralia.
En los últimos 12 meses, desde España, los inmigrantes latinoamericanos adultos remitieron a sus familias 3 mil 730 millones de euros (5 mil 30 millones de dólares); 66 por ciento de las remesas se originaron en Madrid (mil 74 millones de euros), Cataluña (673 millones), Valencia (408 millones) y Andalucía (315 millones).
En enero de 2001 la población adulta de inmigrantes latinoamericanos en España sumó 496 mil personas; en enero de 2006, un millón 598 mil, es decir, un aumento de 222 por ciento en el periodo. Así, el total oficialmente registrado es de un millón 820 mil adultos latinoamericanos residentes en la madre tierra.
Del millón 820 mil adultos latinoamericanos residentes en España (que constituye casi la mitad de los inmigrantes totales), la mayoría es de nacionalidad ecuatoriana (414 mil del total); le siguen colombianos (269 mil), argentinos (262 mil), bolivianos (136 mil), peruanos (126 mil), venezolanos (113 mil), brasileños (85 mil), dominicanos (84 mil), cubanos (79 mil), uruguayos (69 mil), chilenos (55 mil), centroamericanos (53 mil; el estudio no especifica), mexicanos (40 mil) y paraguayos (35 mil).
La única estadística sobre los mexicanos adultos residentes en España es el número (los 40 mil citados), pero el grueso de latinoamericanos se asienta en Madrid (26 por ciento del total), Cataluña (21 por ciento), Valencia (11 por ciento), Andalucía (8 por ciento) e Islas Canarias (7 por ciento). En Asturias, patria querida, sólo el uno por ciento. El 55 por ciento de los inmigrantes latinoamericanos son mujeres, y 55 por ciento de los que envían dinero a sus familias son hombres.
Por tipo de ocupación, los inmigrantes latinoamericanos adultos se colocan así: servicios (domésticos, cocinera, cuidadora, empleado de limpieza, peluquera, etcétera) 32 por ciento; obrero (construcción, peón) 24 por ciento; profesional (abogado, psicólogo, etcétera) 11 por ciento; empleados de restaurantes y hoteles, 9 por ciento; empleados de fábrica, 6 por ciento; gerente, 3 por ciento; estudiante, 3 por ciento; ama de casa, 2 por ciento; jubilado, uno por ciento y vendedor ambulante, uno por ciento. En el desempleo se encuentra 4 por ciento del total (alrededor de 73 mil personas).
Por ingreso, el 35 por ciento obtiene menos de 10 mil euros anuales (cerca de 14 mil dólares o 154 mil pesos mexicanos, casi nueve salarios mínimos); 48 por ciento, entre 10 mil y 20 mil euros; 9 por ciento entre 20 mil y 30 mil; uno por ciento más de 30 mil euros, y 7 por ciento no respondió.
En la encuesta destaca la siguiente pregunta: ¿Cuál fue la principal razón que lo motivó para mudarse a España? Y las respuestas: 47 por ciento, por empleo; 33 por ciento por tener más oportunidades económicas; 14 por ciento para estar con familiares; 6 por ciento para estudiar. El 32 por ciento de los inmigrantes no tiene certificado de secundaria; el 35 por ciento sí lo tiene; 16 por ciento tiene estudios técnicos, y el 15 por ciento cuenta con diploma universitario.
A la pregunta ¿por qué emigró a España en vez de a Estados Unidos?, los entrevistados respondieron así: 37 por ciento porque obtuvo visa española; 21 por ciento por familia/ amigos; 15 por ciento negativo sobre Estados Unidos; 13 por ciento por idioma/cultura; 11 por ciento por mejores oportunidades de trabajo o estudios, y 3 por ciento no reveló su intención.
Las rebanadas del pastel
Por lo visto, las opciones de bienestar y mejoría en las condiciones de vida para los latinoamericanos están en muchas partes, menos en América Latina.
Sarkozy: poder absoluto
Editorial
En la primera vuelta de las elecciones legislativas realizadas ayer en Francia, con el telón de fondo de una abstención cercana a 40 por ciento, la Unión por el Movimiento Popular (UMP) del presidente Nicolas Sarkozy obtuvo un triunfo arrollador sobre la principal formación opositora, el Partido Socialista Francés (PSF), el cual acumula dos graves derrotas al hilo tras la victoria del propio Sarkozy en las presidenciales del mes pasado.
No es necesario esperar la segunda vuelta de las parlamentarias para augurar que la derecha será la fuerza dominante en el Ejecutivo y en el Legislativo, y que Sarkozy, de esa manera, tendrá el camino institucional libre para llevar a cabo lo que llama su plan de "ruptura", que no es otra cosa que el desmantelamiento de lo que queda en Francia de Estado de bienestar, el recorte de las libertades civiles y los derechos humanos, el inicio de la demolición del laicismo estatal y la liquidación de la independencia diplomática y militar de París frente a Washington. En efecto, a juzgar por actos y palabras anteriores del actual jefe de Estado, el proyecto de la derecha gobernante pasa por el fortalecimiento de los mecanismos represivos y su empleo generalizado, el alineamiento acrítico con las desastrosas y criminales políticas "antiterroristas" de la Casa Blanca y la restitución de cuotas de poder a la Iglesia católica, de la que Sarkozy es promotor y adepto practicante; en suma, Francia tiene ante sí la perspectiva de una regresión histórica a los tiempos previos a la Segunda Guerra Mundial, si no es que, en el caso del embate contra el laicismo, a momentos anteriores a la Revolución Francesa.
Por otra parte, el hecho de que la reacción tenga vía libre para convertir en actos legislativos su programa político no quiere necesariamente decir que éste pueda ser implantado sin la resistencia de una sociedad que, a pesar de lo que parecieran indicar los resultados electorales recientes, no va a tirar tan fácilmente a la basura varias décadas de su propia historia y de su desarrollo social y político.
Desde la noche del pasado 6 de mayo, fecha de la segunda vuelta electoral que llevó a Sarkozy al Palacio del Eliseo, diversos grupos sociales marginados -inmigrantes e hijos de inmigrantes, estudiantes, desempleados- protagonizaron violentas protestas en las calles de varias ciudades francesas, por lo que percibieron, atinadamente, como el inicio de un proceso de cierre de los pocos espacios políticos, sociales y económicos que les quedan a amplios sectores de la población.
En adelante, y con las riendas plenas del poder y de la legislación, la derecha gobernante se dedicará a exacerbar la fractura social que se ha manifestado recientemente en el país que tiene por divisa los valores de libertad, igualdad y fraternidad, pero que se muestra cada vez más opresivo, inequitativo y, desde hace un mes, dirigido hacia un capitalismo salvaje y neoliberal que sustituye el valor de la fraternidad por el de la competencia.
En la primera vuelta de las elecciones legislativas realizadas ayer en Francia, con el telón de fondo de una abstención cercana a 40 por ciento, la Unión por el Movimiento Popular (UMP) del presidente Nicolas Sarkozy obtuvo un triunfo arrollador sobre la principal formación opositora, el Partido Socialista Francés (PSF), el cual acumula dos graves derrotas al hilo tras la victoria del propio Sarkozy en las presidenciales del mes pasado.
No es necesario esperar la segunda vuelta de las parlamentarias para augurar que la derecha será la fuerza dominante en el Ejecutivo y en el Legislativo, y que Sarkozy, de esa manera, tendrá el camino institucional libre para llevar a cabo lo que llama su plan de "ruptura", que no es otra cosa que el desmantelamiento de lo que queda en Francia de Estado de bienestar, el recorte de las libertades civiles y los derechos humanos, el inicio de la demolición del laicismo estatal y la liquidación de la independencia diplomática y militar de París frente a Washington. En efecto, a juzgar por actos y palabras anteriores del actual jefe de Estado, el proyecto de la derecha gobernante pasa por el fortalecimiento de los mecanismos represivos y su empleo generalizado, el alineamiento acrítico con las desastrosas y criminales políticas "antiterroristas" de la Casa Blanca y la restitución de cuotas de poder a la Iglesia católica, de la que Sarkozy es promotor y adepto practicante; en suma, Francia tiene ante sí la perspectiva de una regresión histórica a los tiempos previos a la Segunda Guerra Mundial, si no es que, en el caso del embate contra el laicismo, a momentos anteriores a la Revolución Francesa.
Por otra parte, el hecho de que la reacción tenga vía libre para convertir en actos legislativos su programa político no quiere necesariamente decir que éste pueda ser implantado sin la resistencia de una sociedad que, a pesar de lo que parecieran indicar los resultados electorales recientes, no va a tirar tan fácilmente a la basura varias décadas de su propia historia y de su desarrollo social y político.
Desde la noche del pasado 6 de mayo, fecha de la segunda vuelta electoral que llevó a Sarkozy al Palacio del Eliseo, diversos grupos sociales marginados -inmigrantes e hijos de inmigrantes, estudiantes, desempleados- protagonizaron violentas protestas en las calles de varias ciudades francesas, por lo que percibieron, atinadamente, como el inicio de un proceso de cierre de los pocos espacios políticos, sociales y económicos que les quedan a amplios sectores de la población.
En adelante, y con las riendas plenas del poder y de la legislación, la derecha gobernante se dedicará a exacerbar la fractura social que se ha manifestado recientemente en el país que tiene por divisa los valores de libertad, igualdad y fraternidad, pero que se muestra cada vez más opresivo, inequitativo y, desde hace un mes, dirigido hacia un capitalismo salvaje y neoliberal que sustituye el valor de la fraternidad por el de la competencia.
Aznar es visitante non grato en México, no lo queremos aquí
Por haber intervenido en los asuntos internos de México y violar el artículo 33 constitucional, por inculpar injustificadamente a ETA de los bombazos de Madrid, por haber metido a su país en una guerra genocida, por ser esclavo de Bush y por ser un individuo irresponsable, fascista e inmoral no lo queremos en nuestro país. Es un verdadero ultraje que este sujeto se presente en México (del 17 al 20 de junio) y que encima los mexicanos tengamos que pagar para que se le ponga un cuerpo de seguridad a cargo del erario cuando viene a un asunto privado que irónicamente tiene que ver con una agenda de "libertad" cuando él es un individuo racista que quiere imponer la represión y la discriminación. ¡FUERA DE MÉXICO, AZNAR! que se vaya a rebuznar a otra parte.
http://www.youtube.com/watch?v=m4oiYaVRMkA
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