domingo, abril 06, 2008

CONVOCATORIA: Mujeres Brigadistas.....

El Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo convoca a todas las mujeres organizadas en brigadas al acto de "Toma de Protesta" ante el Presidente Legítimo de México, Lic. Andrés Manuel López Obrador.


La cita es este domingo 6 de abril a las 11:00 a.m. en el Monumento a la Revolución. (Con ropa blanca y paliacate tricolor).

Ya somos más de 10,000 mujeres organizadas, invitamos a todas aquellas mujeres no registradas en alguna brigada a que asistan, habrá mesas de registro.

¡Vamos juntas a defender el petróleo, por nuestros hijos y por nuestra patria!

¡El Petróleo es nuestro! ¡Dignidad y Soberania Nacional!

NOTA: No olviden adelantar su reloj una hora el sábado 5 de abril.


Sintoniza RADIOAMLO.TV http://radioamlo.tv/

Para ver transmision en VIVO!

Invitacion AMLO-monumento a la Revolucion

INVITACIÓN

ATENCIÓN REPORTERO Y/OREPORTERO DE LA FUENTE
PRESENTE .

El presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador, asiste al
acto de toma de protesta de las brigadistas del Movimiento Nacional en
Defensa del Petróleo.

La cita es el domingo 6 de abril, a las 12:00 horas, en el Monumento a la
Revolución, ubicado en avenida de la República, colonia Tabacalera,delegación Cuauhtémoc.

En guardia

José Agustín Ortiz Pinchetti

El intento de privatizar Pemex parece debilitarse. Síntomas: la línea informativa de medios electrónicos y diarios controlados por el gobierno está reduciendo el tema después de la aparatosa campaña para promoverlo. Calderón y Mouriño se inclinan por un “amplio debate” al que se negaron durante meses. Por unanimidad y con aspereza, los diputados federales del PRI rechazaron el diagnóstico elaborado por el gobierno. La resistencia está funcionando. No puede negarse la acción de priístas patriotas, pero la causa eficiente es el veto de AMLO, principal y casi único opositor del gobierno. Sin embargo, no puede descontarse un golpe artero en semanas recientes de este periodo legislativo.

Podría tacharse de incompetente a Calderón y a sus agentes, pero nadie les puede negar perversidad. Atacan en forma oblicua e intentan sorprender con falsas promesas y mentiras. Están atrapados: entre las dificultades de cumplir la reforma que ya “vendieron” en Estados Unidos y las presiones de los inversionistas que la ven como gran oportunidad de negocio. Los panistas no tienen temple patriótico. Hugo Gutiérrez Vega ha recordado la defensa que Efraín González Luna hizo hace más de medio siglo de la industria petrolera nacionalizada (no estoy de acuerdo en llamarle pensador de derecha a Efraín.)

Sobre los priístas hay que decir, que quienes controlan las cámaras son nacionalistas hoy, para estar en favor de la inversión privada mañana si pudieran obtener ventajas jugosas que le arranquen al desesperado Calderón. Ya lo vimos en el caso del desafuero. Recuerdo como Manlio Fabio Beltrones y otros ilustres priístas juraban que no apoyarían a Fox en la aventura, para votar en sentido contrario al día siguiente.

Hay que mantener la guardia en alto. La organización de la resistencia debe continuar. El despliegue de las brigadas el 25 de marzo demostró que tenemos con qué responder. AMLO ha visitado casi todas las capitales del centro y del sur del país. Miles lo han recibido dispuestos a una resistencia civil extrema. Lo numeroso, ordenado y articulado de las brigadas nos ha sorprendido aún a nosotros y seguramente ha alarmado al Cisen.

La resistencia civil pacífica es un instrumento de lucha política que no se ha empleado en México. Su raíz está en el pensamiento cristiano y en los ejemplos de líderes no violentos como Luther King y Gandhi y los jefes de varios movimientos independentistas.

Concentración (Madrid) contra la criminalización de los movimientos sociales




http://www.youtube.com/watch?v=TwoJO777_Ao

Madruguete el martes

Por Esto!

* Ante cientos de zacatecanos, Andrés Manuel López Obrador, advierte que el próximo martes 8 de abril el PRI y el PAN presentarían la iniciativa de “reforma energética” en el Congreso de la Unión para privatizar PEMEX

* Reitera de nuevo que el PRIAN intenta madrugar a los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) / “Estamos notando que se están poniendo de acuerdo arriba el PRI y el PAN, Calderón y Manlio Fabio, y van a querer dar un albazo la semana que entra”

* Amalia García, Gobernadora de Zacetacas, se pronuncia contra “la reforma energética” y respalda los al Presidente Legítimo de México y al Movimiento en Defensa del Petróleo / “Nadie debe permanecer en silencio, afirma

Durante su visita a Zacatecas y ante cientos de personas que integran el Comité en Defensa del Petróleo, Andrés Manuel aseguró que el PRIAN intenta madrugar a los legisladores en el Congreso de la Unión y presentar la “reforma” que pretende entregar el petróleo a la inversión privada.

ZACATECAS, Zacatecas, 5 de abril (LA JORNADA/UNIVERSAL).- El Presidente Legítimo Andrés Manuel López Obrador adelantó que se espera que sea el próximo martes (8 de abril) cuando el PRI y el PAN presenten la reforma energética en el Congreso de la Unión con el propósito de privatizar Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Durante su visita a Zacatecas, donde se reunió con cientos de simpatizantes que integran el Comité en Defensa del Petróleo y acompañado por la gobernadora Amalia García Medina, en el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de la Entidad, López Obrador aseguró que el PRIAN intenta “madrugar” a los legisladores que conforman el Frente Amplio Progresista (FAP) en el Congreso de la Unión presentando la reforma que pretende entregar el crudo a la inversión privada.
“Estamos notando que se están poniendo de acuerdo arriba el PRI y el PAN, Calderón (Felipe Calderón) y Manlio Fabio, y van a querer dar un albazo la semana que entra”, expresó el Presidente Legítimo de México en entrevista con los medios de comunicación.
Afirmó que la resistencia civil que encabeza está preparada para enfrentar “el albazo” y puntualizó que tanto dentro como fuera de la Cámara de Diputados y Senadores se realizarán cercos ciudadanos para impedir la privatización, además de bloquear carreteras y aeropuertos.
Dijo que la resistencia civil contempla como última instancia encabezar un paro patriótico nacional y convocó a los legisladores locales a aprobar un punto de acuerdo en el que rechacen la reforma que apoyan panistas y priístas en el Congreso de la Unión.
Según López Obrador, “espías del gobierno usurpador quieren realizar destrozos durante las manifestaciones de protesta contra la privatización de PEMEX para desacreditar el movimiento en defensa del petróleo”.
Advirtió que “en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) están los espías del gobierno usurpador, no dejaremos que se pongan las camisetas blancas, en defensa del petróleo y comiencen a cometer abusos, y rompan vidrios, para dejar mal al movimiento, por eso tenemos que estar organizados y tiene que haber mucha disciplina”.
Señaló que a lo mejor en otros países la privatización ha significado modernidad, eficiencia, pero en la historia nuestra, la privatización siempre ha significado “corrupción, en todas las empresas públicas que se han entregado a particulares ha habido negocios ilícitos, cometidos al amparo del público”, manifestó López Obrador al precisar que se han entregado más de mil empresas públicas a la iniciativa privada como Teléfonos de México, Ferrocarriles Mexicanos, las minas, los bancos, aeropuertos, y las dos líneas aéreas Aéreoméxico y Mexicana de Aviación.
Así, en un encuentro con organizaciones sociales de Izquierda, Andrés Manuel López Obrador anunció que la resistencia civil que se ha conformado a nivel nacional ya está preparada para evitar que el próximo martes puedan dar un albazo los legisladores del PAN y PRI para sacar adelante la “reforma energética”.
Acompañado por la gobernadora Amalia García Medina, Andrés Manuel llegó al auditorio de la Facultad de Derecho, en donde envió un exhortó a los gobernadores, diputados, senadores y partidos políticos de izquierda que hagan a un lado sus diferencias y se sumen por la defensa patriótica del petróleo.
En su discurso, informó que la resistencia civil se ha preparado en dos sentidos el día que se presente esta reforma: Por una parte, dijo, adentro (del Congreso de la Unión), los diputados que pertenecen al Frente Amplio Progresista (FAP) harán la resistencia. Afuera, hará otra resistencia civil, “donde estaremos, porque este asunto hay que llevarlo hasta sus últimas consecuencias”.
Pidió vigilar la organización de las brigadas e identificar a todos los integrantes. “No queremos que vayan acarreados, porque pueden infiltrarse los espías y orejas del CISEN que pueden cometer abusos en nombre de nuestro movimiento para afectarnos”.
“¿Están dispuestos? -preguntó a los asistentes- porque nos quieren dar una albazo”.
Insistió en que pugnarán para que se realice un debate nacional sobre esta reforma, pero aseguró que los legisladores panistas pretenden “echarse para atrás” y no llevar acabo este acuerdo. “Hay que estar atentos, porque son muy chuecos y pueden dar el madruguete”, advirtió.
Aprovechó para agradecer a Amalia García su respaldo y dijo que ahora con su presencia se sentía “muy fortalecido”.
Por su parte, la gobernadora Amalia García Medina, se pronunció en contra de la reforma energética y se refirió a López Obrador como “el compañero”. Dijo respaldar los argumentos de Andrés Manuel y de este movimiento, porque es un momento de debate nacional sobre este tema, donde “nadie debe permanecer en silencio”.
En este evento al que también asistió el ex gobernador del PRI Arturo Romo para sumarse a esta lucha, Amalia García consideró que la industria petra de la nación debe ser transformada, pero no privatizada, afirmó que es una visión común en todos los sectores, lo que da cohesión para dar la defensa por el petróleo.

Que NO se quede en palabras

Julio Pimentel Ramírez

La reforma energética, el grave conflicto interno del PRD, entre otros temas de relevancia, han ocupado amplios espacios en los medios de comunicación y han relegado a un segundo plano otros acontecimientos de importancia para la vida pública nacional, como el que se refiere a la ratificación efectuada por México de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, el pasado 18 de marzo, al que brevemente abordaremos en estas líneas.
Ese instrumento internacional establece una prohibición absoluta de dicho crimen y obliga a los Estados parte a adaptar su normativa interna de conformidad con las previsiones de la Convención, incluyendo -en el caso de México y de otros Estados federales- todas las partes constitutivas de la Federación, es decir las 32 entidades de la República.
Como suele suceder en las firmas de convenios internacionales sobre derechos humanos, atribución del Ejecutivo y el Senado, en México de inmediato se le introducen “candados” y restricciones que atentan contra el espíritu del instrumento o limitan su eficacia y alcance. Por eso Amnistía Internacional observó con preocupación la falta de reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, instituido para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por las víctimas de dicho crimen (que en la actualidad se sigue perpetrando) o sus familiares o representantes.
Para asociaciones de derechos humanos, como AFADEM-FEDEFAM y la Fundación Diego Lucero, la aprobación de la mencionada Convención por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es un logro de la lucha de décadas emprendida por organizaciones de familiares de desaparecidos de América Latina y otras latitudes del orbe, aunque no dejan de señalar que en el documento aprobado permanece un manto de protección a los ejércitos, lo que en todo caso no es sino una muestra de la debilidad de la democracia y la preponderancia de la fuerza para mantener la estabilidad, que no la paz.
Cabe recordar, señala Amnistía Internacional, que la efectividad de los compromisos internacionales contraídos por México es relativa. En efecto, sus tribunales de justicia, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), suelen atribuir a los tratados de protección de los derechos humanos un valor jurídico inferior al de algunas normas de derecho interno, pese a lo que expresamente dispone la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados -del que México es parte-, que prohíbe a los Estados parte invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.
Aunque formalmente puede considerarse que la decisión del Estado mexicano de convertirse en parte de la Convención es positiva, es evidente al tiempo que México no ha adoptado todas las medidas necesarias para investigar y sancionar adecuadamente todos los casos de desapariciones forzadas cometidos en el pasado, que continúan impunes y cuyos responsables no han comparecido ante tribunales de justicia.
La Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSOPP) –para ser precisos, los tres poderes del Estado- no avanzó sustancialmente en la localización de los más de mil 200 desaparecidos durante la llamada guerra sucia de los años sesenta a ochenta, ni condenó a uno sólo de los responsables de delitos de lesa humanidad.
Como dice Amnistía Internacional, si las autoridades mexicanas desean con sinceridad acabar con las desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos deben poner fin al manto de impunidad que rodea la investigación de las mismas.
Entre otros pasos concretos que la organización recomienda se halla permitir que los tribunales ordinarios -y no los militares- conozcan de tales hechos sin interferencia alguna y el sometimiento cabal del Estado mexicano a las obligaciones consagradas en los tratados de protección de los derechos humanos, incluyendo la inaplicabilidad de la prescripción a los crímenes de derecho internacional cometidos en el pasado. Estas medidas, entre otras importantes que se deberían adoptar con premura, contribuirían sin duda a una eficaz aplicación de las disposiciones de la Convención sobre Desapariciones Forzadas recientemente ratificada por México.
Hay que subrayar que la denegación de justicia en México ha derivado en que por primera vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, se pronunciará sobre un caso de desaparición forzada. Específicamente se trata del caso de Rosendo Radilla, detenido por el Ejército mexicano hace 33 años, uno de los 630 desaparecidos del estado de Guerrero. Lo que suceda en esta instancia de la justicia internacional será de gran importancia en la búsqueda de la verdad, la justicia y el fin de la impunidad.

Dudas y ritornellos

Jorge Lara Rivera

Al concluir la semana, por encima de la cortina de humo tendida para magnificar la propensión pendenciera perredista y desacreditarla como opción democrática, tras la triste comprobación de pobreza en la viciada práctica periodística de los grandes medios televisivos y del sesgo oficialista que la ciencia puede tomar ante el poder, va abriéndose paso la sensata propuesta de un debate nacional en torno a la reforma energética que –en esto coinciden los actores políticos– resulta estratégicamente necesaria para la operación de PEMEX y el futuro próximo de nuestro país.
Es un hecho evidente que la increíble continuidad de cobertura dada por los medios informativos a los problemas internos del PRD y el modo de presentar sus pleitos como grave asunto que daña a la sociedad por el financiamiento público con que cuenta, poco tiene que ver con el interés por informar a la sociedad, ya que nada semejante se hizo en relación con conflictos padecidos por el PAN, el PRI, el Verde Ecologista o Alternativa, por mencionar otros casos conocidos.
Volviendo al punto, entre los sucesos experienciales que preceden al saldo de estos días y que llenan de dudas al ciudadano hay dos “entrevistas” sesgadas, el cerrar de filas de la derecha a través de los pronunciamientos monocordes de gobernadores panistas y organismos oligárquicos (cámaras empresariales y clero incluidos) y la presentación de un dictamen “técnico” cuya objetividad deja que desear.
Las primeras derivan de la rara aparición de Andrés Manuel López Obrador en el duopolio televisivo (Televisa y Televisión Azteca) y constituyen ejemplo sin desperdicio para cualquier estudioso de las escuelas de comunicación y de periodismo del país, sobre lo que NO debe hacerse en el ejercicio profesional. Sucedió que en los dos noticiarios matutinos los entrevistadores, cada cual en su programa y canal, editorializaron sin rubor la entrevista, desvirtuando la rica naturaleza informativa de ésta y convirtiéndola en instrumento grosero de una acometida mediática feroz, destinada a deslegitimar a quien piensa diferente y representa –simpatías o antipatías aparte– una opinión distinta en la compleja discusión del tema del petróleo.
En ellas, como dignos discípulos de la red de medios desinformadores del magnate ultraderechista Murdoch a lo largo y ancho del mundo, los presentadores de noticias (locutores Carlos Loret de Mola –tan limitado y banal– y su émulo de T.V. Azteca, redundante y ripioso), erigidos en opinadores sin más mérito académico o calificación técnica (a juzgar por la cotidiana superficialidad de sus comentarios) que el imperio de la imagen, omnipresente en nuestro tiempo (recuérdese el Big Brother –pero el de 1984 de George Orwell; y el ensayo sobre el homo videns acrítico de G. Sartori) desde la caja enajenante, interrumpieron, rebatieron, acosaron, hicieron comentarios insidiosos, apresuraron, etc., al ‘entrevistado’, impidiendo al público informarse –conocer el punto de vista de aquél y sus argumentos.
Tales conductas –deplorables– irremediablemente nos remiten al recuerdo, fresco aún, de la rabiosa embestida que hace unos meses emprendiera el duopolio y otros medios electrónicos contra los legisladores, como respuesta a los límites y contenciones que osaran poner a la llamada “Ley Televisa”; y en especial, al enmascaramiento hipócrita y machacón que pretendieron darse bajo la bandera de la defensa de la libertad de expresión y del derecho a la información de los ciudadanos. Ahora vemos, bien claro, de qué libertad hablaban y de los derechos de quiénes.
Con relación al dictamen sobre el estado de PEMEX, cabe traer a cuenta un chiste muy socorrido en torno al formidable poder de que dispone nuestro Ejecutivo Federal: sucede en él que, en cierto momento, un titular del Ejecutivo pregunta a su asistente la hora y éste, de muy formal modo, le responde “La que usted diga, Señor Presidente”. La anécdota podría ubicarse perfectamente en cualquier sexenio posrevolucionario hasta nuestros días, a juzgar por el cientificismo con que se ha maquillado al documento técnico presentado por la Secretaria de Energía y el director de la paraestatal de marras. Sucede que el dictamen hace agua, pues contiene verdades a medias, omisiones inquietantes y magnifica la precariedad de la industria más importante de nuestra economía. Es un informe ‘a modo’ que pretende dar consistencia a la idea de una catástrofe inminente, si no se legisla ya a favor de “la participación privada y la inversión extranjera para la modernización de nuestra economía”, eufemismos con los que la oligarquía encubre su voraz afán privatizador y el entreguismo de nuestro patrimonio soberano al capital extranjero.
Ello pone, en entredicho, la validez objetiva de la información contenida en el dictamen hecho público por los funcionarios estos días y evidencia, además de la sumisión e instrumentación de la ciencia, que lo que en realidad se pretende es anticiparse y ganar la percepción social, así como establecer sus propios parámetros como hechos incontrovertibles, de verdad aceptada, para acallar una eventual discusión del asunto; lo dijeron incluso: “el informe pretende servir de punto de partida para la discusión legislativa en torno a la reforma relativa al petróleo”.
Y es que si uno se toma en serio el mentado dictamen, apenas se explica cómo es que México ha podido vivir de su petróleo desde 1938. Tan pobre es la objetividad de esta información técnica, supuestamente elaborada sobre las bases de rigor del conocimiento, por científicos a sueldo del régimen. Por ejemplo, insiste en la urgente necesidad de asociarse con empresas privadas extranjeras para la exploración de aguas profundas, pero resulta que otros expertos, desde los centros de investigación más prestigiados del país, dan cifras escalofriantemente distintas de las ofrecidas por el dictamen a modo; y ante el apremio reformista (léase, privatizador) estos especialistas nos sorprenden diciendo que es falsa la encrucijada y precisan, para comenzar: sólo hemos explorado el 12 % de nuestro potencial petrolífero en aguas someras y de tierra; para continuar esas exploraciones, no nos urge ninguna nueva tecnología porque la que poseemos es actual y tenemos suficientes recursos humanos capacitados que pueden perfectamente realizarlas; en cuanto a la imperiosa inversión requerible para modernizar a PEMEX, bastaría con liberarla de sus pesadas cargas fiscales y cuidar sus cuentas (es decir, evitar tanta ‘transa’). O sea, los dos grandes argumentos sobre los que descansa esta acometida privatizadora no tienen sustento. No existen condiciones reales para hablar de encontrarnos ante una alternativa fatal de tener que escoger entre el desastre, o relacionarnos y asociarnos con las grandes empresas extranjeras y abrir nuestro arcón al saqueo; entonces ¿por qué la urgencia?
Inevitablemente se despierta la suspicacia: ¿Qué es lo que se esconde tras el maquillaje cientificista que nos presenta un paisaje de catástrofe inminente? ¿Por qué, de modo lógico, no se continúa la exploración de aguas someras y de tierra? ¿Qué o quiénes lo impiden y por qué? ¿Quiénes están detrás del ocultamiento de información complementaria útil? ¿Quiénes ganarían realmente en una eventual privatización de PEMEX?
Desde el siglo XIX dos modelos de desarrollo, con elementos valiosos cada cual, han jalonado la historia del país de modo excluyente. Uno de ellos –conservador, hoy perversamente llamado ‘neoliberal’– fue esbozado visionariamente por don Lucas Alamán y que al basarse en la exportación de materia prima y la explotación de recursos naturales y en el éxito del más apto, termina provocando grandes desigualdades, insolidaridad y enajenación cruel; el otro (liberal) enarbolado por Morelos, definido por el Dr. Mora y seguido por Juárez, los constitucionalistas de 1917 y Cárdenas, busca el desarrollo general mediante la producción de bienes y la cooperación de los grupos, pero al tornar su carácter en asistencial y paternalista puede provocar rutinarismo, desgano y la ‘viveza’ de algunos. Ambos han tenido su oportunidad, igual han mostrado fortalezas y debilidades. Han ido y vuelto en nuestra historia y su resultante es el México del presente.
Conviene tener en cuenta que tampoco es nuevo el entusiasmo de las oligarquías por el acaparamiento privatizador, ni el empleo de la ciencia para legitimarse; ocurrió durante la Colonia (la misión cristianizante civilizatoria derivó en expoliación a gran escala; la ruina de África y gran parte de Asia y de Latinoamérica son sus secuelas), fue el señuelo que guió a los franceses eurocéntricos para intervenir en nuestro país, se consolidó durante la dictadura de “Los científicos” con Porfirio Díaz y regresó en los post Chicago boys del neoliberalismo salinista-zedillista (que aparte de malbaratar el país lo compraron con prestanombres –recuérdese Telmex, los Ferrocarriles Nacionales y el Fobaproa) y se ha tornado virulento con el retorno de la derecha al poder desde Fox y su cínica banda de predadores “gerenciales”.
Menos mal que la propuesta del debate nacional va encontrando camino. Es la mejor manera de hacernos –todos– corresponsables en el asunto. Me gusta pensar que es cierto cuanto dice la versión nacionalista de la vieja canción La paloma, la cual concluye: “.../ No te quiebres país,/ aquí está mi canción/ que un águila y una serpiente resguardan la nación.”

Hoy sí es responsabilidad total del Estado Mexicano

María Teresa Jardí

El combate a la ilegalidad por caminos ilegales no fue exclusiva del Estado mexicano. Impulsada por los Estados Unidos de Norteamérica, la doctrina de la seguridad dictada en Washington y aprendida en Fort Bragg ubicado en Carolina del Norte --en EE.UU.-- y la Escuela de las Américas, mejor conocida como “Escuela de los Asesinos” ubicada en Panamá, fue aplicada lo mismo en Uruguay que por dictaduras como la guatemalteca, la brasileña, la chilena o la argentina.
El enemigo, sin importar que fuera inexistente, era el comunismo y su exterminio la prioridad. Ejecuciones sumarias, detenciones de opositores, torturas y desaparición para evitar trámites legales fueron las “medidas profilácticas” elegidas por los yanquis y aceptadas por los gobernantes latinoamericanos para detener “el avance comunista”. El Estado priísta, que estaba acostumbrado a saltarse el marco legal, se sumó a la elección de lo ilegal para combatir la disidencia ciudadana. Pésima decisión que mantiene abierto el expediente de la “guerra sucia”, de la década de los años sesenta y setenta.
En condiciones optimas, es decir tratándose de un gobernante legítimo, debido al abandono del aparato procurador de justicia, se habría visto obligado también a sacar al Ejército a la calle para combatir al narcotráfico, fundamentalmente debido a la violencia que trae aparejada la droga mantenida como mercancía clandestina, por el imperio yanqui, dado el negocio, millonario en dólares, --o quizá habría ya que empezar a decir en euros--, que ese imperio asesino, cabeza de un sistema político agotado y fracasado, que a bofetada limpia quiere imponer como único para América Latina, necesita para sus guerras de invasión y de saqueo.
Pero no es ya tan probable, a pesar de que de los gobernantes mexicanos hace tiempo que ya se sabe que se puede esperar cualquier cosa, que un presidente legítimo para combatir el narcotráfico ordenara o aceptara que el Ejército de su país, que es también el de sus hijos, se convirtiera en un ejército kaibil. Un gobernante legítimo habría pensado mil veces antes de cometer semejante canallada en contra del pueblo que lo eligió. Y, por esa sencilla razón, incluso las razones son muchas y variadas, como es evidente, es inaceptable siempre la usurpación. El que usurpa se torna canalla, aunque antes no lo sea.
Si la elección fuera el combate al crimen organizado, además se estaría dando la lucha en otras vertientes empezando por la de combate a los delincuentes de cuello blanco a la par que encabezando, México, la lucha, esa sí, a brazo partido, con la comunidad internacional entera, para lograr la despenalización de la droga y se estaría destinando dinero a los rubros de salud y educación para prevenir, a través de la educación, el consumo y para atender a los que, de todas maneras, en una elección libre, decidan ser adictos, al igual que otros deciden ser borrachos, incluso sociales, porque no sólo está permitido ser alcohólico sino que, además, es bien visto por diversos sectores sociales, a pesar de que salta a la vista que no es menos grave el problema que significan los que se idiotizan bebiendo alcohol en exceso, siendo, como bien señalaba alguien en nuestro diario hace unos días, el alcohol la peor de la drogas y, sin duda alguna, la que trae aparejados más accidentes con pérdida de vidas y la droga que suele estar involucrada en la comisión del delito de lesiones y en un gran número de casos de homicidio.
Es claro que la derecha en el mundo es capaz de la peor de las bajezas y usurpar el puesto, que otro en las urnas ganó, es una vileza.
No es ésta, la que ya está aquí de nuevo, la primera “guerra sucia”, que el pueblo mexicano enfrenta, la que recién en Juárez se evidencia ya, de manera clara y precisa.
Pero no es sólo el PAN el involucrado esta vez, en la bajeza. La Ley GESTAPO, con la que se legaliza, lo ilegal e inmoral, ha sido votada por todos los partidos políticos y hoy el pueblo mexicano enfrenta, sin un solo instrumento legal a su favor, a un ejército en la calle entrenado como kaibil. Imperdonable es que ni el PRD haya entendido lo poco moderno, incluso, que es haber legalizado los excesos de la nueva “guerra sucia” que en contra del pueblo mexicano recién empieza.

Competencia desleal - Ahora los rufianes Mouriño van por Oaxaca

Consejo de Empresarios Gasolineros de Oaxaca denuncia que el Grupo Empresarial del Sureste, propiedad del español espurio Juan Camilo Mouriño, instalará 15 gasolineras en esa Entidad, y con sus prácticas monopólicas originará el cierre de varias estaciones de servicio

OAXACA, Oaxaca, 5 de abril (LA JORNADA).- El Consejo de Empresarios Gasolineros del Estado de Oaxaca denunció que el Grupo Empresarial del Sureste (GES), propiedad de la familia del secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño, provocará una competencia desleal en el gremio al instalar 15 estaciones de servicio en el Estado.
Ramiro Palma Martínez, representante de los propietarios de las 125 gasolineras en la Entidad, expuso que la familia Mouriño inició la construcción de tres estaciones de servicio en Salina Cruz, Tehuantepec y Juchitán de Zaragoza, en el Istmo de Tehuantepec.
Al ser de la familia Mouriño, GES obtuvo de manera inmediata los permisos de uso de suelo y de impacto ambiental, así como la autorización de Petróleos Mexicanos para la construcción de las estaciones de servicio, a pesar estarse construyendo a menos de 100 metros de las actuales gasolineras.
“A nosotros nos lleva hasta más de un año conseguir todos los permisos y el Grupo GES en menos de un mes lo hizo”, se quejó.
Dijo que el ingreso de las empresas de la familia Mouriño originará una competencia desleal a los demás empresarios por prácticas monopólicas y podría originar hasta el cierre de varias estaciones de servicio.

Reforma al gusto de Repsol

Durante el sexenio de Vicente Fox, la trasnacional española Repsol-YPF comenzó a explotar directamente yacimientos petroleros en la Cuenca de Burgos, al Noreste del territorio mexicano. Felipe Calderón, que favoreció al consorcio como secretario de Energía, está dispuesto a abrirle más puertas con su “reforma energética”. Sin embargo, desde la academia, el Congreso de la Unión y amplios sectores de la opinión pública llueven denuncias y advertencias sobre la forma en que Repsol-YPF se entrelaza con los poderes de los países en que opera, a fin de romper las leyes nacionales que pudieran limitar sus ganancias

Reportaje

“Ellos saben que están haciendo algo ilegal y anticonstitucional. Lo saben los de Repsol y lo sabe Calderón, quien los defendió siendo secretario de Energía y ahora como presidente (espurio)”.

Repsol-YPF, el gigante español del petróleo y el gas, acumula denuncias por su rapacidad en los negocios y por grave daño en poblaciones y el medio ambiente de países de Centro y Sudamérica, pero el gobierno mexicano la ha convertido en una de sus favoritas al otorgarle multimillonarios contratos para la extracción y explotación de hidrocarburos.
Siempre beneficiada por la monarquía española y los poderes políticos en varios de los 30 países donde opera, Repsol-YPF ahora acomoda sus piezas ante una eventual reforma energética en México que permita la participación de capital privado en la extracción del llamado “tesoro” petrolífero en las aguas profundas del Golfo de México.
Crítico de Repsol-YPF y de la “diplomacia de negocios” que realiza el gobierno español para resolver los conflictos creados por las trasnacionales de este país, Alberto Montero Soler, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga, advierte en entrevista del riesgo que implica para México una apertura energética que fortalezca la participación de Repsol.
Esta “es una empresa muy agresiva” al poner en marcha “sus planes de negocios, en sus estrategias de operación y con las comunidades y medio ambiente donde trabajan”, explica.
“Se me hace muy riesgoso (para México) que participe en empresas multinacionales y pueda llegar a una estrategia de participación cruzada que, a la mera hora, la participada vaya entrando al negocio de la estatal o que, por esta vía, México le esté abriendo los negocios en el país, en detrimento de la generalidad (de los mexicanos)”, reitera el especialista.
Autor del ensayo Ah, ¿y Repsol es española?, publicado en la revista virtual Rebelión, el 6 de septiembre deL 2006, Montero advierte que México “debe voltear a ver” el caso de Argentina, donde Repsol “se apoderó de YPF” (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), empresa de capital mixto –gubernamental y privado–, en sólo tres años.
Una catedrática e investigadora de la Universidad de Buenos Aires, María Paula Iza, señala que para llevar a cabo sus planes de expansión, en 1996 Repsol puso en marcha una rápida y certera ofensiva para comprar el gigante YPF en 15 mil millones de dólares.
Antes había adquirido diversas empresas petroleras y gaseras argentinas, en “un contexto internacional caracterizado por la fusión del mercado petrolero”, que “se conjugó con un gobierno predispuesto a la venta de sus activos”.
En esa maniobra intervinieron “los más altos sectores político-económicos de España”, encabezados por el rey Juan Carlos de Borbón, quien primero cabildeó con el empresario Santiago Soldati, su compañero de estudios en Suiza, y luego con el entonces presidente Carlos Menem, a quien llamaba por teléfono a cada rato.
La compra le permitió a Repsol-YPF tener “el control de todo el mercado petrolero y gasero” en Argentina, documenta María Paula Iza en su estudio El proceso de internacionalización del sector energético: análisis del caso Repsol-YPF.
En Bolivia, en cambio, la trasnacional ha sido acusada por la asamblea del pueblo guaraní Itika Guasu de operar en ese territorio “sin considerar el cumplimiento de los derechos indígenas, a pesar de que los mismos son reconocidos por leyes nacionales y convenios internacionales”.
Estos abusos han sido documentados por la organización no gubernamental Intermón-Oxfam, que ya emitió dos informes sobre las actividades de Repsol en Bolivia en 2004, y en la Amazonia peruana, en el 2006.
Una integrante de Intermón-Oxfam, María Dolores López, dice en entrevista que Repsol opera en 14 países de América Latina, y ahí donde existen pueblos indígenas la trasnacional “no está cumpliendo con la legislación interna de esos países referida a los procedimientos de consulta a esos pueblos cuando entra a explorar y a explotar, haciendo que sólo sean procedimientos de información, sin conocer el contenido de lo que van a hacer, lo cual coloca en una situación de máxima vulnerabilidad a los pueblos”.
La crisis diplomática que estalló entre Venezuela y España en diciembre de 2007, cuando los respectivos presidentes Hugo Chávez y José Luis Rodríguez Zapatero discutieron acremente en la XVII Cumbre Iberoamericana, en Chile, tuvo como fondo la fuerte presencia de las trasnacionales españolas en América Latina, pues los mandatarios debatían sobre el modelo de desarrollo en la región.
Zapatero criticaba las nacionalizaciones en Venezuela y Bolivia. En estos dos países Repsol sufrió sendos descalabros y mantenía tensas relaciones con los gobiernos por la nacionalización de los hidrocarburos, pero finalmente se ajustó al esquema estatal que implicó una disminución de 25% en sus estimaciones de producción petrolera.

Golfo cercado
El 28 de febrero Antonio Brufau, presidente de Repsol-YPF, dio a conocer en Madrid su Programa Estratégico 2008-2012, entre cuyos objetivos está disminuir de 38% a 31% sus activos en América Latina, manteniendo sus proyectos más redituables en la región, e incrementar sus proyectos de 54% a 55% en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la que México forma parte.
Por lo pronto, uno de sus diez proyectos clave es el Golfo de México, donde planea explorar y explotar hidrocarburos en aguas profundas estadounidenses y al norte de Cuba, no muy lejos de la frontera marítima con México, donde se encuentra el “tesoro” que el gobierno de Felipe Calderón pretende explotar.
De acuerdo a informes de la propia trasnacional, el 31 de diciembre del 2006 Repsol ya poseía derechos mineros sobre 85 bloques en las áreas de Green Canyon, Alwater Valley, Alamitos Canyon, Mississippi Canyon y Garden Banks, 75 de los cuales son de exploración, con más de mil kilómetros cuadrados, y 5 más de explotación. Otros bloques adquiridos por Repsol son los conocidos como MC930, MC585 y MC630, entre otros.
Ahí sus reservas más importantes se ubican en los megacampos Shenzi y Gengis Khan. En el primero tiene una participación accionaria de 38%, y lo comparte con las trasnacionales BHP Billington y Amerada Hess. El 1 de febrero de 2007, el mismo consorcio concretó la adquisición del campo Gengis Khan, donde también mantiene 28% de las acciones.
Según Repsol, los yacimientos de Gengis Khan y Shenzi representan “los mayores descubrimientos hasta el momento en aguas profundas de Golfo de México”.
En aguas del norte de Cuba, Repsol posee derechos mineros sobre un bloque de seis zonas exploratorias N25/26/27/28/29/36 más el área 35, concedida a Repsol a principios de 2005, con una superficie total de 4 mil 512 kilómetros cuadrados, de acuerdo con los mismos informes.
Como las aguas estadounidenses donde opera Repsol están cerca de la frontera marítima con México, el PRI, a través de la senadora Rosario Green, ha exigido al gobierno de Felipe Calderón que negocie con el de Estados Unidos para fijar los límites y suscribir un tratado a fin de proteger los yacimientos de petróleo y gas en la zona.
Al dar a conocer el mencionado Programa Estratégico, Brufau apenas aludió a México en la presentación. Ahí se refirió el contrato suscrito por 15 años y firmado en septiembre de 2007 con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para suministrarle gas natural licuado proveniente de sus ricos yacimientos de Camisea, Perú.
Se trata precisamente del contrato que Andrés Manuel López Obrador entregó en México a diputados del Frente Amplio Progresista (FAP) para pedir a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que lo investigue, pues considera que Repsol recibió “información privilegiada” del gobierno espurio.
Es parte “de la corrupción que impera en el gobierno federal con el objetivo de beneficiar a una trasnacional”, y las “ganancias para Repsol” son de aproximadamente 15 mil millones de dólares, según cálculo de López Obrador.
El contrato con la CFE y la Secretaría de Energía es “por el servicio de recepción, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado para la zona de Manzanillo, Colima” durante los próximos 15 años, que tendrá un costo de 21 mil millones de dólares.
Según la denuncia de López Obrador, Repsol recibió “información privilegiada” del gobierno desde 2005, sobre los planes futuros de adquirir gas para la generación de energía eléctrica en las centrales de ciclo combinado, lo que le daría beneficios muy superiores debido al costo inferior con el que obtendría dicho suministro: 6 mil millones de dólares.
El director general de la CFE, Alfredo Elías Ayub, respondió a esta acusación. Según él, la licitación que obtuvo Repsol fue transparente y garantiza el suministro de gas con un precio 10% menor al que hubieran conseguido en Estados Unidos, lo cual representó un ahorro de mil 500 millones de dólares.

La trasnacional favorita
La trasnacional Repsol llegó al mercado mexicano con los gobiernos del PRI, pero ha obtenido el mejor trato de los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón.
En octubre de 2003, cuando Calderón era el secretario de Energía de Fox, Petróleos Mexicanos (PEMEX) otorgó a Repsol el primer contrato de servicios múltiples (CSM) para las obras de desarrollo, infraestructura y mantenimiento de los yacimientos de gas natural de la Cuenca de Burgos (región que abarca partes de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas), con lo cual se convirtió en la primera trasnacional privada que explotaba hidrocarburos en México.
Esa licitación le permitía explotar el primer bloque de 16 campos, que abarcan una extensión de 3 mil 538 metros cuadrados (casi el 25% de la cuenca), ubicados entre Reynosa y Monterrey. En esta zona Repsol invertirá 2 mil 437 millones de dólares para conseguir una producción adicional de 222 millones de pies cúbicos de gas al día.
Sin embargo, ese contrato encontró oposición en el Congreso mexicano, donde más de 170 diputados y senadores del PRI y del PRD promovieron una demanda de nulidad absoluta de los CSM otorgados primero a Repsol y después a Petrobras-Teikoku Oil Petroleum, Techint, Tecpetrol-Industrial y Lewis Energy Group, que concursaron en la licitación de otros bloques del yacimiento.
Los senadores contaban con un diagnóstico preparado por la Universidad Nacional Autónoma de México, una de cuyas conclusiones señala que los CSM son “ilegales” y que el contrato asignado a Repsol le permitía elaborar gas metano y otros hidrocarburos como etano, propano, butano, pentano, hexano y heptano, que “la ley clasifica como pertenecientes a la petroquímica básica y cuya explotación está reservada al Estado” (La Jornada, 19 de abril de 2004).
En entrevista, el ahora ex senador Manuel Bartlett, quien encabeza esa demanda, advierte que PEMEX defendió esos contratos “mediante chicanadas” pero “falsa e indebidamente” ha difundido que son legales. “Ellos saben que están haciendo algo ilegal y anticonstitucional. Lo saben los de Repsol y lo sabe Calderón, quien los defendió siendo secretario de Energía y ahora como presidente (espurio)”, acusa.
Bartlett se refiere a la comparecencia de Calderón como secretario de Energía ante el Congreso en el 2004, en la que aseguró: “Estos contratos son de obra y son contratos de servicios que están dentro del marco de la ley reglamentaria del Artículo 27 de la Constitución”.
En su ensayo Repsol-YPF: en todo el mundo, el periodista argentino Enzo Vicentín advirtió en 2004 en relación con los CSM: “El caso de México es paradigmático, porque recuerda y mucho al proceso en Argentina: (…) una empresa estatal que otorga concesiones de explotación del subsuelo a empresas privadas con la excusa de que no tiene capacidad para invertir. Aquí YPF, y allá y en estos momentos PEMEX”.
El gobierno mexicano también ha otorgado a Gas Natural, filial de Repsol, los permisos para la distribución y comercialización de gas natural doméstico en el Distrito Federal, Monterrey, Nuevo Laredo, Saltillo, Toluca y la zona del Bajío, además de detentar “un mercado de clientes industriales ‘cualificados’”.
(Alejandro Gutiérrez/APRO)

Alerta EU

Desde Ciudad Juárez, el embajador estadounidense en México, Tony Garza, advierte que su país podría elevar la semana próxima el nivel de alerta sobre los viajes a nuestro país, para reflejar de manera más precisa el aumento en la inseguridad en Chihuahua

“Si bien no me cabe duda que esta alerta debe ser publicada nuevamente, también puede ser necesario elevar el nivel de la misma, para reflejar de manera más precisa el aumento en la inseguridad en Chihuahua”, dijo el embajador Tony Garza.

MEXICO, D.F., 5 de abril (AP).- El embajador de Estados Unidos en México advirtió que su país podría elevar el nivel de alerta sobre los viajes al vecino del sur, la semana próxima.
En los años recientes, México ha experimentado una ola de violencia relacionada con la delincuencia organizada y el narcotráfico, que dejó más de 2,500 muertos tan sólo en el último año.
“Si bien no me cabe duda que esta alerta debe ser publicada nuevamente, también puede ser necesario elevar el nivel de la misma, para reflejar de manera más precisa el aumento en la inseguridad en el Estado de Chihuahua”, dijo el embajador Tony Garza en un comunicado difundido el viernes.
Una alerta emitida el año pasado por el Departamento de Estado advierte a los estadounidenses que no deberían viajar a zonas del país donde los extranjeros han sido víctimas de hechos de violencia o delincuencia. Esa advertencia está por expirar el 15 de abril.
Garza habló en Ciudad Juárez, a la que han llegado numerosos soldados y policías federales enviados por el gobierno en busca de combatir la creciente violencia. Unas 200 personas han muerto violentamente en esta ciudad del Estado de Chihuahua, de 1.3 millón de habitantes, desde el 1 de enero.
También el viernes, la Secretaría de la Defensa Nacional de México informó que un tribunal militar investiga a cinco soldados por su presunta participación en el asesinato de cuatro civiles y de dos militares.
Un juez militar emitió una orden de arresto, informó la secretaría en un comunicado. La dependencia no dio más detalles sobre las muertes, pero informó que la investigación seguía abierta.
En un segundo comunicado, la secretaría informó que dos soldados desertaron el jueves y fueron muertos posteriormente durante un tiroteo con la policía en el estado de Nuevo León. Tres agentes policiales estatales y un civil perecieron también en hechos de violencia.

Histórica alianza

Reportaje

Petróleos Mexicanos forma parte del “núcleo duro” de accionistas de Repsol, pues aunque ocupa el quinto lugar por su volumen accionario (con 4.9%), se le considera un capital de referencia, según declaró a mediados de 2006 el presidente de la trasnacional española, Antonio Brufau.
Lo anterior se debe a que PEMEX forma parte de Repsol desde que ésta se constituyó en 1986 y ha sido uno de sus mayores apoyos para que se cuente hoy entre las 10 trasnacionales petroleras más importantes del mundo: es líder en España y tiene presencia en América Latina, Estados Unidos, Medio Oriente y el norte de África. Según sus propios datos, produce más de un millón 100 mil barriles de petróleo diarios.
El 2 de marzo pasado, el mercado de valores español dio a conocer que en los últimos cinco años las empresas españolas siguieron batiendo récord en ganancias. Pese a los tropiezos que sufrió con las nacionalizaciones de hidrocarburos en Venezuela y Bolivia, Repsol se mantuvo en segundo sitio, sólo por debajo de Telefónica. Aunque incrementó sus negocios sólo en 1.4%, obtuvo dividendos por más de 53 mil 800 millones de euros en el último lustro.
La participación de PEMEX en Repsol es de 59.8 millones de acciones (4.9%) que administra PEMEX Internacional España, S.A., lo cual le garantiza un lugar en la mesa de accionistas.
El director de ese organismo y representante de PEMEX en el Consejo de Administración de Repsol es el veracruzano Raúl Fortunato Cardoso Maycotte, quien funge como consejero externo dominical (sic), vocal de la Comisión Delegada y presidente de la Comisión de Estrategia, Inversiones y Responsabilidad Social Corporativa de la petrolera española.
Los otros miembros del Consejo de Administración son la constructora Sacyr Vallehermoso, propietaria de un paquete accionario de 20%; La Caixa, con 9.1%; Repinves, con 5%; Axa, con 4.2%; el banco Barclays, con 3.2%, y desde septiembre pasado Mutua Madrileña, que adquirió el 2% directo, aunque ya participaba en la sociedad con 5% de las acciones de Sacyr Vallehermoso.
El restante 51% de las acciones de Repsol está sometido a la libre cotización de los mercados de valores en las bolsas IBEX de Madrid, la de Nueva York y la de Argentina (26.5% controlado en el extranjero y 25.1% en España).

Expansión
De acuerdo con documentos oficiales cuyas copias se consultó, PEMEX tiene registradas en España dos sociedades. Una es la sociedad limitada denominada PMI Holdings Petróleos España, mediante la cual vende hidrocarburos en ese país, el segundo mercado más importante después de Estados Unidos, y donde Repsol es su principal cliente, además de Cepsa, BP España y Petrogal.
PEMEX Internacional España, S.A. es la otra sociedad del entramado financiero de PMI (Petróleos Mexicanos Internacional). Tiene su sede fiscal en las Torres Picasso, en la avenida de La Castellana de Madrid, y en su ejercicio 2006-2008 declaró un capital social de 162 mil 540 euros.
Raúl Fortunato Cardoso Maycotte preside PMI Holdings Petróleos España desde el 27 de enero de 2006 –luego que en 2005 mudó su oficina de Londres a Madrid– en calidad de consejero delegado solidario.
Como secretario y consejero de PMI aparece el responsable de inteligencia financiera de PEMEX en Europa, Edgar G. Jones Muñoz. El otro consejero es Rosendo Zambrano Fernández, actual director general de PMI Comercio Internacional, director comercial de refinados y petroquímicos y presidente de PMI Services North America, Inc.
Este semanario solicitó una entrevista con Cardoso, quien se negó. Sin embargo, es asiduo declarante de los medios europeos especializados en economía, y en diciembre de 2003 dio a conocer la colocación de una emisión de bonos por cerca de mil 400 millones de dólares canjeables por acciones de Repsol o pago en efectivo, cuyo fin era la “monetización de la inversión”.
Dicha emisión fue realizada por Repcon Lux, otra filial de PEMEX asentada en Luxemburgo, país señalado como un paraíso fiscal e incluido en las listas negras de los organismos reguladores a nivel internacional. La emisión se cerró en sólo tres horas y hubo una sobredemanda, según el periódico español Cinco Días.
El martes 1, en una entrevista en TV Azteca, Andrés Manuel López Obrador denunció que esa emisión de bonos, que ocurrió cuando Felipe calderón era secretario de Energía, provocó un grave “daño patrimonial” a la paraestatal porque fueron vendidos a bajo precio, pero meses después “esas acciones aumentaron su valor”. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) estimó que la pérdida de PEMEX fue de 655 millones de dólares.

Mezcla de intereses
La histórica “alianza estratégica” de PEMEX con la industria petrolera española inició en la segunda mitad de los setenta.
El rey Juan Carlos de Borbón intercedió ante el gobierno de José López Portillo para que, en el marco del restablecimiento de relaciones diplomáticas y dado al auge económico derivado de las abultadas reservas petroleras de México, éste mostrara su buena voluntad hacia la naciente democracia española con inversiones en el sector de los hidrocarburos.
El gobierno mexicano dispuso que PEMEX invirtiera en Petróleos del Norte (Petronor), empresa de capital mixto dominada por el Banco de Bilbao, el Banco de Vizcaya (después fusionados en BBVA), la Caja de Ahorro Vizcaína y la Caja Municipal de Bilbao. Esta operación fue anunciada como la plataforma para que PEMEX penetrara en el mercado europeo.
Mediante un decreto real se instruyó a la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos (CAMPSA), que entonces detentaba el 32% de las acciones de Petronor, para que adquiriera 34% de las acciones que hasta entonces detentaba Gulf Oil Corporation y se las vendiera a PEMEX.
México compró un primer paquete de acciones en 1979 y otro en 1981 para completar el 34.29%, equivalentes a 81 millones de dólares al cambio de la época.
En 1980, en el proceso de venta del segundo paquete, el presidente de Petronor, Nemesio Fernández Cuesta, destacó que “México ha apostado por el futuro y ha elegido el País Vasco para ello”. Consideró que López Portillo y el rey Juan Carlos de Borbón fueron “fundamentales” en estos acuerdos. Incluso añadió que el monarca “ha sido el elemento capital de la gestión” (El País, 1 de julio de 1980).
Las negociaciones fueron encabezadas por el Ministerio de Comercio español y CAMPSA, mientras que en representación de México participaron el entonces director de PEMEX, Jorge Díaz Serrano, y su asesor Mario Cobo, escribe José A. del Moral en el sitio CyberEuskadi.
El 15 de junio de 1987 España promulgó una ley con el fin de reorganizar su política energética nacional, dándole prioridad al crecimiento del holding Repsol, que el gobierno español había constituido un año antes (en 1986) y dependía del nuevo Instituto Nacional de Hidrocarburos (INH).
Ese mismo año, ya en el gobierno de Miguel de la Madrid, PEMEX propuso sacar al mercado bursátil un paquete de 15% de las acciones de Petronor a fin de capitalizarse e iniciar su expansión a Francia. Sin embargo, los directivos del INH y Repsol convencieron a los principales socios de Petronor, el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y PEMEX para que les vendieran sus acciones en Petronor, incluida la compra de la imponente refinería de Bilbao.
A cambio, el banco y la paraestatal mexicana tendrían lugar en la mesa de accionistas de Repsol. Así sucedió, aunque en el acuerdo firmado en 1989 PEMEX se vio obligado a aclarar a Repsol que la adquisición de su paquete accionario no significaba que esta empresa adquiriera derechos para realizar trabajos de exploración petrolera en México.
La investigadora argentina María Paula Iza asegura que “uno de los hitos clave” para la expansión mundial de Repsol fue la firma del “acuerdo estratégico” entre PEMEX y el Instituto Nacional de Hidrocarburos español. Por medio de esa negociación, Repsol adquirió el 34.4% que entonces PEMEX poseía de Petronor elevando su participación en la compañía titular de la refinería de Bilbao hasta el 88,3%. A cambio, PEMEX adquirió el 2.9% (inicial) de las acciones del capital de Repsol”.
(Alejandro Gutiérrez/APRO)

Comenzó la segunda Revolución en Cuba

* Afirman los participantes en el Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) celebrado esta semana en la Habana y que deja tras de sí un ambiente de gente y conciencias aparentemente renovadas, sobre todo en las casi 400 figuras del arte y la cultura

* Fue “la prueba más concreta de que, en efecto, el proceso de cambios augurado y ya emprendido en Cuba es una realidad tangible, que se puede tocar” /

* Notable el toque de realismo en los análisis y en la forma de recibirse la crítica desenfadada en el ámbito de los círculos oficiales y de las superestructuras política y gubernamental

Con la presencia del Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Raúl Castro Ruz, finalizó el viernes pasado el VII Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) que desde el primero de abril reunió cerca de 400 creadores de todo el país en el Palacio de las Convenciones de La Habana. Con él, Miguel Barnet, nuevo presidente del organismo, y Abel Prieto, Ministro de Cultura de de Cuba. (POR ESTO!)

LA HABANA, Cuba, 5 de abril (POR ESTO!).- El Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) celebrado esta semana, deja tras de sí un ambiente de gente y conciencias aparentemente renovadas, sobre todo en las casi 400 figuras del arte y la cultura en general que participaron.
Algunas de ellas coincidieron en el criterio de que en Cuba “ha comenzado una segunda revolución”.
Altos dirigentes y funcionarios del Partido Comunista (PCC) y el gobierno cubanos –encabezados por el presidente Raúl Castro-- asistieron como invitados, tanto en las sesiones plenarias como en las comisiones, en uno y otro casos para escuchar críticas, enfoques y reflexiones no acostumbrados en reuniones de este tipo en este país.
La presencia de Esteban Lazo, miembro del Buró Político del PCC; el vicepresidente del gobierno Carlos Lage; el ministro de Cultura, Abel Prieto, y el de Educación, Luis Ignacio Gómez; el jefe del Departamento Ideológico del PCC, Alfonso Borges; viceministros, directores de organismos y organizaciones sociales y de masas reveló la elevada prioridad concedida al evento, desde el martes y hasta el viernes.
Para no pocos participantes –más de un centenar de ellos de todas las provincias del país-- el Congreso fue “la prueba más concreta de que, en efecto, el proceso de cambios augurado y ya emprendido en Cuba es una realidad tangible, que se puede tocar”.
La celebración del Congreso coincidió en el tiempo con la aplicación de medidas y el levantamiento de prohibiciones emprendidos por el General Raúl Castro. Según fuentes de todo crédito ya son siete las eliminadas --algunos dicen nueve--, y se esperan otras a corto y mediano plazos.
Aunque no se permitió el acceso a ninguno de los corresponsales de los medios extranjeros acreditados en La Habana, la reunión contó con una cobertura permanente de la prensa nacional -–toda en poder y bajo control del Estado--, la cual no escatimó páginas, horas ni espacios digitales, incluso antes de iniciar.
Fue notable el toque de realismo en los análisis y en la forma --hasta ahora intransigente-- de recibirse la crítica desenfadada en el ámbito de los círculos oficiales y de las superestructuras política y gubernamental, de acuerdo con reflexiones de diplomáticos y otras fuentes especializadas consultadas.
“Ha sido un Congreso muy crítico en sus expresiones sobre sistemas casi intocables, como siempre ha sido la educación pública en Cuba”, comentó un asistente que requirió anonimato, quien significó que este fue el primer Congreso del sector cultural, que se desarrolló sin la presencia del ex presidente Fidel Castro.
Por demás, agregó, “resultó sorprendente que esa crítica haya partido también de personas que dirigen”.

Criterios y prácticas descabellados
Sobre ese espinoso tema, el reconocido intelectual Alfredo Guevara se preguntó:
“¿Puede la escuela primaria, secundaria y preuniversitaria, tal y cual han llegado a ser regenteadas por criterios y prácticas descabellados ignorantes de principios pedagógicos, psicológicos elementales y violadoras de derechos familiares, ser formadora de niños y adolescentes y, por tanto, fundar futuro?
El fundador, en 1959, del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) y amigo personal de Fidel Castro, denunció en el Congreso que los llamados programas “emergentes” reflejan improvisación o “carencia de diseño” en la sociedad cubana actual.
Desde su punto de vista, la solución de ese problema “pasa por rectificaciones de fondo”.
El programa de “maestros emergentes” para secundaria básica –rechazado por una buena parte de la población-- fue la solución gubernamental a la carencia de profesores en las escuelas, debido al éxodo iniciado hace una década a consecuencia del bajo nivel salarial en el sector.
Desde entonces, se preparan para esa función alumnos que terminan el noveno grado, con 15 ó 16 años de edad, los cuales se convierten en profesores seis meses después, uno por aula, para impartir casi todas las asignaturas. El sistema se apoya en teleclases que se emiten por la televisión nacional.
“Jamás podrá construirse con solidez a partir de dogmas, empecinamiento, desconocimiento de la realidad real o ignorando los mensajes alertadores de la experiencia y de los ciudadanos”, expresó Guevara, quien fue condiscípulo del veterano caudillo cubano, Fidel Castro, en la Universidad de La Habana.
El respetado cineasta participó en la creación de la UNEAC, fundada por el poeta nacional, Nicolás Guillén, el 22 de agosto de 1961.
La institución cuenta hoy con más de 8,500 integrantes, como resultado de un proceso que propició, en los últimos 10 años, el ingreso de personas de un nivel profesional que fue cuestionado en el presente Congreso (Su intervención se publica íntegra en esta misma edición).

Las cosas por su nombre
Las reflexiones y debates, tomando en consideración lo publicado por los medios nacionales, tocaron y cuestionaron las esencias de circunstancias, problemas y conceptos.
“Toca profundizar y debatir no sólo lo que el socialismo significa, sino, lo principal, en cómo tornarlo como un destino atractivo y culturalmente deseable”, afirmo un escritor.
“Preparémonos para el nuevo destino de nuestro país”, dijo sin medias tintas el Historiador de la Ciudad de La Habana, Eusebio Leal, cuyas palabras fueron interrumpidas por repentinos aplausos y cerradas por una sonada ovación.
Leal reconoció los cambios emprendidos por Raúl Castro, tras asumir el poder el pasado 24 de febrero y sustituir a su hermano mayor.
“Cada día las noticias que nos llegan son alentadoras, y no es como dicen nuestros mortales enemigos, un tema cosmético”, expresó el relevante pensador y orador cubano.
“¡Qué bueno es que podamos tener teléfono, es legal!” dijo, emocionado, mientras mostraba el celular que llevaba en el bolsillo de su camisa. Y añadió:
“Todos estamos esperanzados. ¿Por qué? Porque el país, efectivamente, asume que lo que hasta ayer no fue conveniente o prudente, hoy es necesario”.
“¡Que bueno que se cumpla (...) que sea tuya la tierra que trabajas, como es tuyo tu amargo sudor'!," dijo.
Al inicio de sus palabras, Leal evocó la frase inolvidable de la escritora francesa Marguerite Yourcenar, autora de Memorias de Adriano:
“Los dioses no estaban ya, y Cristo no estaba todavía, y de Cicerón a Marco Aurelio hubo un momento único en que el hombre estaba solo”.
“Una reunión como esta de hoy –dijo--, no podría celebrarse en ningún lugar del mundo porque no existe aquél donde los intelectuales, los escritores, los artistas, se puedan reunir y que sus ideas no ya cuestionen, sino que influyan y hasta determinen en la vida de un Estado y de una nación.
“Ese privilegio que nos dio el tiempo, está unido a la ausencia que se produjo cuando el primer día no estuvo con nosotros Fidel” –opinó el historiador, ensayista e investigador (El discurso íntegro de Eusebio Leal fue publicado en nuestra edición de ayer, sábado, en la Sección de Cultura)

Temas y reclamos
El Congreso debatió una decena de informes que pretendieron abarcar las esencias del trabajo cultural y de la cultura como elemento de identidad, relacionadas directamente, entre otros aspectos, con la proyección internacional del arte y la literatura cubanas, la relación con los jóvenes creadores, cultura y turismo, política cultural y medios masivos, la enseñanza artística, el trabajo cultural comunitario, el nexo entre la cultura, las ciudades y la arquitectura.
Sin embargo el tema cultura y sociedad sería, desde el inicio, el más susceptible por su relación intrínseca y actual con asuntos y situaciones que afronta el país.
Las manifestaciones de racismo y discriminación, tanto por color de la piel como por preferencias sexuales e inclinaciones religiosas, figuraron igualmente entre los debates –muchas veces ardientes-- de la reunión, junto a pagos e impagos, falta de estímulos y bajos salarios, manifestaciones de doble moral, prohibiciones y trabas internas, el pálido reflejo de la realidad cubana en los medios de prensa, la radio y la televisión, el deterioro de ciudades, vías y edificios emblemáticos de la arquitectura nacional, la existencia de una doble moneda, trabajo y contratos en otros países, el fenómeno de la emigración.
El ministro de Cultura, Abel Prieto, recordó en su discurso de clausura del Congreso los numerosos pasos de avance en otros polos del sector cultural y de la vida del país en general.
“El éxodo artístico no cesa y se acompaña del destierro, muchas veces, también de la obra de los que emigran, en que a la larga (...) mutila nuestra realidad cultural”, dijo el poeta y ensayista Cintio Vitier, cuyas palabras fueron resaltadas por varios oradores.
Tocante a los medios de difusión, la reunión rebasó las expectativas y “puso el dedo sobre llagas ancestrales”, según explicó otro representante del interior de la isla.
El cantautor Amaury Pérez pidió la segunda intervención por parte del gobierno, del Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), cuya producción fue criticada con severidad.
Al sector se le adjudicó “falta de construcción de un proyecto propio con respecto a ese horizonte que pueden tener los medios en Cuba, que no surja sólo en proyectos aislados, sino como estrategia inclusiva y diversa”.
Sobre la política informativa, trazada por el Partido Comunista, existió coincidencia en que genera mucha insatisfacción la manera en que “por varias razones” se reproducen las noticias y “cómo se descubre detrás una política informativa que tiene muchos lados flacos”.
El propio Raúl Castro demandó, en la sesión de clausura, “más información”.

Las ausencias de Carlos Lage
Pasada la medianoche del jueves, tras una extensa jornada de debates y discusiones en sesión plenaria, el vicepresidente Carlos Lage dijo que leyó con detenimiento todos los documentos del Congreso, incluyendo los de cada comisión.
“Y no tengo dudas en calificarlos de profundamente revolucionarios y, en consecuencia, críticos”, afirmó.
“Estoy satisfecho –acotó-- con haber dedicado unas pocas horas de mi tiempo a lo que vine, a escuchar, a aprender.
“Me ha sido útil oír ideas nuevas y otras no tan nuevas; me ha sido útil escuchar conceptos que me parecen correctos y otros que necesito más tiempo para meditarlos”, explicó.
Dijo sentirse distante del pesimismo de algunos --“dos o tres, por suerte”--, y admitió que comprende “la impaciencia de todos porque es la nuestra; me alienta la fe de muchos, la inmensa mayoría, o todos”.
Lage reconoció la situación que debió afrontar el país tras el derrumbe del bloque comunista en Europa del Este y la desaparición de la Unión Soviética, al decir:
“Venimos de una ausencia dramática de alimentos y medicamentos, de calles desoladas, de noches oscuras, de doble moneda que es como una doble bandera, con la atenuante de que ambas son nuestras.
“Venimos, y en alguna medida lo estamos, de un período histórico de casi dos décadas en que nos propusimos sostener un ideal de justicia que ya no era posible defender y que logramos, para asombro de todos y de nosotros mismos”, sentenció.
El más joven de los vicepresidentes cubanos, de 56 años de edad, dijo sentirse “sinceramente, más orgulloso que nunca de los escritores y artistas de Cuba”.
Su breve alocución, que POR ESTO! también publicó íntegra en su Sección Internacional de ayer, sábado, quedó atrapada en las mentes, según afirmaron asistentes citados por una radioemisora, de igual forma que con el contenido de una carta enviada por Fidel Castro a los delegados.
"Todo lo que fortalezca éticamente a la revolución es bueno, todo lo que la debilite es malo," escribió Castro en un giro que recordó de inmediato sus palabras en el Primer Congreso de Educación y Cultura, 40 años atrás, cuando advirtió:
"Dentro de la revolución, todo; contra la revolución, nada”. Fue el apotegma que marcó el rumbo futuro de la política cultural desde ese momento y hasta el presente Congreso de la UNEAC, devenido un parteaguas que marcará un antes y un después.

La UNEAC: Capítulo 2
El nuevo Consejo Nacional, de 150 miembros, y la Presidencia de la UNEAC, compuesta por una docena de relevantes figuras del intelecto y las artes, fueron electos mediante voto secreto. Los encabeza ahora el escritor, poeta y etnólogo Miguel Barnet.
En la relación total de integrantes de ambas instancias, se incluyen hoy narradores, dramaturgos, poetas y artistas que permanecieron en el ostracismo durante décadas, cumpliendo sanciones no escritas, por el contenido de sus obras, sus preferencias sexuales o sus creencias religiosas.
“Esto marca un nuevo capítulo porque aquí se reúne lo mejor del pensamiento y la cultura de nuestra nación”, señaló un delegado que reconoció haber aplaudido mucho “a los compañeros que nos dirigirán en lo adelante”.
El joven crítico teatral y ensayista Omar Valiño, director de la casa editorial Tablas-Alarcos, electo como uno de los vicepresidentes de la UNEAC, dijo que “están siendo rebasados los límites de una sola institución”.
“Se trata de algo globalmente imprescindible para la supervivencia de Cuba y de nuestro proyecto social”, agregó.
“A veces la gente diseña, desde un punto de vista muy cerrado y personal, cómo deberían ser los medios, y lo interesante ha sido escuchar distintos puntos de vista que han tornado más compleja la discusión.
“Son asuntos que no se resuelven con un “timonazo” hacia un lugar o hacia otro”, advirtió.
“Hay una suerte de confusión mundial sobre el estado de nuestras polémicas”, comentó y argumentó:
“En Cuba siempre se ha polemizado, se ha discutido, lo que le faltó a esos intercambios en otras etapas de la Revolución fueron espacios publicitados hacia toda la sociedad.
“Ahora –opinó-- las polémicas, que cada día ganan más amplitud pública, son de ida y vuelta; distintos sectores discuten y uno recibe diferentes ángulos en la apreciación de los problemas.
“Se habla –dijo-- cada vez con mayor libertad, lo que ofrece una mayor posibilidad de profundizar.
“Al hacerse más habitual la polémica se produce de manera más colectiva y, por tanto, más efectiva.
“No se trata de una tarea más, es una respuesta a una necesidad de incorporar al otro”, concluyó.

Trágicomix

Manifiesto Latinoamericanista

Comunicado con ocasión del asesinato de los estudiantes méxicanos en Ecuador

Asamblea de Estudiantes de la Maestría en Estudios Latinoamericanos

A un mes de los trágicos hechos del 1 de marzo en Ecuador, donde resultaron muertos y heridos algunos miembros de la comunidad académica de la UNAM, y tras el sistemático ataque mediático de que ha sido víctima esta, la máxima casa de estudios del país; los que suscribimos el presente manifiesto, inspirados en el más profundo espíritu latinoamericanista, nos sentimos obligados a repeler la infamia que se ha tejido los últimos días.

De esta forma expresamos que:
La UNAM y particularmente su Facultad de Filosofía y Letras, así como sus grupos de trabajo académico-político, se han constituido históricamente en la principal vertiente crítica desde la academia en el país; ellos son, y aún continuarán siéndolo con mayor ímpetu, la expresión del libre-pensamiento crítico frente a la uniformidad y las manifestaciones de anti-democracia que hoy se expresan en el interior de la sociedad mexicana y latinoamericana. Asumimos, por tanto, su defensa como un deber prioritario para la construcción democrática.
Los recientes ataques de que ha sido víctima no pueden desligarse del momento por el que atraviesa el país y la región. Encontramos el fundamento de esta ofensiva mediática justamente en la necesidad de silenciar los centros de pensamiento crítico que han expresado su preocupación por una eventual privatización de los hidrocarburos o por la restricción a las libertades civiles que se desprende de la denominada “reforma judicial”
La actitud de los grandes medios de comunicación hacia el quehacer mismo de los miembros de una academia obligada a no caer en el lugar común, no pasa de ser una trivial reproducción del decadente discurso “antiterrorista” de factura norteamericana. Sabemos, por el tratamiento de la información que han dado a estas cuestiones, que existe algo más que una simple simpatía por los planes de intervención norteamericana en la región (Plan Mérida-Plan Colombia) y los ubicamos por tanto como la antítesis más clara del pensamiento crítico que se produce en nuestra academia. Esto es expresión de la batalla ideológica que se vive en América Latina, de la cual el mundo académico no puede permanecer al margen.
La violación a la soberanía del Estado ecuatoriano por parte del las Fuerzas Militares de Colombia, donde murieron nuestros compañeros Natalia Verónica Velásquez Ramírez, Juan González del Castillo, Fernando Franco Delgado y Soren Ulises Ávila y donde también resultó herida Lucía Andrea Morett Álvarez; se inscribe justamente en esa dinámica de intervención y desestabilización de gobiernos también críticos al modelo que plantean los Estados Unidos para la región. La cuestión de fondo, en este caso, debe buscase en la ambición imperialista por la apropiación de los recursos de la Cuenca Amazónica.
El ejercicio del pensamiento libre y crítico supone, al mismo tiempo, el derecho a la militancia política. Reivindicamos así, la libertad de pertenecer o no a los diferentes grupos de trabajo, comités de base, núcleos de apoyo etc.; y por lo mismo consideramos que la UNAM debe garantizar con igual decisión toda práctica política que se desarrolle desde allí, lo cual no excluye por supuesto ciertas expresiones del movimiento armado que tienen un fundamento legítimo.
Seguiremos analizando con todo el rigor crítico los acontecimientos que afectan el bienestar de los Pueblos de Nuestra América, y continuaremos dando la batalla en el proceso por el esclarecimiento de los hechos de Ecuador y contra los risibles señalamientos –¡propios del medioevo!- a nuestros compañeros universitarios Miguel Sánchez Lora, Mariana López, a los miembros del Comité Cerezo y a todos los perseguidos políticos.

Abril 2 de 2008, México DF
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ASAMBLEA DE ESTUDIANTES DE LA MAESTRÍA EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

ASAMBLEA DE ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

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Chávez expropia CEMEX; Calderón y burgueses iracundos, ¿y López Obrador?

Pedro Echeverría V.
Rebelión

1. Tremenda ira provocó entre el gobierno panista y la ultra derecha empresarial en México la nacionalización de la industria cementera en Venezuela, anunciada por el presidente Hugo Chávez. Los medios de información, al servicio de la derecha más reaccionaria, encabezada por Televisa, TV Azteca, Radio Fórmula y demás, lanzaron “rayos y centellas” para acusar a Chávez. El mismo presidente ilegítimo Calderón aprovechó la tribuna para decir que la situación en México contrasta con “el entorno regional donde la inversión global tiene síntomas de preocupación por la incertidumbre acerca del respeto a los derechos de propiedad y a los derechos patrimoniales, preocupación en torno a las acciones del gobierno que dañan o alteran la seguridad jurídica” y su secretario de Hacienda, Agustín Carstens, calificó como “una acción inadecuada” y “reprobable” la decisión del gobierno venezolano de expropiar los activos de las empresas cementeras. ¿Qué esperar de este gobierno empresarial?

2. En México la propiedad pública fue administrada durante muchas décadas, hasta 1982 por lo menos, por gobiernos corruptos; pero con el dinero del petróleo, la electricidad, los ferrocarriles, de la Conasupo, los bancos, etcétera, el Estado mexicano tuvo presupuesto para construir miles de escuelas, hospitales, mantener funcionando la agricultura, la industria, el comercio, la banca. Pero lo más importante es que el Estado siempre tuvo dinero para invertir en educación, vivienda, salud, gasto social, así como para mantener una independencia relativa frente al capital privado y extranjero. A partir de 1982, cuando el neoliberalismo se impuso con el apoyo del PRI y del PAN, las empresas “paraestatales” se pusieron en remate para favorecer al sector privado. Ahora los grandes ricos se hacen multimillonarios y el gobierno no tiene para escuelas, hospitales, para el campo y la industria. La diferencia ahora es de cabo a rabo: el Estado entregó todo el poder a la gran burguesía y los mismos políticos se hicieron millonarios.
3. En los años veinte y treinta fue el gobierno burgués burocrático y su partido los que se encargaron de educar a la burguesía privada, a organizarse y a defenderse como clase social; pero a partir de los ochenta, ya una vez fuerte esa gran burguesía privada encabezada por los Clouthier, Slim, Azcárraga, Zambrano, Hernández y Salinas, reclamó el poder del gobierno y se hizo de él. Si antes para los políticos (por la herencia de la revolución mexicana), los empresarios y el clero eran los enemigos tradicionales, con el neoliberalismo los empresarios adquirieron una enorme presencia y el clero, con las visitas papales, comenzó a restaurar su antiguo poder. Así como la ultraderecha panista ha condenado a Chávez por la expropiación lo mismo harán, seguramente, los priístas que desde 1982 gobiernan en nombre de Salinas. ¿López Obrador seguirá cuidando su distancia hacia Chávez y hacia las expropiaciones para que los grandes empresarios y el clero no se disgusten?

4. Es muy difícil saber lo que AMLO hubiera hecho en la Presidencia. Quizá Lula da Silva pudo ser su modelo y hubiera preferido no confrontarse; pero adelantarse en juicios puede ser irresponsable. Porque no sabemos como estarían las contradicciones. Expropiar grandes propiedades privadas para beneficiar al pueblo es absoluta e indiscutiblemente justo. La propiedad pública bien administrada produce riqueza colectiva para distribución colectiva; la propiedad privada es riqueza producida por la colectividad para beneficio privado. En México el desempleo creció enormemente a partir del neoliberalismo privatizador. Las empresas públicas, aunque en determinados períodos estuviera perdiendo dinero tendían a mantener la planta de empleados; la empresa pública no puede perder porque cuando sucede lanza a todos los trabajadores a la calle. En lo colectivo se ayuda a los trabajadores en lo privado cada quien se defiende como pueda.
5. ¿Por qué el gobierno venezolano expropió las empresas? Chávez acusó a las empresas cementeras de incurrir en una “cartelización” al propiciar un encarecimiento de los productos que fabrican y desabasto en el mercado interno, al optar por exportar la mayoría de su producción. En México, Venezuela y en el mundo las poderosas empresas se ponen de acuerdo para elevar los precios de sus productos y realizar maniobras de desabasto para aprovechar coyunturas para ganancias extraordinarias. Dado que el gobierno de Chávez, para evitar el desempleo ha impulsado la industria de la construcción, las industrias cementeras se han puesto de acuerdo para establecer precios de monopolio. Si en México el gobierno, gran consumidor de medicinas en el IMSS, el ISSSTE, Salubridad, expropiara la industria farmacéutica se ahorraría más de mil por ciento de los precios. Medicinas que se venden a 100 o 200 pesos cuestan producirse cinco o diez pesos.

6. Las empresas capitalistas, que hace 150 años ejercían la “libre competencia” en el mercado, desde el siglo XX comenzaron a ponerse de acuerdo para fijar precios monopólicos. En cuanto a las empresas del cemento, trabajan muchas veces por debajo de su capacidad para no impactar hacia abajo los precios del cemento, exportan una gran cantidad de las toneladas métricas que producen anualmente a todo el mundo y en algunos casos desabastecen al mercado interno” ¿Qué hace un gobierno responsable con su pueblo ante la inmensa especulación que arroja ganancias multimillonarias al mismo tiempo que el pueblo necesita los productos para construir? En México lo resuelven fácil: el gobierno negocia con el señor Zambrano, se pone de acuerdo con los precios, de modo que empresario y gobierno ganen millones, es decir, estén contentos y todo lo carguen al presupuesto público o a los precios del comprador, aunque las viviendas sean para los humildes.
7. La nacionalización provocó que las acciones de la empresa Cemex, que controla el 52 por ciento de la producción cementera en el país sudamericano, se desplomaran en la jornada del viernes 4 de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) Pero esos “desplomes” son ficticios, fabricados por los grandes magnates de la bolsa que sin producir nada, sin inyectar ninguna riqueza al país, llegan a ganar muchos millones de dólares en una hora. En tanto Calderón, Carstens, los grandes empresarios declaran su “solidaridad” con el gran empresario explotador y contra las medidas chavistas empujan hacia abajo las acciones de la empresa para ganar en “río revuelto”. El presidente venezolano ha dado un importante paso en beneficio de su pueblo. Chávez no está contra todos los empresarios, mucho menos contra los empresarios que invierten su capital y hacen todo por trabajar con honestidad cumpliendo las leyes de su país. Pero empresarios que se dedican a saquear riquezas y a especular deben ser expropiados. En México hay miles.

8. Lorenzo Zambrano, uno de los hombres más ricos de América Latina y del mundo, el merito dueño de la empresa expropiada en Venezuela. Es un personaje con una fortuna tal que le permitió ofrecer hace poco algo más de 15 mil millones de dólares (unos 152 mil millones de pesos) para comprar una cementera australiana y de este modo, ubicar a su compañía, Cemex, como la número uno del mundo en producción de concreto y la tercera, de cemento, Lorenzo Zambrano aparenta vivir protegido tras los muros de la discreción. Tiene un grupo selecto de amigos entre los que se cuentan los miembros de la familia real de España. Por eso, cuando el príncipe Felipe y su esposa, Letizia, realizaron una visita oficial a Monterrey en el 2004, el ingeniero Zambrano fue uno de sus anfitriones. Este es el poder que obliga a Calderón y a los empresarios a salir inmediatamente en su apoyo, mientras los jóvenes asesinados por el chacal Uribe, presidente de Colombia, no recibieron apoyo alguno.

pedroe@cablered.net.mx

El cinismo consiste en saber el precio de todo y el valor de nada

Mario Di Costanzo*

De nuevo, el equipo de Felipe Calderón reacciona de manera por demás absurda ante los señalamientos de corrupción en el sector energético realizados por Andrés Manuel López Obrador y en esta ocasión le tocó a Alfredo Elías Ayub, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), emitir un comunicado para “explicar” que el multimillonario contrato firmado entre la CFE y la empresa española Repsol fue un arreglo muy provechoso para el país, para las arcas nacionales y, por consiguiente, para todos los mexicanos.

Más aún, se atrevió a señalar que dicho contrato nos permitirá adquirir miles de millones de pies cúbicos de gas provenientes de Perú y al mismo tiempo podremos obtener ahorros por más de mil 500 millones de dólares.

Desafortunadamente, Elías Ayub no pudo explicar por qué un país como México, que ocupa el 14 lugar mundial en producción de gas natural, tiene que adquirirlo de Perú utilizando como intermediaria a una empresa española.

Mucho menos explicó por qué, si el costo máximo del gas que Repsol suministrará en Manzanillo es de 2.45 dólares por millón de BTUS (unidades térmicas británicas), la CFE aceptó pagar el mismo gas a Repsol, a un promedio de 8 dólares por millón de BTUS, y “con todo y ello” nos ahorramos mil 500 millones de dólares

Pero más inexplicable resulta que, de acuerdo con información de la propia Comisión Federal de Electricidad, se observa que a pesar de que durante los últimos cinco años la deuda total de la paraestatal aumentó sólo 20.5 por ciento, para ubicarse en 8 mil 482 millones de dólares, la deuda derivada del uso del esquema Pidiregas se incrementó en 100 por ciento, es decir, en más de 3 mil millones de dólares, mientras que la deuda contraída a través de esquemas diferentes a los Pidiregas se redujo en casi 40 por ciento.

Esta situación revela que durante los últimos años ha existido una clara tendencia a utilizar el mecanismo de los Pidiregas como un instrumento para endeudar a la CFE, mediante la asignación a empresas privadas de contratos para la construcción de infraestructura eléctrica, que incluyen tanto la generación privada de energía eléctrica como proyectos relacionados con el gas natural.

Y que esta política repercute no solamente en el nivel de endeudamiento de la empresa, sino también en los pagos u amortizaciones que la paraestatal tiene que realizar por este concepto, ya que por ejemplo mientras que en 2002 no se realizaban pagos por estos proyectos, para 2007 la amortización o pago de Pidiregas ascendió a poco más de 54 mil 100 millones de pesos, lo que representó la cuarta parte del gasto programable total de la empresa.

En este sentido, es preciso recordar que la propia Auditoría Superior de la Federación, en su Informe sobre la Revisión de la Cuenta Pública de 2002, realizó diversas observaciones tanto a la Secretaría de Energía como a la Comisión Reguladora de Energía y a la propia Comisión Federal de Electricidad, donde expresamente concluyó que “desde 1996 la CFE ha reducido de manera significativa su inversión en el desarrollo y construcción de la infraestructura básica de generación de energía eléctrica, por lo cual la capacidad necesaria para satisfacer la demanda ha sido suplida con la participación, cada vez mayor, de productores privados, aun cuando la CFE sí contaba con capacidad de inversión”.

Hay que recordar que la mayoría de estos proyectos de generación a través del multicitado esquema ha sido asignada a empresas de origen español, como Iberdrola o Repsol, y desde 2003 Juan Camilo Mouriño se desempeñó como asesor del secretario de Energía y posteriormente en 2004, durante la gestión de Felipe Calderón al frente de la misma Sener, Juan Camilo fungió como subsecretario de Electricidad.

Finalmente si a lo anterior se añade el patético diagnóstico que presentó el equipo calderonista sobre la situación que guarda Pemex, lo único que podemos concluir es que la actitud asumida por estos señores resulta por demás cínica, pues sólo han dejado ver que conocen el precio de todo, pero el valor de nada.

*Secretario de la hacienda pública del gobierno legítimo

Solicitan penas de seis años de cárcel para los manifestantes por la Vivienda Digna (España)

La Democracia.es

El fiscal basa su acusación únicamente en lo declarado por diez miembros de la policía, entre antidisturbios y agentes que no vestían de uniforme. / Las únicas agresiones registradas por la prensa fueron las de los agentes de la policía contra los manifestantes, que ni siquiera respondieron.

La fiscalía solicita penas de hasta seis años de cárcel para cada uno de los manifestantes que participaron en la segunda de las convocatorias públicas en defensa del derecho a disfrutar de una vivienda digna —a un precio posible— y para protestar por la elevada tasa de precariedad laboral.

Se da la circunstancia de que durante esa manifestación, las únicas conductas violentas, gravemente desproporcionadas, fueron las protagonizadas por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, adscritos a la Unidad de Intervención Policial (los antidisturbios), cuyas agresiones unilaterales y no provocadas fueron recogidas a lo largo de numerosos testimonios gráficos.

En aquella ocasión, policía recibió y cumplió órdenes de acorralar y agredir brutalmente a los manifestantes, quienes se limitaron a huir entre palizas, sin oponer resistencia ni devolver las agresiones.

Desde la sección de apoyo a los detenidos de la Asamblea por el derecho a la Vivienda Digna y contra la precariedad laboral se insiste en que una buena respuesta popular es la mejor protección contra los abusos del Estado.

"Nuestras muchas deficiencias son heridas de la guerra, pero de una guerra que hemos ganado"

Intervención del vicepresidente de los Consejos de Estados y de Ministros, en la tercera jornada del VII Congreso de la UNEAC. 3 de abril de 2008. La Habana.
Carlos Lage Dávila

Tengo la costumbre, en eventos como este, mientras transcurren las intervenciones de escribir mis impresiones, y cuando se terminan los eventos, consciente de que no tiene ningún valor, las rompo. En esta ocasión, me siento en la obligación de decir algo y como no se me ocurre otra cosa, voy a leer estas notas que escribí mientras escuchaba las intervenciones de ustedes.

He leído con detenimiento todos los documentos de este Congreso incluyendo los de cada comisión y no tengo dudas en calificarlos de profundamente revolucionarios y, en consecuencia, críticos.

Estoy satisfecho con haber dedicado unas pocas horas de mi tiempo a lo que vine: a escuchar, a aprender. Me ha sido útil oír ideas nuevas y otras, no tan nuevas; me ha sido útil escuchar conceptos que me parecen correctos y otros, que necesito más tiempo para meditarlos. Me distancio del pesimismo de unos pocos —dos o tres, por suerte—; me identifico con el optimismo de muchos, la inmensa mayoría. Comprendo la impaciencia de todos porque es la nuestra. Me alienta la fe de muchos, la inmensa mayoría, o todos. Me preocupan los que piensan que bajos precios y altos ingresos son fruto de decisiones burocráticas y no de lo posible.

Nada puede entenderse ni nada puede criticarse con la crudeza necesaria si olvidamos nuestro pasado reciente, si olvidamos de dónde venimos.

Venimos de la ausencia dramática de alimentos y medicamentos, de calles desoladas, de noches oscuras, de doble moneda, que es como doble bandera, con la atenuante de que ambas son nuestras.

Venimos, y en alguna medida aún estamos, en un período histórico de casi dos décadas en que nos propusimos sostener un ideal de justicia que ya no era posible defender. Y lo logramos, para asombro de todos y de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque creemos en lo que defendemos. Porque no tememos. Porque hemos tenido a Fidel.

La doble moral, las prohibiciones, una prensa que no refleja nuestra realidad como queremos, una desigualdad indeseada, una infraestructura deteriorada, son las heridas de la guerra, pero de una guerra que hemos ganado.

Estoy convencido de que la Revolución tiene hoy más fuerza que nunca para encontrar respuestas a las preguntas y solución a los problemas; incluso, a las preguntas y los problemas que brotan de las fecundas y lúcidas mentes de los delegados al Congreso de la UNEAC. Lo haremos.

Me siento hoy, lo digo sinceramente, más orgulloso que nunca de los escritores y artistas de Cuba.

Muchas gracias.

3 de abril de 2008. Palacio de las Convenciones, La Habana.

Hacendado norteamericano arma grupos de choque para defender latifundios en el chaco cruceño (Bolivia)

Bolpress

Atacaron con piedras, petardos y balas a funcionarios del Viceministerio de Tierras y del INRA en inmediaciones de la hacienda Caraparicito, ubicada en la Localidad de Lagunillas, aproximadamente a 80 kilómetros de Camiri. Los autores intelectuales y materiales de la agresión son ganaderos y hacendados, entre ellos un ciudadano norteamericano vinculado a las elites políticas y empresariales de la capital cruceña. Aunque el saneamiento en la zona beneficiará a 10 mil pequeños propietarios y consolidará una TCO a favor de comunidades indígenas guaraníes, muchas de ellas explotadas laboralmente, los hacendados y ganaderos conformaron “comités de defensa” con gente armada para impedir el ingreso de funcionarios de gobierno y paralizar los trabajos de saneamiento.

No es la primera vez que los terratenientes de la provincia Cordillera de Santa Cruz impiden con violencia el saneamiento de sus haciendas. El 29 de febrero secuestraron y amenazaron de muerte a las máximas autoridades agrarias nacionales y dispararon a las llantas de su vehículo.

A las 10 de la mañana de este viernes 4 de abril, la comisión oficial integrada por 40 funcionarios del INRA y del Viceministerio, resguardada por un contingente policial de 40 efectivos, reanudó los trabajos de saneamiento en la localidad Alto Parapetí, y otra vez encontró la resistencia violenta de los hacendados.

La caravana fue detenida en la localidad de Ipati por un grupo de gente a bordo de más de una decena de vehículos que amenazó a los conductores con quemar los vehículos que transportaban a los funcionarios de gobierno. Sin embargo, el contingente rompió el bloqueo y continuó su camino, bajo asedio permanente de amenazantes ganaderos que los perseguía a bordo de seis vehículos.

A las 15:30, los representantes del gobierno llegaron a la hacienda “Caraparicito”. La vía estaba totalmente bloqueada por un remolque sin llantas de ocho metros de largo, varios troncos y piedras. Detrás de estos obstáculos los hacendados levantaron una barricada y más atrás colocaron una cisterna en medio del camino.

Comenzó una fuerte discusión seguida de insultos y empujones. Los ganaderos desconocieron al gobierno de Evo Morales. “Esto les va a durar unos días más porque ya no estarán ustedes”, dijo uno de los propietarios, en alusión al estatuto autonómico que el empresariado cruceño pretende aprobar el 4 de mayo.

Los ganaderos gritaban que no había cautivos en sus haciendas, aunque los guaraníes que acompañaban a la comisión oficial les desmentían. Los periodistas que cubrían estos incidentes preguntaron por qué impiden el saneamiento si no existen indígenas cautivos en sus predios, pero los hacendados no respondieron. Luego de un forcejeo se logró retirar el primer remolque y la comisión avanzó con la policía.

En ese momento salió de su hacienda el norteamericano Ronald Larsen, gritando y amenazando directamente al viceministro de Tierras Alejandro Almaraz. En el secuestro del 29 de febrero, este mismo personaje intimidó a Almaraz con armas de fuego. El grupo de choque de los hacendados comenzó a lanzar petardos, cohetes y piedras a diestra y siniestra, hiriendo en la cara a un policía y a un guaraní, y también a un concejal de Lagunillas. La policía tuvo que usar gases lacrimógenos para frenar la agresión. Luego se negoció una tregua, sin que ninguna de las partes haya abandonado sus posiciones.

Ambos bandos permanecen en sus posiciones: el contingente oficial integrado por 40 funcionarios, 36 policías y alrededor de 50 indígenas guaraníes, frente al “comité de defensa” ganadero integrado por 50 personas, algunas armadas y equipadas con radioreceptores.

¿Quién es Larsen?

Un norteamericano protagonizó dos agresiones a una comisión oficial en menos de 40 días. Este extranjero levantisco que contrata matones para evitar que los guaraníes obtengan una TCO en Alto Parapetí se llama Ronald Larsen.

Larsen, relacionado con el Cuerpo de Paz, llegó al chaco boliviano en 1968 y al año siguiente compró la hacienda de Caraparicito. Con los años, su hacienda se convirtió en un complejo turístico con atractivos naturales, gimnasio, sala de juegos, comedor, sala de reuniones, biblioteca, sauna e hidromasaje.

Las haciendas ganaderas del Chaco son parte de un proyecto turístico impulsado por la Prefectura de Santa Cruz. La inversión de las propiedades privadas, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), alcanza un millón de dólares, según un reporte del Nuevo Día (5 de junio de 2007).

Larsen está bien relacionado con la jerarquía política del departamento. La Prefectura cruceña eligió a Caraparicito como ejemplo de manejo ambiental. Dentro de la hacienda de 2.800 hectáreas existe una “Reserva Natural de Patrimonio Privado” de 2.335 hectáreas. El 4 de junio de 2007, Larsen recibió en su hacienda al prefecto Rubén Costas, al presidente del comité cívico Branko Marinkovic, y al presidente de la Cámara de Industria y Comercio (CAINCO) en ese entonces Gabriel Dabdoub.

Todo por la tierra

Larsen y los hacendados de la provincia Cordillera, en alianza con las elites de Santa Cruz, conformaron un “comité de defensa” en la provincia Cordillera integrado por medianos y grandes propietarios, en ellos Juan Carlos Santistevan, dueño del predio Mandioty de una extensión de 1.885 hectáreas; y la familia de Elvy Abbet de Malpartida, dueña del predio Itacay de 9.783 hectáreas.

Los más activos del clan son los Larsen. Según datos del INRA, el padre, Ronald Larsen, es dueño de Caraparicito de 3.377 hectáreas y de Caraparicito II, de 3.399 hectáreas. Su hijo Duston posee el predio Yaguapoa de 2.696 hectáreas. Todas estas propiedades se ubican en los cantones Choreti, Camiri y Cuevo (Santa Cruz); y Sapirangui y Guembe (Chuquisaca). De un total de 98.875 hectáreas en Alto Parapetí, 51.512, el 52 por ciento de toda la tierra, se concentran en 14 predios categorizados como empresas. Las 40 pequeñas propiedades identificadas en el lugar suman una superficie de 7.755 hectáreas, es decir el 7,8% de la tierra.