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El fiscal basa su acusación únicamente en lo declarado por diez miembros de la policía, entre antidisturbios y agentes que no vestían de uniforme. / Las únicas agresiones registradas por la prensa fueron las de los agentes de la policía contra los manifestantes, que ni siquiera respondieron.
La fiscalía solicita penas de hasta seis años de cárcel para cada uno de los manifestantes que participaron en la segunda de las convocatorias públicas en defensa del derecho a disfrutar de una vivienda digna —a un precio posible— y para protestar por la elevada tasa de precariedad laboral.
Se da la circunstancia de que durante esa manifestación, las únicas conductas violentas, gravemente desproporcionadas, fueron las protagonizadas por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, adscritos a la Unidad de Intervención Policial (los antidisturbios), cuyas agresiones unilaterales y no provocadas fueron recogidas a lo largo de numerosos testimonios gráficos.
En aquella ocasión, policía recibió y cumplió órdenes de acorralar y agredir brutalmente a los manifestantes, quienes se limitaron a huir entre palizas, sin oponer resistencia ni devolver las agresiones.
Desde la sección de apoyo a los detenidos de la Asamblea por el derecho a la Vivienda Digna y contra la precariedad laboral se insiste en que una buena respuesta popular es la mejor protección contra los abusos del Estado.
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