María Teresa Jardí
El combate a la ilegalidad por caminos ilegales no fue exclusiva del Estado mexicano. Impulsada por los Estados Unidos de Norteamérica, la doctrina de la seguridad dictada en Washington y aprendida en Fort Bragg ubicado en Carolina del Norte --en EE.UU.-- y la Escuela de las Américas, mejor conocida como “Escuela de los Asesinos” ubicada en Panamá, fue aplicada lo mismo en Uruguay que por dictaduras como la guatemalteca, la brasileña, la chilena o la argentina.
El enemigo, sin importar que fuera inexistente, era el comunismo y su exterminio la prioridad. Ejecuciones sumarias, detenciones de opositores, torturas y desaparición para evitar trámites legales fueron las “medidas profilácticas” elegidas por los yanquis y aceptadas por los gobernantes latinoamericanos para detener “el avance comunista”. El Estado priísta, que estaba acostumbrado a saltarse el marco legal, se sumó a la elección de lo ilegal para combatir la disidencia ciudadana. Pésima decisión que mantiene abierto el expediente de la “guerra sucia”, de la década de los años sesenta y setenta.
En condiciones optimas, es decir tratándose de un gobernante legítimo, debido al abandono del aparato procurador de justicia, se habría visto obligado también a sacar al Ejército a la calle para combatir al narcotráfico, fundamentalmente debido a la violencia que trae aparejada la droga mantenida como mercancía clandestina, por el imperio yanqui, dado el negocio, millonario en dólares, --o quizá habría ya que empezar a decir en euros--, que ese imperio asesino, cabeza de un sistema político agotado y fracasado, que a bofetada limpia quiere imponer como único para América Latina, necesita para sus guerras de invasión y de saqueo.
Pero no es ya tan probable, a pesar de que de los gobernantes mexicanos hace tiempo que ya se sabe que se puede esperar cualquier cosa, que un presidente legítimo para combatir el narcotráfico ordenara o aceptara que el Ejército de su país, que es también el de sus hijos, se convirtiera en un ejército kaibil. Un gobernante legítimo habría pensado mil veces antes de cometer semejante canallada en contra del pueblo que lo eligió. Y, por esa sencilla razón, incluso las razones son muchas y variadas, como es evidente, es inaceptable siempre la usurpación. El que usurpa se torna canalla, aunque antes no lo sea.
Si la elección fuera el combate al crimen organizado, además se estaría dando la lucha en otras vertientes empezando por la de combate a los delincuentes de cuello blanco a la par que encabezando, México, la lucha, esa sí, a brazo partido, con la comunidad internacional entera, para lograr la despenalización de la droga y se estaría destinando dinero a los rubros de salud y educación para prevenir, a través de la educación, el consumo y para atender a los que, de todas maneras, en una elección libre, decidan ser adictos, al igual que otros deciden ser borrachos, incluso sociales, porque no sólo está permitido ser alcohólico sino que, además, es bien visto por diversos sectores sociales, a pesar de que salta a la vista que no es menos grave el problema que significan los que se idiotizan bebiendo alcohol en exceso, siendo, como bien señalaba alguien en nuestro diario hace unos días, el alcohol la peor de la drogas y, sin duda alguna, la que trae aparejados más accidentes con pérdida de vidas y la droga que suele estar involucrada en la comisión del delito de lesiones y en un gran número de casos de homicidio.
Es claro que la derecha en el mundo es capaz de la peor de las bajezas y usurpar el puesto, que otro en las urnas ganó, es una vileza.
No es ésta, la que ya está aquí de nuevo, la primera “guerra sucia”, que el pueblo mexicano enfrenta, la que recién en Juárez se evidencia ya, de manera clara y precisa.
Pero no es sólo el PAN el involucrado esta vez, en la bajeza. La Ley GESTAPO, con la que se legaliza, lo ilegal e inmoral, ha sido votada por todos los partidos políticos y hoy el pueblo mexicano enfrenta, sin un solo instrumento legal a su favor, a un ejército en la calle entrenado como kaibil. Imperdonable es que ni el PRD haya entendido lo poco moderno, incluso, que es haber legalizado los excesos de la nueva “guerra sucia” que en contra del pueblo mexicano recién empieza.
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