Yusuf Fernández
elplural.com
La trascripción del acta de Crawford, en la que se muestra la forma en la que el presidente de EEUU, George W. Bush, y su mascota fiel, el presidente de Gobierno español José María Aznar, planearon una guerra contra un país indefenso –que llevaba en ese momento una década sometido a las que la propia ex secretaria de Estado estadounidense Madeleine Albright calificó de “las sanciones más duras de la historia”, que costaron la vida a entre uno y dos millones de iraquíes- es probablemente uno de los episodios más vergonzosos e indecentes de la historia reciente. Bush y Aznar estaban discutiendo ni más ni menos que la manera menos gravosa de invadir ilegalmente un país por razones económicas y estratégicas y con una total indiferencia hacia el sufrimiento causado a su población.
El acta viene a corroborar algo que ya era sabido: que el tema de las armas de destrucción masiva no fue más que un pretexto y que no había nada que Iraq pudiera hacer antes de la invasión para evitar la guerra. Los datos de que Iraq estaba cooperando activamente con los inspectores de la ONU, ofrecidos por su jefe Hans Blix, y de que aquellos no habían hallado ningún indicio de la existencia de tales armas fueron rechazados con desprecio por la Administración Bush.
Durante la conversación, Bush se muestra más como el jefe de un grupo de gánsters que como el presidente responsable de una nación. De ahí las amenazas proferidas contra países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, como México, Chile, Angola, Camerún y Rusia, a los que se exigiría que votasen a favor de una resolución que aprobase la guerra o “se atengan a las consecuencias”. Afortunadamente, dichos países no se dejaron intimidar y esto no sólo salvó su propio honor, sino también la propia legalidad internacional.
Aznar, por su parte, adopta una actitud patética de obediencia hacia el amo (“Nos ayudaría ese texto para ser capaces de copatrocinarlo y ser sus coautores y conseguir que mucha gente lo patrocine)", aunque no exenta de nerviosismo. “Necesitamos que nos ayudéis con nuestra opinión pública. Lo que estamos haciendo es un cambio muy profundo para España y para los españoles. Estamos cambiando la política que el país había seguido en los últimos 200 años”, suplicó Aznar. Esta “ayuda” consistía en que Bush presionara lo suficiente para aprobar la mencionada resolución en la ONU con el fin de intentar salvar la cara de Aznar y Blair ante sus propias opiniones públicas. Dicha resolución, pues, no se buscaba por razones de legalidad o respeto al Derecho Internacional, sino como una mera pantalla propagandística.
Esta declaración demuestra no sólo que Aznar era plenamente consciente de que el pueblo español estaba totalmente en contra de la guerra, como demostraban todas las encuestas y las manifestaciones antibélicas que habían reunido a tres millones de personas en diversas ciudades de la geografía española una semana antes, sino que se disponía a participar en una guerra de agresión y en una gran matanza, algo en lo que España no se había visto inmersa desde al menos dos siglos antes. En este sentido, cabe señalar que Aznar no sólo violó la legalidad internacional sino que manchó el propio honor de España, aunque éste se vio luego restaurado por las propias protestas en la calle contra la guerra y, sobre todo, por la humillante derrota sufrida por el partido de Aznar en las elecciones del 14 de marzo de 2004.
El resultado de aquella conspiración es evidente. Más de un millón de iraquíes muertos en una guerra de agresión, dos millones de desplazados, la destrucción de la red educativa y sanitaria y la pérdida de una parte irremplazable del patrimonio cultural de Iraq, incluyendo múltiples objetos procedentes de civilizaciones que se hallan entre las más antiguas de la humanidad, como las de Ur, Babilonia, Asiria y otras. Un país económica y socialmente avanzado ha retrocedido muchas décadas y se halla inmerso ahora en una dura guerra. Toda una generación de niños iraquíes, según la ONU, ha perdido su infancia y carece de la atención y medios adecuados. A esto hay que añadir también la muerte, hasta el momento, de casi 3.800 soldados estadounidenses, 169 británicos y muchos otros.
La publicación de las actas de Crawford debería servir de base legal para iniciar el procesamiento de Bush y Aznar por el delito de “conspiración contra la paz”, recogido en el Juicio de Nuremberg (1946-47). Es claro que en el caso de Bush habría que añadir también los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Ciertamente, el procesamiento de Bush y Aznar no serviría para paliar el sufrimiento ocasionado a millones de iraquíes, pero demostraría al menos que valores como la justicia y la dignidad ocupan aún un pequeño lugar en este mundo y que muchos ciudadanos de EEUU y España no están dispuestos admitir que se cometan tales crímenes en su nombre.
sábado, septiembre 29, 2007
La Reina del Pacifico!
Cómo hacen las cosas en el gobierno. Después de la caída de un avión cargado de droga en Yucatán y donde se observa como están el gobierno de EU y el Gobierno de México involucrados, se hace una cortina de humo para llevar toda la atención hacia otro lado por la captura de La Reina del Pacifico (Guapa – Buen Ver ) con su novio de Colombia.
La reubicación del paso de la droga hacia los Estados Unidos se observa que es y será por la Península llevada a cabo por el Gobierno Mexicano; ¿no nos dice algo la visita del loco George Bush a Yucatán visitando la Hacienda del prestasnombres y miembro de cárteles de la droga, Roberto Hernández? Estamos sumergidos en la corrupción la mentira y el engaño, todo lo que se vive en México y lo que quiere imponer el gobierno a la sociedad es pura fantasía.
La reubicación del paso de la droga hacia los Estados Unidos se observa que es y será por la Península llevada a cabo por el Gobierno Mexicano; ¿no nos dice algo la visita del loco George Bush a Yucatán visitando la Hacienda del prestasnombres y miembro de cárteles de la droga, Roberto Hernández? Estamos sumergidos en la corrupción la mentira y el engaño, todo lo que se vive en México y lo que quiere imponer el gobierno a la sociedad es pura fantasía.
Sigamos con la Revolución de las conciencias en la población que será el parte aguas del cambio que necesitamos las personas que queremos hacer las cosas bien y vivir en un entorno equitativo tanto social como ambiental.
Liberados, unos 40 opositores cubanos detenidos el pasado jueves
Algunos de ellos reciben un “acta de advertencia”
Gerardo Arreola (Corresponsal)
La Habana, 28 de septiembre. Unos 40 opositores que fueron detenidos para evitar su participación en una protesta pública quedaron en libertad entre el jueves y el viernes, informaron hoy fuentes de la disidencia.
Casi todos fueron liberados sin cargos, pero algunos en la provincia central de Villa Clara recibieron un “acta de advertencia” (amonestación escrita), informó Carlos Menéndez, de la ilegal pero tolerada Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
Las detenciones se produjeron en las casas o en la vía pública, tanto en provincia como en esta capital, dijo la activista Martha Beatriz Roque, quien encabezaba la protesta. Añadió que “la seguridad tomó la terminal de omnibuses de Santa Clara (capital de Villa Clara) y no dejaron trabajar a los boteros (taxis particulares)”.
La protesta consistía en presentar el jueves en la mañana una carta en el Ministerio de Justicia reclamando que los opositores presos “sean tratados con dignidad” y después instalar un plantón frente a esa dependencia, en espera de una respuesta oficial.
Finalmente sólo seis personas pudieron acompañar a Roque a entregar la carta, poco después del mediodía. El grupo permaneció en la acera frontal al ministerio durante varias horas, donde explicó la situación a periodistas extranjeros.
Según la versión de Martha Beatriz Roque, al caer la noche trabajadores del ministerio se reunieron frente al grupo para hacer un “mitin de repudio” contra los inconformes. A continuación, agentes de civil y mujeres policías obligaron a los opositores a subir a un autobús.
En ese momento estaban reunidos 12 activistas. Los que viven en la capital fueron llevados a sus casas. Los de provincia estuvieron en estaciones de policía y quedaron libres en la terminal de autobuses, según el relato.
Roque señaló que un funcionario del Ministerio de Justicia le dijo que recibiría “oportunamente” una respuesta a la carta.
También indicó que el activista José Luis García Pérez (Antúnez) fue detenido en La Habana y trasladado en un automóvil compacto a Villa Clara, su provincia de origen, donde quedó libre durante la madrugada de este viernes.
Gerardo Arreola (Corresponsal)
La Habana, 28 de septiembre. Unos 40 opositores que fueron detenidos para evitar su participación en una protesta pública quedaron en libertad entre el jueves y el viernes, informaron hoy fuentes de la disidencia.
Casi todos fueron liberados sin cargos, pero algunos en la provincia central de Villa Clara recibieron un “acta de advertencia” (amonestación escrita), informó Carlos Menéndez, de la ilegal pero tolerada Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
Las detenciones se produjeron en las casas o en la vía pública, tanto en provincia como en esta capital, dijo la activista Martha Beatriz Roque, quien encabezaba la protesta. Añadió que “la seguridad tomó la terminal de omnibuses de Santa Clara (capital de Villa Clara) y no dejaron trabajar a los boteros (taxis particulares)”.
La protesta consistía en presentar el jueves en la mañana una carta en el Ministerio de Justicia reclamando que los opositores presos “sean tratados con dignidad” y después instalar un plantón frente a esa dependencia, en espera de una respuesta oficial.
Finalmente sólo seis personas pudieron acompañar a Roque a entregar la carta, poco después del mediodía. El grupo permaneció en la acera frontal al ministerio durante varias horas, donde explicó la situación a periodistas extranjeros.
Según la versión de Martha Beatriz Roque, al caer la noche trabajadores del ministerio se reunieron frente al grupo para hacer un “mitin de repudio” contra los inconformes. A continuación, agentes de civil y mujeres policías obligaron a los opositores a subir a un autobús.
En ese momento estaban reunidos 12 activistas. Los que viven en la capital fueron llevados a sus casas. Los de provincia estuvieron en estaciones de policía y quedaron libres en la terminal de autobuses, según el relato.
Roque señaló que un funcionario del Ministerio de Justicia le dijo que recibiría “oportunamente” una respuesta a la carta.
También indicó que el activista José Luis García Pérez (Antúnez) fue detenido en La Habana y trasladado en un automóvil compacto a Villa Clara, su provincia de origen, donde quedó libre durante la madrugada de este viernes.
Sólo por el odio un maestro de las letras se rebaja: embajador de Venezuela
Con todo respeto le digo al embajador Chaderton que no sé de donde saca que Carlos Fuentes es un buen escritor. Es un individuo que siempre ha vivido en el lujo gracias al sistema oficialista y ha sabido manejar las relaciones públicas para que se le cree esa fama de buen escritor. "La región más transparente" es una novela mediocre y telenovelesca que tiene fallas importantes en función de la realidad que desea pintar, crítica superflua y frívola de una realidad que por principio desconoce porque siempre ha sido un privilegiado. Como persona es todavía más mediocre, pues que se puede pensar de un individuo que sólo finta la posición progresista pero que en el fondo siempre ha terminado alineándose al sistema del que ha mamado toda su vida.
Chaderton responde a las declaraciones de Carlos Fuentes contra Hugo Chávez
Abandonó la región más transparente y terminó convertido en un gringo viejo, espetó
Mariana Norandi y Emir Olivares
El embajador de Venezuela en México, Roy Chaderton Matos, rechazó “las declaraciones ofensivas” que el escritor Carlos Fuentes formuló contra el presidente Hugo Chávez, a quien calificó de “payaso” y lo comparó con Adolf Hitler y Benito Mussolini.
En conferencia de prensa, manifestó que siente gran admiración por la obra literaria del escritor mexicano, pero consideró “irrespetuosos” los señalamientos que Fuentes formuló acerca del presidente Chávez y su gobierno. Lamentó que intelectuales a los que consideraba progresistas, ante “una revolución en serio” terminen flaqueando.
El jueves por la noche, durante un foro en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, el embajador Chaderton ya se había referido al tema. Dijo que días antes leyó un artículo en el que “un personaje” escribió sobre Hitler, Mussolini y Chávez.
“Este personaje abandonó la región más transparente, cambió de piel, ahora tiene el aura de converso y en su avanzada senilidad ha terminado convertido en un gringo viejo”, parafreseó.
En ese foro, Chaderton protestó ante la ofensiva para crear “una imagen horrorosa” de Hugo Chávez en ciertos sectores de la sociedad mexicana.
La respuesta a Fuentes, un día después de que éste entregó su acervo bibliográfico a la UNAM, fue directa, aunque el embajador de Venezuela no llamó al escritor por su nombre, deslizó que “así como a Supermán le dañaba la criptonita, parece que la revolución en serio es como criptonita para ciertos superhéroes del progresismo internacional”.
Odio y racismo
Ayer, en conferencia de prensa, el diplomático se refirió a las declaraciones del escritor en contra del presidente de Venezuela. Dijo que sólo una visión “anglocentrista y racista de la vida” puede permitir un lenguaje tan inapropiado.
“Solamente un odio inyectado o inoculado” puede explicar, insistió, que un maestro de las letras, “como es ese gigante de la literatura latinoamericana, puede haberse rebajado a utilizar un lenguaje de su propia creación que no denigra al objetivo de su ataque, sino que lo denigra a él mismo”.
Justificó la defensa del presidente Chávez, ya que, dijo, en su condición de embajador no sólo está obligado a promover los intereses de su país, sino también a defenderlos, “eso incluye la defensa de las personas ungidas con la representación popular”.
Chaderton fue también cuestionado en torno al cierre de Radio Caracas Televisión en mayo pasado, tras caducar su concesión. Explicó que la televisora había impuesto una “dictadura mediática” que, por ejemplo, en un país multiétnico como Venezuela, trasmitía patrones de belleza que no se correspondían con la realidad del país.
Aunado a ello, recalcó, la empresa televisiva silenciaba las voces populares que apoyan a Chávez, como ocurrió con el golpe de Estado del año 2002 contra el mandatario venezolano.
“Desde que decidimos enfrentar la dictadura mediática, hoy Venezuela es uno de los países que mayor libertad de expresión tiene y hay menos corrupción que en Europa occidental”. Hizo notar al respecto que en España retiraron la edición de una revista “por una caricatura erótica de la familia real”.
Un día antes, durante el Foro sobre las modificaciones a la Constitución Bolivariana de Venezuela, el embajador insistió en que pese a que se diga lo contrario el derecho a la libertad de expresión está garantizado en su país.
“Nunca habíamos tenido tanta libertad de expresión en Venezuela; algunos se dan el lujo de invitar al magnicidio y quedan impunes; no hay país donde pueda ocurrir eso: si fuera en Estados Unidos o Francia sería cadena perpetua”.
Ante un público universitario, Chaderton dijo que una campaña mediática “es la que ha llevado al envenenamiento a través de la mentira” a la sociedad venezolana y mundial, sobre todo a la clase media, que es la más atemorizada.
La dictadura militar en Venezuela concluyó en enero de 1958, pero comenzó una especie de “dictadura mediática”, en la que se dio más peso al valor monetario que a los contenidos críticos y culturales, pese a que en teoría se transitaba hacia un sistema democrático.
Chaderton responde a las declaraciones de Carlos Fuentes contra Hugo Chávez
Abandonó la región más transparente y terminó convertido en un gringo viejo, espetó
Mariana Norandi y Emir Olivares
El embajador de Venezuela en México, Roy Chaderton Matos, rechazó “las declaraciones ofensivas” que el escritor Carlos Fuentes formuló contra el presidente Hugo Chávez, a quien calificó de “payaso” y lo comparó con Adolf Hitler y Benito Mussolini.
En conferencia de prensa, manifestó que siente gran admiración por la obra literaria del escritor mexicano, pero consideró “irrespetuosos” los señalamientos que Fuentes formuló acerca del presidente Chávez y su gobierno. Lamentó que intelectuales a los que consideraba progresistas, ante “una revolución en serio” terminen flaqueando.
El jueves por la noche, durante un foro en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, el embajador Chaderton ya se había referido al tema. Dijo que días antes leyó un artículo en el que “un personaje” escribió sobre Hitler, Mussolini y Chávez.
“Este personaje abandonó la región más transparente, cambió de piel, ahora tiene el aura de converso y en su avanzada senilidad ha terminado convertido en un gringo viejo”, parafreseó.
En ese foro, Chaderton protestó ante la ofensiva para crear “una imagen horrorosa” de Hugo Chávez en ciertos sectores de la sociedad mexicana.
La respuesta a Fuentes, un día después de que éste entregó su acervo bibliográfico a la UNAM, fue directa, aunque el embajador de Venezuela no llamó al escritor por su nombre, deslizó que “así como a Supermán le dañaba la criptonita, parece que la revolución en serio es como criptonita para ciertos superhéroes del progresismo internacional”.
Odio y racismo
Ayer, en conferencia de prensa, el diplomático se refirió a las declaraciones del escritor en contra del presidente de Venezuela. Dijo que sólo una visión “anglocentrista y racista de la vida” puede permitir un lenguaje tan inapropiado.
“Solamente un odio inyectado o inoculado” puede explicar, insistió, que un maestro de las letras, “como es ese gigante de la literatura latinoamericana, puede haberse rebajado a utilizar un lenguaje de su propia creación que no denigra al objetivo de su ataque, sino que lo denigra a él mismo”.
Justificó la defensa del presidente Chávez, ya que, dijo, en su condición de embajador no sólo está obligado a promover los intereses de su país, sino también a defenderlos, “eso incluye la defensa de las personas ungidas con la representación popular”.
Chaderton fue también cuestionado en torno al cierre de Radio Caracas Televisión en mayo pasado, tras caducar su concesión. Explicó que la televisora había impuesto una “dictadura mediática” que, por ejemplo, en un país multiétnico como Venezuela, trasmitía patrones de belleza que no se correspondían con la realidad del país.
Aunado a ello, recalcó, la empresa televisiva silenciaba las voces populares que apoyan a Chávez, como ocurrió con el golpe de Estado del año 2002 contra el mandatario venezolano.
“Desde que decidimos enfrentar la dictadura mediática, hoy Venezuela es uno de los países que mayor libertad de expresión tiene y hay menos corrupción que en Europa occidental”. Hizo notar al respecto que en España retiraron la edición de una revista “por una caricatura erótica de la familia real”.
Un día antes, durante el Foro sobre las modificaciones a la Constitución Bolivariana de Venezuela, el embajador insistió en que pese a que se diga lo contrario el derecho a la libertad de expresión está garantizado en su país.
“Nunca habíamos tenido tanta libertad de expresión en Venezuela; algunos se dan el lujo de invitar al magnicidio y quedan impunes; no hay país donde pueda ocurrir eso: si fuera en Estados Unidos o Francia sería cadena perpetua”.
Ante un público universitario, Chaderton dijo que una campaña mediática “es la que ha llevado al envenenamiento a través de la mentira” a la sociedad venezolana y mundial, sobre todo a la clase media, que es la más atemorizada.
La dictadura militar en Venezuela concluyó en enero de 1958, pero comenzó una especie de “dictadura mediática”, en la que se dio más peso al valor monetario que a los contenidos críticos y culturales, pese a que en teoría se transitaba hacia un sistema democrático.
Convoca AMLO a encuentro en el Zócalo para frenar alza de precios
El próximo 18 de noviembre tomaremos acuerdos, dice a simpatizantes de la CND
“Calderón, cínico e inepto”; quiere cobrar más al pueblo y los funcionarios mantienen sueldos altos
Enrique Méndez (Enviado)
Zapotitlán, Pue., 28 de septiembre. El “presidente legítimo”, Andrés Manuel López Obrador, convocó a los simpatizantes de la Convención Nacional Democrática (CND) a congregarse el 18 de noviembre en el Zócalo de la ciudad de México, para tomar acuerdos que permitan detener el incremento a los precios de combustibles y de otros productos, desatado con el impuesto especial a la gasolina y el diesel, así como para defender las industrias petrolera y eléctrica.
“No queremos el aumento, no queremos ninguna rebaja; se acabó con eso. Lo voy a mencionar todos los días, y en el Zócalo vamos a frenar todos los incrementos, que son injustos e inmorales. Vamos a poner un alto a la carestía, porque el gobierno usurpador no tiene interés en detenerla. Y vamos a defender los bienes de la nación”, advirtió.
Por la noche, en Ajalpan, afirmó que “el espurio” Felipe Calderón es “un cínico e inepto”, que en la campaña por la Presidencia le copió su propuesta de reducir los precios del gas y las gasolinas, y ahora hará lo contrario. “No sólo eso, sostiene el mismo régimen de corrupción. ¿Creen que no da coraje que le quieran cobrar más a la gente y los servidores públicos tengan sueldos altísimos?” –cuestionó.
Desde temprano, en Zapotitlán, donde Luis Estrada filmó La ley de Herodes, López Obrador llamó a acabar con la corrupción que representa el PRIAN, y señaló que los privilegios de la alta burocracia, así como las pensiones y la riqueza de los ex presidentes de la República serían un buen tema para una cinta similar, sobre todo ahora que el “gobierno espurio” aumentará los impuestos, apretará al pueblo, pero no hará nada para reducir los costos del aparato burocrático.
“Cuando uno ve esa película sabe que no han cambiado las cosas. Siguen los cacicazgos y las injusticias en todo el país. Hay peores cosas arriba. Esa cinta refleja el cacicazgo rural, pero en las cúpulas del poder todavía se cometen más atrocidades”, expresó.
Tanto aquí, como más tarde en San Antonio Cañada y San Gabriel Chilac, el ex candidato presidencial consideró que si algún cineasta se interesara en reflejar en una película los beneficios de la clase política del PAN y del PRI, bien podría ponerle como título “La ley del embudo”.
Porque –expuso– la alta burocracia se queda con la mayor parte del presupuesto de egresos, cuando debería redistribuirse para abatir la pobreza. El ejemplo más reciente –insistió– lo ofreció Vicente Fox, al exhibir la remodelación de su rancho San Cristóbal, en Guanajuato.
“Esa sí es casa, esa sí es mansión. ¡Ese sí es cacicazgo! Imagínense (una película) de esa chachalaca ladrona de Vicente Fox. Ya ni hablar de Carlos Salinas y de otros más”, dijo.
El “presidente legítimo” resaltó el valor de La ley de Herodes, pero planteó que aún no se ha rodado una película que “refleje cómo funciona el cacicazgo arriba, que denuncie a los grandes caciques que tienen acaparado el presupuesto. Con el dinero de todos se mantiene una casta de privilegiados”.
A lo largo del recorrido de hoy, López Obrador visitó municipios de alta pobreza. Empezó en Caltepec, que irónicamente sigue siendo gobernado por el PRI y en el que su única competencia real es Acción Nacional. Ahí, el PRD ni siquiera postuló candidato a presidente municipal para las elecciones del 11 de noviembre.
Caltepec está a 12 kilómetros de la carretera federal Tehuacán-Oaxaca, pero la mitad del trayecto debe recorrerse por un tramo sin asfalto, porque la empresa a la cual se adjudicó el contrato para su rehabilitación, de plano abandonó hasta la maquinaria, desde hace seis años.
Ahí, el tabasqueño se encontró con una recepción de apenas 50 personas, debido a que la mayoría de sus 600 habitantes trabajan en Tehuacán o han emigrado a Estados Unidos, debido al abandono en que todas las administraciones estatales y federales han dejado a Caltepec.
Control de la Iglesia
Eso sí, el municipio está controlado por la Iglesia católica, que edificó cuatro templos, así que además hay un sacerdote por cada 150 habitantes.
Después, López Obrador se trasladó a la comunidad de San Pedro de los Sahuaros. Siempre teniendo como marco la película de Estrada y los sucesivos gobiernos de PRI-PAN, en Zapotitlán afirmó que si los priístas tenían fama de ladrones, los panistas “salieron más rateros, y eso ya es decir bastante”.
Ello le permitió referirse al candidato priísta a edil, y señaló a los zapotitlecos: “me dicen que es bastante presumido y está gastando mucho dinero en la campaña, pero todo se los va a cobrar. El que empieza con esas mañoserías va a sacar lo que gastó”.
La forma en que los abanderados del PRI y del PAN gastan el dinero en campaña “para comprar los votos” ciudadanos también fue punto central de su discurso ante la comunidad de San Antonio Cañada –en su mayoría ancianos, mujeres y niños—, donde resaltó que, cuando hay campañas, esos partidos regalan despensas, materiales de construcción y hasta dinero en efectivo.
A los poblanos que votarán el 11 de noviembre les sugirió que acepten lo que les dan, aun cuando les pidan sufragar por los candidatos del PRIAN, “pero al momento de estar en las urnas crucen la boleta por los perredistas.
“Si es necesario decir una mentira piadosa, hay que decir que sí. Nada más que el voto es libre. Voten por lo que les diga su conciencia”, expresó.
“Calderón, cínico e inepto”; quiere cobrar más al pueblo y los funcionarios mantienen sueldos altos
Enrique Méndez (Enviado)
Zapotitlán, Pue., 28 de septiembre. El “presidente legítimo”, Andrés Manuel López Obrador, convocó a los simpatizantes de la Convención Nacional Democrática (CND) a congregarse el 18 de noviembre en el Zócalo de la ciudad de México, para tomar acuerdos que permitan detener el incremento a los precios de combustibles y de otros productos, desatado con el impuesto especial a la gasolina y el diesel, así como para defender las industrias petrolera y eléctrica.
“No queremos el aumento, no queremos ninguna rebaja; se acabó con eso. Lo voy a mencionar todos los días, y en el Zócalo vamos a frenar todos los incrementos, que son injustos e inmorales. Vamos a poner un alto a la carestía, porque el gobierno usurpador no tiene interés en detenerla. Y vamos a defender los bienes de la nación”, advirtió.
Por la noche, en Ajalpan, afirmó que “el espurio” Felipe Calderón es “un cínico e inepto”, que en la campaña por la Presidencia le copió su propuesta de reducir los precios del gas y las gasolinas, y ahora hará lo contrario. “No sólo eso, sostiene el mismo régimen de corrupción. ¿Creen que no da coraje que le quieran cobrar más a la gente y los servidores públicos tengan sueldos altísimos?” –cuestionó.
Desde temprano, en Zapotitlán, donde Luis Estrada filmó La ley de Herodes, López Obrador llamó a acabar con la corrupción que representa el PRIAN, y señaló que los privilegios de la alta burocracia, así como las pensiones y la riqueza de los ex presidentes de la República serían un buen tema para una cinta similar, sobre todo ahora que el “gobierno espurio” aumentará los impuestos, apretará al pueblo, pero no hará nada para reducir los costos del aparato burocrático.
“Cuando uno ve esa película sabe que no han cambiado las cosas. Siguen los cacicazgos y las injusticias en todo el país. Hay peores cosas arriba. Esa cinta refleja el cacicazgo rural, pero en las cúpulas del poder todavía se cometen más atrocidades”, expresó.
Tanto aquí, como más tarde en San Antonio Cañada y San Gabriel Chilac, el ex candidato presidencial consideró que si algún cineasta se interesara en reflejar en una película los beneficios de la clase política del PAN y del PRI, bien podría ponerle como título “La ley del embudo”.
Porque –expuso– la alta burocracia se queda con la mayor parte del presupuesto de egresos, cuando debería redistribuirse para abatir la pobreza. El ejemplo más reciente –insistió– lo ofreció Vicente Fox, al exhibir la remodelación de su rancho San Cristóbal, en Guanajuato.
“Esa sí es casa, esa sí es mansión. ¡Ese sí es cacicazgo! Imagínense (una película) de esa chachalaca ladrona de Vicente Fox. Ya ni hablar de Carlos Salinas y de otros más”, dijo.
El “presidente legítimo” resaltó el valor de La ley de Herodes, pero planteó que aún no se ha rodado una película que “refleje cómo funciona el cacicazgo arriba, que denuncie a los grandes caciques que tienen acaparado el presupuesto. Con el dinero de todos se mantiene una casta de privilegiados”.
A lo largo del recorrido de hoy, López Obrador visitó municipios de alta pobreza. Empezó en Caltepec, que irónicamente sigue siendo gobernado por el PRI y en el que su única competencia real es Acción Nacional. Ahí, el PRD ni siquiera postuló candidato a presidente municipal para las elecciones del 11 de noviembre.
Caltepec está a 12 kilómetros de la carretera federal Tehuacán-Oaxaca, pero la mitad del trayecto debe recorrerse por un tramo sin asfalto, porque la empresa a la cual se adjudicó el contrato para su rehabilitación, de plano abandonó hasta la maquinaria, desde hace seis años.
Ahí, el tabasqueño se encontró con una recepción de apenas 50 personas, debido a que la mayoría de sus 600 habitantes trabajan en Tehuacán o han emigrado a Estados Unidos, debido al abandono en que todas las administraciones estatales y federales han dejado a Caltepec.
Control de la Iglesia
Eso sí, el municipio está controlado por la Iglesia católica, que edificó cuatro templos, así que además hay un sacerdote por cada 150 habitantes.
Después, López Obrador se trasladó a la comunidad de San Pedro de los Sahuaros. Siempre teniendo como marco la película de Estrada y los sucesivos gobiernos de PRI-PAN, en Zapotitlán afirmó que si los priístas tenían fama de ladrones, los panistas “salieron más rateros, y eso ya es decir bastante”.
Ello le permitió referirse al candidato priísta a edil, y señaló a los zapotitlecos: “me dicen que es bastante presumido y está gastando mucho dinero en la campaña, pero todo se los va a cobrar. El que empieza con esas mañoserías va a sacar lo que gastó”.
La forma en que los abanderados del PRI y del PAN gastan el dinero en campaña “para comprar los votos” ciudadanos también fue punto central de su discurso ante la comunidad de San Antonio Cañada –en su mayoría ancianos, mujeres y niños—, donde resaltó que, cuando hay campañas, esos partidos regalan despensas, materiales de construcción y hasta dinero en efectivo.
A los poblanos que votarán el 11 de noviembre les sugirió que acepten lo que les dan, aun cuando les pidan sufragar por los candidatos del PRIAN, “pero al momento de estar en las urnas crucen la boleta por los perredistas.
“Si es necesario decir una mentira piadosa, hay que decir que sí. Nada más que el voto es libre. Voten por lo que les diga su conciencia”, expresó.
¿Cuál experimento?
Silvia Ribeiro*
Las transnacionales de los agronegocios no quitan el dedo del renglón y montados en los caballitos (¿o burros?) de batalla que tienen a su disposición, como la Confederación Nacional Campesina (CNC), siguen insistiendo en que México se debe abrir al maíz transgénico. Declaran en los medios que se debe “experimentar” porque eso nos permitiría saber si se corren riesgos para el maíz nativo.
Ahora se han puesto más agresivas. Frente a la perspectiva de que tampoco para este ciclo agrícola se aprobarán las solicitudes de maíz transgénico, estas mismas empresas organizaron la publicación de un campo pagado en varios medios nacionales para presionar directamente al gobierno y a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem). Este desplegado, publicado el 17/09/2007, aparece firmado por poderosos intereses industriales que lucran con el campo, el procesamiento y la venta de alimentos en México, tales como el Consejo Nacional Agropecuario, la Cámara Nacional de Maíz Industrializado, la Asociación Mexicana de Semilleros, la Canacintra, Antad, Concamin y otras. Como decorado, la CNC y organizaciones regionales de los mismos firmantes, para que parezcan más.
Por si alguien tiene dudas de quién está detrás de este desplegado, el responsable de la publicación es Ricardo Jacobo Arias, un empleado de Agrobio México, institución integrada por las empresas de transgénicos Monsanto, Syngenta, Dupont, Bayer y Dow. Agrobio fue creada para que pareciera un centro de información “independiente” sobre biotecnología, para hacer cabildeo y presión política, como si no fueran las mismas empresas las que promueven sus propios intereses de lucro. Fue también Agrobio que redactó lo que debían decir muchas de las organizaciones ahora firmantes, en la consulta que hizo la Sagarpa sobre maíz transgénico (ver Trasnacionales redactan cartas “de agricultores”, La Jornada, 25/09/2006)
Monsanto también aparece en los sitios de internet de muchos de los firmantes, como su patrocinador y/o miembro (por ejemplo de la CNA, la CANAMI, la AMSAC, entre otros), lo cual sugiere porqué éstos han firmado el desplegado para defender a las empresas transgénicas.
En éste se vuelve a repetir que “las siembras experimentales de maíz biotecnológico son de sumo interés para el sector productivo (…) Dichas pruebas están diseñadas para responder científicamente sobre la viabilidad de sembrar este cultivo comercialmente en nuestro país”. Agregan que genera beneficios económicos, que mejora la productividad y es una “agricultura ambientalmente más amigable”, (nada de lo cual se cumple en la realidad según muestran las estadísticas oficiales de los principales países productores). Terminan con que después de “10 años de moratoria” (son 8, pero entre tantas falsedades, que les importa una más, ¿verdad?) “no se deben retrasar las pruebas experimentales”, ya que esas pruebas permitirán que “emane información científica y objetiva”.
¿A qué experimento se refieren? Porque lo que está planteado en el Proyecto Maestro de Maíz, que es el plan rector para la “experimentación” con maíz transgénico, no contempla el estudio del flujo génico, ni el impacto en los maíces nativos, ni sobre la biodiversidad, ni en generaciones posteriores, ni toman en cuenta la multiplicidad de factores que existen en el medio ambiente real en México y su enorme diversidad cultural.
O sea, no habría ninguna experimentación sobre los temas en controversia. Lo único que se plantea es que se siembre maíz transgénico con un limitado radio de aislamiento (ridículo en relación a la literatura más reciente sobre el flujo de polen de maíz), que se impida la dispersión de polen por medios mecánicos en cada planta, y unas pocas condiciones más, siempre en ambientes controlados, que de por sí no tendrán ningún valor “experimental” y muchísimo menos “objetivo y científico” para saber algo sobre el comportamiento del maíz transgénico en el medio ambiente real. Por otra parte, esas condiciones tampoco tienen valor como marco para ninguna liberación comercial: no existen los productores que tomarían todas esas medidas para impedir la contaminación: sencillamente es imposible repetirlas en condiciones reales de producción.
¿Por qué se insiste entonces con las “pruebas experimentales”? Solamente porque es un requisito legal que tienen que cumplir para después poder solicitar la liberación comercial, que es la única que les interesa.
Ya en campo, la contaminación transgénica no les importa, porque de todos modos no está penada por la ley, aunque sí está permitido perseguir a quienes se contaminen “por uso indebido de patente”, gracias a la nueva ley de semillas. Negocio redondo para las empresas: en lugar de maíces híbridos, que no están patentados, quieren forzar el maíz transgénico con genes patentados que tornan ilegal guardar semillas para la próxima cosecha y además pueden perseguir y penar legalmente a quienes lo hagan o se contaminen.
Si se planta maíz transgénico, el maíz nativo se contaminará inexorablemente. No existe ninguna forma de eliminar el flujo de polen y es sólo una cuestión de tiempo para que llegue hasta los confines más lejanos del país, colocando en riesgo un patrimonio genético, cultural y económico único para México y para el mundo. Este es el único experimento que subyace a estos desplegados, un experimento para destruir el maíz campesino y aumentar las ganancias de las empresas trasnacionales.
*Investigadora del Grupo ETC
Las transnacionales de los agronegocios no quitan el dedo del renglón y montados en los caballitos (¿o burros?) de batalla que tienen a su disposición, como la Confederación Nacional Campesina (CNC), siguen insistiendo en que México se debe abrir al maíz transgénico. Declaran en los medios que se debe “experimentar” porque eso nos permitiría saber si se corren riesgos para el maíz nativo.
Ahora se han puesto más agresivas. Frente a la perspectiva de que tampoco para este ciclo agrícola se aprobarán las solicitudes de maíz transgénico, estas mismas empresas organizaron la publicación de un campo pagado en varios medios nacionales para presionar directamente al gobierno y a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem). Este desplegado, publicado el 17/09/2007, aparece firmado por poderosos intereses industriales que lucran con el campo, el procesamiento y la venta de alimentos en México, tales como el Consejo Nacional Agropecuario, la Cámara Nacional de Maíz Industrializado, la Asociación Mexicana de Semilleros, la Canacintra, Antad, Concamin y otras. Como decorado, la CNC y organizaciones regionales de los mismos firmantes, para que parezcan más.
Por si alguien tiene dudas de quién está detrás de este desplegado, el responsable de la publicación es Ricardo Jacobo Arias, un empleado de Agrobio México, institución integrada por las empresas de transgénicos Monsanto, Syngenta, Dupont, Bayer y Dow. Agrobio fue creada para que pareciera un centro de información “independiente” sobre biotecnología, para hacer cabildeo y presión política, como si no fueran las mismas empresas las que promueven sus propios intereses de lucro. Fue también Agrobio que redactó lo que debían decir muchas de las organizaciones ahora firmantes, en la consulta que hizo la Sagarpa sobre maíz transgénico (ver Trasnacionales redactan cartas “de agricultores”, La Jornada, 25/09/2006)
Monsanto también aparece en los sitios de internet de muchos de los firmantes, como su patrocinador y/o miembro (por ejemplo de la CNA, la CANAMI, la AMSAC, entre otros), lo cual sugiere porqué éstos han firmado el desplegado para defender a las empresas transgénicas.
En éste se vuelve a repetir que “las siembras experimentales de maíz biotecnológico son de sumo interés para el sector productivo (…) Dichas pruebas están diseñadas para responder científicamente sobre la viabilidad de sembrar este cultivo comercialmente en nuestro país”. Agregan que genera beneficios económicos, que mejora la productividad y es una “agricultura ambientalmente más amigable”, (nada de lo cual se cumple en la realidad según muestran las estadísticas oficiales de los principales países productores). Terminan con que después de “10 años de moratoria” (son 8, pero entre tantas falsedades, que les importa una más, ¿verdad?) “no se deben retrasar las pruebas experimentales”, ya que esas pruebas permitirán que “emane información científica y objetiva”.
¿A qué experimento se refieren? Porque lo que está planteado en el Proyecto Maestro de Maíz, que es el plan rector para la “experimentación” con maíz transgénico, no contempla el estudio del flujo génico, ni el impacto en los maíces nativos, ni sobre la biodiversidad, ni en generaciones posteriores, ni toman en cuenta la multiplicidad de factores que existen en el medio ambiente real en México y su enorme diversidad cultural.
O sea, no habría ninguna experimentación sobre los temas en controversia. Lo único que se plantea es que se siembre maíz transgénico con un limitado radio de aislamiento (ridículo en relación a la literatura más reciente sobre el flujo de polen de maíz), que se impida la dispersión de polen por medios mecánicos en cada planta, y unas pocas condiciones más, siempre en ambientes controlados, que de por sí no tendrán ningún valor “experimental” y muchísimo menos “objetivo y científico” para saber algo sobre el comportamiento del maíz transgénico en el medio ambiente real. Por otra parte, esas condiciones tampoco tienen valor como marco para ninguna liberación comercial: no existen los productores que tomarían todas esas medidas para impedir la contaminación: sencillamente es imposible repetirlas en condiciones reales de producción.
¿Por qué se insiste entonces con las “pruebas experimentales”? Solamente porque es un requisito legal que tienen que cumplir para después poder solicitar la liberación comercial, que es la única que les interesa.
Ya en campo, la contaminación transgénica no les importa, porque de todos modos no está penada por la ley, aunque sí está permitido perseguir a quienes se contaminen “por uso indebido de patente”, gracias a la nueva ley de semillas. Negocio redondo para las empresas: en lugar de maíces híbridos, que no están patentados, quieren forzar el maíz transgénico con genes patentados que tornan ilegal guardar semillas para la próxima cosecha y además pueden perseguir y penar legalmente a quienes lo hagan o se contaminen.
Si se planta maíz transgénico, el maíz nativo se contaminará inexorablemente. No existe ninguna forma de eliminar el flujo de polen y es sólo una cuestión de tiempo para que llegue hasta los confines más lejanos del país, colocando en riesgo un patrimonio genético, cultural y económico único para México y para el mundo. Este es el único experimento que subyace a estos desplegados, un experimento para destruir el maíz campesino y aumentar las ganancias de las empresas trasnacionales.
*Investigadora del Grupo ETC
Reforma judicial
Miguel Concha
El 9 de marzo el Ejecutivo envió al Senado una iniciativa de reforma judicial que fue severamente criticada por académicos, grupos de derechos humanos, líderes de opinión y la población en general, porque, al conceder facultades extraordinarias a los agentes del Ministerio Público (MP) y cuerpos policiacos, contiene disposiciones que atentan directamente contra las garantías de los ciudadanos. Todo ello con el pretexto de la seguridad pública y el “estado de derecho”.
Voces como las de Miguel Sarre, Miguel Carbonell y Elena Azaola manifestaron que esa iniciativa es regresiva y contraria a los principios que deben regir un sistema garantista de justicia. Miguel Carbonell, especialista en derecho penal e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, instaba a los legisladores a rechazarla, pues resultaba contradictorio hablar al mismo tiempo de juicios orales, orientados a reforzar las garantías de los ciudadanos, y otorgar al MP facultades discrecionales para hacer cateos, intervenir líneas telefónicas y arraigar a las personas sin necesidad de una orden judicial. Señaló en efecto como positivo el que la reforma introdujera la figura de los juicios orales, toda vez que esto permitiría disminuir el uso de la prisión preventiva, de la que se ha abusado en el país, ya que según sus cifras, de 213 mil personas privadas de su libertad, alrededor de 40 por ciento, es decir, 90 mil, no han recibido sentencia.
Miguel Sarre mencionó que tal y como estaba planteada esa iniciativa, con la reforma continuarían los subsidios laborales para que el MP desempeñe con honradez y eficacia su trabajo, impidiendo con ello en cambio su profesionalización y la profesionalización de la policía ministerial. En diversos espacios se mencionó además que tal iniciativa es contraria a los derechos humanos y a los principios que rigen nuestra Constitución, y que va en la línea de seguir introduciendo lentamente en el país un pretendido “derecho del adversario”, que corre el riesgo de considerar a cualquier opositor como un no ciudadano, privado de garantías. Legisladores de diversos partidos la calificaron también como “gatopardista”, peligrosa y regresiva, motivada más bien por presiones políticas del gobierno de Estados Unidos.
No debemos olvidar, sin embargo, que la reforma judicial es una de las más necesarias en el país, toda vez que los órganos de procuración e impartición de justicia carecen de confiabilidad entre la ciudadanía y no satisfacen a la sociedad. Por ello se ha comentado que una vez aprobada la reforma electoral, han comenzado en el Senado los trabajos en materia de justicia. En diversos medios se menciona que los senadores cuentan ya con un trabajo bastante adelantado, cuyos resultados sin embargo tendrán que esperar por lo menos 10 días, para que los diputados puedan participar en la elaboración de una propuesta. A pesar de que el proyecto de reforma aún no se ha dado a conocer al público, algo se ha sabido sobre su contenido. En palabras del senador Carlos Navarrete, se le cambiará “hasta el modo de andar”, refiriéndose a la iniciativa de la Presidencia. Confiamos en que así sea.
Entre los puntos que se podrían aprobar en la nueva reforma destacan los siguientes. Se desecharía la propuesta de facultar al MP para que realice espionaje telefónico, cateos y arraigos sin orden judicial. A tal efecto se plantea la creación de un cuerpo de juzgadores que puedan obsequiar las órdenes, incluso vía telefónica, una vez que las estimen procedentes. Habrá que ver todavía en qué casos se permite este tipo de permisos vía telefónica, si únicamente de delincuencia organizada o en todos en general.
El más importante es el de cambiar, con la introducción de los juicios orales, nuestro sistema penal, de inquisitorio o mixto, a uno acusatorio, como en todos los estados democráticos de derecho. Sin juzgar sobre la conveniencia o no de éstos, se debe recalcar que el cambio de sistema en nuestro país no radica sólo en la oralidad de los juicios, sino en la eliminación del monopolio de la acción penal por parte del MP, y en el rol activo que tienen que jugar los particulares ante las autoridades.
Al respecto se ha comentado que se pretende eliminar la figura onmipresente del MP en la averiguación previa, al facultar a las policías para que realicen actividades de investigación. Esta medida no implica necesariamente que se despoja del monopolio de la acción penal al MP, toda vez que no queda claro quién es el que puede consignar expedientes ante la autoridad y decidir si en algún caso hay o no delito.
Por otro lado, es indebido facultar a la policía preventiva para que realice funciones de policía ministerial, pues ello también se presta fácilmente a la comisión de abusos. Confiamos que en la reforma judicial se recojan diversas propuestas que las organizaciones civiles han venido presentando desde hace meses en los distintos foros y ante las distintas comisiones que se han abierto para la reforma del Estado.
El 9 de marzo el Ejecutivo envió al Senado una iniciativa de reforma judicial que fue severamente criticada por académicos, grupos de derechos humanos, líderes de opinión y la población en general, porque, al conceder facultades extraordinarias a los agentes del Ministerio Público (MP) y cuerpos policiacos, contiene disposiciones que atentan directamente contra las garantías de los ciudadanos. Todo ello con el pretexto de la seguridad pública y el “estado de derecho”.
Voces como las de Miguel Sarre, Miguel Carbonell y Elena Azaola manifestaron que esa iniciativa es regresiva y contraria a los principios que deben regir un sistema garantista de justicia. Miguel Carbonell, especialista en derecho penal e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, instaba a los legisladores a rechazarla, pues resultaba contradictorio hablar al mismo tiempo de juicios orales, orientados a reforzar las garantías de los ciudadanos, y otorgar al MP facultades discrecionales para hacer cateos, intervenir líneas telefónicas y arraigar a las personas sin necesidad de una orden judicial. Señaló en efecto como positivo el que la reforma introdujera la figura de los juicios orales, toda vez que esto permitiría disminuir el uso de la prisión preventiva, de la que se ha abusado en el país, ya que según sus cifras, de 213 mil personas privadas de su libertad, alrededor de 40 por ciento, es decir, 90 mil, no han recibido sentencia.
Miguel Sarre mencionó que tal y como estaba planteada esa iniciativa, con la reforma continuarían los subsidios laborales para que el MP desempeñe con honradez y eficacia su trabajo, impidiendo con ello en cambio su profesionalización y la profesionalización de la policía ministerial. En diversos espacios se mencionó además que tal iniciativa es contraria a los derechos humanos y a los principios que rigen nuestra Constitución, y que va en la línea de seguir introduciendo lentamente en el país un pretendido “derecho del adversario”, que corre el riesgo de considerar a cualquier opositor como un no ciudadano, privado de garantías. Legisladores de diversos partidos la calificaron también como “gatopardista”, peligrosa y regresiva, motivada más bien por presiones políticas del gobierno de Estados Unidos.
No debemos olvidar, sin embargo, que la reforma judicial es una de las más necesarias en el país, toda vez que los órganos de procuración e impartición de justicia carecen de confiabilidad entre la ciudadanía y no satisfacen a la sociedad. Por ello se ha comentado que una vez aprobada la reforma electoral, han comenzado en el Senado los trabajos en materia de justicia. En diversos medios se menciona que los senadores cuentan ya con un trabajo bastante adelantado, cuyos resultados sin embargo tendrán que esperar por lo menos 10 días, para que los diputados puedan participar en la elaboración de una propuesta. A pesar de que el proyecto de reforma aún no se ha dado a conocer al público, algo se ha sabido sobre su contenido. En palabras del senador Carlos Navarrete, se le cambiará “hasta el modo de andar”, refiriéndose a la iniciativa de la Presidencia. Confiamos en que así sea.
Entre los puntos que se podrían aprobar en la nueva reforma destacan los siguientes. Se desecharía la propuesta de facultar al MP para que realice espionaje telefónico, cateos y arraigos sin orden judicial. A tal efecto se plantea la creación de un cuerpo de juzgadores que puedan obsequiar las órdenes, incluso vía telefónica, una vez que las estimen procedentes. Habrá que ver todavía en qué casos se permite este tipo de permisos vía telefónica, si únicamente de delincuencia organizada o en todos en general.
El más importante es el de cambiar, con la introducción de los juicios orales, nuestro sistema penal, de inquisitorio o mixto, a uno acusatorio, como en todos los estados democráticos de derecho. Sin juzgar sobre la conveniencia o no de éstos, se debe recalcar que el cambio de sistema en nuestro país no radica sólo en la oralidad de los juicios, sino en la eliminación del monopolio de la acción penal por parte del MP, y en el rol activo que tienen que jugar los particulares ante las autoridades.
Al respecto se ha comentado que se pretende eliminar la figura onmipresente del MP en la averiguación previa, al facultar a las policías para que realicen actividades de investigación. Esta medida no implica necesariamente que se despoja del monopolio de la acción penal al MP, toda vez que no queda claro quién es el que puede consignar expedientes ante la autoridad y decidir si en algún caso hay o no delito.
Por otro lado, es indebido facultar a la policía preventiva para que realice funciones de policía ministerial, pues ello también se presta fácilmente a la comisión de abusos. Confiamos que en la reforma judicial se recojan diversas propuestas que las organizaciones civiles han venido presentando desde hace meses en los distintos foros y ante las distintas comisiones que se han abierto para la reforma del Estado.
España: economía del ladrillo, ¿motor o bomba de tiempo?
Carlos Alfieri
El notable crecimiento económico que experimentó España en el último decenio se ha asentado sobre dos pilares básicos: la construcción (fundamentalmente de viviendas) y el consumo privado interno. Ha sido de tal envergadura el papel desempeñado por la construcción en este proceso expansivo que se llegó a bautizar todo el ciclo como “la economía del ladrillo”. En estos 10 años el producto interno bruto (PIB) español ha aumentado 3.8 por ciento de media anual –1.6 puntos porcentuales por encima de los países de la eurozona–, de los cuales 0.5 puntos porcentuales se han debido a la construcción.
Si bien nadie duda del carácter dinamizador que ejerce la construcción sobre el conjunto de la economía, tampoco se le escapa a ningún observador atento la índole bifronte de esa actividad, puesto que su excesivo protagonismo encierra también un inquietante potencial de vulnerabilidad para todo el sistema económico. A esto debe agregarse, por otra parte, las derivas de especulación inmobiliaria y corrupción urbanística que generó el proceso en toda España y que, lejos de hacer bajar el precio de la vivienda como consecuencia de la extraordinaria cantidad de unidades producidas, lo situaron entre los más caros del mundo en relación con el poder adquisitivo de los habitantes, gran número de los cuales ha visto tornarse imposible el acceso a una casa propia.
En 2006 se terminaron 585 mil viviendas, 11.5 por ciento más que en 2005, y el número de éstas certificadas como de nueva construcción ascendió al récord de 864 mil, 18 por ciento más que durante el ejercicio anterior.
Una eventual –y ya comprobada– caída de la construcción produciría un efecto devastador sobre el empleo, ya que, se conjetura, por cada 100 mil viviendas menos que se produjeran se perderían más de 200 mil puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Ocurre que la incidencia de este sector en el mercado de trabajo se ha incrementado de manera espectacular: en 1995 daba empleo a poco menos de un millón 200 mil personas –cerca de 9 por ciento sobre el total de ocupados–, mientras que en 2006 lo hacía a 2 millones 542 mil 900 personas, que equivalían a casi 14 por ciento de los puestos disponibles.
Durante bastante tiempo, el tipo de interés en la eurozona se mantuvo en 2 por ciento, un mínimo histórico, o experimentó pequeños incrementos, y el Euribor, que es la principal referencia para los préstamos hipotecarios a interés variable, alrededor de medio punto porcentual por encima. Muchas entidades financieras concedían préstamos con un interés levemente superior a este último indicador y a plazos cada vez más largos (hasta 50 años), sembrando la ilusión de que cualquiera podía tener acceso a un piso. Claro que la inmensa mayoría de créditos hipotecarios otorgados lo fueron a interés variable, por lo que cualquier subida de los tipos incidiría en el costo de la hipoteca. Y eso es lo que está ocurriendo.
El auge de la construcción produjo una especulación desenfrenada y una elevación extraordinaria del precio de la vivienda. En el periodo 1998-2006 se construyeron 5.5 millones de viviendas, una cantidad muy superior a la de creación de hogares (algunos analistas evalúan que hay 3 millones de departamentos desocupados), y su precio aumentó 183.2 por ciento; cabe señalar que en esa misma etapa los costos de la edificación (salarios, materiales) sólo se incrementaron en 30 por ciento. Entre 1998 y 2006 el precio de la vivienda creció a una media anual de 12.3 por ciento, el triple que los salarios; este simple dato da idea de la dimensión del problema en España. Un estudio de una consultora privada de marzo de 2007 estimaba que una persona con un sueldo medio necesitaría 47 años para pagar una vivienda de cien metros cuadrados.
A finales de agosto de 2007, cuando tras numerosos aumentos paulatinos el Euribor se situaba en 4.8 por ciento, los expertos coincidían, en general, en que el boom inmobiliario había tocado techo. El llamado “aterrizaje suave” había comenzado en 2006, cuando el millón de transacciones inmobiliarias (compras y ventas) de media de los años anteriores descendió a poco más de 900 mil y el aumento del precio de la vivienda disminuyó a 9.1 por ciento desde el 12.8 por ciento registrado en 2005. En 2006 se iniciaron más de 800 mil viviendas, pero sólo se vendieron menos de 400 mil nuevas; en cuanto a las nuevas hipotecas suscritas, cayeron, por primera vez en un lustro, 10.6 por ciento con respecto al año anterior.
Estas tendencias se acentuaban con vigor en agosto de este año, mientras la crisis hipotecaria en Estados Unidos extendía su sombra amenazante sobre todo el mundo. No faltan pronósticos agoreros (por ejemplo, de algún columnista del Financial Times) que hablan de la inminente explosión de la burbuja inmobiliaria en España, con el consiguiente crash económico general, aunque la mayoría de los analistas descartan que se pueda producir un final abrupto. En tanto, el endeudamiento de las familias españolas creció 20 por ciento durante 2006, hasta unos 800 mil millones de euros (de los cuales 600 mil millones lo son de deuda hipotecaria), lo que supone 125 por ciento de la renta bruta disponible.
El notable crecimiento económico que experimentó España en el último decenio se ha asentado sobre dos pilares básicos: la construcción (fundamentalmente de viviendas) y el consumo privado interno. Ha sido de tal envergadura el papel desempeñado por la construcción en este proceso expansivo que se llegó a bautizar todo el ciclo como “la economía del ladrillo”. En estos 10 años el producto interno bruto (PIB) español ha aumentado 3.8 por ciento de media anual –1.6 puntos porcentuales por encima de los países de la eurozona–, de los cuales 0.5 puntos porcentuales se han debido a la construcción.
Si bien nadie duda del carácter dinamizador que ejerce la construcción sobre el conjunto de la economía, tampoco se le escapa a ningún observador atento la índole bifronte de esa actividad, puesto que su excesivo protagonismo encierra también un inquietante potencial de vulnerabilidad para todo el sistema económico. A esto debe agregarse, por otra parte, las derivas de especulación inmobiliaria y corrupción urbanística que generó el proceso en toda España y que, lejos de hacer bajar el precio de la vivienda como consecuencia de la extraordinaria cantidad de unidades producidas, lo situaron entre los más caros del mundo en relación con el poder adquisitivo de los habitantes, gran número de los cuales ha visto tornarse imposible el acceso a una casa propia.
En 2006 se terminaron 585 mil viviendas, 11.5 por ciento más que en 2005, y el número de éstas certificadas como de nueva construcción ascendió al récord de 864 mil, 18 por ciento más que durante el ejercicio anterior.
Una eventual –y ya comprobada– caída de la construcción produciría un efecto devastador sobre el empleo, ya que, se conjetura, por cada 100 mil viviendas menos que se produjeran se perderían más de 200 mil puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Ocurre que la incidencia de este sector en el mercado de trabajo se ha incrementado de manera espectacular: en 1995 daba empleo a poco menos de un millón 200 mil personas –cerca de 9 por ciento sobre el total de ocupados–, mientras que en 2006 lo hacía a 2 millones 542 mil 900 personas, que equivalían a casi 14 por ciento de los puestos disponibles.
Durante bastante tiempo, el tipo de interés en la eurozona se mantuvo en 2 por ciento, un mínimo histórico, o experimentó pequeños incrementos, y el Euribor, que es la principal referencia para los préstamos hipotecarios a interés variable, alrededor de medio punto porcentual por encima. Muchas entidades financieras concedían préstamos con un interés levemente superior a este último indicador y a plazos cada vez más largos (hasta 50 años), sembrando la ilusión de que cualquiera podía tener acceso a un piso. Claro que la inmensa mayoría de créditos hipotecarios otorgados lo fueron a interés variable, por lo que cualquier subida de los tipos incidiría en el costo de la hipoteca. Y eso es lo que está ocurriendo.
El auge de la construcción produjo una especulación desenfrenada y una elevación extraordinaria del precio de la vivienda. En el periodo 1998-2006 se construyeron 5.5 millones de viviendas, una cantidad muy superior a la de creación de hogares (algunos analistas evalúan que hay 3 millones de departamentos desocupados), y su precio aumentó 183.2 por ciento; cabe señalar que en esa misma etapa los costos de la edificación (salarios, materiales) sólo se incrementaron en 30 por ciento. Entre 1998 y 2006 el precio de la vivienda creció a una media anual de 12.3 por ciento, el triple que los salarios; este simple dato da idea de la dimensión del problema en España. Un estudio de una consultora privada de marzo de 2007 estimaba que una persona con un sueldo medio necesitaría 47 años para pagar una vivienda de cien metros cuadrados.
A finales de agosto de 2007, cuando tras numerosos aumentos paulatinos el Euribor se situaba en 4.8 por ciento, los expertos coincidían, en general, en que el boom inmobiliario había tocado techo. El llamado “aterrizaje suave” había comenzado en 2006, cuando el millón de transacciones inmobiliarias (compras y ventas) de media de los años anteriores descendió a poco más de 900 mil y el aumento del precio de la vivienda disminuyó a 9.1 por ciento desde el 12.8 por ciento registrado en 2005. En 2006 se iniciaron más de 800 mil viviendas, pero sólo se vendieron menos de 400 mil nuevas; en cuanto a las nuevas hipotecas suscritas, cayeron, por primera vez en un lustro, 10.6 por ciento con respecto al año anterior.
Estas tendencias se acentuaban con vigor en agosto de este año, mientras la crisis hipotecaria en Estados Unidos extendía su sombra amenazante sobre todo el mundo. No faltan pronósticos agoreros (por ejemplo, de algún columnista del Financial Times) que hablan de la inminente explosión de la burbuja inmobiliaria en España, con el consiguiente crash económico general, aunque la mayoría de los analistas descartan que se pueda producir un final abrupto. En tanto, el endeudamiento de las familias españolas creció 20 por ciento durante 2006, hasta unos 800 mil millones de euros (de los cuales 600 mil millones lo son de deuda hipotecaria), lo que supone 125 por ciento de la renta bruta disponible.
¿Qué entienden en Los Pinos por crisis?
Carlos Fernández-Vega
La pobreza y el desempleo, ¿no lo son?
Los lentes oscuros de Felipe Calderón
Sojo, cazador de burbujas inflacionarias
Tendría que definir qué es lo que entiende por crisis, porque, al igual que en el sexenio pasado, el actual inquilino de Los Pinos lleva ya varios discursos al hilo con dicho tema como elemento central y con los mismos lentes oscuros.
Entre la frases utilizadas por Felipe Calderón destacan, con todo y sintaxis oficial, las siguientes: “Que nunca más una crisis económica afecte a los mexicanos… nos costó mucho trabajo, pero trabajamos de manera decidida para no volver nunca más a una crisis económica… trabajamos para que no se repita una crisis económica… estamos trabajando para que nunca más volvamos a tener una crisis económica”, y así por el estilo.
En el sexenio del “cambio”, entre remodelación y ampliación del rancho San Cristóbal, Vicente Fox no perdió oportunidad para presumir que con él en Los Pinos no habría crisis (“signo del pasado”) que terminaría su sexenio sin crisis, que heredaría una nación sin crisis y, en resumidas cuentas, que la crisis le pelaba los dientes.
El michoacano retoma el discurso y el decreto de la “inexistencia de la crisis”, y lo hace con igual falta de visión, insensibilidad o cinismo que sus antecesores en Los Pinos, porque de qué otra manera, que no sea crisis, se puede calificar a un país en el que la mitad de su población sobrevive en la pobreza y la miseria; en el que casi 45 millones de personas no tienen para lo elemental; en el que la economía “crece” a niveles similares o incluso inferiores a los reportados por una nación como Haití; en el que alrededor de 60 por ciento de los ocupados obtienen un ingreso menor a tres salarios mínimos; en el que la mitad de los trabajadores se emplean en el sector informal; en el que millones de personas han emigrado para mejorar su precario nivel de vida; en el que el salario mínimo vigente es totalmente anticonstitucional; en el que la mayoría de empleados no tiene prestaciones de ley... y tantas otras carencias y deficiencias. Si esto no es crisis, entonces qué es.
Todo indica que para el clan que lleva cinco lustros en el poder lo único que debe entenderse por crisis es devaluación, hiperinflación, tasas de interés en las nubes, elevado riesgo-país, reducidas reservas internacionales, déficit y demás síntomas de inestabilidad macroeconómica, pero no pobreza, miseria, desempleo, marginación, migración, salarios de hambre y conexos.
De allí el discurso vacío, repetitivo y temerario de que México está libre de crisis. Dijo ayer el inquilino de Los Pinos: “Hoy nos encontramos en un momento muy diferente de nuestra historia y estamos trabajando de manera decidida para nunca más volver a tener una crisis económica en el país; ese es un compromiso muy claro que tiene este gobierno con todas las mexicanas y con todos los mexicanos, que nunca más una crisis económica afecte el patrimonio nacional… pensar en 25 años atrás es pensar en lo que había en México en aquel entonces y lo recordamos perfectamente. A veces se nos olvida a los mexicanos lo que se ha sufrido y lo que ha pasado el país, y quizá por eso no se aprecia cabalmente el logro que se tiene”.
¿En serio las condiciones de vida, las perspectivas para el grueso de los mexicanos han cambiando en esos 25 años? ¿Realmente, en lo social y económico, México es diferente que hace cinco lustros, como se presume en el discurso oficial? ¿No hay crisis, o no quieren ver la crisis? Cuarenta y cinco millones de personas en pobreza y miseria, ¿no es muestra de crisis social y económica?
Pero más allá de los lentes oscuros que utiliza para no ver la crisis, el inquilino de Los Pinos no desaprovecha foro público para lavarse las manos sobre el impuesto “especial” a las gasolinas que ha desatado la escalada de precios. Ayer insistió: el Congreso fue el agresor, en términos fiscales.
En efecto, el Congreso lo aprobó, pero hay que recordar de dónde salió la propuesta, disfrazada de “reforma fiscal”, enviada a la Cámara de Diputados: “la presente iniciativa contempla la posibilidad de que las entidades federativas graven con impuestos locales únicamente la venta final de gasolina y diesel, así como el consumo final de tabacos labrados y cervezas, habida cuenta de que esos bienes permiten el establecimiento de contribuciones de fácil administración local y que implicarán un alto impacto recaudatorio para las entidades federativas, lo que a su vez redundará en el fortalecimiento de las haciendas públicas locales y se traducirá en obras de infraestructura y programas de desarrollo social tendientes a disminuir la pobreza y mejorar el nivel de vida de sus habitantes” (firma Felipe Calderón).
Y en medio de la sacudida, el avezado secretario de Economía, Eduardo Sojo, caza “burbujas inflacionarias” (producto de la “reforma fiscal”) que ya causaron estragos en la población. En plena operación curativa, este personaje asegura que “es decisión gubernamental frenar la burbuja”, cuando en realidad su obligación era evitarla, o en el peor de los casos, detenerla a tiempo, no después, una vez que el golpe nadie lo quita.
Pero tranquilos, que no hay crisis.
Rebanadas del pastel
Mientras Sojo, el cazador cazado, persigue “burbujas inflacionarias” con su red virtual, el Banco de México reitera que, producto de la “reforma fiscal”, habrá más alzas de precios en los próximos meses, y que en el corto plazo la canasta de alimentos seguirá presionando la inflación… Habrá que prepararse porque en enero se inaugura la segunda temporada de “burbujas inflacionarias”, al entrar en vigor el impuesto “especial” a las gasolinas.
La pobreza y el desempleo, ¿no lo son?
Los lentes oscuros de Felipe Calderón
Sojo, cazador de burbujas inflacionarias
Tendría que definir qué es lo que entiende por crisis, porque, al igual que en el sexenio pasado, el actual inquilino de Los Pinos lleva ya varios discursos al hilo con dicho tema como elemento central y con los mismos lentes oscuros.
Entre la frases utilizadas por Felipe Calderón destacan, con todo y sintaxis oficial, las siguientes: “Que nunca más una crisis económica afecte a los mexicanos… nos costó mucho trabajo, pero trabajamos de manera decidida para no volver nunca más a una crisis económica… trabajamos para que no se repita una crisis económica… estamos trabajando para que nunca más volvamos a tener una crisis económica”, y así por el estilo.
En el sexenio del “cambio”, entre remodelación y ampliación del rancho San Cristóbal, Vicente Fox no perdió oportunidad para presumir que con él en Los Pinos no habría crisis (“signo del pasado”) que terminaría su sexenio sin crisis, que heredaría una nación sin crisis y, en resumidas cuentas, que la crisis le pelaba los dientes.
El michoacano retoma el discurso y el decreto de la “inexistencia de la crisis”, y lo hace con igual falta de visión, insensibilidad o cinismo que sus antecesores en Los Pinos, porque de qué otra manera, que no sea crisis, se puede calificar a un país en el que la mitad de su población sobrevive en la pobreza y la miseria; en el que casi 45 millones de personas no tienen para lo elemental; en el que la economía “crece” a niveles similares o incluso inferiores a los reportados por una nación como Haití; en el que alrededor de 60 por ciento de los ocupados obtienen un ingreso menor a tres salarios mínimos; en el que la mitad de los trabajadores se emplean en el sector informal; en el que millones de personas han emigrado para mejorar su precario nivel de vida; en el que el salario mínimo vigente es totalmente anticonstitucional; en el que la mayoría de empleados no tiene prestaciones de ley... y tantas otras carencias y deficiencias. Si esto no es crisis, entonces qué es.
Todo indica que para el clan que lleva cinco lustros en el poder lo único que debe entenderse por crisis es devaluación, hiperinflación, tasas de interés en las nubes, elevado riesgo-país, reducidas reservas internacionales, déficit y demás síntomas de inestabilidad macroeconómica, pero no pobreza, miseria, desempleo, marginación, migración, salarios de hambre y conexos.
De allí el discurso vacío, repetitivo y temerario de que México está libre de crisis. Dijo ayer el inquilino de Los Pinos: “Hoy nos encontramos en un momento muy diferente de nuestra historia y estamos trabajando de manera decidida para nunca más volver a tener una crisis económica en el país; ese es un compromiso muy claro que tiene este gobierno con todas las mexicanas y con todos los mexicanos, que nunca más una crisis económica afecte el patrimonio nacional… pensar en 25 años atrás es pensar en lo que había en México en aquel entonces y lo recordamos perfectamente. A veces se nos olvida a los mexicanos lo que se ha sufrido y lo que ha pasado el país, y quizá por eso no se aprecia cabalmente el logro que se tiene”.
¿En serio las condiciones de vida, las perspectivas para el grueso de los mexicanos han cambiando en esos 25 años? ¿Realmente, en lo social y económico, México es diferente que hace cinco lustros, como se presume en el discurso oficial? ¿No hay crisis, o no quieren ver la crisis? Cuarenta y cinco millones de personas en pobreza y miseria, ¿no es muestra de crisis social y económica?
Pero más allá de los lentes oscuros que utiliza para no ver la crisis, el inquilino de Los Pinos no desaprovecha foro público para lavarse las manos sobre el impuesto “especial” a las gasolinas que ha desatado la escalada de precios. Ayer insistió: el Congreso fue el agresor, en términos fiscales.
En efecto, el Congreso lo aprobó, pero hay que recordar de dónde salió la propuesta, disfrazada de “reforma fiscal”, enviada a la Cámara de Diputados: “la presente iniciativa contempla la posibilidad de que las entidades federativas graven con impuestos locales únicamente la venta final de gasolina y diesel, así como el consumo final de tabacos labrados y cervezas, habida cuenta de que esos bienes permiten el establecimiento de contribuciones de fácil administración local y que implicarán un alto impacto recaudatorio para las entidades federativas, lo que a su vez redundará en el fortalecimiento de las haciendas públicas locales y se traducirá en obras de infraestructura y programas de desarrollo social tendientes a disminuir la pobreza y mejorar el nivel de vida de sus habitantes” (firma Felipe Calderón).
Y en medio de la sacudida, el avezado secretario de Economía, Eduardo Sojo, caza “burbujas inflacionarias” (producto de la “reforma fiscal”) que ya causaron estragos en la población. En plena operación curativa, este personaje asegura que “es decisión gubernamental frenar la burbuja”, cuando en realidad su obligación era evitarla, o en el peor de los casos, detenerla a tiempo, no después, una vez que el golpe nadie lo quita.
Pero tranquilos, que no hay crisis.
Rebanadas del pastel
Mientras Sojo, el cazador cazado, persigue “burbujas inflacionarias” con su red virtual, el Banco de México reitera que, producto de la “reforma fiscal”, habrá más alzas de precios en los próximos meses, y que en el corto plazo la canasta de alimentos seguirá presionando la inflación… Habrá que prepararse porque en enero se inaugura la segunda temporada de “burbujas inflacionarias”, al entrar en vigor el impuesto “especial” a las gasolinas.
Alarma ofensiva en Chiapas
Gloria Muñoz Ramírez
Actualmente se implementa en los territorios rebeldes zapatistas una de las ofensivas más alarmantes de la última década, quizá sólo comparable con la emprendida en el periodo 1997-1998, cuando los gobiernos priístas encabezaron una campaña militar y paramilitar sangrienta en contra de las comunidades indígenas en resistencia. Después de la masacre de Acteal y del posterior e inútil intento gubernamental por desarticular a los municipios autónomos zapatistas, miles de voces, individuales y colectivas, de México y del mundo se alzaron para rechazar la salvaje embestida.
Hoy el país y las circunstancias son distintas. Los medios de comunicación no están ni abundan las voces que se levanten contra la impunidad, pero el clima en Chiapas es tan tenso como entonces. Las autoridades autónomas del municipio San Andrés Sakamchen de los Pobres están amenazadas de muerte por el grupo paramilitar autodenomidado Opddic roja. El pretexto de los paramilitares es que el consejo zapatista está por inaugurar un mercado municipal autónomo y una primaria en unas instalaciones recuperadas en 1994. Simultáneamente, en la zona norte del estado, la junta de buen gobierno denunció el hostigamiento en el municipio autónomo Ak‚abalna, de un grupo paramilitar formado por aproximadamente 50 personas armadas y uniformadas pertenecientes al PRD y al PRI, mismos que cuentan con el respaldo del Ejército y la policía del estado. Las amenazas son porque los quieren despojar de las tierras recuperadas que conforman la comunidad Nueva Revolución.
Una acción más contra los territorios recuperados ocurrió en Bolom Ajaw. Aquí se dio una situacional alarmante que exhibió una estrategia conjunta entre los gobiernos federal y estatal, los paramilitares y los medios de comunicación locales (y algunos nacionales), que reprodujeron la versión de que en esta comunidad se produjo un “enfrentamiento” entre “milicianos zapatistas armados” y personas del poblado. La realidad es que miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (paramilitares) hirieron a tres zapatistas civiles desarmados, como parte de una estrategia que tiene como objetivo desalojar a 41 familias zapatistas de 339 hectáreas recuperadas, mismas que el gobierno quiere destinar a “proyectos ecoturísticos”.
Asimismo en esta semana, el PRD chiapaneco logró unir a zapatistas, perredistas y priístas en su contra, para rechazar la contaminación del río de la comunidad Los Mangos (en Pantelhó), ocasionada por el drenaje que construyó el alcalde del PRD, Armando Cruz, célebre por “despachar desde San Cristóbal de las Casas, por sus actos de corrupción y por su ineficacia”.
El ambiente en Chiapas es cada día más tenso. Es preocupante el silencio mediático, como lo es la indiferencia, deliberada o no, de sectores de la comunidad nacional e internacional. En 1997 hubo avisos alarmantes. Hoy, como hace 10 años, las comunidades zapatistas resisten y construyen, contra viento y marea, ese otro mundo posible que ha inspirado al mundo entero.
Actualmente se implementa en los territorios rebeldes zapatistas una de las ofensivas más alarmantes de la última década, quizá sólo comparable con la emprendida en el periodo 1997-1998, cuando los gobiernos priístas encabezaron una campaña militar y paramilitar sangrienta en contra de las comunidades indígenas en resistencia. Después de la masacre de Acteal y del posterior e inútil intento gubernamental por desarticular a los municipios autónomos zapatistas, miles de voces, individuales y colectivas, de México y del mundo se alzaron para rechazar la salvaje embestida.
Hoy el país y las circunstancias son distintas. Los medios de comunicación no están ni abundan las voces que se levanten contra la impunidad, pero el clima en Chiapas es tan tenso como entonces. Las autoridades autónomas del municipio San Andrés Sakamchen de los Pobres están amenazadas de muerte por el grupo paramilitar autodenomidado Opddic roja. El pretexto de los paramilitares es que el consejo zapatista está por inaugurar un mercado municipal autónomo y una primaria en unas instalaciones recuperadas en 1994. Simultáneamente, en la zona norte del estado, la junta de buen gobierno denunció el hostigamiento en el municipio autónomo Ak‚abalna, de un grupo paramilitar formado por aproximadamente 50 personas armadas y uniformadas pertenecientes al PRD y al PRI, mismos que cuentan con el respaldo del Ejército y la policía del estado. Las amenazas son porque los quieren despojar de las tierras recuperadas que conforman la comunidad Nueva Revolución.
Una acción más contra los territorios recuperados ocurrió en Bolom Ajaw. Aquí se dio una situacional alarmante que exhibió una estrategia conjunta entre los gobiernos federal y estatal, los paramilitares y los medios de comunicación locales (y algunos nacionales), que reprodujeron la versión de que en esta comunidad se produjo un “enfrentamiento” entre “milicianos zapatistas armados” y personas del poblado. La realidad es que miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (paramilitares) hirieron a tres zapatistas civiles desarmados, como parte de una estrategia que tiene como objetivo desalojar a 41 familias zapatistas de 339 hectáreas recuperadas, mismas que el gobierno quiere destinar a “proyectos ecoturísticos”.
Asimismo en esta semana, el PRD chiapaneco logró unir a zapatistas, perredistas y priístas en su contra, para rechazar la contaminación del río de la comunidad Los Mangos (en Pantelhó), ocasionada por el drenaje que construyó el alcalde del PRD, Armando Cruz, célebre por “despachar desde San Cristóbal de las Casas, por sus actos de corrupción y por su ineficacia”.
El ambiente en Chiapas es cada día más tenso. Es preocupante el silencio mediático, como lo es la indiferencia, deliberada o no, de sectores de la comunidad nacional e internacional. En 1997 hubo avisos alarmantes. Hoy, como hace 10 años, las comunidades zapatistas resisten y construyen, contra viento y marea, ese otro mundo posible que ha inspirado al mundo entero.
Todos somos ese piano
Jaime Avilés
La cinta de Luis Mandoki está casi terminada
Por el PRIAND, la peor inflación desde 2001
¿Felipe Calderón vetará la reforma electoral?
En la tienda de instrumentos musicales Yamaha, sobre Insurgentes Sur, frente al Parque Hundido, venden un piano negro de media cola cuyo valor original es de 270 mil pesos pero que sufrió una rayadura en la tapa durante un concierto de Armando Manzanero, por lo que la empresa redujo su precio a 170 mil pesos, con una condición: que alguien lo compre a más tardar mañana domingo 30 de septiembre, porque si no el lunes será destruido en presencia de un inspector de Hacienda, ya que de mantenerlo en exhibición tan baratito la casa perdería dinero y prestigio (sic).
¿Qué hacemos? ¿Lanzamos una campaña de solidaridad para salvar el piano o aprovechamos el espacio para decir que uno de los más grandes actores españoles de Hollywood acaba de ver la película de Luis Mandoki sobre las elecciones de 2006? De acuerdo con la fuente que me relató la escena, a la estrella se le cayó la quijada al ver las copiosas evidencias del fraude que le robó la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Y cuando se levantó de su butaca dijo con sincero asombro: “Así que la prensa de mi país también miente”.
Con esas palabras, el genial comediante contrastó la sostenida campaña mediática impulsada en el reino de Juan Carlos I por la ultraderecha panista para convencer a buena parte de Europa de la “limpia aunque apretada victoria” de Felipe Calderón. ¿Qué sucederá cuando el documental de Mandoki sea exhibido en Madrid, Barcelona y Donostia? ¿Saldrán a balcón José María Aznar y los neofalangistas que han negado sistemáticamente la existencia del fraude? ¿Rectificará la escritora Rosa Montero que en un artículo de contratapa fustigó a López Obrador por no reconocer a Calderón y “lesionar” la democracia?
La película sigue en posproducción y en breve estará terminada. Pero entonces habrá que reproducirla para que pueda ser proyectada en el mayor número de ciudades, lo que implica otro fuerte desembolso, porque la fabricación de cada una de las copias cuesta alrededor de 8 mil pesos. Además hay que añadir los gastos de promoción que, en este caso, al menos dentro de México, serán simbólicos porque ya hay desde ahora 15 millones de personas interesadas en acudir al estreno, si partimos del número de votos que el Instituto del Fraude Electoral (IFE) le reconoció a López Obrador, después de despojarlo de una cantidad adicional que oscila entre 750 mil y 3 millones de votos extras.
Mandoki y Federico Arreola, productor de la obra, continúan recibiendo aportaciones económicas solidarias en la cuenta de Banamex número 165 7866 462 a nombre de Producciones Pamafear SA de CV, y confían en que la película estará en cartelera hacia el 15 de noviembre, si bien han dejado de informar cómo van sus negociaciones con los exhibidores, tras la denuncia que lanzaron hace cuatro semanas sobre el descarado intento de censura que en su contra emprendieron Televisa y Warner Bros México.
El tema, que de inmediato llegó a las páginas de Los Angeles Times y a la libreta de un reportero de The New York Times que hasta donde sé todavía no ha publicado nada al respecto, fue eclipsado por la pugna entre el Senado y la Cámara de la Industria de Radio y Televisión acerca de la reforma electoral que aspira a prohibir la difusión de espots políticos en los medios electrónicos, y que ya fue ratificada por la Cámara de Diputados y hasta anteayer por 17 congresos estatales, como expresión del acuerdo alcanzado por los representantes legislativos del PRIAND (Partido Revolucionario Institucional de Acción Nacional Democrática), que no son sino dos de los principales artífices del desafuero de 2005 –Santiago Creel y Manlio Fabio Beltrones, que a su vez fueron cómplices en el fraude electoral de 2006– más los chuchos del PRD… con el beneplácito de Felipe Calderón, lo que hace que el asunto sea cada día más sospechoso e increíble.
Ojo, no es que Desfiladero esté contra el contenido de la reforma: cómo podría estarlo si en marzo, durante los debates de la Convención Nacional Democrática en el Club de Periodistas, el autor de esta columna propuso literalmente que la televisión dejara de transmitir propaganda política y reiteró esa postura en fechas recientes. Sin embargo, lo que provoca mayor desconfianza es la calidad moral de los participantes en la “histórica” modificación constitucional: lo peor del PRIAN más las huestes de Jesús Ortega (encabezadas en las cámaras por Carlos Navarrete y Ruth Zavaleta) que pactaron el boceto de la reforma electoral –un sueño todavía muy lejano– a cambio del aumento, ése sí, muy concreto al precio de la gasolina, que ya tuvo consecuencias por ahora sólo “negativas” en la economía popular pero que pronto serán quizá desastrosas.
Esta semana, en Chilpancingo, por ejemplo, el kilo de pan se incrementó 50 centavos porque el bulto de harina llegó a 300 pesos en previsión de los estragos del gasolinazo. En la colonia Agrícola Oriental del DF, mientras tanto, los repartidores de gas subieron el tanque de 20 litros de 90 a 120 pesos. Y en lo que va del mes, como La Jornada informó ayer, el kilo de tomate pasó de ocho a casi 25 pesos. Y esto es apenas el principio del nuevo embate inflacionario que, según el Banco de México, dio un salto de 0.62 por ciento en la primera quincena de septiembre, registrando la peor alza en un periodo de esa longitud desde 2001. ¿Quién dijo que López Obrador era un peligro para México y que iba a cundir la carestía si ganaba las elecciones?
Pues claro, el mismo que anteayer se lavó las manos por el gasolinazo y que al posponerlo hasta enero duplicará sus efectos en el aumento de los precios, ahora y a principio de año, encadenando los próximos cuatro meses a una espiral inflacionaria continua que augura el principio del fin de esta caricatura de gobierno. Lo patético es que la nueva derecha del PRD llamada Nueva Izquierda avaló (negándose a tomar la tribuna y votando en contra) esta agresión a la economía de los pobres a cambio de jugar a la “tras-cen-den-te” reforma electoral, que todavía está por verse.
En los hechos, los legisladores del PRIAND le han entregado a Calderón un instrumento formidable para que éste se siente a negociar con el duopolio televisivo y con los magnates radiofónicos lo que él quiera y como él y sólo él quiera. ¿A cambio de qué? Obvio: de que vete la reforma electoral o, en su defecto, oriente a la Suprema Corte a invalidarla con el argumento de que viola la libertad de expresión y por ello es anticonstitucional y bla-bla-bla.
Eso, por el momento, es lo de menos. Lo urgente es lo que viene: la aparición de nuevos y peores delitos de Fox que harán más visible la sumisión de la gente de Los Pinos al cártel de Guanajuato; el descontrol de los precios que inevitablemente seguirá en ascenso, las protestas populares contra la carestía y el desempleo que por lo mismo van a estallar y, por último, como recurso extremo de un régimen inepto, vencido y desesperado, la represión, que aunada a la crisis económica desatará una crisis política más profunda y que sólo se resolvería, en principio, con la salida de Calderón y el nombramiento de un gobierno interino que reponga las instituciones destruidas por los golpistas. Pensémoslo de nuevo: todos somos ese piano.
La cinta de Luis Mandoki está casi terminada
Por el PRIAND, la peor inflación desde 2001
¿Felipe Calderón vetará la reforma electoral?
En la tienda de instrumentos musicales Yamaha, sobre Insurgentes Sur, frente al Parque Hundido, venden un piano negro de media cola cuyo valor original es de 270 mil pesos pero que sufrió una rayadura en la tapa durante un concierto de Armando Manzanero, por lo que la empresa redujo su precio a 170 mil pesos, con una condición: que alguien lo compre a más tardar mañana domingo 30 de septiembre, porque si no el lunes será destruido en presencia de un inspector de Hacienda, ya que de mantenerlo en exhibición tan baratito la casa perdería dinero y prestigio (sic).
¿Qué hacemos? ¿Lanzamos una campaña de solidaridad para salvar el piano o aprovechamos el espacio para decir que uno de los más grandes actores españoles de Hollywood acaba de ver la película de Luis Mandoki sobre las elecciones de 2006? De acuerdo con la fuente que me relató la escena, a la estrella se le cayó la quijada al ver las copiosas evidencias del fraude que le robó la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Y cuando se levantó de su butaca dijo con sincero asombro: “Así que la prensa de mi país también miente”.
Con esas palabras, el genial comediante contrastó la sostenida campaña mediática impulsada en el reino de Juan Carlos I por la ultraderecha panista para convencer a buena parte de Europa de la “limpia aunque apretada victoria” de Felipe Calderón. ¿Qué sucederá cuando el documental de Mandoki sea exhibido en Madrid, Barcelona y Donostia? ¿Saldrán a balcón José María Aznar y los neofalangistas que han negado sistemáticamente la existencia del fraude? ¿Rectificará la escritora Rosa Montero que en un artículo de contratapa fustigó a López Obrador por no reconocer a Calderón y “lesionar” la democracia?
La película sigue en posproducción y en breve estará terminada. Pero entonces habrá que reproducirla para que pueda ser proyectada en el mayor número de ciudades, lo que implica otro fuerte desembolso, porque la fabricación de cada una de las copias cuesta alrededor de 8 mil pesos. Además hay que añadir los gastos de promoción que, en este caso, al menos dentro de México, serán simbólicos porque ya hay desde ahora 15 millones de personas interesadas en acudir al estreno, si partimos del número de votos que el Instituto del Fraude Electoral (IFE) le reconoció a López Obrador, después de despojarlo de una cantidad adicional que oscila entre 750 mil y 3 millones de votos extras.
Mandoki y Federico Arreola, productor de la obra, continúan recibiendo aportaciones económicas solidarias en la cuenta de Banamex número 165 7866 462 a nombre de Producciones Pamafear SA de CV, y confían en que la película estará en cartelera hacia el 15 de noviembre, si bien han dejado de informar cómo van sus negociaciones con los exhibidores, tras la denuncia que lanzaron hace cuatro semanas sobre el descarado intento de censura que en su contra emprendieron Televisa y Warner Bros México.
El tema, que de inmediato llegó a las páginas de Los Angeles Times y a la libreta de un reportero de The New York Times que hasta donde sé todavía no ha publicado nada al respecto, fue eclipsado por la pugna entre el Senado y la Cámara de la Industria de Radio y Televisión acerca de la reforma electoral que aspira a prohibir la difusión de espots políticos en los medios electrónicos, y que ya fue ratificada por la Cámara de Diputados y hasta anteayer por 17 congresos estatales, como expresión del acuerdo alcanzado por los representantes legislativos del PRIAND (Partido Revolucionario Institucional de Acción Nacional Democrática), que no son sino dos de los principales artífices del desafuero de 2005 –Santiago Creel y Manlio Fabio Beltrones, que a su vez fueron cómplices en el fraude electoral de 2006– más los chuchos del PRD… con el beneplácito de Felipe Calderón, lo que hace que el asunto sea cada día más sospechoso e increíble.
Ojo, no es que Desfiladero esté contra el contenido de la reforma: cómo podría estarlo si en marzo, durante los debates de la Convención Nacional Democrática en el Club de Periodistas, el autor de esta columna propuso literalmente que la televisión dejara de transmitir propaganda política y reiteró esa postura en fechas recientes. Sin embargo, lo que provoca mayor desconfianza es la calidad moral de los participantes en la “histórica” modificación constitucional: lo peor del PRIAN más las huestes de Jesús Ortega (encabezadas en las cámaras por Carlos Navarrete y Ruth Zavaleta) que pactaron el boceto de la reforma electoral –un sueño todavía muy lejano– a cambio del aumento, ése sí, muy concreto al precio de la gasolina, que ya tuvo consecuencias por ahora sólo “negativas” en la economía popular pero que pronto serán quizá desastrosas.
Esta semana, en Chilpancingo, por ejemplo, el kilo de pan se incrementó 50 centavos porque el bulto de harina llegó a 300 pesos en previsión de los estragos del gasolinazo. En la colonia Agrícola Oriental del DF, mientras tanto, los repartidores de gas subieron el tanque de 20 litros de 90 a 120 pesos. Y en lo que va del mes, como La Jornada informó ayer, el kilo de tomate pasó de ocho a casi 25 pesos. Y esto es apenas el principio del nuevo embate inflacionario que, según el Banco de México, dio un salto de 0.62 por ciento en la primera quincena de septiembre, registrando la peor alza en un periodo de esa longitud desde 2001. ¿Quién dijo que López Obrador era un peligro para México y que iba a cundir la carestía si ganaba las elecciones?
Pues claro, el mismo que anteayer se lavó las manos por el gasolinazo y que al posponerlo hasta enero duplicará sus efectos en el aumento de los precios, ahora y a principio de año, encadenando los próximos cuatro meses a una espiral inflacionaria continua que augura el principio del fin de esta caricatura de gobierno. Lo patético es que la nueva derecha del PRD llamada Nueva Izquierda avaló (negándose a tomar la tribuna y votando en contra) esta agresión a la economía de los pobres a cambio de jugar a la “tras-cen-den-te” reforma electoral, que todavía está por verse.
En los hechos, los legisladores del PRIAND le han entregado a Calderón un instrumento formidable para que éste se siente a negociar con el duopolio televisivo y con los magnates radiofónicos lo que él quiera y como él y sólo él quiera. ¿A cambio de qué? Obvio: de que vete la reforma electoral o, en su defecto, oriente a la Suprema Corte a invalidarla con el argumento de que viola la libertad de expresión y por ello es anticonstitucional y bla-bla-bla.
Eso, por el momento, es lo de menos. Lo urgente es lo que viene: la aparición de nuevos y peores delitos de Fox que harán más visible la sumisión de la gente de Los Pinos al cártel de Guanajuato; el descontrol de los precios que inevitablemente seguirá en ascenso, las protestas populares contra la carestía y el desempleo que por lo mismo van a estallar y, por último, como recurso extremo de un régimen inepto, vencido y desesperado, la represión, que aunada a la crisis económica desatará una crisis política más profunda y que sólo se resolvería, en principio, con la salida de Calderón y el nombramiento de un gobierno interino que reponga las instituciones destruidas por los golpistas. Pensémoslo de nuevo: todos somos ese piano.
Privatizar la educación, ardid neoliberal
Editorial
El pasado 18 de septiembre, Blanca Heredia, directora en México de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), propuso al gobierno federal que los ciclos de educación media y superior a cargo del Estado fueran transferidos a la iniciativa privada, con el argumento de que, mediante el actual esquema pedagógico y de financiamiento “se desperdician los recursos”. En el contexto de la presentación del informe Panorama educativo 2007, Heredia resaltó que actualmente se destina 84 por ciento de los fondos educativos al pago de salarios de los maestros, lo cual reduce el margen para que se invierta en nueva infraestructura. A renglón seguido, la representante de la OCDE en México cuestionó severamente el sistema de cuotas de la Universidad Nacional Autónoma de México, llamó a mirar aquellas instituciones “públicas ejemplares” que han hecho “experimentos” en aras de la privatización y afirmó que, dado que los beneficios que la educación genera son “estrictamente privados”, los costos de ésta deben ser asumidos por los estudiantes.
Las declaraciones de Blanca Heredia son más que inaceptables, pues constituyen una invitación a que el Estado renuncie a su responsabilidad social de proveer enseñanza gratuita no sólo en los ciclos de educación básica –como lo señala el artículo 3º constitucional– sino también en los niveles medio superior y superior. Por otra parte, la representante de la OCDE parece olvidar que si el mayor porcentaje de los recursos son absorbidos por el magisterio, eso no se debe al carácter público y gratuito de la educación, sino a la restricción presupuestaria a la que los gobiernos neoliberales han sometido a las instituciones encargadas de impartirla, así como al pacto corrupto de mutuo beneficio entre el grupo gobernante y el charrismo que controla al sindicato de maestros, a cargo de muchos de los ciclos de enseñanza media.
No deja de ser preocupante la tendencia del actual gobierno a relegar el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales a la iniciativa privada. El mismo día en que se produjeron las desafortunadas declaraciones de la representante de la OCDE, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, había afirmado, en el marco de la inauguración del Instituto Carso de Salud, que en materia de salud y combate a la pobreza “es insuficiente la acción del gobierno” y que, por ello, el Estado y la sociedad deben “seguir trabajando para evitar que las mamás y los niños de las familias pobres enfrenten varias veces más la probabilidad de morir por falta de atención médica que el resto de las familias”. En el mismo sentido, Calderón había instado ya anteriormente a la sociedad a compartir con el gobierno la tarea de garantizar el cumplimiento de las leyes y “vencer el flagelo de la inseguridad y la criminalidad”. Ambas declaraciones develaron la falta de voluntad de la presente administración para cumplir con los deberes que le impone la Constitución.
Por lo que toca a la referida recomendación de la OCDE, el gobierno federal ha demostrado incongruencia: a pesar de que la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) rechazó abiertamente la sugerencia de transferir a la iniciativa privada la educación media y superior, algunos de los programas de esa dependencia parecen obedecer precisamente esa lógica. El sistema de créditos recientemente anunciado por la SEP, que promueve la adquisición de deudas por parte de los estudiantes para que puedan pagar sus estudios universitarios, representa, según han señalado diversos especialistas en materia de educación, una renuncia del gobierno como responsable de impartir enseñanza gratuita, y una medida que lo convertiría en “promotor y garante del endeudamiento”. Además, se corre el riesgo de que los fondos terminen en instituciones que sólo ven la educación como un negocio y que, bajo esa perspectiva, ofertan programas académicos de bajísima calidad.
En suma, la privatización de la enseñanza media y superior no sólo constituiría un retroceso histórico en materia de educación a escala nacional que marginaría a centenas de miles de estudiantes, sino que representaría también una oportunidad para lucrar y enriquecerse con la formación académica de quienes pudieran acceder a los ciclos de enseñanza. Si el gobierno federal atendiera la recomendación de la OCDE, pondría de manifiesto su reticencia a cumplir con una de sus responsabilidades fundamentales: la que emana del principio central de que la educación es un derecho, no un privilegio.
El pasado 18 de septiembre, Blanca Heredia, directora en México de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), propuso al gobierno federal que los ciclos de educación media y superior a cargo del Estado fueran transferidos a la iniciativa privada, con el argumento de que, mediante el actual esquema pedagógico y de financiamiento “se desperdician los recursos”. En el contexto de la presentación del informe Panorama educativo 2007, Heredia resaltó que actualmente se destina 84 por ciento de los fondos educativos al pago de salarios de los maestros, lo cual reduce el margen para que se invierta en nueva infraestructura. A renglón seguido, la representante de la OCDE en México cuestionó severamente el sistema de cuotas de la Universidad Nacional Autónoma de México, llamó a mirar aquellas instituciones “públicas ejemplares” que han hecho “experimentos” en aras de la privatización y afirmó que, dado que los beneficios que la educación genera son “estrictamente privados”, los costos de ésta deben ser asumidos por los estudiantes.
Las declaraciones de Blanca Heredia son más que inaceptables, pues constituyen una invitación a que el Estado renuncie a su responsabilidad social de proveer enseñanza gratuita no sólo en los ciclos de educación básica –como lo señala el artículo 3º constitucional– sino también en los niveles medio superior y superior. Por otra parte, la representante de la OCDE parece olvidar que si el mayor porcentaje de los recursos son absorbidos por el magisterio, eso no se debe al carácter público y gratuito de la educación, sino a la restricción presupuestaria a la que los gobiernos neoliberales han sometido a las instituciones encargadas de impartirla, así como al pacto corrupto de mutuo beneficio entre el grupo gobernante y el charrismo que controla al sindicato de maestros, a cargo de muchos de los ciclos de enseñanza media.
No deja de ser preocupante la tendencia del actual gobierno a relegar el cumplimiento de sus obligaciones constitucionales a la iniciativa privada. El mismo día en que se produjeron las desafortunadas declaraciones de la representante de la OCDE, el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, había afirmado, en el marco de la inauguración del Instituto Carso de Salud, que en materia de salud y combate a la pobreza “es insuficiente la acción del gobierno” y que, por ello, el Estado y la sociedad deben “seguir trabajando para evitar que las mamás y los niños de las familias pobres enfrenten varias veces más la probabilidad de morir por falta de atención médica que el resto de las familias”. En el mismo sentido, Calderón había instado ya anteriormente a la sociedad a compartir con el gobierno la tarea de garantizar el cumplimiento de las leyes y “vencer el flagelo de la inseguridad y la criminalidad”. Ambas declaraciones develaron la falta de voluntad de la presente administración para cumplir con los deberes que le impone la Constitución.
Por lo que toca a la referida recomendación de la OCDE, el gobierno federal ha demostrado incongruencia: a pesar de que la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) rechazó abiertamente la sugerencia de transferir a la iniciativa privada la educación media y superior, algunos de los programas de esa dependencia parecen obedecer precisamente esa lógica. El sistema de créditos recientemente anunciado por la SEP, que promueve la adquisición de deudas por parte de los estudiantes para que puedan pagar sus estudios universitarios, representa, según han señalado diversos especialistas en materia de educación, una renuncia del gobierno como responsable de impartir enseñanza gratuita, y una medida que lo convertiría en “promotor y garante del endeudamiento”. Además, se corre el riesgo de que los fondos terminen en instituciones que sólo ven la educación como un negocio y que, bajo esa perspectiva, ofertan programas académicos de bajísima calidad.
En suma, la privatización de la enseñanza media y superior no sólo constituiría un retroceso histórico en materia de educación a escala nacional que marginaría a centenas de miles de estudiantes, sino que representaría también una oportunidad para lucrar y enriquecerse con la formación académica de quienes pudieran acceder a los ciclos de enseñanza. Si el gobierno federal atendiera la recomendación de la OCDE, pondría de manifiesto su reticencia a cumplir con una de sus responsabilidades fundamentales: la que emana del principio central de que la educación es un derecho, no un privilegio.
viernes, septiembre 28, 2007
Boletín Informativo ISA núm 208
http://serviciodenoticiasisa
LA ASAMBLEA DE LA CND DEL 18 DE NOVIEMBRE RESOLVERÁ LAS ACCIONES POR REALIZAR PARA FRENAR EL GASOLINAZO DE ENERO
Por considerarlos injustos e inmorales, Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, informó que el domingo 18 de noviembre, se propondrán, en la Asamblea de la Convención Nacional Democrática (CND), las acciones que se tomarán para frenar los aumentos de precios a la gasolina y el diesel.
Adelantó que insistirá en su demanda de que se eliminen los privilegios de los burócratas panistas de primer nivel y que se reduzca en 50 por ciento el salario de cada uno de ellos, además de que se retiren las pensiones millonarias que reciben los ex presidentes de México, como Carlos Salinas y “el flojo, traidor a la democracia y chachalaca mentirosa” de Vicente Fox.
Desde el municipio de Zapotitlán Salinas, en Puebla, el presidente legítimo de México expresó: “no vamos a permitir que se apliquen los aumentos a la gasolina y vamos a frenar el incremento”.
En el segundo día de recorrido por 26 municipios del estado, exigió que se acaben los privilegios para unos cuantos, privilegios que contrastan con el hecho de que la mayoría de los mexicanos sobreviven en condiciones de pobreza, debido a la aplicación de políticas económicas antipopulares y entreguistas.
Dijo también que durante la Asamblea General de la Convención Nacional Democrática, que se realizará el próximo 18 de noviembre en el Zócalo de la Ciudad de México, propondrá medidas por seguir para detener la entrada en vigor de las alzas a las tarifas de las gasolinas.
En esta localidad, destacó que la película La Ley de Herodes —que fue filmada en este municipio— es fiel reflejo del cacicazgo que impera en el mayor número de los municipios de Puebla y de otros estados de la República.
Ante los ciudadanos de Zapotitlán, aseguró que “el presidente pelele, Felipe Calderón, es un mentiroso porque durante la campaña ofreció reducir los precios del gas, la gasolina y hasta de la energía eléctrica. Sin embargo, desde que usurpó la Presidencia de la República, hace 10 meses, sólo se dedica a autorizar aumentos de precios a los productos de la canasta básica, desde la tortilla hasta el pan blanco, pasando por el huevo, el pollo, la carne de res y otros alimentos de primera necesidad”, destacó.
En San Antonio Cañada, citó el nombre de la película La Ley de Herodes para comentar que si se grabara una nueva producción para reflejar la actual situación económica de nuestro país, debería de titularse La Ley del embudo, “porque unos cuantos, una minoría rapaz, se queda con la mayor parte del presupuesto público nacional, mientras que el grueso de la población carece de un ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades básicas”.
En San Gabriel Chilac, López Obrador denunció que Calderón pretende entregar el petróleo y la energía eléctrica al capital privado, tanto nacional, como extranjero. Desde este municipio reiteró a Calderón que el petróleo es patrimonio de todos los mexicanos y que “la patria no se vende, se defiende”.
Al convocar a los ciudadanos de Puebla a participar como representantes del gobierno legítimo de México, manifestó su seguridad de que tarde que temprano triunfará el movimiento auténtico de transformación de México y sus instituciones.
Durante la gira de este día, acusó al llamado “gober precioso”, Mario Marín, de utilizar el presupuesto público para fortalecer su imagen, mientras que el pueblo poblano carece de servicios públicos, como carreteras. Pero, subrayó, “el próximo 4 de noviembre, se presentará un balance general sobre la situación en que se encuentra el estado. Cabe mencionar que Caltepec, el primer punto del recorrido de este día, está comunicado por una carretera que se encuentra en malas condiciones físicas, incluso un tramo es de terracería y así esta desde hace 6 años.
Apoyo a deudos de mineros de Pasta de Conchos
Apoyo a deudos de mineros de Pasta de Conchos
Los abajo firmantes, vecinos y miembros de la resistencia civil y creativa y de la CND de Tlalpan, Xochimilco y Coyoacán invitamos a la ciudadanía a manifestar nuestro apoyo a los deudos de los mineros que yacen en el interior de la mina Pasta de Conchos, quienes se encuentran en campamento frente a la Secretaría del Trabajo (Periférico Sur y Picacho Ajusco, a un lado de Tv Azteca) para exigirle a su titular, Javier Lozano, que cumpla con la entrega a las familias de las víctimas del dictamen y evaluación que realizó "el consejo externo" y que contradice en primera instancia lo manifestado por los dueños de Minera México y que puede demostrar la culpabilidad de esta empresa privada y la negligencia de las autoridades de los gobiernos de Fox y Calderón.
Invitamos a acudir al campamento y a difundir la lucha de estas mujeres y de sus familias para recuperar los restos de los mineros, para que se aclaren las causas de la explosión, las acciones para el rescate y las condiciones en las que se encontraban trabajando y en las que actualmente se encuentra la mina. Queremos saber la verdad.
Adolfo y Alejandro Llubere, Carlos Reyes, Angelica Calderon, Mariana Morales, Lorenzo Toledo, Darío Carrasco, Arturo de Molina, Manuel Carranza, Margarita Sevilla, Maricruz Ramírez, Alexis Forcada, Víctor Cardoso, Juan Antonio López, Paulín Chávez, Ruth Meza.
Exitosa tragicomedia mexicana.
Estado de los Estados
Por Lilia Arellano
“Cuatro cosas no pueden ser escondidas durante largo tiempo: la ciencia, la estupidez, la riqueza y la pobreza”.
Averroes
Si lo que sucede actualmente en nuestro país no fuese una cruda realidad, sería la mejor serie tragicómica. Y los puntos para un repaso inmediato no son pocos. Por una parte tenemos el mensaje en proyección nacional emitido por Felipe Calderón y publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se instruye a las secretarías de Hacienda, Economía y Energía para que suspendan la actualización periódica y aumento de tarifas y precios de diversos energéticos -luz para uso residencial, gasolina magna, diesel y gas licuado de petróleo- a partir de hoy, 28 de septiembre, y hasta el 31 de diciembre de este mismo año.
Así también les dijo en tono muy fuerte a los empresarios que no especularan, nada de subir los precios. Y ¿qué ha pasado? Que resultó muy tarde para semejante anuncio en el que mucho nos permite ver la perversidad que los rodea. Los precios ya se elevaron y ni la carne, ni el pollo, ni la leche, ni el bolillo, ni los jitomates u otras verduras y menos aún las frutas van a bajar, sino todo lo contrario. Los subieron ahora y volverán a incrementarse cuando llegue el primero de enero y sea una realidad el gasolinazo y unas semanas después los veremos volar al registrarse el aumento a los salarios mínimos.
Tal parece que Calderón ni cuenta se ha dado de los reportes del Banco de México, ya que no escucha los lamentos de los ciudadanos. En ellos se acepta que seguirán las alzas de precios para los próximos meses a causa de la reforma fiscal y que debido a que todavía no tienen las mediciones correspondientes han tenido que retrasar su reporte hasta el mes de octubre, mes en el que sabremos cuál es el índice inflacionario y de nuevo seremos testigos de la carga de maquillaje con el que se manejan las cifras. Eso sí, los grandes magnates, los millonarios de México, duermen tranquilos ya que según lo señala el banco central “no se han visto afectados los bonos ni las bursatilizaciones”. Los empresarios ya declararon por su parte que de ninguna manera aceptarán se soliciten incrementos al salario. O sea se niegan a un aumento de emergencia ya que, afirman, la reciente alza de precios se debió a la ola especulativa provocada por el anuncio del incremento a la gasolina. Así, en el acto de la tragicomedia, intentan ocultar que ellos, los empresarios, los industriales, los acaparadores de productos del campo, los intermediarios, formaron precisamente la ola especulativa a la que hacen referencia y en la que se escudan para no otorgar ni un céntimo más a los trabajadores.
No contento con todo lo anterior, Don Felipe no se cansa de promover por todo el país las “bondades” de su reforma fiscal y se compromete a poner en orden la casa, en “mantener en orden las finanzas públicas y la inflación, así como los equilibrios en el gasto e ingreso del gobierno”.
Como primer actor, considera que recibirá todos los aplausos y apagando sonidos le evitan escuchar reclamos y recordatorios familiares. Porque hablar de que la reforma evitará nuevas crisis y de que en el pasado no había créditos para el campo y que ahora sí los empréstitos en este rubro serán una realidad, se significa como una de las burlas más crueles.
Cómo es posible que considere que creeremos en que pondrá en orden las finanzas públicas cuando los salarios de los funcionarios registran alzas vergonzosas para un país cuyo gobierno reconoce la existencia de 44 millones de pobres, de los cuales 14 millones 400 mil se encuentran en la pobreza más lacerante, sin un alimento que llevar a la boca. Como detener la inflación ante las alzas que estamos resintiendo o ¿también por decreto va a paralizarlas? ¿O tal vez se confía en que el papel lo aguanta todo y en la complicidad de “la perica”, Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México, que sabe que se jugaría cualquier indicio de prestigio internacional.
A quien pretende engañar el michoacano con sus aseveraciones, ya que justamente esas finanzas fueron alteradas a partir del mandato de Carlos Salinas de Gortari y a él se le ve muy tibio para aclarar la procedencia de la fortuna de su antecesor Vicente Fox. Todo apunta a que en relación al guanajuatense aplica el mismo criterio con el que intenta justificar las alzas en combustibles que se reporta en varios países del mundo que, para empezar, no tienen un solo pozo petrolero: ?el incremento de precios no es mi responsabilidad, sino que responde, por ejemplo, a hechos como la producción de etanol en Estado Unidos, que llevó a sembrar más maíz lo que disminuyó la producción de trigo y elevó el precio de éste último alimento?. ¡Ándale!... ¿y las tortillas?
Aunque, de no ser porque hasta las opiniones tienen un precio en nuestro país, podríamos tener una esperanza. Resulta que existen elementos que pueden hacer impugnable ante los tribunales a través de juicios de amparo la reforma aprobada por el Congreso. El IDE (Impuesto a Depósitos en Efectivo) tiene un sustento que no contempla la Constitución. En el caso del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) -después de trasladarlo de un renglón a otro y considerarlo como adicional al ISR y dejarlo también sin protección constitucional, ya que se maneja bajo criterio de sumas, es decir se paga el que es más alto - viola el renglón que señala que debe ser marcado su porcentaje y resulta que el penúltimo en pagarlo será el trabajador, ya que los gastos de previsión al no ser deducibles formarán parte de su salario con lo cual sube la tasa tributaria y el último perjudicado es el consumidor.
Segundo acto
Aquí las figuras centrales son don “Chente” y la Martita. Ya no tardan los publicistas en convertir a semejante pareja en los héroes de la modernidad y democracia mexicana. Habrá que juntar llaves para levantarles sus monumentos y en el caso de la fémina puede ser que sus relacione$ con el clero la lleven a la beatificación en vida, con el mismo componente que utilizó para sus relacione$ $exuale$. Los hombres de la iglesia católica ya salieron en su defensa y tacharon la información sobre su fortuna como “un lucimiento de mal gusto” que debía haber callado. O sea que, mientras no se note, cualquiera puede enriquecerse, robar, abusar.
Los panistas se rasgan las vestiduras. El jalisciense secretario de Gobernación advierte: “pongo las manos al fuego”; Germán Martínez Cázares, hasta la mañana del jueves titular de la Función Pública, lo calificó de “un hombre honesto”. Los panistas en el Congreso que de manera pública aceptaron a la Comisión que se formó para investigar, de manera privada están cabildeando y pugnando porque se cierren los canales de información adversa sobre este caso y los coordinadores de las fracciones en el Senado y la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones y Carlos Navarrete, respectivamente, dan su opinión basada en banalidades: “tiene gustos de narco y de naco”. Siguiendo esa línea de bajar el grado hasta que pueda considerarse que Fox no cometió ningún delito, Ramón Muñoz, actual senador y hombre de todas las complicidades con la familia presidencial, expresó “es cosa de mejor gusto y no de riqueza inexplicable”.
Y vaya que el senador plurinominal tiene toda la razón. La fortuna del hombre de las botas no es inexplicable, es totalmente explicable cuando se sabe de las comisiones por uno y cien contratos firmados con empresas extranjeras para la exploración y explotación petrolera; cuando nos enteramos de que “el chapo” Guzmán se casó, hizo gran fiesta en el municipio de las Canelas, en el golpeado Estado de Durango, todo el pueblo fue invitado con anticipación y no se dejó ver en muchos pero muchos kilómetros a la redonda a un solo policía - el vestido de la novia, el que usó Emita ¿se lo regaló la Martita?-. El jolgorio, por cierto, le costó al presidente municipal la vida. Como no explicársela cuando sabemos todas las triquiñuelas del contrabando, de lo que quedó en la “caja chica” de Vamos México. No, si explicable sí es, comprensible y aceptable, nunca. Legal y legitima menos.
Así que todo puede terminar en una exhibición de pésimo gusto, de ese mal gusto que acompaña a la Sahagún de Fox con todo y sus vestidos y alhajas de marca. Han sido exonerados ya hasta por el mismo Benedicto XVI y sólo nos falta escuchar a Fox defenderse diciendo que si el más alto jerarca de las religiones lo recibe, lo saluda, le da la bendición y hasta se toma la foto con su “pareja”, dejando atrás el pecado de adulterio que los acompaña “¿qué daño pueden hacerme las malas lenguas de ciertos mexicanos muertos de hambre?”.
Cuando es justo por esto último, por los millones de muertos de hambre que han dejado a su paso, que se debería enjuiciar a Zedillo, a Fox y comenzar a preparar el expediente de don Felipe.
Tercer acto
Cuando dábamos por hecho que se terminarían los comerciales que se caracterizaban por su exposición como “guerra sucia” entre contrincantes y que de acuerdo a lo proyectado por la reforma electoral el mismo Estado disminuiría esos anuncios -con todo y el aumento en los tiempos de transmisión oficial y los horarios-, resulta que estamos siendo “bombardeados” por comerciales durante todo el día, en todos los medios electrónicos con textos que hablan de las grandes bondades de este gobierno, de su preocupación por los que menos tienen.
La falsa propaganda es el mejor telón para poner fin a un tercer acto en esta tragicomedia de quien sabe cuantos capítulos más. Detrás de la caja idiota podemos imaginar a millones de espectadores que, por estar tan atentos, se “olvidaron” de comer. ¿Ya nos vimos en el espejo?
De los pasillos
A la voz de ¡”aaaarrrraaancaannn”! salieron de sus respectivos establos: Germán Martínez, ex titular de la Secretaría de la Función Pública; Cesar Nava, todavía hasta el momento de escribir estas líneas, secretario particular de Felipe Calderón, y Gerardo Priego, diputado y ex secretario de Vinculación Ciudadana del CEN del PAN. Aunque de los tres no se hace uno y sí se identifican plenamente, el denominador común es que todos van a misa, son amigos de Onésimo Cepeda, conocen el Vaticano y le sonríen a ?El Yunque? aunque su jefe, públicamente, manifieste algún gesto de rechazo. Ahí está quien manejará el “nuevo” rostro de la derecha, uno que nos asombrará aún más.
Agustín Rodríguez, secretario general del STUNAM ya puso su emplazamiento a huelga el cual surtirá efectos al primer minuto del primero de noviembre de este año. O sea que con una negociación de esa naturaleza se estrenará quien resulte el sucesor del doctor Juan Ramón de la Fuente. Si el siquiatra se dio a la tarea de poner un granito -de los muchísimos que se le cayeron- para que esa casa de estudios del país que tenía reconocimiento mundial recuperara un poco de su anterior prestigio, quienes hoy se mencionan como sus sucesores, con tal solo su entrada, terminarán con ese esfuerzo y si los dejan todo el periodo con la propia Universidad.
Es cuestión de ver los nombres y su pasado: aparece José Narro Robles, ex director de servicios médicos y ex director general de Salud Pública en el DF, su gestión se caracterizó por lograr el mayor hundimiento de ese rubro en la capital y los señalamientos sobre corrupción de sus funcionarios no fueron pocas ni de poca monta; Fernando Serrano Migallón, director de la facultad de derecho de la UNAM, sitio en el cual se ha eternizado siendo considerado hasta por sus alumnos como un hombre poco apegado a las actuaciones que marcan la permanencia de la Ley.
Diego Valadez, de triste figura, del que basta con recordar que fue el primer fiscal del caso Colosio, hombre que prácticamente dio su visto bueno, de entrada, a la desaparición de la escena del crimen con lo cual se vieron perjudicadas en extremo las investigaciones posteriores; Gerardo Ferrando Bravo es otro ejemplar fuera de serie ya que se desempeñó como director del Metro en los tiempos en que el mantenimiento y las inversiones sumaban cantidades fabulosas de las cuales no se rendían mayores cuentas; están también José Antonio de la Peña y Juan Pedro Laclette, director adjunto de CONACYT -entidad agonizante- y presidente de la Academia Mexicana de Ciencias -otro ente en extinción-, respectivamente. ¿Con esos cuadros requiere la UNAM de enemigos externos?
Al escribir estas líneas ya eran 16 los Congresos estatales que han aprobado la Reforma Electoral. Sólo faltaría un Congreso local más para que se cumpla el requisito constitucional para que la reforma sea aplicada. Por lo tanto el resto de gobiernos estatales -que controlan a sus Congresos- ni sufrirán ni se acongojarán y menos aún quedarán mal con los “grandes hombres” de las televisoras Leonel Godoy, candidato de la alianza PRD-PT-Convergencia y Alternativa a la gubernatura de Michoacán, reconoció abiertamente que los asesinados Domingo Godoy y Víctor Hugo Torres Godoy son sus parientes y antes de exigirle al gobernador Cárdenas Batel que aclaren los crímenes y que le garantice seguridad, pidió que el asunto “no se politice”. Doble tiro de gracia recibieron los Godoy, el de la metralleta y el del ambicioso pariente. A otro que también desaparecieron fue al primo de Roberto Madrazo, a Miguel Ángel Ramos Pintado, de quien poco se sabía hasta que su hija renunció a seguir participando en el concurso “Nuestra Belleza” representando a su natal Baja California. Ya empezó la calentura por la reelección de los diputados- tanto federales como locales- y senadores. Sin el menor asomo de vergüenza consideran que “tienen carrera” y apuestan a que otra vez votarán por ellos con todo y sus aplastantes e infames aceptaciones.
( lilia_arellano@yahoo.com)
Por Lilia Arellano
“Cuatro cosas no pueden ser escondidas durante largo tiempo: la ciencia, la estupidez, la riqueza y la pobreza”.
Averroes
Si lo que sucede actualmente en nuestro país no fuese una cruda realidad, sería la mejor serie tragicómica. Y los puntos para un repaso inmediato no son pocos. Por una parte tenemos el mensaje en proyección nacional emitido por Felipe Calderón y publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se instruye a las secretarías de Hacienda, Economía y Energía para que suspendan la actualización periódica y aumento de tarifas y precios de diversos energéticos -luz para uso residencial, gasolina magna, diesel y gas licuado de petróleo- a partir de hoy, 28 de septiembre, y hasta el 31 de diciembre de este mismo año.
Así también les dijo en tono muy fuerte a los empresarios que no especularan, nada de subir los precios. Y ¿qué ha pasado? Que resultó muy tarde para semejante anuncio en el que mucho nos permite ver la perversidad que los rodea. Los precios ya se elevaron y ni la carne, ni el pollo, ni la leche, ni el bolillo, ni los jitomates u otras verduras y menos aún las frutas van a bajar, sino todo lo contrario. Los subieron ahora y volverán a incrementarse cuando llegue el primero de enero y sea una realidad el gasolinazo y unas semanas después los veremos volar al registrarse el aumento a los salarios mínimos.
Tal parece que Calderón ni cuenta se ha dado de los reportes del Banco de México, ya que no escucha los lamentos de los ciudadanos. En ellos se acepta que seguirán las alzas de precios para los próximos meses a causa de la reforma fiscal y que debido a que todavía no tienen las mediciones correspondientes han tenido que retrasar su reporte hasta el mes de octubre, mes en el que sabremos cuál es el índice inflacionario y de nuevo seremos testigos de la carga de maquillaje con el que se manejan las cifras. Eso sí, los grandes magnates, los millonarios de México, duermen tranquilos ya que según lo señala el banco central “no se han visto afectados los bonos ni las bursatilizaciones”. Los empresarios ya declararon por su parte que de ninguna manera aceptarán se soliciten incrementos al salario. O sea se niegan a un aumento de emergencia ya que, afirman, la reciente alza de precios se debió a la ola especulativa provocada por el anuncio del incremento a la gasolina. Así, en el acto de la tragicomedia, intentan ocultar que ellos, los empresarios, los industriales, los acaparadores de productos del campo, los intermediarios, formaron precisamente la ola especulativa a la que hacen referencia y en la que se escudan para no otorgar ni un céntimo más a los trabajadores.
No contento con todo lo anterior, Don Felipe no se cansa de promover por todo el país las “bondades” de su reforma fiscal y se compromete a poner en orden la casa, en “mantener en orden las finanzas públicas y la inflación, así como los equilibrios en el gasto e ingreso del gobierno”.
Como primer actor, considera que recibirá todos los aplausos y apagando sonidos le evitan escuchar reclamos y recordatorios familiares. Porque hablar de que la reforma evitará nuevas crisis y de que en el pasado no había créditos para el campo y que ahora sí los empréstitos en este rubro serán una realidad, se significa como una de las burlas más crueles.
Cómo es posible que considere que creeremos en que pondrá en orden las finanzas públicas cuando los salarios de los funcionarios registran alzas vergonzosas para un país cuyo gobierno reconoce la existencia de 44 millones de pobres, de los cuales 14 millones 400 mil se encuentran en la pobreza más lacerante, sin un alimento que llevar a la boca. Como detener la inflación ante las alzas que estamos resintiendo o ¿también por decreto va a paralizarlas? ¿O tal vez se confía en que el papel lo aguanta todo y en la complicidad de “la perica”, Guillermo Ortiz, gobernador del Banco de México, que sabe que se jugaría cualquier indicio de prestigio internacional.
A quien pretende engañar el michoacano con sus aseveraciones, ya que justamente esas finanzas fueron alteradas a partir del mandato de Carlos Salinas de Gortari y a él se le ve muy tibio para aclarar la procedencia de la fortuna de su antecesor Vicente Fox. Todo apunta a que en relación al guanajuatense aplica el mismo criterio con el que intenta justificar las alzas en combustibles que se reporta en varios países del mundo que, para empezar, no tienen un solo pozo petrolero: ?el incremento de precios no es mi responsabilidad, sino que responde, por ejemplo, a hechos como la producción de etanol en Estado Unidos, que llevó a sembrar más maíz lo que disminuyó la producción de trigo y elevó el precio de éste último alimento?. ¡Ándale!... ¿y las tortillas?
Aunque, de no ser porque hasta las opiniones tienen un precio en nuestro país, podríamos tener una esperanza. Resulta que existen elementos que pueden hacer impugnable ante los tribunales a través de juicios de amparo la reforma aprobada por el Congreso. El IDE (Impuesto a Depósitos en Efectivo) tiene un sustento que no contempla la Constitución. En el caso del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) -después de trasladarlo de un renglón a otro y considerarlo como adicional al ISR y dejarlo también sin protección constitucional, ya que se maneja bajo criterio de sumas, es decir se paga el que es más alto - viola el renglón que señala que debe ser marcado su porcentaje y resulta que el penúltimo en pagarlo será el trabajador, ya que los gastos de previsión al no ser deducibles formarán parte de su salario con lo cual sube la tasa tributaria y el último perjudicado es el consumidor.
Segundo acto
Aquí las figuras centrales son don “Chente” y la Martita. Ya no tardan los publicistas en convertir a semejante pareja en los héroes de la modernidad y democracia mexicana. Habrá que juntar llaves para levantarles sus monumentos y en el caso de la fémina puede ser que sus relacione$ con el clero la lleven a la beatificación en vida, con el mismo componente que utilizó para sus relacione$ $exuale$. Los hombres de la iglesia católica ya salieron en su defensa y tacharon la información sobre su fortuna como “un lucimiento de mal gusto” que debía haber callado. O sea que, mientras no se note, cualquiera puede enriquecerse, robar, abusar.
Los panistas se rasgan las vestiduras. El jalisciense secretario de Gobernación advierte: “pongo las manos al fuego”; Germán Martínez Cázares, hasta la mañana del jueves titular de la Función Pública, lo calificó de “un hombre honesto”. Los panistas en el Congreso que de manera pública aceptaron a la Comisión que se formó para investigar, de manera privada están cabildeando y pugnando porque se cierren los canales de información adversa sobre este caso y los coordinadores de las fracciones en el Senado y la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones y Carlos Navarrete, respectivamente, dan su opinión basada en banalidades: “tiene gustos de narco y de naco”. Siguiendo esa línea de bajar el grado hasta que pueda considerarse que Fox no cometió ningún delito, Ramón Muñoz, actual senador y hombre de todas las complicidades con la familia presidencial, expresó “es cosa de mejor gusto y no de riqueza inexplicable”.
Y vaya que el senador plurinominal tiene toda la razón. La fortuna del hombre de las botas no es inexplicable, es totalmente explicable cuando se sabe de las comisiones por uno y cien contratos firmados con empresas extranjeras para la exploración y explotación petrolera; cuando nos enteramos de que “el chapo” Guzmán se casó, hizo gran fiesta en el municipio de las Canelas, en el golpeado Estado de Durango, todo el pueblo fue invitado con anticipación y no se dejó ver en muchos pero muchos kilómetros a la redonda a un solo policía - el vestido de la novia, el que usó Emita ¿se lo regaló la Martita?-. El jolgorio, por cierto, le costó al presidente municipal la vida. Como no explicársela cuando sabemos todas las triquiñuelas del contrabando, de lo que quedó en la “caja chica” de Vamos México. No, si explicable sí es, comprensible y aceptable, nunca. Legal y legitima menos.
Así que todo puede terminar en una exhibición de pésimo gusto, de ese mal gusto que acompaña a la Sahagún de Fox con todo y sus vestidos y alhajas de marca. Han sido exonerados ya hasta por el mismo Benedicto XVI y sólo nos falta escuchar a Fox defenderse diciendo que si el más alto jerarca de las religiones lo recibe, lo saluda, le da la bendición y hasta se toma la foto con su “pareja”, dejando atrás el pecado de adulterio que los acompaña “¿qué daño pueden hacerme las malas lenguas de ciertos mexicanos muertos de hambre?”.
Cuando es justo por esto último, por los millones de muertos de hambre que han dejado a su paso, que se debería enjuiciar a Zedillo, a Fox y comenzar a preparar el expediente de don Felipe.
Tercer acto
Cuando dábamos por hecho que se terminarían los comerciales que se caracterizaban por su exposición como “guerra sucia” entre contrincantes y que de acuerdo a lo proyectado por la reforma electoral el mismo Estado disminuiría esos anuncios -con todo y el aumento en los tiempos de transmisión oficial y los horarios-, resulta que estamos siendo “bombardeados” por comerciales durante todo el día, en todos los medios electrónicos con textos que hablan de las grandes bondades de este gobierno, de su preocupación por los que menos tienen.
La falsa propaganda es el mejor telón para poner fin a un tercer acto en esta tragicomedia de quien sabe cuantos capítulos más. Detrás de la caja idiota podemos imaginar a millones de espectadores que, por estar tan atentos, se “olvidaron” de comer. ¿Ya nos vimos en el espejo?
De los pasillos
A la voz de ¡”aaaarrrraaancaannn”! salieron de sus respectivos establos: Germán Martínez, ex titular de la Secretaría de la Función Pública; Cesar Nava, todavía hasta el momento de escribir estas líneas, secretario particular de Felipe Calderón, y Gerardo Priego, diputado y ex secretario de Vinculación Ciudadana del CEN del PAN. Aunque de los tres no se hace uno y sí se identifican plenamente, el denominador común es que todos van a misa, son amigos de Onésimo Cepeda, conocen el Vaticano y le sonríen a ?El Yunque? aunque su jefe, públicamente, manifieste algún gesto de rechazo. Ahí está quien manejará el “nuevo” rostro de la derecha, uno que nos asombrará aún más.
Agustín Rodríguez, secretario general del STUNAM ya puso su emplazamiento a huelga el cual surtirá efectos al primer minuto del primero de noviembre de este año. O sea que con una negociación de esa naturaleza se estrenará quien resulte el sucesor del doctor Juan Ramón de la Fuente. Si el siquiatra se dio a la tarea de poner un granito -de los muchísimos que se le cayeron- para que esa casa de estudios del país que tenía reconocimiento mundial recuperara un poco de su anterior prestigio, quienes hoy se mencionan como sus sucesores, con tal solo su entrada, terminarán con ese esfuerzo y si los dejan todo el periodo con la propia Universidad.
Es cuestión de ver los nombres y su pasado: aparece José Narro Robles, ex director de servicios médicos y ex director general de Salud Pública en el DF, su gestión se caracterizó por lograr el mayor hundimiento de ese rubro en la capital y los señalamientos sobre corrupción de sus funcionarios no fueron pocas ni de poca monta; Fernando Serrano Migallón, director de la facultad de derecho de la UNAM, sitio en el cual se ha eternizado siendo considerado hasta por sus alumnos como un hombre poco apegado a las actuaciones que marcan la permanencia de la Ley.
Diego Valadez, de triste figura, del que basta con recordar que fue el primer fiscal del caso Colosio, hombre que prácticamente dio su visto bueno, de entrada, a la desaparición de la escena del crimen con lo cual se vieron perjudicadas en extremo las investigaciones posteriores; Gerardo Ferrando Bravo es otro ejemplar fuera de serie ya que se desempeñó como director del Metro en los tiempos en que el mantenimiento y las inversiones sumaban cantidades fabulosas de las cuales no se rendían mayores cuentas; están también José Antonio de la Peña y Juan Pedro Laclette, director adjunto de CONACYT -entidad agonizante- y presidente de la Academia Mexicana de Ciencias -otro ente en extinción-, respectivamente. ¿Con esos cuadros requiere la UNAM de enemigos externos?
Al escribir estas líneas ya eran 16 los Congresos estatales que han aprobado la Reforma Electoral. Sólo faltaría un Congreso local más para que se cumpla el requisito constitucional para que la reforma sea aplicada. Por lo tanto el resto de gobiernos estatales -que controlan a sus Congresos- ni sufrirán ni se acongojarán y menos aún quedarán mal con los “grandes hombres” de las televisoras Leonel Godoy, candidato de la alianza PRD-PT-Convergencia y Alternativa a la gubernatura de Michoacán, reconoció abiertamente que los asesinados Domingo Godoy y Víctor Hugo Torres Godoy son sus parientes y antes de exigirle al gobernador Cárdenas Batel que aclaren los crímenes y que le garantice seguridad, pidió que el asunto “no se politice”. Doble tiro de gracia recibieron los Godoy, el de la metralleta y el del ambicioso pariente. A otro que también desaparecieron fue al primo de Roberto Madrazo, a Miguel Ángel Ramos Pintado, de quien poco se sabía hasta que su hija renunció a seguir participando en el concurso “Nuestra Belleza” representando a su natal Baja California. Ya empezó la calentura por la reelección de los diputados- tanto federales como locales- y senadores. Sin el menor asomo de vergüenza consideran que “tienen carrera” y apuestan a que otra vez votarán por ellos con todo y sus aplastantes e infames aceptaciones.
( lilia_arellano@yahoo.com)
Boletín Informativo ISA núm 207
http://serviciodenoticiasisa
Sumario:
I. ¡Ebrard, amarra a tus perros!
II. Reporta La verdad sea dicha la aprobación de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. “En nuestro territorio mandamos nosotros y decidimos nosotros y esto ya está decidido”, señalan en La Parota.
----------------------
¡EBRARD, AMARRA A TUS PERROS!
El día de ayer, con motivo de la inauguración de la exposición Epopeya mural, de Diego Rivera, en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, el actual habitante de Los Pinos, Felipe Calderón, se animó a salir a la calle para asistir a tal evento cultural. Puntual como lo han sido desde hace ya más de un año, contingentes de la resistencia civil pacífica contra la usurpación estuvieron ahí para darle una probadita de resistencia. Así lo reseña, oportuno como siempre, el blog La lámpara de Diógenes (http://lamparadediogenes
Una vez más la resistencia civil pacífica se dio cita alrededor del Palacio de las Bellas Artes en la Ciudad de México para obligar al presidente usurpador a entrar y salir a escondidas y por la puerta de servicio.
Al acostumbrado circo de siempre cuando el presidente espurio intenta dar un paso fuera de Los Pinos, cientos y cientos de elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP) más cientos y cientos de miembros de la Policía Federal Preventiva (PFP), se le sumaron en esta ocasión cientos y cientos más de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Gobierno del Distrito Federal (GDF).
La resistencia civil pacífica se había agrupado frente a las diversas entradas a través de las vallas metálicas resguardadas por el EMP. En el costado poniente, el público “B” se formaba en hilera esperando entrar a la inauguración de la exposición “Diego Rivera. Epopeya Mural”, mientras que el público “A” intentaba ingresar por un punto de acceso a unos sesenta metros. Algunos de ellos, sintiéndose a salvo tras vallas, elementos del EMP y la PFP, miraban las protestas curiosos.
Otros dos puntos habían sido cubiertos por la resistencia civil pacífica sobre Av. Juárez: uno cercano a la entrada al estacionamiento y otro casi al frente del edificio del Palacio. Sorpresivamente, elementos del agrupamiento de granaderos de la SSP del Gobierno del Distrito Federal rodearon al primero de estos grupos, impidiéndoles salir del “encapsulado” formado por los escudos.
Cuando llegó Gerardo Fernández Noroña, se ubicó frente a la entrada principal del Palacio de las Bellas Artes, sobre Av. Juárez. Rápidamente fue semirrodeado por granaderos de la SSP del GDF. Desde ahí lanzó varias consignas en contra de las políticas inflacionarias del régimen usurpador y puso en evidencia, una vez más, el ridículo despliegue de fuerza para intentar callar una protesta ciudadana.
En un momento dado, Fernández Noroña, seguido por varias decenas de miembros de la resistencia civil pacífica, corrieron hacia la esquina de Eje Central con Av. Juárez, al tiempo que elementos del EMP corrían cargando vallas metálicas e intentando evitar que la resistencia civil pacífica pasara. Fue algo violento, ya que lanzaban las vallas a quien intentara colarse; aun y así, la mayoría los sorprendió y rebasó, dando vuelta hacia el norte sobre el Eje Central hasta llegar a la entrada que está frente a la Av. 5 de Mayo, donde ahora granaderos de la PFP violentamente bloqueaban con sus escudos el paso de la gente.
Dos grupos de la resistencia civil pacífica se posesionaron a los lados de la entrada de servicio en el costado oriental del Palacio de las Bellas Artes, mismos que rápidamente fueron retenidos por las vallas metálicas del EMP y los granaderos de la PFP de un lado, mientras que, del otro, granaderos de la SSP del GDF “encapsulaban” a los grupos aislándolos. De tal manera que en un grupo quedó el compañero Molina, mientras que en el otro Gerardo Fernández Noroña y una veintena más permanecimos sin poder salir del cerco por transcurso de más de una hora.
El presidente usurpador entró rápidamente por la entrada lateral, entre gritos y consignas de ambos lados de la entrada, a bordo de un automóvil genérico color blanco.
Cuando Fernández Noroña quiso salir del cerco de granaderos de la SSP del GDF, fue violentamente rechazado con los escudos; al protestar, un oficial le respondió diciendo que no nos iba a dejar salir.
Varios minutos más pasaron, el acto en el interior del Palacio de las Bellas Artes había acabado y los invitados se retiraban. El presidente espurio tuvo que salir rápido y a escondidas por la puerta trasera del teatro. Gerardo Fernández Noroña intentó salir de nuevo del cerco junto con la veintena que lo acompañábamos. La agresión por parte de los granaderos de la SSP del GDF fue mayor, lastimando a varias compañeras.
De manera igualmente inexplicable, los granaderos del SSP del GDF tomaron la decisión de cerrar la circulación del Eje Central, creando un fuerte embotellamiento con los vehículos que transitaban en esos momentos por la avenida y por Av. 5 de Mayo. Otra escaramuza de empujones y de palabras altisonantes por parte de Fernández Noroña lograron el efecto esperado y nos dejaron salir del cerco.
Sin embargo, la línea de granaderos que seguían bloqueando la circulación del Eje Central nos impedía llegar hasta donde estaba el otro grupo de miembros de la resistencia civil pacífica. Gerardo Fernández Noroña les habló clara y contundentemente: no había razón para impedirnos el paso y anunciábamos que en tres minutos íbamos a pasar a reunirnos con los demás.
La fila de granaderos de la SSP del GDF reculó varios metros, hasta permitirnos acercarnos con los demás. En ese momento, el oficial a cargo comprendió que era idiota mantener una línea de granaderos entre nuestros compañeros y nosotros y rápidamente hicieron mutis. Gerardo Fernández Noroña tomó nuevamente el altavoz para denunciar la irresponsable actuación de los granaderos de la SSP del GDF y recordó que a nadie, ni al gobierno federal ni al gobierno de la Ciudad de México, se les va a permitir pasar sobre los derechos de los ciudadanos.
Al final, se entonó el Himno Nacional y todos nos fuimos contentos de haber logrado nuestro cometido de recordarle al presidente espurio que para él no habrá ni perdón ni olvido y de que nos veremos el próximo lunes, como cada inicio de mes, en la residencia oficial de Los Pinos para recordárselo una vez más.
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REPORTA LA VERDAD SEA DICHA LA APROBACIÓN DE LA DECLARACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
“En nuestro territorio mandamos nosotros y decidimos nosotros y esto ya está decidido”, señalan en La Parota
A dos décadas de debates y lucha del movimiento indígena internacional, el 13 de septiembre de 2007 fue aprobada la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en la 61 Asamblea General de las Naciones Unidas. Votaron a favor 143 países; en contra sólo cuatro: Canadá, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda; y 11 países se abstuvieron: Azerbaijan, Bangladesh, Bhutan, Burundi, Colombia, Georgia, Kenya, Nigeria, Federación Rusa, Samoa y Ukrania.
La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas beneficiará a 370 millones de indígenas en 70 países del mundo, al establecer derechos tanto individuales como colectivos: el derecho a la cultura, la identidad, el idioma propio, el empleo, la educación y la salud. La declaración acentúa el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer sus propias instituciones, cultura y tradiciones para lograr un desarrollo en función de sus propias aspiraciones y necesidades.
En México, más allá de lo que hoy la legislación internacional reafirma, cabe destacar luchas y frutos recientes en la materia, como la cristalización del proyecto de creación de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (Unisur), cuyo objetivo fundamental es la recuperación del pensamiento indígena y la promoción de una educación que surja de las comunidades, para que conserven sus valores culturales y la formación de intelectuales capaces, desde su propio universo cultural, de generar soluciones a los problemas de su comunidad (véase al respecto el servicio de noticias ISA núm. 194).
Asimismo, resalta la reciente victoria de los habitantes de La Parota, al oponerse a la construcción de una presa que inundaría sus comunidades destruyendo no sólo físicamente, sino cultural e históricamente ese patrimonio indígena.
En este contexto, el programa televisivo del gobierno legítimo de México La Verdad sea dicha del pasado martes 25 de septiembre abordó este tema.
La emisión televisiva indicó que “resulta ofensivo que, mientras la legislación internacional reconoce por primera vez en la historia plenos derechos a los pueblos indígenas del mundo, en México los gobiernos neoliberales continúan el genocidio indígena iniciado hace 500 años. Cada día se atropellan sus garantías, se les relega a la marginación y la miseria, se les despoja de sus recursos y se les somete a un régimen de injusticias”.
Rodolfo Stanvenhagen, relator especial para los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas por la ONU, señaló al respecto: “el día de ayer fue reafirmado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, al aprobar después de 20 años de debates y de luchas, la Declaración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas; un instrumento más de lucha y defensa de los derechos humanos”. Enfatizó que no existe razón alguna para que un Estado miembro de la ONU, que ha suscrito todos esos instrumentos internacionales y que declaró su intención de cumplir con ellos, no tome en cuenta los derechos de la población afectada.
Stanvenhagen se refería a que, en su artículo 10, la declaración de la ONU establece que los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios, no se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados.
Por eso, fue importante que el programa La verdad sea dicha ligara este acontecimiento con el caso de La Parota, pues, como ahí se señaló, con el pretexto del progreso se despoja a los pueblos indígenas. En la actualidad en nuestro país hay 22 proyectos hidroeléctricos que amenazan los derechos de miles de ellos.
Para Felipe Flores Hernández, vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras al Proyecto de La Parota, lo que está ocurriendo ahí se reduce a que el gobierno federal y el gobierno estatal han querido imponer un proyecto que las comunidades nunca solicitaron y nunca desearon, por lo que apuntó: “hemos descubierto que ese proyecto no nos trae desarrollo a las comunidades. Lo único que trae es desplazamiento de 25 mil personas, afectaría a cinco municipios pero el más afectado es el nuestro, que es Acapulco, donde pretendían inundar 17 mil 500 hectáreas; son 36 comunidades que desaparecerían; se perdería nuestra cultura, nuestras raíces, nuestro pueblo. Hemos ido a varias hidroeléctricas y nunca encontramos lo que ellos llaman desarrollo. Por eso nos hemos opuesto a ese megaproyecto”.
La investigadora Patricia Ávila expresó que por parte del Estado se promueve un proyecto de desarrollo con altos costos sociales, económicos y ambientales que pone en riesgo la paz social y la estabilidad política en una región rural de México.
Según el investigador Mario Gómez, hasta ahora los gobiernos federal y estatal, y la Comisión Federal (CFE) no han demostrado que el proyecto aumentará el beneficio colectivo de los mexicanos, incluido el de todos y cada uno de los desplazados y afectados por la presa.
Además, Felipe Flores Hernández planteó que “acabamos de darnos cuenta de que ayer tuvimos un amparo definitivo hasta que no se resuelva el caso, donde la CFE no puede entrar a nuestro territorio; de por sí ya habíamos tenido cuatro amparos anteriores. Pero el gobierno y la CFE no han respetado la decisión del Tribunal, la decisión de los magistrados. Creo que hoy vamos a obligar al gobierno, que respete esa decisión que ha dado la jueza”.
Stanvenhagen afirmó que si no está vinculado el desarrollo a los derechos humanos de la gente, no se puede llamar desarrollo. Esto lo ha decidido la ONU en varias resoluciones y México como otros países está obligado, por su pertenencia a la Organización, a cumplir con esta nueva manera de ver el desarrollo.
Con respecto a La Parota, Felipe Flores Hernández concluyó que “hay resistencia y que los pueblos han tomado esa decisión de decir no al proyecto, y esto lo tiene que respetar, tiene que respetar la voluntad de los pueblos de las comunidades, porque nosotros somos los dueños de las tierras. En nuestro territorio mandamos nosotros y decidimos nosotros y esto ya está decidido. El proyecto no va a pasar a menos que quieran implementarlo a sangre y fuego, pasarían por encima de nuestros cadáveres.
“Después de la decisión de la ONU, México debe reconocer los Acuerdos de San Andrés y aprobar una ley indígena acorde con las leyes internacionales; es una deuda que debemos como nación a los pueblos originarios: derechos plenos y justicia” fue la conclusión del programa La verdad sea dicha sobre este tema.
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