Silvia Ribeiro*
Las transnacionales de los agronegocios no quitan el dedo del renglón y montados en los caballitos (¿o burros?) de batalla que tienen a su disposición, como la Confederación Nacional Campesina (CNC), siguen insistiendo en que México se debe abrir al maíz transgénico. Declaran en los medios que se debe “experimentar” porque eso nos permitiría saber si se corren riesgos para el maíz nativo.
Ahora se han puesto más agresivas. Frente a la perspectiva de que tampoco para este ciclo agrícola se aprobarán las solicitudes de maíz transgénico, estas mismas empresas organizaron la publicación de un campo pagado en varios medios nacionales para presionar directamente al gobierno y a la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem). Este desplegado, publicado el 17/09/2007, aparece firmado por poderosos intereses industriales que lucran con el campo, el procesamiento y la venta de alimentos en México, tales como el Consejo Nacional Agropecuario, la Cámara Nacional de Maíz Industrializado, la Asociación Mexicana de Semilleros, la Canacintra, Antad, Concamin y otras. Como decorado, la CNC y organizaciones regionales de los mismos firmantes, para que parezcan más.
Por si alguien tiene dudas de quién está detrás de este desplegado, el responsable de la publicación es Ricardo Jacobo Arias, un empleado de Agrobio México, institución integrada por las empresas de transgénicos Monsanto, Syngenta, Dupont, Bayer y Dow. Agrobio fue creada para que pareciera un centro de información “independiente” sobre biotecnología, para hacer cabildeo y presión política, como si no fueran las mismas empresas las que promueven sus propios intereses de lucro. Fue también Agrobio que redactó lo que debían decir muchas de las organizaciones ahora firmantes, en la consulta que hizo la Sagarpa sobre maíz transgénico (ver Trasnacionales redactan cartas “de agricultores”, La Jornada, 25/09/2006)
Monsanto también aparece en los sitios de internet de muchos de los firmantes, como su patrocinador y/o miembro (por ejemplo de la CNA, la CANAMI, la AMSAC, entre otros), lo cual sugiere porqué éstos han firmado el desplegado para defender a las empresas transgénicas.
En éste se vuelve a repetir que “las siembras experimentales de maíz biotecnológico son de sumo interés para el sector productivo (…) Dichas pruebas están diseñadas para responder científicamente sobre la viabilidad de sembrar este cultivo comercialmente en nuestro país”. Agregan que genera beneficios económicos, que mejora la productividad y es una “agricultura ambientalmente más amigable”, (nada de lo cual se cumple en la realidad según muestran las estadísticas oficiales de los principales países productores). Terminan con que después de “10 años de moratoria” (son 8, pero entre tantas falsedades, que les importa una más, ¿verdad?) “no se deben retrasar las pruebas experimentales”, ya que esas pruebas permitirán que “emane información científica y objetiva”.
¿A qué experimento se refieren? Porque lo que está planteado en el Proyecto Maestro de Maíz, que es el plan rector para la “experimentación” con maíz transgénico, no contempla el estudio del flujo génico, ni el impacto en los maíces nativos, ni sobre la biodiversidad, ni en generaciones posteriores, ni toman en cuenta la multiplicidad de factores que existen en el medio ambiente real en México y su enorme diversidad cultural.
O sea, no habría ninguna experimentación sobre los temas en controversia. Lo único que se plantea es que se siembre maíz transgénico con un limitado radio de aislamiento (ridículo en relación a la literatura más reciente sobre el flujo de polen de maíz), que se impida la dispersión de polen por medios mecánicos en cada planta, y unas pocas condiciones más, siempre en ambientes controlados, que de por sí no tendrán ningún valor “experimental” y muchísimo menos “objetivo y científico” para saber algo sobre el comportamiento del maíz transgénico en el medio ambiente real. Por otra parte, esas condiciones tampoco tienen valor como marco para ninguna liberación comercial: no existen los productores que tomarían todas esas medidas para impedir la contaminación: sencillamente es imposible repetirlas en condiciones reales de producción.
¿Por qué se insiste entonces con las “pruebas experimentales”? Solamente porque es un requisito legal que tienen que cumplir para después poder solicitar la liberación comercial, que es la única que les interesa.
Ya en campo, la contaminación transgénica no les importa, porque de todos modos no está penada por la ley, aunque sí está permitido perseguir a quienes se contaminen “por uso indebido de patente”, gracias a la nueva ley de semillas. Negocio redondo para las empresas: en lugar de maíces híbridos, que no están patentados, quieren forzar el maíz transgénico con genes patentados que tornan ilegal guardar semillas para la próxima cosecha y además pueden perseguir y penar legalmente a quienes lo hagan o se contaminen.
Si se planta maíz transgénico, el maíz nativo se contaminará inexorablemente. No existe ninguna forma de eliminar el flujo de polen y es sólo una cuestión de tiempo para que llegue hasta los confines más lejanos del país, colocando en riesgo un patrimonio genético, cultural y económico único para México y para el mundo. Este es el único experimento que subyace a estos desplegados, un experimento para destruir el maíz campesino y aumentar las ganancias de las empresas trasnacionales.
*Investigadora del Grupo ETC
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