Yusuf Fernández
elplural.com
La trascripción del acta de Crawford, en la que se muestra la forma en la que el presidente de EEUU, George W. Bush, y su mascota fiel, el presidente de Gobierno español José María Aznar, planearon una guerra contra un país indefenso –que llevaba en ese momento una década sometido a las que la propia ex secretaria de Estado estadounidense Madeleine Albright calificó de “las sanciones más duras de la historia”, que costaron la vida a entre uno y dos millones de iraquíes- es probablemente uno de los episodios más vergonzosos e indecentes de la historia reciente. Bush y Aznar estaban discutiendo ni más ni menos que la manera menos gravosa de invadir ilegalmente un país por razones económicas y estratégicas y con una total indiferencia hacia el sufrimiento causado a su población.
El acta viene a corroborar algo que ya era sabido: que el tema de las armas de destrucción masiva no fue más que un pretexto y que no había nada que Iraq pudiera hacer antes de la invasión para evitar la guerra. Los datos de que Iraq estaba cooperando activamente con los inspectores de la ONU, ofrecidos por su jefe Hans Blix, y de que aquellos no habían hallado ningún indicio de la existencia de tales armas fueron rechazados con desprecio por la Administración Bush.
Durante la conversación, Bush se muestra más como el jefe de un grupo de gánsters que como el presidente responsable de una nación. De ahí las amenazas proferidas contra países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU, como México, Chile, Angola, Camerún y Rusia, a los que se exigiría que votasen a favor de una resolución que aprobase la guerra o “se atengan a las consecuencias”. Afortunadamente, dichos países no se dejaron intimidar y esto no sólo salvó su propio honor, sino también la propia legalidad internacional.
Aznar, por su parte, adopta una actitud patética de obediencia hacia el amo (“Nos ayudaría ese texto para ser capaces de copatrocinarlo y ser sus coautores y conseguir que mucha gente lo patrocine)", aunque no exenta de nerviosismo. “Necesitamos que nos ayudéis con nuestra opinión pública. Lo que estamos haciendo es un cambio muy profundo para España y para los españoles. Estamos cambiando la política que el país había seguido en los últimos 200 años”, suplicó Aznar. Esta “ayuda” consistía en que Bush presionara lo suficiente para aprobar la mencionada resolución en la ONU con el fin de intentar salvar la cara de Aznar y Blair ante sus propias opiniones públicas. Dicha resolución, pues, no se buscaba por razones de legalidad o respeto al Derecho Internacional, sino como una mera pantalla propagandística.
Esta declaración demuestra no sólo que Aznar era plenamente consciente de que el pueblo español estaba totalmente en contra de la guerra, como demostraban todas las encuestas y las manifestaciones antibélicas que habían reunido a tres millones de personas en diversas ciudades de la geografía española una semana antes, sino que se disponía a participar en una guerra de agresión y en una gran matanza, algo en lo que España no se había visto inmersa desde al menos dos siglos antes. En este sentido, cabe señalar que Aznar no sólo violó la legalidad internacional sino que manchó el propio honor de España, aunque éste se vio luego restaurado por las propias protestas en la calle contra la guerra y, sobre todo, por la humillante derrota sufrida por el partido de Aznar en las elecciones del 14 de marzo de 2004.
El resultado de aquella conspiración es evidente. Más de un millón de iraquíes muertos en una guerra de agresión, dos millones de desplazados, la destrucción de la red educativa y sanitaria y la pérdida de una parte irremplazable del patrimonio cultural de Iraq, incluyendo múltiples objetos procedentes de civilizaciones que se hallan entre las más antiguas de la humanidad, como las de Ur, Babilonia, Asiria y otras. Un país económica y socialmente avanzado ha retrocedido muchas décadas y se halla inmerso ahora en una dura guerra. Toda una generación de niños iraquíes, según la ONU, ha perdido su infancia y carece de la atención y medios adecuados. A esto hay que añadir también la muerte, hasta el momento, de casi 3.800 soldados estadounidenses, 169 británicos y muchos otros.
La publicación de las actas de Crawford debería servir de base legal para iniciar el procesamiento de Bush y Aznar por el delito de “conspiración contra la paz”, recogido en el Juicio de Nuremberg (1946-47). Es claro que en el caso de Bush habría que añadir también los delitos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Ciertamente, el procesamiento de Bush y Aznar no serviría para paliar el sufrimiento ocasionado a millones de iraquíes, pero demostraría al menos que valores como la justicia y la dignidad ocupan aún un pequeño lugar en este mundo y que muchos ciudadanos de EEUU y España no están dispuestos admitir que se cometan tales crímenes en su nombre.
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