jueves, abril 07, 2011

Francia limpia el camino a EU en Libia

Los ataques de la aviación francesa contra Libia no son una operación francesa, sino el trabajo que Francia realiza como subcontratista en la operación Odyssey Dawn emprendida bajo las órdenes del AfriCom. Su objetivo no es auxiliar a la población civil de Libia, sino utilizar la situación como pretexto para abrir el camino al desembarco de las fuerzas estadunidenses en el continente negro.

Thierry Meyssan


Red Voltaire

Fueron Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos quienes propusieron al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el texto adoptado como resolución 1973 para la instauración en Libia de una zona de exclusión aérea.

Esa iniciativa debe interpretarse de dos maneras. En primer lugar, Barack Obama no quería cargar ante la opinión pública estadunidense con la responsabilidad de una tercera guerra en el mundo musulmán, además de las que ya tienen empantanado a su país en Afganistán y en Irak. Washington prefirió, por lo tanto, delegar en sus aliados la responsabilidad de la nueva operación.

En segundo lugar, Nicolas Sarkozy –quien representa los intereses estadunidenses partidarios de la “relación especial” entre Londres y Washington– se ha esforzado prioritariamente, desde el principio de su mandato, por lograr un acercamiento entre Francia y Gran Bretaña en materia de defensa. Lo logró con los acuerdos de defensa del 2 de noviembre de 2010, y ahora encuentra en la crisis libia la oportunidad de emprender una acción común.

Con el regreso de Francia al comando integrado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que se votó el 17 de marzo de 2009 y se llevó a cabo en ocasión de la cumbre de Estrasburgo-Kehl, celebrada el 3 y el 4 de abril de 2009, Nicolas Sarkozy renunció al principio de una defensa francesa independiente.

Con el Tratado de Lisboa, del que Sarkozy se jacta de haber sido uno de los principales artífices, el presidente de Francia ya había llevado la Unión Europea a renunciar a toda forma de defensa independiente y a someterse definitivamente a la OTAN.

Su política constituye el triunfo, con medio siglo de retraso, del principio de la Comunidad Europea de Defensa (CED), que tanto combatieron en el pasado los partidarios de De Gaulle y los comunistas. Con el pretexto de ahorrar en tiempos de crisis, David Cameron y Nicolas Sarkozy liquidaron las últimas conquistas del frente nacionalista conformado por los partidarios de Charles de Gaulle y los comunistas, y firmaron dos tratados.

El primero prevé un incremento de la cooperación, así como la repartición y el uso compartido de medios materiales y equipamiento, incluyendo los portaviones. Instituye, sobre todo, una fuerza expedicionaria conjunta interejércitos, pero no permanente, conformada por 3 mil o 3 mil 500 soldados, fuerza que puede ser desplegada, sin aviso previo, para la realización de operaciones militares bilaterales de la OTAN, de la Unión Europea o de la ONU.

El segundo tratado inicia varios proyectos industriales y de investigación-desarrollo. Prevé, sobre todo, la puesta en común de tecnologías en materia de ensayos nucleares en laboratorio. Ello implica que la fuerza nuclear francesa de disuasión deja de ser independiente, mientras que la fuerza de disuasión británica se encuentra bajo control estadunidense.

Para concretar la fuerza expedicionaria franco-británica, los ministros implicados en ambos países, el británico Liam Fox y el francés Alain Juppé (quien fue ministro de Defensa del 14 de noviembre de 2010 hasta el 27 de febrero de 2011), planificaron un amplio ejercicio aéreo común que debía tener lugar del 21 al 25 de marzo de 2011, bajo la denominación de Southern Mistral.

El ejercicio debía incluir “misiones aéreas de tipo Comao (Composite Air Operations) y un ataque específico (Southern Storm) destinado a asestar un golpe convencional a muy larga distancia. Más de 500 personas se movilizarán para ese ejercicio bilateral”, indica el sitio web Southern Mistral, editado por el Comando de Defensa Aérea y de Operaciones Aéreas.

“Seis aviones Tornado GR4, un avión de abastecimiento Vickers VC-10 y un Boeing E3D se movilizarán junto a varios Mirage 2000D, 2000N y 2000C de la Fuerza Aérea francesa, que aportará una treintena de aeronaves, incluyendo helicópteros, Boeings de reabastecimiento y aviones-radar Awacs (…) Simultáneamente, el Comando Paracaidista Air 20 (CPA20) acogerá en Dijon a uno de sus homólogos británicos, el Royal Air Force (RAF Regiment), y se entrenará en la misión de protección de bases aéreas en teatro operacional, tal y como se aplica actualmente en Afganistán.

Por otro lado, miembros del RAF Regiment se entrenarán en medidas de seguridad aérea a partir de helicópteros. Estos procedimientos especiales se aplican cotidianamente desde helicópteros de “seguridad aérea”, de la fuerza aérea, para poder actuar contra las aeronaves que se desplazan a baja velocidad”, prosigue el comunicado oficial.

La dirección de este ejercicio debía estar en manos de los generales franceses Desdaux y De Longvilliers, del air marshall Garwood y del air comodore Maas, ambos del Reino Unido.

¿Casualidad o premeditación? Como quiera que sea, fue una operación real, no un simple ejercicio, lo que comenzó el 19 de marzo de 2011 en aplicación de la resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU. En el primer día, sólo participaron Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos.

En espera de la participación de los demás Estados miembros de la OTAN y de la constitución de un comando de coalición, quien coordina todas las operaciones –incluyendo las de Francia– desde el AfriCom, con sede en Stuttgart (Alemania), es el general estadunidense Carter Ham. Las fuerzas navales –incluyendo los navíos italianos y canadienses que llegan a la zona– y el comando táctico están bajo las órdenes del almirante estadunidense Samuel J Locklear, quien se encuentra a bordo del estadunidense Mount Whitney.

Todo lo anterior corresponde a la planificación previa de la OTAN; es decir, nada tiene que ver esto con el discurso oficial sobre la iniciativa francesa, sino que entra en la lógica anteriormente descrita de sumisión de las fuerzas.

La parte francesa de la operación se denomina Harmattan, palabra que designa el Mistral del Sur que actualmente barre África occidental. La parte británica se llama Operation Ellamy.

Pero la parte estadunidense se llama Odyssey Dawn, para que todo el mundo entienda que se trata del amanecer de una odisea estadunidense en África. Es importante señalar aquí que, contrariamente a los discursos adormecedores y engañosos de los líderes atlantistas, la resolución 1973 está redactada en términos tan nebulosos que puede autorizar el desembarco de tropas coloniales en Libia.

En efecto, la prohibición de “despliegue de una fuerza de ocupación extranjera bajo cualquier forma que sea y en cualquier parte del territorio libio” no se aplica a la creación de una zona de exclusión aérea, sino únicamente a las operaciones de protección civil.

Los embajadores de Rusia y China señalaron ese punto en el Consejo de Seguridad sin encontrar respuesta, y es por esa razón que se abstuvieron en el momento del voto.

Para el primer día de Harmattan, las fuerzas francesas desplegaron los aviones cuya utilización estaba prevista para el ejercicio Southern Mistral, así como dos fragatas antiaéreas y de defensa aérea (la Jean Bart y la Forbin), posicionadas frente a la costa de Libia. Al parecer, han destruido cuatro blindados. Por su parte, las fuerzas anglosajonas utilizaron un submarino británico clase Trafalgar y 11 navíos estadunidenses –entre los que se encuentran dos destructores, el Stout y el Barry, y tres submarinos, el Providence, el Florida y el Scranton– para disparar a 110 misiles teledirigidos Tomahawk.

Esta operación militar puede prolongarse si las fuerzas libias oponen resistencia. En todo caso, la lógica que se ha adoptado debería llevar a la situación que prevaleció en Irak durante el periodo transcurrido entre las operaciones Desert Storm e Iraqi Freedom: una división de facto del país entre las fuerzas leales a Gadafi y los rebeldes.

[TEXTO PARA TWITTER: En Libia, Francia abre la puerta de África a EU y le pone a su servicio sus fuerzas armadas ]

Fuente: Contralínea 227 / 3 de abril de 2011

Campo mexicano, desamparado ante contingencias

Sin mecanismos de control ni padrones autorizados, la Sagarpa desembolsa más de 600 millones de pesos correspondientes al Programa de Protección al Patrimonio del Sector Rural, destinado al aseguramiento de tierras de temporal y ganado luego de una catástrofe climatológica, revela el informe de 2009 elaborado por la Auditoría Superior.

Érika Ramírez

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) reprueba las acciones que emprende a favor de la Protección al Patrimonio del Sector Rural, ya que carece de mecanismos de control y operatividad suficientes en el manejo de más de 600 millones de pesos asignados para el aseguramiento de siembras y ganado.

Así lo indica la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, bajo el documento con folio 09-0-08100-07-1112, que realizó una auditoría de desempeño en el desembolso de 616 millones 556 mil 800 pesos.

Del informe se desprende que, en ese año fiscal, la Sagarpa transfirió recursos federales a 16 gobiernos estatales para la contratación de seguros agrícolas y pecuarios catastróficos. De éstos, tres estatales no remitieron a la dependencia que encabeza Francisco Mayorga Castañeda los padrones de beneficiarios correspondientes.

En dos de los casos, la Sagarpa desconoce el motivo por el cual no le fueron entregadas las listas de los beneficiarios, conforme lo marcan las Reglas de Operación de los Programas de la Secretaría. Sin especificar el nombre de las entidades señaladas, en otro de los casos indica que no hubo necesidad de cobrar la indemnización que otorgaba el seguro ante la ausencia de contingencias climatológicas en 2009.

No obstante, en el resto de las asignaturas –13 estados de la República–, la Sagarpa “careció de la información relevante, suficiente, pertinente y competente para determinar la población objetivo del Programa de Atención a Contingencias Climatológicas (PACC)”, dice el informe de la ASF.


La crítica

Además, el organismo al mando de Juan Manuel Portal Martínez indica que no pudo validarse la efectividad en la aplicación de los recursos entre los beneficiarios, luego de que los resultados de las encuestas realizadas para este fin corresponden a 2008, los mismos que la Sagarpa utiliza en el siguiente año de ejercicio.

El informe es contundente. Indica que la Secretaría encargada de atender los problemas del sector agropecuario “carece de criterios o lineamientos documentados que especifiquen las acciones que se deben considerar para determinar la reincorporación de los productores a su actividad productiva y que permitan establecer los parámetros para determinar el menor tiempo posible para la reincorporación a su actividad”.

Otra de las observaciones realizadas por la ASF es que las Reglas de Operación de los Programas de la Sagarpa “no contienen los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o localidades objetivo para la contratación del Seguro Agrícola y Pecuario Catastrófico; no describen el mecanismo de selección o asignación de los apoyos; no establecen los casos o supuestos que dan derecho a realizar el trámite, ni la forma para realizar el trámite”.

Y es que, en 2009, las Reglas de Operación presentaron “diferencias” en los apartados que indican las características de los apoyos y la población objetivo. “No existen referentes homogéneos para garantizar la interpretación unívoca de las reglas de operación” para que la Sagarpa disponga de información suficiente con el fin verificar que los recursos federales son destinados a las personas que cumplen “cabalmente” con los requisitos del programa.

La ASF asevera que la Sagarpa “no acreditó haber ejercido las atribuciones de coordinación, supervisión, evaluación y seguimiento a las acciones de fomento y apoyo a los fondos de aseguramiento y de fomento a los organismos integradores”. Por lo que solicitó que el Órgano Interno de Control en la dependencia lleve acciones que le permitan solventar esta observación. Lo anterior mereció documentarse a través del documento DGADGF/038/2011 del 11 de enero de 2011.

Estados, sin garantía

La ASF también observa que la Sagarpa carece de la normativa necesaria para establecer “las atribuciones, responsabilidades, actividades, procedimientos, lineamientos y criterios utilizados para la validación y autorización de la superficie y unidades animal remitidas por los gobiernos para el otorgamiento de apoyo para la contratación del seguro agrícola y pecuario catastrófico”.

De lo anterior, se llevaron a cabo 19 acuerdos por parte de la comisión dictaminadora del PACC, quien autorizó otorgar el apoyo a las solicitudes presentadas para la contratación de 19 seguros catastróficos, 16 para actividades agrícolas y tres a pecuarias, por un total de 3 millones 114 mil 700 hectáreas y 601 mil 800 unidades animal.

Mediante otras siete solicitudes de adhesión, Jalisco, Nayarit, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán se incorporaron a la cobertura de aseguramiento contratado directamente por la Sagarpa, por un total de 887 mil 100 hectáreas y 73 mil 300 miles de unidades animal.

Sin embargo, la Sagarpa tampoco previó establecer mecanismos de control para verificar a los productores beneficiados con las indemnizaciones pagadas por las compañías aseguradoras a los gobiernos estatales.

Se solicitó entrevista con el titular de la Sagarpa a través de su director de Comunicación Social, Martín Guardián Abundes, sin que al cierre de esta edición se haya obtenido respuesta.

Riesgos naturales y biológicos, la “justificación”

La asignación de recursos para el aseguramiento de las actividades agropecuarias se debe a que éstas “están expuestas a riesgos naturales y biológicos, como el caso de sequías, heladas, inundaciones, granizadas, plagas, entre otros. Fenómenos más frecuentes entre los agricultores de áreas de temporal.

“Las pérdidas de las cosechas y hatos ganaderos repercuten en el ingreso y patrimonio de los productores afectados. Cuando las pérdidas por siniestros abarcan regiones extensas, sus efectos pueden representar presiones al alza de los precios de los alimentos, escasez o especulación”, dice el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009.

La ASF arguye que la oferta agropecuaria disminuida y su carácter cíclico “impactan el índice de precios al consumidor y, en esa medida, se constituyen en presiones inflacionarias sobre el conjunto de la economía y en amenaza latente para los equilibrios macroeconómicos”.

[TEXTO PARA TWITTER: Corrupción y dispendio en el programa de la Sagarpa para “asegurar” campo mexicano; 600 MDP, sin control]

Fuente: Contralínea 227 / 3 de abril de 2011

Senado: caro e improductivo

La Cámara de Senadores mantiene más de la mitad de su trabajo legislativo en la congeladora. No obstante, este 2011 los 128 legisladores que la integran se embolsarán 360 millones como sueldos y prestaciones, además de las prebendas que reciben para realizar su labor parlamentaria. Sin transparencia, el uso de los recursos públicos y el desempeño de 23 comisiones. La ASF advirtió esta situación desde 2008 y ahora revela irregularidades en la construcción de la nueva sede del Senado.

Mayela Sánchez

Este año, cada uno de los 128 senadores costará al erario 2 millones 810 mil pesos, de acuerdo con el Manual de percepciones de los senadores y servidores públicos de mando, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 25 de febrero pasado.

De ese monto, la mayor parte corresponde a la “percepción bruta” que cada legislador recibe por 2 millones 57 mil pesos y que contempla una “dieta mensual” de 127 mil 200 pesos. Adicionalmente, a cada senador se le otorgarán 233 mil 590 pesos como “gratificación de fin de año”.

Con dinero público también se pagarán los seguros de vida de los 128 senadores, cuyo costo individual es de 455 mil pesos, así como las cuotas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por 21 mil 470 pesos, y al Fondo de la Vivienda del ISSSTE y el Sistema de Ahorro para el Retiro, por 10 mil 770 pesos cada uno.

También están contempladas una partida de “ahorro solidario” por 14 mil pesos y otra denominada “cesantía en edad avanzada”, que ampara el pago de 6 mil 840 pesos para cada legislador.

Los senadores igualmente reciben apoyos para traslado, asistencia legislativa y atención ciudadana, y cuentan con servicios médicos para ellos, sus cónyuges, hijos menores de 25 años y padres dependientes económicos.

Además, durante 2010 se destinaron 2 millones 19 mil 200 pesos al pago de vales de gasolina y 22 millones 953 mil pesos para vales de despensa; mientras que en insumos para alimentación se gastaron 5 millones 349 mil 840 pesos y otros 2 millones 532 mil 500 pesos fueron para sufragar la compra de café, de acuerdo con los informes sobre contrataciones de la Cámara.

Si se tomara como referencia el cálculo del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Ernesto Cordero, para quien 6 mil pesos son suficientes para que una familia subsista, cada senador estaría recibiendo 468 veces esa cantidad, tan sólo como sueldos y prestaciones.


Rezago legislativo

A pesar del elevado costo que representa para el erario, el Senado de la República tiene un rezago en el 55 por ciento de los asuntos que se han presentado en la actual Legislatura. Del trabajo legislativo que los senadores mantienen en la congeladora, las iniciativas son las que mayor dilación muestran: de las 889 que fueron propuestas hasta el 22 de marzo pasado, sólo se habían aprobado 18.

Si se consideran las iniciativas que los senadores llevaron al Pleno en la anterior legislatura, el rezago llega a 60 por ciento. Ello, porque de las 2 mil 327 iniciativas presentadas, 1 mil 401 siguen sin dictaminar.

Algunas de ellas, como la que propuso incorporar en la Constitución la obligación del Estado de otorgar una pensión alimentaria a las personas mayores de 70 años, se han mantenido en la congeladora desde principios de la anterior Legislatura, es decir, cuando los actuales senadores recién iniciaban su estadía de seis años en la llamada cámara baja.

No obstante este retraso en su trabajo, los senadores han recibido como presupuesto, sólo para 2011, 3 mil 585 millones de pesos. De ese monto, 360 millones de pesos irán a parar a los bolsillos de los 128 legisladores como sueldos y prestaciones.

De acuerdo con los informes de la Cuenta Pública de la SHCP, los capítulos en donde el Senado reporta mayores gastos son los de “servicios personales”, que incluye el pago de sueldos a los legisladores y personal de la Cámara de Senadores, y “servicios generales”, que contemplan las asignaciones a grupos parlamentarios y comisiones legislativas.

Aunque en la actual Legislatura el número de comisiones llega a 80, éstas únicamente han presentado 14 iniciativas, de las cuales cinco continúan pendientes de dictamen, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativa.

Respecto de las proposiciones con punto de acuerdo –que concentran la mayor parte del trabajo legislativo–, de las comisiones han provenido sólo 34 de las 2 mil 886 que se han presentado en las dos últimas legislaturas.

De ese total de proposiciones llevadas al Pleno de la Cámara de Senadores, el 40 por ciento aún no se resuelve.

El Reglamento del Senado estipula un plazo de 30 días para dictaminar las iniciativas y proyectos, con posibilidad de prorrogarse hasta por 15 días.

De acuerdo con los informes sobre vencimientos de plazo, prórrogas y excitativas presentados, entre octubre de 2010 y febrero pasado se solicitaron 470 ampliaciones de plazo.

Cuando el Reglamento entró en vigor –apenas en junio de 2010, con un retraso de 16 meses en su elaboración–, había un rezago de 1 mil 191 iniciativas, de las que aún persisten 1 mil 10 en espera de resolución.

Opacidad, la marca del Senado

Aun cuando recibe un presupuesto que equivale a tres veces lo que el gobierno federal destina al Programa Nacional de Becas y Financiamiento, e incluso está por encima de lo que recibe la Secretaría de la Función Pública, la Cámara de Senadores no difunde el destino de los recursos públicos que se le entregan.

En el artículo 296 de su Reglamento, el Senado establece que la información que la ley obliga a difundir, así como la considerada “socialmente útil”, está disponible a través de medios electrónicos remotos o locales.

Sin embargo, la información que actualmente se publica en la página de internet de la Cámara de Senadores es escueta, pues si bien figuran datos sobre el presupuesto autorizado y ejercido del último mes, éstos no se desglosan, con lo que no se puede saber en qué se ha gastado dicho monto. Además, no se difunde información presupuestal de años anteriores.

El especialista en temas legislativos, Khemvirg Puente Martínez, señala que es común que en el Poder Legislativo existan muchas áreas de opacidad, dado que constitucionalmente está diseñado como un contrapoder que fiscaliza a los otros poderes, pero no a sí mismo.

Aunque reconoce que el trabajo legislativo ha tenido avances en materia de rendición de cuentas (pues se pueden conocer los asuntos que están en discusión en la Cámara de Senadores), sigue existiendo opacidad en el uso de los recursos públicos y en el trabajo de las comisiones legislativas.

“El trabajo en comisiones sigue siendo un mito, no porque no trabajen, sino porque no sabemos. Podemos tener la sospecha, pero no la certeza de que sí lo hacen”, expresa Puente Martínez en alusión a que varias de las comisiones no difunden las actas de sus sesiones o no publican sus informes de trabajo.

Actualmente, de las 80 comisiones que existen –59 ordinarias y 21 especiales–, 23 no cuentan con un micrositio en internet donde difundan el trabajo que realizan. En otros casos, como las comisiones de Turismo, Vivienda y Salud, los informes de trabajo que resguardan en sus páginas electrónicas corresponden a la Legislatura pasada.

Puente Martínez, maestro en estudios legislativos por la Universidad de Hull, Inglaterra, advierte que otra área de opacidad es el manejo de los fondos públicos.

“No quiero decir que los recursos se estén usando mal [sino] que no lo sabemos […] Yo no puedo tener elementos para evaluar el desempeño de los representantes si no cuento con información suficiente”, puntualiza.

Al respecto, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hace diversas observaciones en su Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008.

Particularmente, señala que el Senado no comprobó que los recursos de la partida 3827, que corresponde a las asignaciones a grupos parlamentarios, se hubieran utilizado en actividades legislativas, “además de que no se establecen claramente cuáles son los conceptos que pueden ser pagados con dichos recursos, lo que genera opacidad en [su] ejercicio”.

Dicha partida contempla gastos de consultoría, estudios jurídicos, económicos, políticos, sociales y parlamentarios, así como sueldos y prestaciones del personal de cada fracción parlamentaria, gastos operativos y de comunicación social, viajes, foros y reuniones, de los seis grupos parlamentarios presentes en el Senado.

Además, la ASF señala que dicha situación ya había sido observada en la revisión de la Cuenta Pública 2006, efectuada en 2008, en la que se recomendó transparentar el ejercicio de los recursos entregados mediante esa partida.

En respuesta, la Comisión de Administración del Senado, en su sesión del 25 de noviembre de 2008, acordó solicitar a la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias que en el proyecto de reglamento se incluyera una disposición para que los grupos parlamentarios difundieran semestralmente, a través de su página electrónica, un informe sobre el uso y destino del dinero que reciben.

Actualmente, en el portal electrónico del Senado sólo figura información sobre el monto asignado a los grupos parlamentarios en 2010, que fue de 33 millones 390 mil pesos mensuales, pero no se especifica su uso ni destino. También aparecen las asignaciones a comisiones legislativas, que el año pasado recibieron, en conjunto, 14 millones 375 mil pesos cada mes.

Cuestionado respecto del incumplimiento de las observaciones de la ASF, el presidente actual de la Comisión de Administración, Fernando Castro Trenti, dice que dichas observaciones ya se han solventado.

“Lo que nos ha informado la Secretaría de Administración es que se ha ido cumpliendo con estos objetivos. En la reunión próxima que voy a tener con la Comisión de Administración, voy a solicitar que haya un informe específico en el tema”, expresa el legislador priista.

A decir del investigador Puente Martínez, la transparencia “le incomoda al Poder Legislativo y a los legisladores, porque, con información, podríamos evaluar mejor el desempeño de sus funciones.

“Hoy me parece que tenemos un Poder Legislativo que nos cuesta mucho y que produce poco, y esa percepción es producto de la opacidad que generan los propios legisladores”, opina el coordinador de la maestría en gobierno y asuntos públicos y el doctorado en administración pública de la Universidad Nacional Autónoma de México.


Irregularidades en nueva sede

Con más de medio año de demora en su terminación, la nueva sede del Senado ha sido objeto de cuestionamientos a los legisladores sobre el uso de los recursos y las razones del retraso de la obra.

Tales responsabilidades han sido atribuidas a la empresa constructora GAMI, Ingeniería e Instalaciones, SA de CV, y al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC (Banobras), entidad fiduciaria del Fideicomiso de Inversión y Administración 1705 “Para apoyar la construcción y equipamiento del nuevo recinto de la Cámara de Senadores”.

No obstante, en el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2009, la ASF señala que, durante ese año, el Senado reportó un gasto en la obra mucho menor al que consignó el Fideicomiso. La diferencia entre los montos fue de 470 millones de pesos.

Ese año, el Senado informó un gasto de 499 millones 248 mil 200 pesos, mientras que las erogaciones del Fideicomiso, consignadas trimestralmente en el DOF, sumaron 880 millones 455 mil 900 pesos.

Esas erogaciones, efectuadas por el Banobras, fueron hechas conforme al programa-presupuesto aprobado por el Comité Técnico del Fideicomiso para pagos a la empresa constructora, de acuerdo con la ASF.

En dicho Comité participan los senadores José González Morfín, del Partido Acción Nacional (PAN); Fernando Castro Trenti, del Partido Revolucionario Institucional; José Guadarrama Márquez, del Partido de la Revolución Democrática; Arturo Escobar y Vega, del Partido Verde Ecologista de México; y Francisco Javier Obregón Espinoza, del Partido del Trabajo.

De acuerdo con el órgano fiscalizador, tanto el Senado como el Banobras “reconocen que se ejercieron recursos no reportados en la Cuenta Pública”, por lo que observa “un inadecuado registro y control de los recursos del proyecto”.

Además, el monto reportado por el Senado en la Cuenta Pública 2009 tampoco correspondió con el presupuesto que tenía asignado, el cual ascendía originalmente a 300 millones de pesos y luego se modificó a 410 millones de pesos.

Sin embargo, la ampliación de 110 millones de pesos parece no haber sido suficiente, ya que el Senado reportó un ejercicio de 89 millones 248 mil 200 pesos adicionales, con lo que tuvo un sobreejercicio de la quinta parte de los recursos autorizados.

Al revisar el contrato celebrado con la empresa constructora GAMI, Ingeniería e Instalaciones, SA de CV, perteneciente al Grupo Indi, la ASF también encuentra que el cálculo por cargo de financiamiento se excedió en 7 millones 485 mil 300 pesos en 2009, por lo que “se han generado pagos en exceso” por dicho monto.

Al respecto, la ASF hizo una solicitud de aclaración al Senado para que proporcionara la documentación justificativa y comprobatoria de dichos pagos, que derivaron del cálculo incorrecto del cargo por financiamiento en el contrato SEN/BANOBRAS/L001/2007.

“En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado”, advierte la ASF.

La revisión también detectó que no se realizaron estudios de factibilidad ni de costo-beneficio del Proyecto y que éste no se registró en la cartera de Programas y Proyectos de Inversión de la SHCP.

Lo anterior se fundamenta en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece que los programas y proyectos de inversión deben presentar una evaluación del costo-beneficio “donde se muestre que son susceptibles de generar un beneficio social neto bajo supuestos razonables”, además de registrarse en la cartera que integra la SHCP para su inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

El Senado contestó a la ASF que el Fideicomiso inició operaciones en 1994 y la Legislación vigente no contemplaba estas obligaciones. Sin embargo, se mantuvo la observación dado que el Senado no aclaró cómo se corrigió dicha situación para adecuarlo a la normativa vigente.

Respecto de las observaciones hechas por la ASF, el senador González Morfín, presidente del Comité Técnico del Fideicomiso, declaró que éstas ya han sido solventadas.

El líder del grupo parlamentario del PAN expresó que, “afortunadamente”, el Senado optó por un esquema de fideicomiso para la construcción de la obra. Por ello, es el Banobras, como fiduciario, “el que tiene que dar la cara por el manejo del dinero”.

No obstante, el senador reconoció que el Comité Técnico es responsable de vigilar el uso de los recursos entregados a través del Fideicomiso.

Puente Martínez advierte la ausencia de una estructura de rendición de cuentas en la construcción de la nueva sede del Senado, ya que las reglas no establecen ningún tipo de responsabilidad para los senadores, sino sólo para la empresa constructora, no obstante que son los legisladores quienes decidieron contratarla.

“En una estructura de rendición de cuentas –concluye Puente–, tiene que haber reglas, responsabilidades y responsables; en este caso, no hay ninguna de las tres.”

Fuente: Contralínea 227 / 3 de abril de 2011

Narrar el fracaso

1. Lo que un país dice de sí mismo es lo que es y lo que volverá a intentar ser. Los políticos estadunidenses afirman, en cada discurso donde requieren de un momento retórico que eleve el entusiasmo del auditorio, que Norteamérica es la Nación más creativa del mundo y de la Historia. El resto de los bípedos pensantes del planeta podemos entrecerrar los ojos por la pena ante la arrogancia, pero los estadunidenses vuelven a afirmar en el siguiente discurso esa muletilla, esa creencia que cifra su identidad y les da un rumbo común.

Europa la antigua, Europa la apocada por dos guerras terribles el siglo pasado, Europa la humanista, se dice a sí misma que es el enlace de la tradición y de la invención de un mundo más piadoso y digno. Y la creación de la Unión Europea, cuya meta no es la hegemonía mundial, sino el bienestar y la dignidad de cada individuo, da a Europa su sentido presente y su programa futuro.

¿Qué nos decimos los mexicanos de los mexicanos? Acá hay que pisar con sumo cuidado, andar de puntitas, porque nuestra narrativa de nosotros mismos condena de antemano cualquier afirmación que use el plural de la primera persona.

Nos decimos que no podemos fraguar una narrativa común. Nos repetimos que no nos alcanza el talento ni el amor por el prójimo ni la consistencia para narrarnos y luego ser los que hemos narrado. Somos los relatores, una y otra vez, del fracaso común. Somos los historiadores de nuestro desencanto. Somos los engañados desengañados, cuya muy mexicana sobriedad es un estilo de la tristeza de ser nosotros. Y como cualquier Nación, aplicamos la meta-narrativa en que estamos insertados, a todo evento.

No es casual que el libro que aún presentamos a los extranjeros como aquel que nos descifra sea El laberinto de la soledad, que nos narra en la alta prosa de un premio Nobel como hijos de la madre indígena chingada, es decir violada por el conquistador, y en ruta directa al infierno de la Chingada de volver a jodernos a nosotros mismos.

2. ¿Cuál fue el último discurso en el que te sentiste profundamente emocionado y lleno de entusiasmo por el porvenir? La pregunta se la he hecho durante los últimos meses a mexicanos de todas las filiaciones ideológicas.

La respuesta más común señala el año de 1999: Vicente Fox apalabró entonces un sentir común innegable y una ruta de futuro posible, las dos condiciones de una narrativa compartible. Es verdad, su legado no fue una larga narrativa, memorables Fox dejó apenas unos cuantos momentos lingüísticos, pero contundentes. “Hoy, hoy, hoy”. “Saquemos al PRI de Los Pinos”. “A mí tal vez se me quite lo majadero, pero a ustedes lo maloso y lo corruptos, no se les va a quitar nunca”.

La segunda respuesta más frecuente señala el 2006, al discurso de Andrés Manuel López Obrador en un Zócalo de la Capital repleto hasta los copetes de los edificios que lo circundan. El justamente famoso discurso que llamaba a la moratoria de los odios entre los mexicanos, y terminó con un relámpago verbal. “Los amo, desaforadamente”. (Guardo como un tesoro la imagen de Carlos Monsiváis en un balconcito estrecho del Hotel Majestic, murmurando a la par de AMLO, del otro lado de la plaza, palabra por palabra de ese discurso que acaso redactó él o por lo menos corrigió hasta volverlo propio.)

3. Toda identidad nacional es hija de la Historia y de una ensoñación del Futuro. Por tanto, los mexicanos somos huérfanos: carecemos de un Futuro apalabrado y consentido, y vivimos oprimidos por la narrativa de un pasado de impotencia. De cierto, las últimas tres décadas vividas bajo el gobierno del PRI desbarataron nuestra fe en los grandes proyectos nacionales. La oratoria priista, rica en vocabulario e ideas, adolecía de la inverosimilitud. Narraba un México mentido y un México futuro increíble. En los rieles de la simulación, los largos y sonoros discursos del PRI no podían capturar la emoción de los ciudadanos ni avivar su entusiasmo. Para colmo, parte de la dinámica del priismo suponía la breve temporalidad de sus narrativas. Pasado su sexenio, el gran orador, el Presidente, era descabezado por el nuevo presidente y su retórica era empaquetada y lanzada al olvido.

Paralelo a las sucesivas narrativas priistas, se fue fraguando un discurso ciudadano del rechazo al poder. Ser intelectual y ser creíble en las postrimerías del siglo pasado, incluía un gran No al gobierno y apenas un manojo de aspiraciones positivas. La fe en la democracia y en el reconocimiento de la diversidad social y la urgencia de un México menos pobre.

Así nos encontró la democracia. Sin una narrativa ciudadana de largo aliento para el momento en que los ciudadanos sí pudiéramos, nuestros anhelos encarnados por nuestros elegidos para el Poder; y sin una narrativa para el Poder, donde el Poder sí se ejerciera para el bien común.

4. Henos aquí, ahora, atrapados todavía en el Gran No. En la costumbre del rechazo mecánico a cualquier otro. En la descreencia del prójimo. En el descabezamiento de cualquier evento que sobresalga. En el remache cotidiano del desencanto. En la sobriedad del desengañado, esa austera tristeza reaccionaria.

No es casual que en este 2011 avancemos hacia una nueva sucesión presidencial entre discursos políticos que oscilan entre el repudio de los otros bandos y, al momento de trazar un futuro, un minimalismo patético. Aterrados por la guillotina que es la opinión pública, hasta hoy ningún precandidato se atreve más que a apalabrar sus odios (que no vuelva el PRI; que se vaya el PAN; qué susto el populismo de la Izquierda) y a balbucear lugares comunes sobre el futuro.

Si ningún nuevo aspirante nos asombra, para el 2012 podremos elegir entre candidatos que nos garantizan una sola cosa: que los otros candidatos no serán electos.

5. Cuéntame una nueva historia, le pide el Sultán a Scherezada en Las mil noches y una noche de Vargas Llosa. Asómbrame, sácame de la sombra del pasado. Cuéntame de un lugar iluminado a donde tú y yo podamos caminar sin que tú o yo saquemos de entre nuestras ropas una cimitarra para cortarle al otro la cabeza.

El turismo mexicano, en el banquillo de los españoles

Varios de los interlocutores españoles de Felipe Calderón desmienten algunas de sus afirmaciones sobre el turismo y la violencia. Mientras el diario El País no deja de cubrir las atrocidades del crimen organizado en México, grandes empresarios señalan que el sector no se ha recuperado, y un estudio de BBVA Research publicó que el turismo ha perdido participación en la economía, que se ha reducido la competitividad internacional de México en el ramo y que, aun cuando se habla de un flujo de turistas de 21.5 millones de personas, “42% de estos visitantes fueron fronterizos...”

MADRID, 7 de abril (Proceso).- Tal como lo hizo con Brasil en mayo de 2010, el periódico español El País inició en marzo pasado un aparatoso despliegue informativo sobre México, que en buena medida coincide con el intento del gobierno de Felipe Calderón para contrarrestar la mala imagen generada por la guerra del narcotráfico, difundida por medios de comunicación en todo el mundo.

En el foro que llevaron a cabo El País y BBVA-Bancomer en el Club de Banqueros del Distrito Federal, Calderón les confió a los asistentes que en caso de no ser político hubiera sido periodista. Ese 16 de marzo el mandatario clausuraba el foro México, Puerta de América, y añadió que su periódico se habría llamado Balance: en la primera plana pondría, de un lado, “todas las noticias malas”, en el otro “todas las noticias buenas”. Por supuesto, “en medio, las que no son ni buenas ni malas”...

Sin embargo, añadió, en el periodismo “se debe equilibrar y poner en perspectiva lo que es México, no ocultar ni ignorar los problemas que hay en el país”. Este comentario resultó significativo, ya que con el estadunidense The New York Times, el inglés The Guardian, el francés Le Monde y el semanario alemán Der Spiegel, El País es uno de los medios –además de La Jornada de México– que acordó con WikiLeaks la difusión de los más de 250 mil cables diplomáticos de Estados Unidos obtenidos mediante una filtración masiva.

En enero de 2010, en su reunión anual con el cuerpo diplomático, Felipe Calderón instruyó a sus integrantes a “hablar bien de México”. Recurrió a un ejemplo: “Jamás he escuchado a un brasileño hablar mal de Brasil. El día que en México empujemos todos igual, yo creo que las cosas se podrán poner en perspectiva”.

La embajada mexicana en España puso especial empeño en cumplir la instrucción –ya que este país es el segundo inversor en México, con alrededor de 38 mil millones de dólares entre 1999 y 2010– pero ha tenido poco éxito, dada la frecuencia con que se publica información sobre la violencia en diarios impresos como El Mundo y Público, lo mismo que en las televisoras y en los sitios digitales de noticias. Sin embargo, El País y su corresponsal Pablo Ordaz siguen destacando por su cobertura puntual de la escalada violenta en México.

El foro donde Felipe Calderón reveló su segunda vocación tuvo otro antecedente: la última semana de enero se realizó en Madrid un desayuno-coloquio sobre las “perspectivas y retos” de México en turismo y la repercusión de la inseguridad en ese rubro. Encabezaron este encuentro Juan Luis Cebrián, consejero delegado de Prisa, grupo editor de El País, y Javier Moreno, director general del matutino.

Una fuente informó a este corresponsal que este encuentro se organizó a raíz de que la secretaria de Turismo del gobierno calderonista, Gloria Guevara, reclamara que había un abismo entre la realidad mexicana y la percepción que difunden los medios sobre México como un país colapsado por la violencia. La fuente especifica que la funcionaria hizo el extrañamiento en el marco de su gira de trabajo por Francia y España, donde participó en la Feria de Turismo de Madrid (Fitur).

El 23 de enero, el periódico informó sobre el coloquio –cerrado a otros medios– y cabeceó: “México echa un pulso a la crisis”. La nota ensalzó las medidas del gobierno de Calderón para diversificar los ingresos reduciendo su dependencia del mercado estadunidense y promoviendo zonas turísticas poco conocidas.

El diario convocó para ese encuentro a los principales directivos españoles del ramo turístico, como Juan Miguel Villar Mir, propietario del Grupo OHL; Andrés de Soraluce, presidente de OHL Desarrollos; Carmen Riu, consejera delegada de Riu Hotels & Resorts; Simón Pedro Barceló, presidente del Grupo Barceló Hoteles; Gabriel Escarrer, de Sol Meliá; Manuel López Aguilar, director Comercial y de Clientes de Iberia; Jordi Llorens, director regional de Viajes El Corte Inglés; Fernando Conte, presidente de Orizonia; Alfonso Rivera, directivo de Globalia; José Minués, director general de muchoviaje.com, además del embajador Jorge Zermeño y funcionarios de la legación mexicana en Madrid.

Barceló –que tiene 13 hoteles en México– y Carmen Riu coincidieron en demandar mayores esfuerzos para mejorar la rentabilidad social y el PIB del turismo, porque, dijo el primero, “el número de visitantes no es el indicador idóneo de éxito o fracaso”. Riu observó que el beneficio económico general no se ha recuperado, lo que se “arrastra desde la gripe A”.

Aunque la perspectiva general que los empresarios manifestaron en ese encuentro es optimista para México, Gabriel Escarrer mostró su preocupación por la inseguridad . “Lo peor que nos podría pasar después de la gripe A es que se empiece a hablar de narcoterrorismo”, dijo el empresario de Sol Meliá, según El País.

A su vez, Guevara insistió en las bondades de este sector en México, en el objetivo de ubicar al país entre los primeros cinco del mundo y en relativizar la violencia, que sólo ocurre, aseguró, “en 80 de los 2 mil 500 municipios”. Sin embargo, la funcionaria “pidió consejo sobre el esfuerzo de comunicación que debe hacerse a la hora de abordar este asunto” y Juan Luis Cebrián le aconsejó la máxima “transparencia” a la hora de comunicar la situación, “no tratar de quitarle hierro a las cosas de violencia e incentivar la celebración de eventos en zonas donde exista esa percepción de violencia para combatir esa imagen”.

En esa edición se incluyó una entrevista con Guevara, en la que señaló que la seguridad es “un tema que preocupa a todos los países del mundo con destinos turísticos, y México no es una excepción”.

El domingo 13 de marzo, El País publicó un suplemento especial de 24 páginas: Invertir en… México. En la portada, una foto de las torres de Satélite iluminadas y el encabezado “Un país que emerge”.

En interiores se elogia al país como “refugio” de empresarios españoles ante las actuales dificultades financieras de la península y hay una entrevista en la que el secretario de Economía, Bruno Ferrari, se explaya sobre la recuperación económica. También se incluyen reportajes sobre el sistema financiero mexicano dominado por BBVA Bancomer; la apuesta energética de las empresas españolas que se consolidan como el segundo inversor en el país, y acerca de los efectos negativos del monopolio de Telmex en su sector.

Pedro Zuazua, director de comunicación de El País, dijo a Proceso que el foro México, Puerta de América se impulsó por la “notoria relación” del periódico con la nación americana y que se organizó con BBVA Bancomer como se ha hecho con otros foros de la misma índole en España con Caja Madrid.

Zuazua afirmó que no está enterado del reproche de la secretaria Guevara a los directivos del periódico, y añadió que “independientemente de este evento, si consideramos que algún acto de violencia, por ejemplo, en Ciudad Juárez, es noticia, la seguiremos publicando con todo rigor periodístico”.

Cuentos para turistas

El domingo 27 apareció en la sección Domingo del periódico español una amplia entrevista de su director, Javier Moreno, con Felipe Calderón. Bajo el encabezado Para ganar una batalla tienes que ir por ella, el texto se desplegó en cuatro páginas.

En ellas el mandatario mexicano presume sus logros, reparte culpas sobre lo que “no se hizo antes” contra el crimen organizado y asevera que México no se ve a la cabeza de muchos rubros porque se tiene una percepción equivocada del país.

En relación con el encuentro en el Club de Banqueros, El País publicó en su portal de internet el 17 de marzo y en la sección impresa Negocios del día 20 que el presidente y director general de BBVA Bancomer, Ignacio Deschamps, se lució profetizando: “México está condenado a crecer”. Lo paradójico es que BBVA, patrocinador del foro, dio a conocer en enero pasado un estudio que desmonta varios mitos de la administración de Calderón en materia de turismo.

BBVA Research, el área especializada del banco español, elaboró el estudio Situación regional sectorial México, donde desmiente que el turismo sea uno de los sectores económicos que crece con mayor rapidez. Por el contrario, dice la unidad de investigación, el dinamismo de esta actividad es “modesto” y “perdió participación en la economía”. Entre 1993 y 2010, especifica, la actividad productiva total del país creció casi un punto por arriba del turismo: 2.4% contra 1.6%, respectivamente. A consecuencia de ello México “perdió competitividad internacional”.

En cuanto a la gran generación de empleos que se le atribuye a la actividad turística, el reporte establece que en 2008 el sector generó 2.5 millones de empleos, que representan sólo 6.9% del empleo nacional “y se encuentra por debajo de la aportación al PIB”. Por tratarse de una actividad del sector de servicios se esperaba “una cifra un poco mayor”.

El tercer mito consiste en que el turismo es “un importante generador de divisas”. La realidad es que en 2009 y hasta septiembre de 2010, el sector generó 20 mil millones de dólares, “una cifra importante –se reconoce en el estudio–, pero por debajo de los ingresos generados de las exportaciones petroleras, las remesas familiares o la inversión extranjera directa”.

Cuarto mito: México es uno de los principales destinos turísticos del mundo. Según el estudio, el país “ocupó el décimo lugar en el flujo de turistas internacionales, con 21.5 millones de personas, sin embargo, 42% de éstos visitantes fueron fronterizos y sólo aportaron 6% de los ingresos totales”.

“En 2009, México recibió el 2.4% de los viajeros internacionales, pero (sólo) 1.3% de los ingresos, y ocupó la posición número 20 en dicha variable, la 31 en egresos por turismo y la 51 en competitividad y en habitaciones por habitante.”

En el apartado de “choques internos y externos” que hicieron que 2009 fuera un año difícil para el turismo, BBVA Research menciona como los principales a la recesión mundial, la epidemia de influenza, “la inseguridad, la lucha contra el narcotráfico y la suspensión de actividades de Mexicana de Aviación”.

Las víctimas de la guerra contra el narco no son daños colaterales: Sicilia

Javier Sicilia, escritor.

La Redacción

MÉXICO, D.F., 6 de abril (apro).- En los discursos que leyó Javier Sicilia por el homicidio de su hijo, Juan Francisco, exigió a las autoridades dejar de llamar “daños colaterales” a las víctimas por la guerra contra el narcotráfico. Son, aclaró, personas de carne y hueso, con sueños, no estadísticas.

El poeta envió a Proceso las líneas que pronunció durante las protestas para exigir un cese a la derrama de sangre.

En su discurso, criticó que México no pueda darle a la juventud “la vida que se merece”. Llamó a este sector de la población a emprender movilizaciones contra la violencia, porque los jóvenes “han movido montañas”.

Y emplazó al gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, a presentar antes del 13 de abril a los responsables del asesinato de su hijo. De lo contrario, le exigirá renunciar al cargo.

A continuación, los tres discursos que pronunció Javier Sicilia:

A las Fuerzas Armadas de México

Ustedes han sido siempre los custodios de la paz de la nación. Por ello, nunca habríamos querido verlos fuera de sus cuarteles más que para repeler una invasión extranjera o para ayudarnos, como lo han hecho siempre, en las catástrofes naturales. Ahora los han sacado a la calle para combatir lo que a las policías pertenece. No los queríamos allí, pero allí los han puesto, provocando con ello una escalada en la violencia al incitar al crimen organizado a enfrentarse a ustedes con armas más poderosas. Son ya cuatro años de guerra y lejos de disminuir, el consumo y tráfico de drogas ha aumentado, lejos de sentirnos seguros, nos sentimos con miedo y coraje ante la impotencia de verlos pelear en nuestras calles. Por ello les exigimos, como ciudadanos de esa patria que defienden y custodian todos los días, que no permitan que en sus filas anide el crimen y crezca la complicidad.

Muchos de los asesinos que hoy dañan a la nación de manera terrible en nuestros hijos e hijas, provienen de la deserción de sus filas. La crueldad con la que esos desertores actúan tiene un origen que debe ser revisado cuidadosamente y sanado dentro de sus instituciones para que la deserción no se repita ni los códigos de honor que deben ser parte de la educación de las fuerzas armadas no se traicionen nunca ni en ninguna situación.

Bajo el peso de los casi 40,000 muertos que llevamos a nuestras espaldas, en medio de las mal llamadas bajas colaterales que su intervención en esta guerra ha producido, en medio del horror y del infierno que parecen no tener fin, en medio de la inseguridad que se ha apoderado del espacio y del tiempo de nuestra nación hasta convertir los espacios públicos y las horas, en los lugares y las horas equivocadas, en medio de esta miseria, ustedes deben devolvernos la confianza de que realmente custodian a la nación y de que no debemos temerles cuando nos encontramos frente a ustedes.

Esa confianza, custodios de la patria, sólo podrá ser devuelta cuando ustedes dejen de mirarnos como meras estadísticas de guerra y cuiden las sagradas vidas de los jóvenes que son la vida de nuestra nación. Nuestros muertos, los muertos que llevamos todos en nuestro corazón a causa de esta absurda guerra, esos muertos que nos duelen, recuérdenlo bien, no son bajas colaterales, no son cifras, no son números en un expediente, no son abstracciones. Son seres humanos con un nombre, una historia, un rostro y sueños. Recuerden también que detrás de cada una de esas vidas cegadas hay padres, madres, hermanos, familias que como la mía y la de los muchachos que murieron también asesinados al lado de mi hijo Juan Francisco el 27 de marzo están amputadas y no podrán ya ser las mismas en la felicidad que merecían y les correspondía. Por ello, por ese dolor sin límite, hoy más que nunca el respeto a los derechos humanos debe obligarlos absolutamente a evitar esa tragedia que llaman irresponsablemente daños colaterales.

El dolor, custodios de la patria, que nos ha hecho salir a las calles y detenernos un momento delante de su casa es para finalmente decirles que el dolor no debe servir para sembrar odio sino para encontrar la paz, el amor y la justicia que perdimos.

A LA PGJEM y la PGR.

Uno de los males fundamentales que tiene sumida a la nación en el dolor, en la muerte, en el miedo, en la desconfianza y la incertidumbre es no sólo la falta de una verdadera y sólida procuración de justicia en nuestro país, sino la corrupción que desde hace mucho tiempo se ha instalado en el corazón de sus instituciones. Esta obviedad que está en la mente, en la piel, en el dolor de los ciudadanos como una herida que no cierra, lleva cargando sobre sus espaldas no sólo casi 40,000 muertos, sino otros tantos miles de casos no resueltos por omisión, por comisión o por complicidad con el crimen. Los mejores de ustedes han tratado de sanear ese corazón fundamental para la vida de la sociedad. Pero se ha logrado poco. No sólo la mayoría de los casos quedan sin resolver y se archivan como si los sufrimientos y los agravios de seres humanos fueran sólo eso, casos, no vidas humilladas que piden la restitución de una dignidad perdida o arrebatada, sino que muchas veces también los asesinos que arrancan la vida de nuestros hijos salen de sus propias filas. Así lo expresó hace unos días el propio Procurador de Justicia de Morelos cuando en relación con la muerte de mi Juanelo, de Luis, de Julio y de Gabo, definió a sus asesinos como “personal que estuvo involucrado en instituciones públicas” y que pueden ser “policías, agentes ministeriales o militares”, para luego desdecirse por temor o compromisos con lo políticamente correcto.

Impartir justicia después de conocer la verdad de los hechos es probablemente la mayor responsabilidad que una autoridad puede tener. Cuando no se asume esta responsabilidad y, como ha sucedido a lo largo de décadas en esta nación, se conciente la impunidad, tenemos esta sociedad que alienta la violencia y debilita, como nos está sucediendo ahora, a todas las instituciones de la nación. Y sin justicia ni paz, yo les pregunto por todos los ciudadanos, ¿cómo se puede vivir?

Sabemos que en estos tiempos en donde por este consentimiento está desgarrado el corazón de nuestro país y se ha instalado en él la violencia irracional y el miedo, no es fácil ser un buen policía, un buen juez, un buen abogado, un buen fiscal. Sin embargo, no tenemos otra opción; ninguna otra opción. Si no tenemos policías, jueces, abogados, fiscales, honestos, valerosos y eficientes; si se rinden al crimen y a la corrupción, están condenando al país a la ignominia más desesperante y atroz.

Señor procurador de Morelos, señores procuradores de cada rincón del país, policías y miembros de los ministerios públicos cumplan con la justicia que no han procurado y que hoy les reclamamos. Sólo así tendrán de nuevo nuestra confianza y sabremos que no nos encontramos solos e inermes como hasta ahora nos encontramos. Reconozcan el lugar que tienen como pilares de esta casa que llamamos México

El dolor que nos ha hecho salir a las calles es, como se lo dijimos a las fuerzas armadas, al detenernos delante de su casa, no debe servir para sembrar el odio y fomentar el crimen sino para encontrar el amor, la paz y la justicia que perdimos.

Cumplan con su trabajo dignamente.

EN EL ZÓCALO

Los espantosos asesinatos de mi hijo Juan Francisco Sicilia Ortega, de Luis Antonio y Julio César Romero Jaime, y de Gabriel Alejo Escalera, han llenado de indignación y de dolor a la ciudadanía de Morelos y de la nación entera. Sus nombres, sus historias y sus sueños destrozados, que el amor de la ciudadanía sacó a la luz pública, ha hecho posible que se pusiera también nombre, historias y sueños a otros miles de muchachos asesinados y criminalizados por la violencia que se ha apoderado del país, de sus instituciones y de la imaginación del narcotráfico y de esa mal llamada clase política. Hasta antes de ellos, con algunas excepciones, esos muertos eran, como lo dije delante de las casa del ejército y de la justicia, simples cifras, simples abstracciones, bajas colaterales o criminales, “escorias”, como estúpidamente se les ha llamado. A partir de ellos, esas cifras son lo que siempre han sido y siempre deberán ser: vidas humanas cegadas y familias destrozadas, dolor que día tras día se ha ido acumulando en los corazones de todos los ciudadanos de este país. Juan Francisco Sicilia Ortega, Luis Antonio y Julio César Romero Jaime, Gabriel Alejo Escalera, no sólo son desde que los encontraron asesinados el nombre de todos esos muertos anónimos cuyos casos se encuentran en los archivos de las procuradurías y del ejército y en la desmemoria de nuestros gobernantes, son también el nombre de nuestros muchachos vivos, de nuestra juventud que corre el mismo peligro y a quienes no estamos dándole la vida que merecen. Porque mientras los pocos muchachos –cada vez menos– que pueden alcanzar un alto nivel educativo, carecen de empleo, son subcontratados o subpagados y están en peligro de ser asesinados como fueron asesinados nuestros hijos, los muchos otros que no pueden siquiera acceder a la educación y a la cultura, ni siquiera a un empleo subpagado, se encuentran a la deriva, con el horizonte roto, seres humanos que están o pueden ser reclutados por el crimen organizado para matar y terminar también asesinados.

No hablo de una fatalidad. Es lo que hemos construido con la corrupción de las instituciones, con el desgarramiento del tejido social, con la mezquindad de los pleitos y los intereses políticos que sólo buscan enriquecerse con la desgracia, el temor y la simulación; eso es lo que hemos construido cuando decidimos desalojar las virtudes de la educación y decidimos que sólo el dinero, la producción desmesurada, la competencia y el consumo sin límites serían nuestros dioses; eso es lo que hemos construido cuando hicimos del egoísmo y del enriquecimiento una virtud y arrojamos las riquezas de la cultura, de la educación, de la amistad, de la convivencia y de la solidaridad al terreno de las cosas inútiles.

Cuando los seres humanos tienen que levantarse día con día para hacer vivir a sus hijos con salarios miserables y saber que quizá no regresarán porque nuestras autoridades no están haciendo lo correcto; cuando los criminales, a fuerza de impunidad, han perdido sus códigos de honor; cuando, por lo mismo, deben vivir de lo que los católicos llamamos la esperanza en Dios, porque los gobernantes y los empresarios no pueden darle ya a sus compatriotas una esperanza humana, que es la sombra de la esperanza de Dios, cuando esto sucede, y es lo que está sucediendo, es señal de que empezamos ya a habitar en el infierno.

Desde que mi hijo Juan Francisco y Luis y Julio y Gabo fueron asesinados, sentí a cada uno de los muchachos y muchachas, y a cada niño y niña de esta nación como miembros de una misma familia –mi familia, mis hijos– que debemos cuidar para que sus sueños no se conviertan en la pesadillas que desde hace tiempo ha comenzado a invadirlos. No podemos permitir más que un muchacho, una muchacha, un niño o una niña sean asesinados. A ellos, los jóvenes de esta nación, que saben usar las redes sociales del espacio cibernético, le pedimos que se convoquen, que se unan, que salgan a las calles y que recuerden que desde siempre las juventudes han movido montañas y le han devuelto la esperanza a la humanidad, como lo vemos hoy en otras latitudes. Aduéñense del presente y decidan el destino y la nación que ustedes quieren.

Cuando sucedió esta desgracia yo no me encontraba en el país y ustedes, que están aquí y a los cuales les agradecemos infinitamente, tomaron, como hermanos, mi causa que es la de todos. Ustedes también tomaron por mí y por los demás padres de familia que estaban sin voz la responsabilidad de exigirle al gobierno de Marco Antonio Adame –un gobierno hasta ahora omiso– el esclarecimiento de los crímenes que debe darse a conocer hoy.

Hasta el momento sólo se nos ha informado que se han identificado a dos de los asesinos, que se han girado las órdenes de aprensión para ellos, pero que los asesinos aún permanecen libres y que se desconocen los móviles de este asesinato irracional. Eso no nos basta. Por ello he decidido quedarme aquí en un plantón en esta plaza, delante de las ofrendas que han levantado por nuestros hijos, junto con todos aquellos que quieran acompañarme, y en oración, hasta el miércoles 13 de abril. Es el último plazo que le damos al gobierno de Marco Antonio Adame y de Felipe Calderón para que frente a nosotros, frente al pueblo de Morelos y el país entero, presente ante la justicia a los asesinos de nuestros hijos y a sus cómplices. Durante este plantón haremos lo que el gobierno y las mafias no hacen: escuchar a la inmensa mayoría de la gente. Para ello crearemos en ese mismo plantón un espacio de diálogo ciudadano donde debatir la manera para detener esta absurda guerra en la que la inmensa mayoría de los muertos los ha puesta la sociedad civil y para idear las acciones que construyan la paz con justicia en nuestra nación. Queremos que sea la opinión y la reflexión colectiva de toda la sociedad civil mexicana la que diga cuál será el próximo paso en esta lucha. Por ello invitamos a todo el pueblo de todas las edades y condiciones sociales a expresarse en el plantón y a través de un twitter llamado “@mxhastalamadre”. El miércoles 13 de abril, plazo que le hemos dado al gobierno estatal y federal para presentar a los asesinos, anunciaremos, en un acto público, las acciones que la sociedad civil propone. Los gobernantes deben de entender que son nuestros representantes, nuestros servidores, y que si son inútiles e ineficientes deben irse sean del partido que sean y de la ideología que sea. Un gobierno, como nos lo enseñó Gandhi, sólo existe porque lo aceptamos. Si les retiramos nuestro apoyo ¿qué queda de él?

Si no los presentan convocaremos a una marcha nacional en la Ciudad de México exigiendo la renuncia del propio gobernador y el alto impostergable a esta absurda guerra, en donde la inmensa mayoría de los muertos los ha puesto la sociedad civil. En el antiguo derecho romano existía una figura: el homo sacher (el hombre sagrado) cuyos crímenes el Estado no podía castigar, pero a quien cualquiera podía matar y quedar impune; un ser que al mismo tiempo que estaba excluido de todos sus derechos civiles era sagrado en un sentido negativo. Hoy en México todos somos de muchas maneras hombres sagrados, es decir, seres desnudos, carentes de protección política y susceptibles de ser asesinados por cualquiera. Hoy también, los ciudadanos que estemos en plantón en esta plaza somos más que nunca –como lo fueron mi Juanelo, Luis, Julio, Gabo, la noche en que los asesinaron, como lo fueron también los niños de la guardería ABC, los hijos de las madres de Salvarcar, que hoy nos acompañan, de Martí, de la señora Wallace, de Gallo, de Nelson Vargas, de tantos muchachos anónimos con la vida cegada y de los casi 40,000 asesinados de este país– hombres sagrados y desnudos. Lo somos porque las autoridades del Estado así lo han decidido con su ineficiencia y porque ante sus omisiones quedamos expuestos a la irracionalidad de los criminales que han perdido cualquier proporción y límite. Si alguien puede protegernos y custodiarnos en estos momentos son millones de conciencias que, gracias a los medios, están atentas a lo que pueda sucedernos.

Hace unos días –y estoy por terminar– leí en esta misma plaza el último poema que escribiré (dedicado a mi Juanelo) hasta que el cuerpo de este México desgarrado en sus inocentes resucite. Ese silencio poético no es, como muchos lo han interpretado, una claudicación, sino un grito. Hay silencios más profundos y significativos que la palabra que viene de él y en él se recoge.

Desde ese silencio poético donde la palabra aguarda hacemos un llamado a las autoridades del país, al Presidente de la República, al Congreso de la Unión, al poder judicial, a los Congresos locales, a los Gobernadores, a los Presidentes Municipales, a los líderes de los partidos políticos, a sus miembros, a los llamados poderes fácticos, a los sindicatos, a los jerarcas de las Iglesias, a los empresarios, a los capos y a las mafias de toda laya para que escuchen. Este silencio doloroso y terrible está gritando cuatro hermosas y profundas palabras: dignidad, paz, justicia y concordia. Ese es el grito que está en el latido de nuestro amado México, el grito de nuestros hijos a quienes la inmisericorde violencia les asfixió la palabra en los pulmones y el de los que estamos aquí, de pie, sembrando nuestra esperanza y gritando por ellos.

martes, abril 05, 2011

Negligencia en la PGR podría alcanzar a Felipe Calderón

Al ahora extitular de la Procuraduría General de la República, Arturo Chávez Chávez, se le podrían fincar responsabilidades penales por dejar de abrir investigaciones de cada uno de los miles de homicidios vinculados con la delincuencia organizada, aseguran legisladores. Incluso, el propio titular del Poder Ejecutivo, Felipe Calderón, podría enfrentar juicio político y ser denunciado ante la Corte Penal Internacional, explican especialistas. Las decenas de miles de asesinatos cometidos con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y relacionadas con delitos contra la salud, deberían ser investigadas de oficio –como establecen las leyes– por el Ministerio Público federal, algo que se dejó de hacer por negligencia e incapacidad.

Isabel Argüello

La “guerra” de Felipe Calderón Hinojosa contra el narcotráfico había provocado la muerte de 34 mil 612 personas hasta diciembre de 2010. A la cifra oficial habrán de sumarse los más de 3 mil casos ocurridos en lo que va del año.

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Procedimientos Penales, ninguno de los asesinatos puede dejar de investigarse, y para ello debe existir cooperación entre las autoridades locales y la Procuraduría General de la República (PGR), como Ministerio Público Federal.

Sin embargo, el órgano de procuración de justicia no ha tenido la capacidad de administrativa de hacer frente a las decenas de miles de asesinatos cometidos durante los más de cuatro años de gobierno de Felipe Calderón. De acuerdo con el legislador panista Felipe González González, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado de la República, la PGR ha levantado averiguaciones previas de apenas el 7 por ciento de los casos (alrededor de 2 mil 600). El senador justifica la cifra, pues, considera, los demás casos deben ser abordados por las autoridades locales.

Sin embargo, legisladores de oposición y abogados consideran que por estas “omisiones” se le podrían fincar responsabilidades penales a los titulares de la Procuraduría durante lo que va del calderonismo: Eduardo Medina Mora y Arturo Chávez Chávez.

En junio de 2010, el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional y la PGR dieron, de manera conjunta, las cifras de muertos del combate contra el crimen organizado ocurridas hasta esa fecha. Los datos oscilaron entre los 28 mil y 31 mil.

Entonces, la PGR buscó “justificarse”. Argumentó que la “presunción” de que los homicidios están relacionados con el crimen organizado ?boletín 740/10? no basta para que intervenga en la investigación; tampoco, si se relacionan jurídicamente con delitos federales. Los artículos 73 constitucional y 10 del Código Federal de Procedimientos Penales establecen la facultad de la PGR para atraer los casos en los que existe un homicidio de personal diplomático, servidores públicos federales, policías o elementos de las Fuerzas Armadas; pero no es aplicable para el resto de la población, interpretó. “Cuando se trata de civiles inocentes, la facultad de investigación corresponde a las autoridades locales”, justifica el boletín de junio de 2010.

Sin embargo, el abogado Sergio Méndez Silva, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), indica que sí correspondería a la PGR las investigaciones de los cerca de 35 mil ejecutados. Agrega que, de no integrarse las averiguaciones, los servidores públicos sí tienen responsabilidad administrativa, política, civil y penal, “incluyendo al propio presidente de la República”.

El legislador panista Santiago Creel Miranda, integrante de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, reconoce que cada caso debe evaluarse porque, “en algunos, no se actúa como lo marca la Constitución”.

Desde enero de 2011, en la página de la Presidencia de la República se presenta la Base de datos de estados y municipios sobre homicidios presuntamente relacionados a la delincuencia organizada, en la cual se cuantifica la muerte de 34 mil 612 personas (546 agresiones, 3 mil 153 enfrentamientos y 30 mil 913 ejecuciones).

Los estados que concentran el mayor número de homicidios son Chihuahua, con 10 mil 135; Sinaloa, 4 mil 387; Guerrero, 2 mil 739; Baja California, 2 mil 19; Durango, 1 mil 892; Michoacán, 1 mil 751; Estado de México, 1 mil 538; Tamaulipas, 1 mil 457; Sonora, 1 mil 258; y Jalisco, 1 mil 73.

Las estadísticas nacionales que proporciona la PGR en su página electrónica muestran que se iniciaron 514 mil 591 averiguaciones previas, entre 2007 y 2010, de las cuales 248 mil 367 son por delitos contra la salud (producción, transporte, tráfico, comercio, suministro, posesión, consumo y otros). No se detalla el número de casos por homicidios.

El artículo 4 de la Ley Orgánica de la PRG señala que a la Procuraduría le corresponde investigar y perseguir los delitos de orden federal, en la averiguación previa y ante los órganos jurisdiccionales. En el artículo 11, se indica que debe contar con unidades administrativas que atiendan las diferentes manifestaciones de la delincuencia organizada.

“El homicidio es un delito del fuero común. La primera responsable de hacer la investigación es la Procuraduría estatal; pero como tiene sus propios tiempos, va a depender de las características sociales o políticas de ese momento para que se ocupe de los casos o para que la PGR pueda atraerlos. El problema de los homicidios que estamos viendo producto de toda la violencia del narcotráfico es responsabilidad de las autoridades estatales, y en segunda instancia, sí de la Procuraduría federal”, expone Martín Gabriel Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que en tiempos de paz, el Ejército sólo puede realizar actividades que tengan exacta conexión con la disciplina militar. No obstante, la Suprema Corte ha interpretado que es posible que el Ejército esté en las calles en circunstancias como las actuales.

“No existe la imparcialidad en el derecho, pues quienes interpretan las normas pueden llegar a concluir en función de sus intereses específicos y políticos. Hay impunidad absoluta. El Estado hace lo que le viene en gana: investiga sólo si quiere; no existe ningún tipo de control legal y queda en la impunidad la muerte de los civiles”, puntualiza Méndez Silva.

Al tratarse de delitos graves, corresponde a las autoridades ministeriales integrar las investigaciones de manera oficiosa y se toma en cuenta el contexto. Para el senador por el Partido de la Revolución Democrática René Arce Islas, secretario de la Comisión de Seguridad Pública, “habrá que ver si en algún momento los casos han sido archivados sin ninguna averiguación al respecto. Hay que ver si lo están tomando como una especie de estadística. Eso sí sería muy delicado porque va en contra de la posibilidad de que aquí se persiga el delito, y eso habla de la impunidad que existe en el país”.

Felipe González González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Senado, calcula que el 93 por ciento de los homicidios es del fuero común. El legislador integrante de la bancada del Partido Acción Nacional se apresura a señalar que “el Estado mexicano no ha fallado”. Pero, reconoce, “han fallado leyes que no se cumplen”.

Agrega que la “guerra” contra el narcotráfico ha beneficiado también a los gobiernos de los estados. “La única estrategia que le funciona a los gobernadores es pedir Ejército y Policía Federal cuando se les aprieta con los criminales. Ése fue el acuerdo con el presidente”.

El priista Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez, secretario de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, dice que no cuestiona que se haya decidido enfrentar al crimen organizado con la fuerza del Estado; pero sí, la manera en que se ha hecho.

Santiago Creel, integrante de la Comisión de Justicia del Senado de la República, indica que es necesario que tras la salida de Arturo Chávez Chávez de la PGR, “llegue un tipo que eche para fuera toda la escoria y meta personal nuevo para que funcione. No es el procurador el que falla, pero sí tiene que llegar un individuo que se dé cuenta de que no está caminando la Procuraduría”.

Antes de que presentara su renuncia, Contralínea solicitó entrevista con el entonces procurador Chávez Chávez a través de la Dirección General de Comunicación Social. Elisa Torres y Rocío Cabrera dijeron que, por cuestiones de “agenda”, quien daría la entrevista sería Ricardo Celso Nájera Herrera, titular del área. Sin embargo, hasta el cierre de edición, no hubo respuesta.


Juicio político, una opción

Para la diputada por el Partido de la Revolución Democrática Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, secretaria de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, el Ejecutivo y a las instancias encargadas de la seguridad pública y nacional podrían enfrentar un juicio político por los muertos en “esta guerra absurda”.

“Al gobierno federal le ha faltado hacer un planteamiento integral de combate a la delincuencia organizada. No hay una estrategia; es un ataque con tintes políticos que sirvió para legitimar la estadía de Calderón en la Presidencia de la República. Pero como no se ha podido consolidar como un auténtico presidente de los mexicanos, ha tenido que utilizar al Ejército y a las Fuerzas Armadas para poder tener trato con los civiles.”

El título cuarto de la Constitución y el título segundo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establecen el procedimiento ante el Congreso de la Unión para iniciar un juicio político y la declaración de procedencia. Este proceso sólo podrá iniciarse durante el periodo en el que el funcionario desempeñe su cargo y un año después de que concluya. El presidente goza de inmunidad y sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común, pues se estima peligroso para la seguridad nacional el darle trato igualitario a quien representa el Estado nacional.

“Tendríamos que llevar al presidente de la República a un juicio político. Consideramos que habría que realizar la petición para que se le procese, pero por la composición de los grupos parlamentarios en el Congreso (237 diputados del Partido Revolucionario Institucional, 142 de Acción Nacional y 69 de la Revolución Democrática) no sería tan factible”, reconoce la legisladora Dolores de los Ángeles Nazares.

La perredista Teresa del Carmen Incháustegui Romero explica que el presidente de la República y su Procuraduría “se han metido en un gran lío” que podría derivar en una denuncia ante la Corte Penal Internacional.

La Corte Penal Internacional, organismo multilateral, se creó luego de la Segunda Guerra Mundial. Su función es enjuiciar el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y de guerra. El Estatuto Roma de 2002 establece responsabilidad penal a jefes de Estado, en forma individual, cuando se den violaciones graves a los derechos humanos. El fiscal de la Corte puede iniciar una investigación, siempre y cuando cuente con información previa y el testimonio de la víctima, su familia o una organización no gubernamental.

En el actual contexto de la “guerra” en México, suceden delitos que la Corte Penal Internacional investiga: asesinato, exterminio, traslado forzoso de población, privación de la libertad física, tortura, desaparición forzada. En los crímenes de guerra, cometidos en conflictos armados internacionales e internos, se anexa el dirigir ataques contra la sociedad civil y causar daños a personas indefensas.

“En circunstancias como las nuestras, existe una guerra por la vía de los hechos porque hay grupos claramente diferenciados (bandas del crimen organizado, el Ejército Mexicano y la Policía Federal) que están en conflicto. Eso implica que no solamente Calderón tendría responsabilidad penal por crímenes de guerra, sino también los jefes de los cárteles del narcotráfico, porque nadie puede atentar en contra de civiles. En realidad, existe una guerra civil en este país y el crimen organizado es una insurgencia que controla políticamente amplias zonas del territorio nacional. Eso es gravísimo e implicaría que los grupos contendientes sean juzgados”, señala Sergio Méndez.

Para el abogado de la CMDPDH, existen candados porque México acepta la competencia de la Corte Penal Internacional sólo en casos específicos. Quienes tienen el poder mundialmente y respaldan a Calderón en esta guerra ilícita, agrega, no admitirán una intervención judicial de este tipo porque no les conviene a sus intereses. Así, lo que se ha denominado “daños colaterales” no ha sido sometido a investigación federal y tampoco se han fincado responsabilidades.


ASF reprueba a la PGR

En la auditoría de desempeño realizada a la PGR por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el organismo fiscalizador de la Cuenta Pública encontró que de las 178 mil 409 averiguaciones previas levantadas durante 2009, apenas en el 21 por ciento (38 mil 724) se consignó un supuesto responsable

En la auditoría 09-0-17100-07-1086, se establece que “la ASF estimó que, de cada 10 casos, dos llegan a consignarse y uno recibe sentencia”.

“El proceso de investigación del delito es complicado. Los propios ministerios públicos se quejan porque tienen 48 horas para integrar una averiguación previa y eso es tiempo insuficiente; por eso, las figuras del arraigo para poder investigar. No todas las denuncias que se presentan por delito necesariamente proceden. Quien determina si se procede o no es el juez, no el Ministerio Público”, detalla el investigador Martín Barrón.

Según la Auditoría Superior, la Procuraduría no determinó el número de consignados y sentenciados; no evaluó la calidad en la integración de las averiguaciones previas ni la profesionalización de su personal. Tampoco dispuso de estrategias y metas para atender las “debilidades detectadas” en las visitas de supervisión y evaluación de las averiguaciones previas.

Fuente: Contralínea 227 / 3 de abril de 2011

Tribunal Electoral: el imperio personal de María del Carmen Alanís

La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís, fue exhibida por reunirse en sigilo con emisarios del gobernador Enrique Peña Nieto, acusado de violar la Constitución y cuyo caso debe resolver esa instancia. El hecho no es nuevo: en su búsqueda de poder a toda costa, la magistrada ha tejido una red de exsocios, familiares, amigos y familiares de amigos que ya abarca distintos ámbitos de los poderes Judicial y Ejecutivo, además de influir en los órganos electorales.
María del Carmen Alanís, presidenta del TEPJF.

Álvaro Delgado

MÉXICO, D.F., 5 de abril (Proceso).- Desde agosto de 2007, cuando asumió la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde pretende reelegirse, María del Carmen Alanís ha edificado un imperio personal mediante una red de relaciones con prominentes personajes de todos los partidos políticos, los tres poderes de la unión, la iniciativa privada y la academia.

No es raro, como se puede probar, que sean criterios políticos, afectivos y de negocios los que guían a menudo la actuación jurisdiccional de Alanís, quien está envuelta en un nuevo escándalo al ser pillada en una subrepticia reunión, el 9 de marzo, para presuntamente pactar con emisarios del gobernador Enrique Peña Nieto que el TEPJF lo exonere de violar la Constitución, como lo resolvió el Instituto Federal Electoral (IFE).

El elenco reunido en la casa de Alanís en una comida –no en una cena, como aclaró a sus compañeros magistrados– revela el signo de sus relaciones: El consejero del IFE Marco Antonio Baños, su exsocio en la empresa de consultoría Demos e identificado como allegado al senador Manlio Fabio Beltrones, y el expriista Enrique Ochoa Reza, aspirante a consejero y subordinado suyo en el TEPJF.

Otros asistentes priistas fueron los diputados federales Luis Videgaray, coordinador de campaña de Eruviel Ávila, candidato a suceder a Peña Nieto como gobernador del Estado de México, y Sebastián Lerdo de Tejada, representante de su partido ante el IFE y hermano de Fernando, empresario que cobra 240 mil pesos mensuales por asesorar a Alanís en cabildeo político y medios de comunicación.

Un quinto comensal de esa reunión, quien el miércoles 30 se reunió con Alanís para solicitarle que se excuse del juicio a Peña Nieto, según confirmó la propia Alanís a la cúpula del Partido Acción Nacional (PAN), fue Frank del Río, uno de sus amigos que supuestamente opera, junto con Benito Neme Sastré, a favor del gobernador priista.

La revelación por el diario Reforma de ese sigiloso encuentro en el penthouse de Alanís, puesta bajo sospecha por el PAN –que la ha apoyado por impulso de Margarita Zavala, su amiga desde la niñez–, la obligó a proceder de manera equívoca y causó disgusto entre magistrados.

Cuando, el viernes 17, ese diario publicó en la columna institucional Fray Bartolomé detalles de la reunión, Alanís inició un periodo vacacional hasta el día 22, pero regresó a su oficina un día antes, cuando en la columna Tolvanera, de Roberto Zamarripa, con el título de La cena, se añadieron detalles del encuentro.

Sin importarle que el magistrado Alejandro Luna Ramos estaba en funciones de presidente del TEPJF por ministerio de ley, Alanís comenzó a impartir instrucciones para frenar el escándalo, como el envío de cartas al diario a través del coordinador de Comunicación Social, Octavio Mayén, pero magistrados como Flavio Galván le reclamaron.

–¡Yo soy la presidenta! –dijo.

–No estabas en funciones –le aclaró Galván–. ¿No sabes lo que es ser presidente por ministerio de ley?

–Perdón, me equivoqué –reconoció luego de una larga discusión.

El martes 22, dos días antes de que el PAN se lo solicitara formalmente, Alanís planteó a los magistrados, en sesión privada, excusarse de intervenir en el caso, del que es ponente, lo que internamente se interpreta como una argucia para no comprometerse con Peña Nieto, como lo ha hecho en casos en los que simplemente se ausenta.

Entre estos asuntos destacan la ratificación de multas a las televisoras, las impugnaciones del PAN en elecciones estatales o recursos promovidos por los adversarios de la corriente Nueva Izquierda del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que la apoya.

Por lo pronto, como se lo dijo Gustavo Madero, presidente del PAN, este partido desconfía de ella, pese a que, en la reunión del miércoles por la mañana, negó que en la reunión con los priistas y el consejero Baños se haya pactado exonerar a Peña Nieto.

El diputado federal Agustín Castilla, testigo de la reunión de la cúpula del PAN con Alanís, revela: “Maricarmen nos dijo: ‘Niego categóricamente lo que se me imputa de que hubo acuerdo e incluso ofrecimientos económicos. Es falso. Es una reunión como tengo muchas. A lo mejor no fue pertinente, se puede discutir’”.

Castilla dice que de todas formas la magistrada está en una encrucijada: “Si se excusa, habrá quien piense que está dando la razón a los argumentos que dicen que en esa reunión se trató el asunto del Estado de México; si no lo hace, también podría pensarse que tiene algún interés respecto al asunto”.

Pero, dice, aun “si el tribunal confirma la resolución del IFE habrá quien piense que se dejó presionar o que podría tener un acercamiento con el PAN; si revoca la resolución, se interpretará que confirma un acuerdo en el marco de esta reunión con representantes del PRI”.

Dispendios

El TEPJF puede revocar o ratificar que Peña Nieto violó el artículo 134 de la Constitución, que prohíbe el uso de recursos públicos para promoción personalizada, y el artículo 128 del Cofipe por pagar spots de televisión de cobertura nacional con motivo de su quinto informe de gobierno, como lo resolvió el IFE el 18 de enero. Más allá de cuál sea el fallo, Alanís afianza su poder dentro y fuera del TEPJF sin escatimar recursos.

Apoyada en los 2 mil millones de pesos de presupuesto del TEPJF para este año, Alanís ha hecho más obesa a la institución para colocar en la estructura laboral a sus amigos o de los magistrados, así como para pagar jugosos contratos a empresas y personajes vinculados a ella.

El objetivo: Reelegirse, en agosto, como presidenta del TEPJF que calificará la elección presidencial –en la que prevé participar Peña Nieto– para luego ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde goza de la amistad de ministros como Guillermo Ortiz Mayagoitia, Sergio Valls y Fernando Franco.

La austeridad no va con Alanís: cuando asumió la presidencia del Tribunal Electoral, en agosto de 2007, luego de que Galván presentó su renuncia “por motivos de salud”, la institución tenía una plantilla de 886 plazas, pero para marzo de 2011 suman más de mil empleados.

Pese a contar con un equipo de comunicación social, con 43 servidores públicos, Alanís destina multimillonarias sumas en asesorías en la materia: Por ejemplo, otorgó un contrato a Estrategia Total, empresa de cabildeo propiedad de Fernando Lerdo de Tejada que, sólo para 2011, asciende a 2 millones 784 mil pesos, a razón de 232 mil pesos mensuales por “servicios de asesoría en comunicación de información estratégica”.

Poco menos de esa cantidad, y para un contrato bianual, le paga a la agencia Ferrer y Asociados para asesoría para campañas de difusión: un total de 2 millones 180 mil pesos.

Amigo de Alanís, el exconsejero electoral Rodrigo Morales Manzanares obtuvo un contrato, vigente de marzo a diciembre del año pasado, por 809 mil pesos, por “servicios profesionales consistentes en la consultoría en materia electoral”.

Por “servicios de consultoría”, de junio a septiembre, el TEPJF pagó a Rafael Corona Funes 290 mil pesos. Y a la asociación civil Inclusión Ciudadana le otorgó 527 mil pesos para “desarrollar el proyecto Niñas y Niños como Yo”.

A cada uno de los miembros del Comité Editorial del TEPJF, que se reúnen ocasionalmente, se le paga casi 150 mil pesos. Entre ellos destacan Lorenzo Córdova Vianello, Álvaro Arreola y Rafael Estrada Michel.

El Tribunal Electoral, incluso, destinó 50 mil 270 pesos al mantenimiento del receptor de la alerta sísmica.

Otro dato: El TEPJF pagó 6 millones 300 mil pesos al escultor Enrique Carvajal González, conocido como Sebastián, por una escultura denominada “Los caminos de la justicia hacia el siglo XXII”, como parte de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. La escultura fue donada a la UNAM y se levanta junto al estadio de Ciudad Universitaria.

Los amigos

La nómina del TEPJF ha crecido, también, porque Alanís ha consentido que los magistrados contraten amigos y familiares. Ella misma, quien devenga un salario de medio millón de pesos mensuales, ha usado la institución para ampliar sus vínculos políticos.

Alanís contrató como jefe de departamento a Ramón Patiño Muñoz, hijo del director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Ruperto Patiño Manffer, quien forma parte del Comité Académico del TEPJF.

Presuntamente a petición de Alanís, Patiño Manffer firmó una carta a nombre de la Facultad de Derecho para respaldar a Ochoa Reza –quien se desempeña como director del Centro de Capacitación Electoral del TEPJF– como aspirante a consejero electoral.

Junto con Ochoa Reza, quien fue uno de los asistentes a la comida con emisarios de Peña Nieto, Alanís impulsa para el Consejo General del IFE a Cecilia Tapia Mayans, coordinadora técnica administrativa de esa institución, y a Leonardo Duque Roquero, quien fue su socio en la empresa de consultoría Demos, junto con Marco Baños, el otro comensal.

En marzo de 2007 Alanís dejó de ser socia de Demos al venderle su parte accionaria a Emilio Rabasa Gamboa, su esposo y allegado a Manlio Fabio Beltrones, y al año siguiente, en abril de 2008, esta empresa de consultoría fue liquidada.

En junio de ese año también renunció a la empresa Asistencia y Capacitación Electoral, en la que era socia de Jorge Alcocer Villanueva, e hizo lo mismo en la asociación civil Sueños y Quimeras, dedicada “a todo tipo de servicios profesionales en materia de consultoría”.

Alanís impulsa también a Jacinto Silva Rodríguez, magistrado de la sala regional del TEPJF con sede en Guadalajara, Jalisco, quien goza del apoyo de Calderón, pero también de la organización ultraderechista de El Yunque. De hecho, según información de esa sala regional, Jacinto Silva, quien aspiró a ser magistrado de la Sala Superior del TEPJF, se despidió del personal la semana antepasada, dando por hecho que será uno de los tres consejeros electorales.

Como parte de sus relaciones políticas, que le han permitido mantener el control del TEPJF, Alanís también contrató al actuario Fernando Ojesto Martínez Manzur, adscrito a la Secretaría de Acuerdos del TEPJF e hijo del exmagistrado Fernando Ojesto, quien es su asesor de tesis de doctorado y allegado a Benito Neme, uno de los operadores de Peña Nieto.

Ojesto es amigo de Benito Neme Sastré, colaborador de Peña Nieto, y allegado a Frank del Río, otro de los asistentes a la reunión en casa de Alanís, hijo de Carlos del Río Rodríguez, expresidente de la SCJN.

La presidenta del TEPJF tiene como secretaria privada a Tatiana Hernández Velásquez, cuyos parientes son supuestamente propietarios de la empresa Diseño, Reconstrucción y Comunicación, S.A. de C.V., proveedora de papelería a las autoridades electorales.

Con el aval de Alanís, hay magistrados que contratan a parientes y amigos directamente o a través de sus colegas, como es el caso de los magistrados Luna Ramos y Pedro Penagos López, quienes en una primera ronda votaron en contra de Alanís para presidenta en agosto de 2007, propuesta por el magistrado Manuel González Oropeza.

Con Luna Ramos trabajan Juan Carlos López Penagos, secretario de estudio y cuenta, y Armando Penagos Robles, secretario auxiliar, ambos familiares del magistrado Penagos López.

Y con éste labora Francisco Belisario Luna Ramos, secretario de ponencia, hermano del magistrado Luna Ramos. Otro familiar del magistrado Penagos, Adriana Penagos Robles, es auxiliar de mandos medios en la coordinación de relaciones con organismos electorales.

Penagos López, quien ha dejado ver que busca disputar a Alanís la presidencia del TEPJF, contrató como secretario de ponencia a Jorge Alberto Orantes López, hermano de la senadora María Elena Orantes, quien aspiró a la secretaría general del PRI y se dice allegada a Beltrones y Peña Nieto.

Por su parte, el magistrado Constancio Carrasco Daza contrató a José Luis Ceballos Daza, secretario de estudio y cuenta, supuestamente su pariente.

Así, con esta red de relaciones, Alanís busca reelegirse como presidenta del TEPJF en una sesión que deberá llevarse a cabo el 5 de agosto, porque en esa fecha concluye el periodo del magistrado Flavio Galván, quien presentó su renuncia por motivos de salud...