Deben recortarse al IPAB $100 mil millones: Di Costanzo

Con el prepago de pagarés se violó la ley, señala

ANTONIO CASTELLANOS

El secretario de la Hacienda Pública del "gobierno legítimo", Mario Di Costanzo, afirmó ayer que los recursos destinados al rescate bancario deben recortarse en 10 mil millones de pesos de manera directa al Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Asimismo, sugirió la constitución de una comisión especial investigadora en el Senado de la República para revisar todas las operaciones ilegales que se hicieron a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y del IPAB.

Hizo ver que a pesar de que el IPAB ha realizado un "supuesto" canje de pagarés del Fobaproa por bonos IPAB, la operación no ha sido reconocida como legal por el Congreso de la Unión y la Auditoría Superior de la Federación. Esta última, dijo, está obligada a emitir un dictamen a la brevedad en torno a la legalidad o ilegalidad de la operación llevada a cabo por el IPAB durante junio y julio de este año.

Di Costanzo precisó que el gobierno panista y los legisladores de ese partido deben aprobar la constitución de una comisión especial investigadora en el Senado para revisar las operaciones de compra de cartera que formaron parte del Programa de Capitalización y Compra de Cartera.

También debe encargarse de investigar la legalidad de las acciones del IPAB para convertir "arbitrariamente y en contravención del artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB, el prepago de los pagarés del llamado programa de capitalización y las transacciones de venta de bancos y de activos, que permitieron el lavado de dinero".

Recordó que la Comisión para Investigar al IPAB encabezada por senadores del PAN y que funcionó en el Senado durante la pasada legislatura, presentó el 9 de junio de este año una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública en la que acusó a la junta de gobierno del IPAB y a su entonces secretario ejecutivo, Mario Beauregard, de haber llevado a cabo la conversión en deuda pública de más de 72 mil millones de pesos de las operaciones denominada como reportables en la auditoría que se llevó a cabo por instrucciones del Poder Legislativo.

Enfatizó que esas operaciones convertidas en deuda pública de manera arbitraria y en contra de lo establecido en el artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB, a la fecha ascienden a más de 250 mil millones de pesos.

Por lo anterior, Hacienda y el gobierno de Felipe Calderón están obligados a descontar del saldo deudor del IPAB que actualmente es muy cercano a los 800 mil millones de pesos, el importe de esas operaciones ilegales y calcular entonces los intereses destinados al Fobaproa e IPAB, sobre una deuda mucho menor que sería de 550 mil millones de pesos.

Di Costanzo sostuvo que es ilegal que en el presupuesto de 2007 legisladores y Hacienda hayan destinado alrededor de 27 mil millones de pesos al pago de interés del rescate bancario, y recalcó que fueron los senadores panistas quienes presentaron la denuncia en la que acusan a los funcionarios del IPAB de violar los artículos segundo, octavo y décimo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.