México debe autorizar el traslado de Cavallo a Argentina: la acusación

ARMANDO G. TEJEDA CORRESPONSAL

Madrid, 26 de diciembre. Los abogados de la acusación popular en la causa contra Ricardo Miguel Cavallo, acusado por los delitos de genocidio, tortura y terrorismo, preguntaron este martes a la justicia local qué medidas han adoptado las autoridades mexicanas sobre la posible extradición a Argentina del represor, y sostuvieron que las instituciones mexicanas tienen la facultad de "autorizar" ese traslado en función del Tratado Bilateral de Extradición y Asistencia Mutua.

La defensa de las víctimas de la represión de la dictadura argentina (1976-1983) inició su estrategia para evitar que los tribunales españoles extraditen a Argentina a Cavallo, alias Sérpico, y una de las primeras medidas fue preguntar a la sala de lo penal que decidió, el pasado 20 de diciembre, que los tribunales españoles no eran competentes para juzgarlo, cuáles han sido las medidas adoptadas tanto por la justicia española como por las autoridades mexicanas para resolver el conflicto jurídico.

El Tratado Bilateral de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal, firmado entre México y España, estipula que en caso de que una persona extraditada entre ambos países sea a su vez entregada a un tercero (artículo 18 del citado acuerdo), "no será otorgada sin el consentimiento de la parte que ha concedido la extradición".

Esta normativa es aplicable en el caso Cavallo, ya que México lo extraditó a España en 2003 al considerar competentes a los tribunales españoles para juzgar delitos de "lesa humanidad", en función de la doctrina de la llamada "justicia universal". El ex militar ha permanecido desde entonces en la prisión de alta seguridad de Soto del Real.

Luego de las indagatorias, el magistrado demostró la presunta implicación de Sérpico en al menos 337 secuestros, 227 de ellos de personas que siguen desaparecidas, el plagio de 16 mujeres que dieron a luz en la Escuela de Mecánica de la Armada el principal centro de represión y exterminio de la dictadura y de sus respectivos hijos, así como en 21 casos de torturas.

Por estos crímenes, la Fiscalía del Estado y la acusación popular solicitaron para el represor una pena de entre 13 mil 300 y 17 mil años de cárcel.

Así, la defensa de la acusación popular instó a la sala de lo penal a que "aclare si ha sido cursada ya dicha petición" (la de la "rextradición"), y que, de ser así, qué se ha "acordado" con las autoridades mexicanas.

Por otra parte, la defensa de las víctimas presentó un recurso de apelación al Tribunal Supremo, que se suma al presentado la semana pasada por la Fiscalía del Estado, en que se solicita la derogación del auto en que se abre la puerta a la extradición.

Los argumentos jurídicos señalan que de continuarse por esta senda se vulnerarían diversos derechos constitucionales, entre ellos el de garantizar "un proceso público con todas las garantías".

Por último, solicitan la suspensión de todo lo acordado en el citado auto, al menos hasta que el alto tribunal resuelve los dos recursos de apelación presentados.

Algo anda muy mal en un mundo en el que castigar a un genocida cueste tanto trabajo.