La onerosa democracia mexicana

Editorial

A pesar de las declaraciones de numerosos políticos, acerca de que la democracia en México ya ha alcanzado un grado aceptable de madurez, lo cierto es que el sistema de gobierno vigente adolece de varias deficiencias. Tal es el caso de la reforma electoral aprobada en 1996 sobre el financiamiento a los partidos políticos, que no ha evitado los males para los cuales estaba diseñada, como el dinero oscuro en las campañas electorales, y que ha tenido como principal consecuencia la consolidación de la partidocracia en el país.

Uno de los fallos de la reforma es que ha derivado en la concesión de multimillonarios recursos a los partidos, a pesar de que su objetivo era equilibrar la competencia electoral luego de que la contienda presidencial de 1994 no tuvo equidad, pues el candidato Ernesto Zedillo Ponce de León gozó de más recursos que sus rivales. Desde 1996 las entidades políticas han recibido en su conjunto 25 mil 680 millones de pesos para sus gastos ordinarios y de campaña: esta cifra es 3.4 veces superior a la partida presupuestal destinada en 2007 a la cultura (7 mil 448 millones), rebasa en 175 por ciento el dinero otorgado a la ciencia y tecnología para el próximo año (9 mil 330 millones) y tan sólo es comparable a la reciente ampliación de los gastos de la Federación, de unos 26 mil 38 millones de pesos. Cabe señalar que buena parte de estos recursos se emplea para costear las campañas en los medios de comunicación, por lo que ese dinero termina por enriquecer aún más al duopolio conformado por Televisa y Tv Azteca.

Por otra parte, la citada reforma tenía también como meta impedir la injerencia del sector privado en el financiamiento a los partidos. Al respecto, el fracaso de la norma es patente: en los Amigos de Fox, la organización creada para canalizar las aportaciones monetarias a la campaña electoral de Vicente Fox, en 2000, las autoridades hallaron varias irregularidades, entre ellas el uso de dinero de procedencia dudosa y triangulaciones financieras ilegales, situación que inclusive motivó que el Instituto Federal Electoral (IFE) impusiera al Partido Acción Nacional (PAN) una multa de cerca de 400 millones de pesos.

Asimismo, los partidos han empleado estos recursos para fines ajenos a sus gastos de operación y de campaña: el PAN recurrió a sus partidas presupuestales para pagar la multa antes citada, y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hizo lo propio con la sanción que le impusieron por el escándalo del Pemexgate. Adicionalmente, la concesión de ese dinero no viene aparejada de candados adecuados para evitar la comisión de delitos: tras los comicios parlamentarios de 2003, el Partido Sociedad Nacionalista no logró conservar su registro y desapareció de la vida política nacional sin pagar las multas por unos 200 millones de pesos impuestas por el IFE, debido a malos manejos y fraudes perpetrados por la familia Riojas, que tenía el monopolio de la dirigencia de esa institución política. De hecho, los Riojas ni siquiera fueron sancionados por las irregularidades cometidas.

Otro fallo del actual sistema de financiamiento radica en que permite otorgar recursos del erario a partidos sin un auténtico respaldo popular, de efímera vida y que sólo permanecen en la escena nacional debido a sus alianzas con alguna de las grandes entidades políticas del país, el PAN, el PRI y el Partido de la Revolución Democrática: el Popular Socialista, el Demócrata Mexicano, el Cardenista, el Auténtico de la Revolución Mexicana, el Democracia Social, del Centro Democrático y Fuerza Ciudadana son claros ejemplos de ello.

Si a estos factores se le suma el hecho de que las leyes no autorizan las candidaturas ciudadanas independientes ni consagran las demandas de representación de los pueblos indígenas, el resultado es un sistema que privilegia el monopolio político en manos de los partidos, que sobrevive a costa de los impuestos que podrían destinarse a rubros vitales, como la educación y la salud, lo cual constituye una burla a la voluntad popular y a millones de mexicanos que carecen de servicios básicos.