Gente en la calle, gritando.

REFORMA.
Miguel Ángel Granados Chapa.

En el Zócalo se expresaron dos corrientes de oposición al naciente gobierno, coincidentes en su protesta contra el pasmo y el fingimiento gubernamental frente al alza en el precio de la tortilla y otros insumos.

El sábado 27 de enero una multitud desfiló en Washington, en torno al Capitolio, para demandar al Congreso que frene el aumento de la presencia norteamericana en Iraq y, al contrario, propicie la pronta salida de las tropas de Estados Unidos de un país al que en vez de democracia ha llevado caos y destrucción.

El miércoles siguiente, en la Ciudad de México, un gentío marchó desde diversos puntos hasta el Zócalo para demandar soberanía alimentaria, y en defensa del salario y el empleo.

Son demandas a gritos por la vida.Al contrario de los que atribuyen ineficacia a la movilización callejera, y la consideran poco menos que gesto neurótico de impotentes, las expresiones de Washington y de la capital mexicana -que resonaron también, la primera en Los Ángeles, y la segunda en varios estados de la República- tuvieron pronta respuesta de los destinatarios de sus mensajes.

Durante la semana que hoy termina, senadores norteamericanos recibieron a representantes de quienes se manifestaron el sábado anterior y se propusieron visitar a 250 miembros del Congreso. Es un hecho que los intereses políticos propios de los legisladores pueden coincidir (y reforzarse recíprocamente) con las expresiones ciudadanas en pro de poner fin a la invasión a Iraq, que algunos de esos congresistas -entre ellos la senadora Hillary Clinton- votaron hace ya cuatro años.

Cuando apoyaron la guerra de Bush, lo hicieron basados en la falsa información sobre las armas de destrucción masiva que se atribuía al gobierno del depuesto, perseguido y finalmente ahorcado Saddam Hussein.

En México, la noche misma del 31 de enero el gobierno reaccionó ante la movilización que apenas terminaba. La Presidencia dijo compartir las preocupaciones de los manifestantes por el alza de los precios de los artículos de consumo necesario y, atendiendo al llamado al diálogo -en realidad lo que se demandó fue mucho más amplio, un nuevo pacto social, compartir decisiones-, giró instrucciones a los secretarios de Economía, Agricultura y Trabajo para que de forma "expedita, sensible y respetuosa" se reúnan con los sectores representados en la marcha.

No fue de inmediato acatada su instrucción, pues en las siguientes 48 horas sólo el secretario Javier Lozano había establecido contacto con la Unión Nacional de Trabajadores y únicamente para pactar una cita que tendrá lugar el próximo viernes.

No incluir entre los instruidos al secretario de Gobernación muestra que en Los Pinos no se comprendió o no se quiso comprender el verdadero carácter de la posición expresada en el Zócalo.

Al cumplirse dos meses de su mandato, en la Plaza de la Constitución se expresaron dos corrientes de oposición al naciente gobierno, coincidentes en su protesta contra el pasmo y el fingimiento gubernamental frente al alza en el precio de la tortilla y otros insumos.

Por un lado, más antigua en el tiempo, la resistencia civil pacífica encabezada por Andrés Manuel López Obrador, expresada institucionalmente en el Frente Amplio Progresista, que reúne a los partidos que lo postularon a la Presidencia de la República.

Por otra parte, una coalición de agrupaciones sindicales y sociales que, ya al mediar enero, antes de que se firmara el pactortilla -que no se sabe si ha sido más gravoso que inútil, o las dos cosas a la vez- discutieron la pertinencia de partir de la coyuntura alcista para condenar la política económica del gobierno, que se manifestaba como nunca incapaz de frenar los efectos de medidas que la propia política ha incluido hace un cuarto de siglo, y demandar su reemplazo a través de un nuevo pacto social.

La diferente perspectiva en que esos dos frentes opositores se han colocado ante el gobierno: desconocimiento pleno de su legitimidad, o su aceptación como interlocutor, se expresó en la fase organizativa de la marcha del 31 de enero, que se resolvió de un modo táctico, con grupos caminando hacia el mismo destino, el Zócalo, desde diferentes orígenes y a horas diversas.

Y en la confluencia de todos los recorridos, en la Plaza de la Constitución, se realizaron dos mítines, no antagónicos sino coincidentes, sólo necesarios para expresar inconformidad desde miradores diferenciados. En uno, una conductora de televisión, Verónica Velasco, leyó un documento titulado simplemente Declaración del Zócalo, que expresa los consensos de los participantes.

Y en otro, que siguió al primero, López Obrador expuso su parecer. Como es lógico, los planteamientos de unos y otro resultaron fraseados casi del mismo modo cuando se refirieron a la carestía, a los salarios, al tratado de libre comercio.La integración de la marcha sintetiza el momento político nacional.

Las columnas vertebrales fueron los partidos del FAP, y los agrupamientos campesinos y laborales que se nuclean en torno de la Unión Nacional de Trabajadores y el Frente Sindical Mexicano, aquella con la presencia de telefonistas, empleados universitarios y del Seguro Social; éste con el liderazgo del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Pero esta vez, como ocurrió también en 2003, cuando se descubrió que el campo no aguantaba más, desfilaron organizaciones priistas, como la Confederación Nacional Campesina. La Confederación de Trabajadores de México había convenido unirse a la marcha, pero a la mera hora su vetusta dirigencia, su conservadurismo geriátrico encontró en la anunciada presencia de López Obrador un pretexto para volver al aislamiento en que languidece.

Dicha presencia, por cierto, tuvo perfiles nítidos desde el principio: López Obrador no podía estar ausente de una movilización de esa naturaleza, pero tampoco podría pretender encabezarla, pues no pocos de los agrupamientos involucrados rechazan su actitud posterior al proceso electoral, y eligen el diálogo y no el rechazo.

El dilema fue resuelto en la forma dicha, con dos mensajes en dos, si cabe decirlo así, momentos finales de la manifestación.

Conforme a la lógica de su resistencia, López Obrador caracterizó a la crisis de precios como una consecuencia "de la imposición de un gobierno dominado por delincuentes de cuello blanco". Y propuso luchar por cinco puntos:
1) aumento salarial de emergencia;
2) programa de apoyo a productores de alimentos básicos;
3) impedir la entrada en vigor del TLC agropecuario, que permite la libre importación de maíz a partir de enero próximo;
4) subsidio urgente a la tortilla;
y 5) aprobación de la ley de precios competitivos, idea suya, iniciada ya en la Cámara de senadores.

Esas acciones aparecen también, junto con otras, en las "condiciones inmediatas para avanzar en la construcción del pacto social" propuesto en la Declaración del Zócalo, cuyos firmantes consideraron la marcha como el comienzo "de una nueva etapa de lucha por las demandas de los sectores mayoritarios de la sociedad mexicana".

No se andan por las ramas al definir el momento actual: "el modelo económico que se impuso al país no es viable y hoy está en crisis.

El estancamiento económico, la incapacidad para generar los empleos necesarios, el deterioro del salario, la falta de competitividad internacional y la pérdida de la soberanía alimentaria son algunos de los múltiples problemas derivados de su aplicación".

Para superarlos, propone la Declaración, es preciso avanzar "hacia un modelo incluyente, equitativo y no discriminatorio", pues "no se puede continuar con una política que, ante nuevos problemas, responde con las viejas recetas desreguladoras y privatizadoras...

No se puede continuar sacrificando a generaciones de mexicanos y mexicanas, destruyendo el campo y la industria, dejando a los jóvenes sin futuro y profundizando las desigualdades, que niegan viabilidad a nuestro país en el contexto internacional".

Ante la tentación represiva, la Declaración del Zócalo propone la política: "Es imprescindible democratizar la economía y superar el estancamiento en la democratización de la política.

La reforma social y democrática del Estado es hoy, más que nunca, una tarea fundamental. Para alcanzarla se requiere de un nuevo pacto social incluyente.

Nadie, ni aun los que afirman haber ganado las elecciones, tienen derecho al monopolio de las decisiones públicas. El nuevo pacto social que estamos demandando debe darse de cara a la nación" en "formas institucionales que permitan la inclusión de los diversos actores en las decisiones públicas...".