Tácticas económicas contra integración latinoamericana

Hedelberto López Blanch
Rebelión

Una de las mayores preocupaciones actuales de Estados Unidos, que ha tratado y considerado siempre a Latinoamérica como su traspatio, ha sido el reciente surgimiento en la región de gobiernos que defienden la soberanía de sus intereses nacionales y la recuperación de las riquezas naturales.

La proliferación de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA), iniciativa gestada por el presidente venezolano Hugo Chávez con el apoyo de Cuba, como contraparte al Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA) impulsada por Estados Unidos, esta provocando un verdadero dolor de cabeza para la administración de George W. Bush.

El ALBA es un sistema de colaboración comercial y económica basado en la ejecución de convenios y tratados a favor de una verdadera integración latinoamericana, mientras que el ALCA impulsa la libre entrada de capitales foráneos y las privatizaciones de los servicios públicos para preservar la política de rapiña esgrimida por Washington en la zona durante más de dos siglos.

Ante los apremios del ALBA que ya agrupa a Venezuela y Cuba, Bolivia, Nicaragua, Antigua y Barbuda, Dominica, San Vicente y Las Granadinas, además de numerosos convenios energéticos y sociales entre países Sudamericanos, Bush realizó una furtiva gira por la región para tratar de contrarrestar la integración latinoamericana.

Inmediatamente después del recurrido por Brasil, Uruguay, Colombia, Guatemala y México, se dieron a conocer dos planes económicos-sociales que aunque proyectados con anterioridad, estaban prácticamente engavetados.

El primero, la fabricación de alcohol (etanol) que se extrae de la fermentación de azúcares o del almidón de la biomasa del maíz, cebada, mijo, sorgo, centeno y avena, así como desechos agrícolas y forestales, con el fin de utilizarlo en maquinarias y equipos estadounidenses.

La producción en gran escala de etanol, en el que se han comprometido inicialmente Brasil y Estados Unidos con la anuencia de otros países como El Salvador, República Dominicana y Paraguay, traería como consecuencia producir biocombustible en detrimento de los alimentos, de los cuales están necesitados, solo en América Latina, cerca de 300 millones de hambrientos.

Varias consecuencias negativas conlleva este plan. En primer lugar se deberán dedicar enormes extensiones de terreno a la producción de monocultivos que atarían a los países participantes a depender directamente de esas producciones.

La World Rainfotest Movement, WRM (Movimiento Mundial por los Bosques) alertó que “para mover los coches y autobuses europeos con biodiesel se requerirían 25,9 millones de hectáreas, pero que si esto sucediese en toda Europa las consecuencias sobre el suministro de alimentos serían catastróficas”.

La WRM añadió que si ese proyecto se llevara a nivel mundial, la mayor parte de la superficie cultivable del planeta (además de enormes consumos de agua potable) debería dedicarse a producir alimentos para autos y no para las personas, con una consecuente debacle alimentaria.

Además, las compañías transnacionales que disponen de numerosas facilidades para penetrar con sus capitales en la mayoría de esas naciones, (ya muchas lo están) se adueñarían no solo de la tierra sino también de la producción del etanol, lo cual sería un regreso a los tiempos de la colonización.

El otro peligroso resurgimiento tras la gira de Bush es el denominado Plan Puebla Panamá (PPP) que bajo la tutela de Estados Unidos fue enunciado y puesto en marcha en 2001 por el anterior presidente mexicano, Vicente Fox.

El actual mandatario azteca, Felipe Calderón, tras su entrevista con Bush, citó el pasado 9 de abril a una urgente cumbre extraordinaria realizada en Campeche para reactivar el PPP. Participaron además del país anfitrión, Belice, Costa Rica, Panamá, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Colombia como invitado y en el que Estados Unidos fija sus esperanzas, junto a México, para llevar adelante ese Plan.

Calderón presentó el PPP como un mecanismo que contribuirá a forjar la "América Latina del futuro", al evaluar inversiones por 4.500 millones de dólares en 33 proyectos regionales que incluyen al empobrecido sur mexicano, Centroamérica y ahora Colombia.

Durante cinco horas, los participantes se desgastaron en la discusión del único punto puesto a debate: la construcción en Centroamérica (sin fijar el país) de una refinería para la cual México había prometido entregar 230 000 barriles diarios de combustible y ahora lo bajó a solo 80 000 debido a su déficit en la extracción del crudo.

En realidad, el PPP no es más que otro proyecto neoliberal de los muchos que han proliferado por la región y que se adjuntaba al prácticamente fenecido diseño estadounidense del ALCA.

El Plan enfila su accionar a convertir esa extensa área en una fuente de recursos naturales estratégicos, y como reserva de mano de obra barata para las empresas transnacionales que se asienten en el lugar. El Plan cuenta con dos vertientes fundamentales.

La primera consiste en crear una supermoderna infraestructura de comunicación que posibilite romper con el aislamiento que durante años ha padecido la región por disímiles motivos ajenos a sus habitantes.

El complejo sistema abarcaría redes telefónicas, cables coaxiales, red de monumentales carreteras, ferrocarriles, canales interoceánicos secos que se construirán en México, Nicaragua y Honduras, y dos canales de agua en Nicaragua y Panamá, puertos de profundidad y aeropuertos.

El Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aportarán un millonario financiamiento para estos y otros planes de telecomunicación, que también enlazarán toda esa zona vial con el sur del territorio norteamericano.

Los gobiernos del área deberán abrir sus economías al libre comercio y a la competencia extranjera, con el pretexto de alcanzar un rápido desarrollo, por lo que a la vuelta de pocos años los grandes monopolios y las empresas transnacionales controlarán la región pues disponen del potencial monetario.

El otro aspecto del Plan Puebla Panamá prevé impulsar las economías aprovechando las ventajas de sus fértiles terreros y para ello se introduciría la modernización de los cultivos agrícolas.

Lejos de representar un beneficio, esto traerá más pobreza entre la mayoritaria población que vive sin recursos financieros y con un bajísimo nivel escolar.

Las poblaciones indígenas y campesinas que cuentan con rudimentarios métodos de cultivos, estarán destinadas a producir monocultivos para el mercado global y más temprano que tarde quebrarán al no poder competir con los adelantos productivos que introducirán las transnacionales.

En esta vertiente aparece la proyectada siembra intensiva de caña de azúcar, cereales y gramíneas para la producción de etanol.

Las tierras pasarán a manos de los monopolios internacionales o de terratenientes, con la ayuda de los Tratados de Libre Comercio firmados por estos países con Estados Unidos, y el ejercito de campesinos pobres se incrementará, y solo les quedará desplazarse hacia las ciudades y convertirse en una fuente inapreciable de mano de obra barata que absorberán las empresas maquiladoras.

En resumen, tanto la pretendida producción masiva de etanol en base a los alimentos y el PPP son dos intentos de la Casa Blanca para tratar de frenar la Alternativa Bolivariana de las Américas que continúa su avance.