Abandono del campo, saldo del neoliberalismo

Editorial

El más reciente informe sobre desarrollo presentado por el Banco Mundial (BM) pone de manifiesto las graves circunstancias de abandono en las que se encuentran los sectores rurales en México y América Latina. El texto destaca que la agricultura representa una importante fuente de empleo en la región, con 30 por ciento de la población dedicada a esa actividad, “pero sólo genera 7 por ciento del producto interno bruto y apenas 2 por ciento de las inversiones públicas”. Para colmo, los pocos beneficios suscitados a raíz de ciertos impulsos al agro de la región –como el alza de los precios de los productos del campo, y la creciente demanda de éstos para la elaboración de biocombustibles– se han quedado en manos de las grandes corporaciones trasnacionales y no han alcanzado a reducir la brecha de desigualdad que lacera a los países latinoamericanos.

Por lo que toca a nuestro país, el documento advierte sobre los efectos devastadores de las políticas en materia agrícola que, a tono con la lógica neoliberal, han sido puestas en práctica por las recientes administraciones, como el retiro de los apoyos oficiales y la apertura de las fronteras a la importación de alimentos: en las últimas dos décadas, la población campesina de México se ha reducido, aproximadamente, en 25 por ciento y ha decrecido de manera significativa el poder adquisitivo de las otras tres cuartas partes.

A la luz de los señalamientos hechos por el BM en el informe referido, queda confirmado que la situación del campo en México es por demás desalentadora y que podría tender a agravarse el año entrante, cuando entre en vigor la suspensión de los aranceles para la compra de maíz y frijol importados, como está previsto en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Por más que funcionarios del propio BM auguren un efecto “de moderado a positivo” con la apertura de las fronteras a los productores internacionales de granos, es de suponerse que la medida constituirá un duro golpe para los agricultores mexicanos y que contribuirá a que la situación de abandono se agudice.

De manera significativa, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó ayer que en lo que va de este año han fallecido 345 mexicanos al intentar cruzar la frontera con Estados Unidos. El dato, no obstante que parece conservador y cuestionable, resulta por demás estremecedor, pues de ser cierto daría cuenta de que más de un connacional por día perece en la búsqueda de mejores condiciones de vida, y es de suponer que la mayoría de ellos provienen de los entornos agrícolas. A esta cifra trágica habría que añadir la muerte de 24 presuntos inmigrantes centroamericanos en Oaxaca, quienes se ahogaron al naufragar la embarcación en la que viajaban. El fenómeno de la migración ilegal, tanto en México como en el resto de América Latina, se explica, en buena medida, por la falta de oportunidades para las poblaciones rurales, que es un saldo de las políticas neoliberales aplicadas en la región.

En suma, la indiferencia del gobierno federal respecto de la lamentable situación que padece el campo mexicano –reflejada en la ausencia de políticas al respecto en los programas oficiales– hace suponer que tal circunstancia tenderá a agudizarse en los próximos meses y, agravada por la carestía que recorre el país, en parte desatada por las decisiones erráticas y la inacción de la actual administración, arrojará cada vez a más habitantes del medio rural a emigrar a los centros urbanos, o bien a Estados Unidos. Ante este panorama cabe preguntarse si propiciar la expulsión a integrantes de uno de los sectores más necesitados de población y condenarlos a exponer su vida en busca de mejores condiciones de subsistencia no constituye acaso un crimen de suma gravedad y, en tal caso, quién sancionará a los responsables.