Salud y migración en la Unión Europea

Matteo Dean

La organización no gubernamental Médicos del Mundo publicó en junio pasado un reporte del llamado Observatorio Europeo sobre el Acceso a los Servicios de Salud, el cual, en palabras de la ONG, “no tiene vocación de ser un organismo de investigación”. Surgió en 2005 como un instrumento que “debe permitirnos manifestar las dificultades de acceso a los servicios de salud de las personas que viven en condiciones precarias en territorio europeo”.

El reporte mencionado, titulado Es preciso forjar el respeto y no el miedo, se refiere a un sector de la amplia población precaria y desprotegida que vive hoy en la Unión Europea (UE): los migrantes irregulares.

Partiendo de la premisa, necesaria cuanto deseable, que la Corte de los Derechos Humanos de la UE reconoció en su Carta Social que el derecho a la salud, a la gratuidad de la misma y a la salvaguarda de la exclusión social son derechos inalienables de los que deben gozar todos, incluidos ciudadanos extranjeros con estancia irregular, el reporte plantea una situación precaria y deficiente en esta materia.

El documento expone que se realizaron casi mil entrevistas en siete países de la UE para conocer la situación familiar y de vivienda, de empleo e ingresos económicos, lo que reveló una extrema fragilidad, tanto desde el punto de vista económico como social: personas que viven amontonados en casas, con trabajos temporales e ingresos por debajo del promedio continental y discontinuos.

Es preciso forjar el respeto, no el miedo, frente a la cruda realidad de los migrantes en el acceso a la salud. Si bien es cierto, según señala el documento, que cada país tiene su propia legislación en la materia, lo cual dificulta homogeneizar criterios y parámetros de intervención, el acceso a los servicios de salud para los migrantes irregulares es imposible por distintas razones: ignorancia del derecho, costo de algunos servicios, dificultades administrativas, barreras lingüísticas y culturales, discriminación y miedo a ser denunciados a la autoridad. Si bien estas son situaciones conocidas por muchos, subraya la ONG, no han sido objeto de estudio, pues entre dificultades objetivas y voluntades encontradas, ningún gobierno de la UE se ha empeñado, hasta ahora, en diseñar el mapa del estado de la exclusión y de la falta de derechos en el vasto mundo de la migración irregular.

Lo interesante del documento es que revela qué enfermedades presentan los entrevistados. Si la primera puede sonar folclórica, porque está ligada a cuestiones digestivas, la segunda es impactante: hasta 15 por ciento han confesado haber sido diagnosticados por enfermedades sicológicas. Dicho en otras palabras, la permanencia irregular en Europa, y quizás en todo el mundo, afecta la salud.

Finalmente, el reporte proporciona algunas recomendaciones. La organización internacional pide a la UE que se haga efectivo el derecho a la salud a través del libre acceso a los servicios sanitarios, así como de prevención; pide la gratuidad del servicio en casos específicos y de comprobada pobreza de los sujetos; demanda que se otorgue un permiso de estancia especial a todo ciudadano extranjero irregular que esté afectado por una enfermedad grave; pide que todos los derechos antes mencionados sean garantizados a todos los recluidos en los CPT (centros de permanencia temporal) y que se permita a las ONG la visita a éstos.

El trabajo que realiza Médicos del Mundo es digno de encomio, porque es el primero en su género, naturalmente, pero también por la sensibilidad demostrada hacia una parte de la población que numéricamente aún es difícil de cuantificar, pero que seguramente es muy amplia. Esa misma parte de la población que, como demuestra la ausencia de otras encuestas del tipo de la realizada por la ONG internacional, desaparece en la invisibilidad a la cual obliga la ausencia de un permiso legal de estancia, que resulta difícil de conseguir o imposible de renovar. Lo que revela también la encuesta citada es que al menos la mitad de los entrevistados son extranjeros irregulares que han perdido su estancia legal después de haberla tenido.

El reporte de Médicos del Mundo saca a flote y denuncia una situación grave que la UE tiene que resolver. En diciembre próximo, en Lisboa, se llevará a cabo una conferencia europea más acerca de migración. Ahí se reunirán jefes de Estado, secretarios y ministros del Interior del civilizado viejo continente. La duda es si a dichos personajes les interesará más resolver el problema por la vía policiaca, como han hecho hasta ahora, o si se ocuparán de encontrar la manera de contestar las preguntas que Médicos de Mundo les pone: “¿Será capaz la UE de asumir el desafío de garantizar que en su territorio nadie sea excluido (del acceso al derecho a la salud) por culpa de un papel administrativo, de una situación cambiante según las legislaciones, de las elecciones? ¿Hay alguna patología capaz de ser leída en un permiso de residencia?”