Estampitas de provincia

Julio Hernández López

1. Para que no haya duda de compromisos y complicidades, el sobrino de Arturo Montiel Rojas nombró ayer de subsecretario general del gobierno del estado de México al prestanombres que utilizó para triangulaciones inmobiliarias el todavía esposo, en vías de divorcio, de Maude Versini. El nuevo funcionario de la administración del agradecido Enrique Peña Nieto es Luis Enrique Miranda Nava, quien ocupó con Montiel diversos cargos, entre ellos el de secretario de Finanzas, Planeación y Administración. De acuerdo con lo asentado en los libros 64 y 67 de la oficina en Tenancingo del Registro Público de la Propiedad, Miranda Nava compró en mayo de 2002 tres predios en el municipio de Tonatico, seis semanas antes de que Montiel se casara con Versini. Diecinueve días después de la operación, Miranda vendió los terrenos al mismo precio a Montiel, quien los puso a nombre de sus hijos Juan Pablo y Arturo, quienes a la vez los donaron a su madre, Paula Yáñez Villegas, quien se instaló en los 6 mil 539 metros cuadrados (residencia con alberca, cabañas y jardines) luego que Montiel se divorció de ella y se casó al vapor con la francesa que ahora a su vez pide divorciarse del mexicano.

2. Otro subsecretario de Gobierno, Guillermo Perogordo Oliva, golpeó ayer al representante legal de una organización vecinal que pretendía ser atendida en el palacio de gobierno de San Luis Potosí por el gobernador panista Marcelo de los Santos. Luego de una discusión consistente en que los manifestantes deberían aceptar que los escuchara el mencionado subsecretario y no el propio gobernador, el funcionario público enfureció y soltó un golpe en el pómulo izquierdo a Agapito Hernández, asesor jurídico de Vecinos Unidos, organización que pretendía exigir mejoras a las escuelas y a los servicios básicos de colonias populares. Tres guardaespaldas del gobernador entraron en acción para impedir que Perogordo Oliva continuara golpeando a Hernández. El clima de violencia política es alentado por el propio De los Santos, que financia grupos de choque para que lo “protejan” de manifestaciones populares en su contra.

3. La manifestación contra la inseguridad pública que organizaron algunos membretes derechistas fue un fracaso porque la histeria golpista de las televisoras está reservada para los asuntos de las modificaciones legales al régimen de medios electrónicos y porque no hay jefe de gobierno capitalino en vísperas de ser candidato presidencial. El principal organizador de la escuálida protesta dominical fue José Antonio Ortega Sánchez, quien recibe mensualmente 50 mil pesos del gobierno yunquista de Jalisco con el pretexto de que “coadyuva” en las investigaciones del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, sucedido en 1994. Esa “asesoría”, vigente desde que Alberto Cárdenas Jiménez era gobernador, le ha representado a Ortega Sánchez un monto estimado en 3 millones de pesos. Entrevistado por el reportero Juan Carlos G. Partida, de La Jornada Jalisco, el pasado 17 de julio, el actual mandatario tapatío, Emilio González Márquez, defendió el pago a quien se pasa la mayor parte del tiempo asumiéndose como “ciudadano libre” que organiza protestas de derecha: “¿Cuánto vale la verdad, cuánto vale la justicia? Yo no me atrevería a ponerle precio. Imagínate que en Jalisco, por ahorrarse 50 mil pesos al mes quedara impune el asesinato de un dignatario eclesiástico de cualquier religión”. El funcionario jalisciense Ortega Sánchez también recibe viáticos y otras ayudas con cargo al presupuesto público, pero gasta su tiempo en consejos “ciudadanos” denunciantes de inseguridad pública de gobiernos de izquierda. El mencionado personaje es, además, abogado del cardenal Juan Sandoval Íñiguez y esposo de una hermana de Jorge Serrano Limón, dirigente de por vida de Provida implicado en un escándalo de corrupción con dinero público usado para comprar tangas.

4. El Sacro Imperio Mejicano del Yunque pretende que, al cumplir 400 años de fundada, una ciudad guanajuatense recupere oficialmente el nombre que se le impuso en 1655, el de “Celaya de la Purísima Concepción”, mismo que a partir de 1860 quedó juaristamente nada más en “Celaya”. El presidente municipal panista (obviamente), Gerardo Hernández, asegura que “durante las giras de trabajo, al caminar por las calles, la gente me solicita que Celaya recupere su nombre original de la Purísima Concepción; no es nada personal, ni un capricho”, por lo que de inmediato planteó el asunto ante el cabildo, que le dio entusiasta aprobación blanquiazul, y luego formó un “consejo ciudadano” que, presidido por el empresario Julián Malo Guevara, organiza una supuesta consulta pública de la que celestialmente ya se conoce de antemano que aprobará la propuesta purísimamente concebida. Ciudadanos que creen vivir todavía en una república laica recogen firmas para oponerse a la maniobra del clero y sus representantes políticos en la tierra adoptiva de Martuchis de los Ranchos.

5) En Coahuila, el profesor Humberto Moreira (hermano de Rubén, que fue subsecretario general de gobierno y ahora preside el PRI estatal, todo durante el gobierno de Humberto) hizo que los diputados locales del tricolor cumplieran la palabra empeñada tempranamente por ese mandatario magisterial que con ese lance súbito hizo albergar al duopolio televisivo la esperanza de que abortara en los congresos estatales la reforma electoral federal (es decir, más exactamente, el apartado referido a la prohibición de gastos partidistas en propaganda en televisoras). Ya de nada sirve el gesto desaprobatorio, pues más de la mitad de las legislaturas estatales han dado el sí a la mencionada reforma, y por tanto es virtual asunto concluido, pero ni modo de que el góber norteño fuese puesto en entredicho por sus obedientes muchachitos levantadedos.

Y, mientras los priístas le cobran cuentas en Baja California a Eugenio Elorduy Walther a quien, como sucedió con Fox, le impidieron dar su último informe de gobierno por delincuente electoral, ¡hasta mañana, entre tanta impunidad, prepotencia y corrupción que, de verdad ¿no se olvidan?!