Carlos Fernández-Vega
En Costa Rica está a punto de efectuarse un ejercicio que permitirá decidir a los ciudadanos de ese país si aceptan o rechazan la entrada en vigor, en lo que a esta república corresponde, de un tratado de libre comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, conocido como DR-Cafta, por sus siglas en inglés.
El próximo domingo, alrededor de 2.6 millones de costarricenses están convocados a un referendo para ratificar o rechazar dicho acuerdo comercial, mismo que causó tal polarización en aquella nación que en mayo pasado el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) decidió organizar el referéndum.
La fracción por el sí es encabezada, y manipulada, por la Presidencia de la República, con Oscar Arias como inquilino, que ha echado toda la carne al asador para salir victorioso de la próxima cita dominical, a grado tal que uno de sus vicepresidentes, Kevin Casas, se vio en la penosa necesidad de renunciar, tras divulgarse sus “recomendaciones” para sacar adelante la causa, entre ellas, una campaña “de miedo” a los electores para “convencerlos” de votar por la afirmativa, y de “desprestigio” contra los líderes del movimiento por el no (por ejemplo, “convencer que los opositores al Cafta están respaldados por Hugo Chávez”); “castigo” presupuestal a los alcaldes donde gane el no en el referendo, y “burla” de los controles establecidos por el Tribunal Supremo de Elecciones, entre muchos otros.
A estas alturas, las encuestas están empatadas: el sí gana marginalmente en algunas, lo mismo que el no, pero de cualquier suerte el referendo del próximo domingo (algo impensable en México para el caso del TLCAN) se constituye en un primer ejercicio en el mundo, por medio del cual un acuerdo comercial es puesto a consideración de la ciudadanía, que bien puede mandar a paseo a la intentona estadunidense. En este contexto, Costa Rica sería la primera nación en rechazar un tratado comercial con Estados Unidos, y la enorme movilización ciudadana del pasado domingo en San José da cuenta de esa posibilidad.
En vía de mientras, la Comisión Económica para América Latina, la Cepal, analizó los efectos inmediatos en los países centroamericanos y la República Dominicana de la entrada en vigor del DR-Cafta. En sus anotaciones señala que, de entrada, habría una pérdida neta de ingresos fiscales, en tanto los efectos positivos del incremento en el volumen de importaciones serían superados por el efecto combinado de la reducción de ingresos por parte de los recaudos aduaneros, y por los impuestos indirectos internos obtenidos sobre las importaciones.
Para el caso de Costa Rica, el organismo indica que la pérdida fiscal neta oscilaría entre 0.19 y 0.24 por ciento del producto interno bruto, dependiendo de la tasa de crecimiento del PIB estimada. Al final del periodo de transición esos valores aumentarían a 0.21 en el escenario optimista, y a 0.26 en el pesimista. En los casos de El Salvador, Guatemala y Nicaragua las pérdidas serían levemente mayores, pero no sobrepasan 0.40 por ciento del producto hacia el final del periodo de transición.
El único país que puede tener problemas serios debido al DR-Cafta sería Honduras. Incluso en el escenario optimista de crecimiento, la pérdida fiscal la estima en 0.73 por ciento del PIB a comienzos del periodo de transición, y en 0.78 al final. Los números equivalentes en el escenario pesimista son de 0.78 y 0.83 por ciento del producto, respectivamente. Honduras tiene la economía con el mayor nivel de vulnerabilidad fiscal de la región, lo que hace más inquietante las implicaciones fiscales del tratado comercial para ese país.
La mayor pérdida por impuestos indirectos internos se detecta en Guatemala, que tiene una disminución del ingreso total de 0.4 por ciento del PIB, con El Salvador en segundo lugar. Las pérdidas en los otros países son incluso menores. Si se totalizan los dos efectos adversos, se advierte que el país menos afectado desde un punto de vista negativo es Costa Rica. Durante el primer año del tratado, el impacto adverso es de 0.28 por ciento del producto. La mayor pérdida será de 0.30 por ciento a los 10 años de operación del DR-Cafta. El país más afectado es Honduras, cuyos ingresos fiscales disminuirán en 0.82 por ciento sólo en el primer año del tratado. El techo se alcanzará en el noveno año, con una reducción equivalente a 0.86 por ciento del PIB.
Para la Cepal existen varias razones que explican el hecho de que Costa Rica sea el país menos afectado, Honduras el más perjudicado y el resto de los países ocupen las posiciones intermedias. Estas razones incluyen la proporción del ingreso arancelario en el PIB de cada país, la proporción de las importaciones de Estados Unidos que todavía pagan aranceles (importaciones sin maquila) en el total de importaciones, el porcentaje de importaciones no sujeto a aranceles durante el periodo de transición y la estructura de importación, así como el perfil de la eliminación de los derechos aduaneros. Por ende, una combinación de todos estos factores es responsable de los diferentes resultados entre los cinco países con respecto al costo fiscal del acuerdo comercial.
Si se suman las implicaciones positivas y negativas de los ingresos, la Cepal estima que habría una pérdida neta del ingreso fiscal en virtud del tratado comercial en todos los países. Los efectos positivos por el incremento de las importaciones son superados ampliamente por el efecto combinado de la reducción de ingreso de los tributos aduaneros y de los impuestos internos indirectos establecidos sobre las importaciones. Al final de cuentas, el efecto sobre la pobreza sería, en el mejor de los escenarios, verdaderamente marginal.
Las rebanadas del pastel
¿Qué tal un referendo en México para rechazar o ratificar la inagotable relación de tratados, acuerdos, asociaciones y conexos que a los ciudadanos ha clavado el gobierno y sus distintos gerentes a lo largo de los años?
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