Seguro contra la inconformidad social

Editorial

En el contexto de la reunión anual del Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional, que se celebra en Washington, se ha confirmado que el lunes próximo el gobierno mexicano firmará un “acuerdo para la adhesión plena” al Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés), entidad del propio BM encargada de asegurar “contra riesgos políticos” a las corporaciones extranjeras que inviertan en el país, a las firmas mexicanas privadas que se desempeñan fuera del territorio nacional, y a las empresas paraestatales que “operen sobre una base comercial”. El convenio contempla la protección de la inversión privada en caso de que se frustren proyectos de privatización de empresas del Estado o que se sufran pérdidas por actos de sabotaje o terrorismo, y para que el gobierno mexicano lo suscriba, requiere de la aprobación del Congreso de la Unión.

No deja de llamar la atención que el anuncio sobre la firma de ese acuerdo se da luego de los actos de sabotaje contra instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), atribuidos al Ejército Popular Revolucionario. La urgencia de que México se integre al MIGA proyecta una alerta por parte del gobierno federal respecto a una eventual intensificación de estas u otras expresiones similares de descontento, en concordancia con lo dictado por los organismos internacionales en materia de terrorismo, pero sin atender las causas reales de los conflictos.

No puede dejar de señalarse que el gobierno ha sido incapaz de resolver problemas que representan lastres fundamentales para la paz social –sin que la conjunción de éstos justifique la destrucción violenta de bienes propiedad de la nación–, como la pobreza, la desigualdad, la marginación, la falta de empleo o la corrupción que recorre las instituciones públicas. Con todos esos saldos pendientes, resulta por lo menos preocupante que las decisiones gubernamentales estén orientadas a la protección de los grandes capitales, como ocurre con la firma del convenio que se comenta, en vez de dedicarse a dar solución a las condiciones que propician “el riesgo político”.

Por otra parte, la actual administración debiera atender a los señalamientos hechos por críticos del MIGA y del BM, en el sentido de que el mecanismo que está a punto de suscribir es utilizado para proteger proyectos que generan controversia y rechazo por parte de la sociedad civil, dado que su puesta en marcha afecta el entorno ambiental, propicia conflictos políticos y afecta la calidad de vida de los habitantes de las regiones. En tal clasificación bien podría encajar, por ejemplo, el megaproyecto hidroeléctrico de La Parota, en el estado de Guerrero. La construcción de esa presa suscitó una andanada de inconformidades por parte de organizaciones ambientalistas y de comuneros afectados, así como un clima de crispación y violencia en la zona. No obstante que un tribunal de la entidad ordenó la suspensión de la obra, fuentes de la Comisión Federal de Electricidad han asegurado en semanas recientes que la prohibición es sólo provisional y que el proyecto puede ser retomado, posibilidad que cobraría mayor fuerza con la incorporación de México al MIGA.

A la luz de estos elementos de juicio, cabe preguntarse cuál es el propósito detrás de la integración de nuestro país al organismo referido: si acaso el gobierno federal prevé un escenario en que las manifestaciones de inconformidad social se multipliquen y, en ese caso, por qué prefiere la citada afiliación en vez de solucionar los problemas de raíz.