Boletín Informativo ISA núm 275

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Sumario:

I. No es cierto que la CFE cuente con autorización para continuar con La Parota, afirma el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota

II. La Corte una vergüenza para México, por absolver a Marín como responsable de violar las garantías de Lydia Cacho: AMLO

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NO ES CIERTO QUE LA CFE CUENTE CON AUTORIZACIÓN PARA CONTINUAR CON LA PAROTA, AFIRMA EL CONSEJO DE EJIDOS Y COMUNIDADES OPOSITORES A LA PAROTA

Frente a las más recientes declaraciones públicas que hizo el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Alfredo Elías Ayub, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a La Parota (CECOP), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan desmintieron hoy que el gobierno federal y estatal cuenten con autorización alguna para poner en marcha el proyecto hidroeléctrico La Parota.

Las organizaciones citadas consideraron no apegadas a la verdad y lamentables las afirmaciones de Elías Ayub, “porque a la fecha la paraestatal no ha ganado ningún juicio relacionado con la presa; contrario a ello, existen siete resoluciones emitidas por el Tribunal Unitario Agrario (TUA) y jueces de distrito con residencia en Acapulco, que explícitamente impiden al gobierno federal y estatal continuar con el proyecto”, afirmaron.

Al abundar en los detalles sobre lo que se considera un intento gubernamental de dar un golpe mediático sin apego a la realidad, el CECOP señaló que por lo que toca al juicio de amparo 879/2007 que en materia de aguas y ambiental interpuso el CECOP con la asesoría del CEMDA “es pertinente aclarar que el mismo sigue en trámite, pues está pendiente por resolverse el recurso de revisión de amparo frente al Tribunal Colegiado de Circuito. Más aún, mediante la admisión del recurso de revisión señalado sigue vigente la suspensión definitiva otorgada por la jueza octava de Distrito, Livia Lizbeth Larumbe Radilla, lo cual constituye una muestra irrefutable de que carecen de veracidad y sustento las declaraciones de Elías Ayub”.

Las organizaciones opositoras al proyecto hidroeléctrico de La Parota evidenciaron la mentira que encierran las declaraciones triunfalistas del gobierno federal al recapitular las siete resoluciones judiciales que en materia agraria ha emitido el TUA protegiendo los Bienes Comunales de Cacahuatepec y a los ejidos de La Palma, Los Huajes y Dos Arroyos son los siguientes:

· 447/2005 relativo a los Bienes Comunales de Cacahuatepec, en donde se declaró la nulidad del acta de asamblea de fecha 23 de agosto del año 2005, por la cual supuestamente el núcleo agrario aceptó la expropiación de sus tierras.

· 72/2006 relativo al ejido de Los Huajes y en donde se declaró la nulidad del acta de asamblea de fecha 27 de diciembre del año 2005, por la cual supuestamente los ejidatarios aceptaron la expropiación de sus tierras.

· 73/2006 relativo al ejido de Dos Arroyos, en donde se declaró la nulidad del acta de asamblea de fecha 16 de diciembre del año 2005, por la cual presuntamente los ejidatarios aceptaron la expropiación de sus tierras.

· 74/2006 relativo al ejido La Palma y en donde se declaró la nulidad del acta de asamblea de fecha 27 de diciembre del año 2005, por la cual supuestamente los ejidatarios aceptaron la expropiación de sus tierras.

Asimismo, CECOP, CEMDA y Tlachinollan señalaron la existencia de los siguientes juicios de amparo ventilados ante el Juzgado Tercero de Distrito con residencia en Acapulco y que ha ganado el CECOP:

· 638/2006, relativo al núcleo agrario Ejidal de Los Huajes y en donde el Juzgado Tercero de Distrito resolvió brindar medidas de protección en beneficio de los campesinos para el efecto de impedir a la CFE y el gobierno de Guerrero ingresar a las tierras ejidales a efectuar acciones propias del proyecto La Parota.

· 637/2006, relativo al núcleo agrario Ejidal de Dos Arroyos y en donde el Juzgado Tercero de Distrito resolvió brindar medidas de protección en beneficio de los campesinos para el efecto de impedir a la CFE y el gobierno de Guerrero ingresar a las tierras ejidales a efectuar acciones propias del proyecto La Parota.

· 821/2006, relativo al núcleo agrario Ejidal de La Palma y en donde el Juzgado Tercero de Distrito resolvió brindar medidas de protección en beneficio de los campesinos para el efecto de impedir a la CFE y el gobierno de Guerrero ingresar a las tierras ejidales a efectuar acciones propias del proyecto La Parota.

“Las siete resoluciones enlistadas son de suma relevancia porque, de acuerdo con el artículo 95 de la Ley Agraria, es indispensable que las asambleas comunales y ejidales brinden su anuencia para que sus tierras puedan ser ocupadas con motivo de una expropiación. Es decir, en tanto los núcleos agrarios que serían afectados por la presa hidroeléctrica no den su consentimiento para que les arrebaten sus tierras, es imposible que les expropien y que continúe el proyecto”, subrayaron.

Al detallar la real situación jurídica que guarda el conflicto, las organizaciones declarantes indicaron que las cuatro primeras resoluciones dan cuenta en primer lugar de que el gobierno federal y el estatal de manera ilegal pretendieron imponer la presa La Parota mediante asambleas en donde incluso aparece que personas difuntas dieron su anuencia para que las despojaran de sus tierras. En segundo lugar, al ser declaradas nulas las asambleas, implica que la CFE no cuenta con la autorización que legalmente requiere la Ley Agraria para poner en marcha el proyecto hidroeléctrico.

Las otras tres resoluciones, que en materia de amparo se emitieron a favor de los núcleos agrarios de La Palma, Dos Arroyos y Los Huajes, son contundentes en términos de establecer tajantemente el impedimento de la CFE para ingresar a los territorios ejidales a efectuar acciones ni preparativas, ni ejecutorias del proyecto hidroeléctrico La Parota.

“Es importante hacer énfasis en que las siete resoluciones dan protección legal a los Bienes Comunales de Cacahuatepec y a los ejidos de Dos Arroyos, Los Huajes y La Palma, los cuales representan 63 por ciento de la tierra que el gobierno utilizaría para poner en marcha la presa hidroeléctrica. En este sentido, es claro que existe una mayoría opositora al proyecto que detenta la mayor parte de las tierras que serían afectadas por el proyecto”, aseveró el CECOP.

Aunado a estos datos, el 12 de agosto del 2007, el núcleo de Cacahuatepec (el más grande y el de mayor población de los territorios proyectados por la CFE para la presa, sitio donde se planea edificar la cortina), celebró una asamblea en la que una evidente mayoría de los asistentes (más de tres mil), votaron contra la construcción de La Parota, una vez que escucharon los argumentos a favor de la obra por parte de funcionarios de la CFE, entre ellos el director de Inversión Financiada, Eugenio Laris Alanís, quien manifestó ante el pleno de la asamblea que sería respetuoso de la decisión de los campesinos. Ante la CFE, la voluntad de los habitantes de Cacahuatepec fue rechazar la hidroeléctrica.

“Es por eso que si la CFE pretende iniciar la construcción de la presa, estaría incurriendo en un grave desacato al mandato del TUA y pisoteando el marco jurídico, a la vez que vulneraría la voluntad de los pueblos que se oponen a La Parota porque es una obra que viola los derechos humanos de las comunidades”, precisaron.

Por todo ello, el CECOP, CEMDA y Tlachinollan reiteraron nuesustra preocupación ante el las declaraciones de Elías Ayub, “pues tergiversan el carácter del fallo de la juez octava de Distrito en Acapulco y pretende hacer de esta resolución el argumento para que la CFE ingrese a las comunidades para construir la hidroeléctrica La Parota, aún sabiendo que legalmente no le está permitido”.

Finalmente, los opositores a La Parota exigieron al gobierno federal, estatal y a la CFE “el respeto pleno y absoluto de la voluntad de las comunidades que han manifestado su rechazo a la presa La Parota, así como el respeto de los fallos emitidos por los tribunales y las resoluciones judiciales que han prohibido la construcción de la hidroeléctrica, pues de lo contrario, tanto la CFE, como el gobierno federal y estatal, siguen dando el mensaje de que apuestan por una salida violenta, que en los hechos sería la de imponer por la vía de la fuerza el proyecto, sabiendo que los campesinos del CECOP están dispuestos a defender sus tierras”.

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LA CORTE UNA VERGÜENZA PARA MÉXICO, POR ABSOLVER A MARÍN COMO RESPONSABLE DE VIOLAR LAS GARANTÍAS DE LYDIA CACHO: AMLO

La Suprema Corte de Justicia representa una vergüenza para la Nación y su resolución de exonerar al “góber tramposo” Mario Marín como responsable de violar los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho viene a confirmar que el pleno de ministros está al servicio de los poderosos, de los potentados del país, afirmó Andrés Manuel López Obrador, durante el inicio de su gira semanal, esta vez por los estados de México y Quintana Roo.

“La absolución de Marín —destacó el presidente legítimo de México— ratifica que las instituciones responsables de impartir justicia están al servicio de una minoría rapaz y de que es urgente un cambio real, de fondo, de todas las instituciones públicas”.

El caso de referencia fue motivo para que López Obrador declarara nuevamente: “Al diablo con sus instituciones” e informó que millones de mexicanos trabajan en la construcción de una nueva República, la cuarta en la historia nacional. “Es una muestra más de que las instituciones están al servicio de los poderosos y, por ello, hay que construir una nueva legalidad y una nueva República, para instituir un cambio verdadero en el país”, subrayó.

Antes, en Tenango del Aire, aseguró que nunca reconocerá a las autoridades que surgieron del fraude electoral de 2006, a casi un año de que Felipe Calderón usurpara la Presidencia de la República. Por eso “dijimos: es un gobierno usurpador y Calderón es un presidente espurio, un presidente ilegal e ilegítimo”, puntualizó. Al respecto, López Obrador aseveró: “para que no se abriguen esperanzas en ese sentido, nunca vamos nosotros a reconocer a Calderón como presidente de México, porque para nosotros siempre va a ser un usurpador”. Ante los habitantes del municipio, indicó que “en un año, el presidente espurio sólo se ha dedicado a aumentar los precios de la canasta básica, como son el pollo, la leche, el huevo, la tortilla, y ahora pretende incrementar las tarifas de la gasolina y el diesel”.

En Juchitepec de Mariano, denunció que en enero “el gobierno del pelele dará tres fuertes golpes a la economía popular: habrá libre importación de fríjol y maíz, como parte del Tratado de Libre Comercio; aumentarán los precios de la gasolina y el diesel, y se impondrá la reforma fiscal, que representa el cobro de más impuestos para los pobres y las clases medias de México”.

Por ello, el presidente legítimo de los mexicanos hizo un llamado a los mexiquenses para “manifestar sus inconformidades con las medidas que pretende aplicar el presidente pelele y una forma de hacerlo es colocar cartulinas en el exterior de los domicilios particulares con las leyendas: ¡no al gasolizano! ¡no al aumento de impuestos! y ¡no a la libre importación de maíz y fríjol!”

En el mismo tenor, advirtió a las autoridades espurias: “no vamos a quedarnos con los brazos cruzados y vamos a defender la economía de millones de mexicanos. Es necesario transformar la política económica del país, porque desde hace 25 años no hay crecimiento económico y, si no hay crecimiento económico, no hay empleos; tampoco hay apoyo a las actividades productivas y los jóvenes tienen que abandonar su país”.

Indicó que se puede mejorar la situación del país si se distribuye con justicia el presupuesto del pueblo y se impulsan las actividades productivas, “no como ahora que 70 por ciento del presupuesto se utiliza para pagar los sueldos de los altos funcionarios del gobierno espurio. Además —explicó—, es un hecho vergonzoso que los ex presidentes reciban una pensión de 5 millones de pesos cada mes, porque no es posible que haya un gobierno rico, con pueblo pobre”.

Frente a los habitantes de Juchitepec de Mariano, el presidente legítimo de México expresó que “el gobierno usurpador quiere entregar el petróleo a extranjeros, como lo han venido haciendo las anteriores administraciones neoliberales con los ferrocarriles, los bancos y las minas. Actualmente —detalló—, el gobierno espurio ya ha avanzado mucho en la privatización de la industria eléctrica y prueba de ello es que 31 por ciento de la energía eléctrica que se consume en el país la generan empresas privadas”.

“La Comisión Federal de Electricidad —explicó— se ha dedicado a comprar la energía eléctrica a empresas privadas y ello provocó que las hidroeléctricas públicas de Tabasco no pudieran generar energía y las autoridades estatales abrieran las compuertas de la presa Peñitas, para expulsar 2 millones de litros de agua por segundo de agua durante tres días, lo cual provocó una inundación en Villahermosa y en municipios colindantes”.