¿Y estas protestas de qué sirven?

¿Y estas protestas de qué sirven? De nada. Sólo argumentan que en México no existe la justicia ni en su más mínima expresión, aquí lo que hay es impunidad para los poderosos y que la SCJN es una institución podrida. Y tan, tan... Así que mexicanos chínguense, incluidos constitucionalistas, diputados y ciudadanos, no merecen nada más que la burla, la misma que nos hizo la SCJN ante el fraude electoral, la misma que será en función de Ulises Ruiz, etcétera, etcétera, etcétera...:

Facilitó a la PGR no ejercer acción penal contra cómplices de Marín: Xavier Olea

La decisión de la Corte, jurídicamente inaceptable, afirman constitucionalistas

El abogado de Lydia Cacho Ribeiro prevé que la procuraduría cerrará el caso

Alfredo Méndez

“La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perdió ayer la oportunidad de demostrar que en nuestro país no existe impunidad” y, por el contrario, “dejó en claro que el poderoso siempre tendrá la razón y pasará por encima de quien sea”, sostuvo Xavier Olea Peláez, abogado de Lydia Cacho Ribeiro.

En entrevista telefónica, el penalista aseguró, sin mencionar nombres, que hubo ministros que de último momento cedieron a “presiones políticas” y cambiaron el sentido de su voto.

El pasado martes, cuando inició la discusión del caso, las ministras Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos dejaron entrever que avalarían el dictamen elaborado por Juan N. Silva Meza, pero ayer cambiaron de parecer y votaron con el bloque que determinó absolver al gobernador de Puebla, Mario Marín Torres.

Por otra parte, los constitucionalistas Raúl Carrancá y Rivas, Elisur Arteaga Nava y Clemente Valdés lamentaron la decisión de la Corte, que falló en favor del llamado góber precioso.

Entrevistados por separado, consideraron que los costos políticos para la Corte serán graves, porque afectarán su credibilidad. Además, sienta precedente de lo que podría ocurrir en el caso de la investigación que realiza una comisión de ministros en Oaxaca por presuntas violaciones a las garantías individuales que se imputan al gobernador Ulises Ruiz.

Carrancá refirió que estuvo pendiente de la sesión sobre el caso de Lydia Cacho, y por eso “sostengo que es una barbaridad el argumento de la Corte; es inaceptable jurídicamente que los ministros hayan dicho que no podían avalar como prueba una grabación (entre Marín y Kamel Nacif) porque es contraria a derecho; ¿entonces qué?, ¿lo que ahí se dijo no existió?

“El contenido de esa llamada representa hechos reales; la Corte no iba a procesar a nadie, sólo a señalar moralmente la gravedad de esos hechos. Sólo faltó que nos dijeran: ‘eso (la llamada) no lo oíste’. ¿Cómo que no lo oí? ‘Sí, no lo oíste porque fue grabado ilegalmente’. Y eso es una barbaridad. Admito que la grabación fue ilegal, pero lo oí, todos lo oímos, y ahí el derecho no puede contradecirse y resolver que no existió lo que sí aconteció. Con esto la Corte pierde credibilidad.”

Elisur Arteaga también consideró que la SCJN pagará un costo político muy alto, porque los ministros no dejaron satisfechas las expectativas que generaron cuando determinaron ejercer su facultad de atracción del caso Cacho-Marín.

“Una investigación de esta naturaleza tiene alcances limitados; aunque la Corte sí tenía posibilidades de hacer un pronunciamiento no vinculante (contra el gobernador de Puebla), por alguna extraña razón que desconozco no lo hizo.”

Clemente Valdés manifestó que “(la resolución) es lamentable y desde el punto de vista procesal es totalmente inadecuada; en el otro aspecto (constitucional), éste nos lleva a una situación diferente, porque lo que está en juego no es la defensa de las libertades fundamentales o garantías constitucionales de una persona profesional del periodismo; tampoco están en juego las arbitrariedades cometidas con ella (Lydia); lo que está en juego es si un gobernador que tiene el control de sus empleados estatales puede, de manera totalmente impune, hacer lo que quiera dentro de su territorio y puede pedirle a otro señor feudal que domina en otro estado del país que le empaque y le envíe a alguna persona para que él pueda hacer lo que quiera con ella”, indicó.

Para Xavier Olea, la resolución de la Corte abona el camino para que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia en contra de las Mujeres (Fevim), de la Procuraduría General de la República (PGR), pueda justificar su intención de decretar el no ejercicio de la acción penal en favor de los funcionarios estatales y policías judiciales que tuvieron comunicación entre sí para coordinar la detención de Lydia Cacho en diciembre de 2006.

Aseveró que la PGR terminará por enviar un desglose de los hechos a las procuradurías de Quintana Roo y de Puebla para que realicen sus propias pesquisas sobre la existencia de posibles delitos del fueron común cometidos contra Lydia Cacho, “y cuando esto ocurra, ni modo que se castiguen entre ellos; cerrarán el caso”, puntualizó.

Para Olea quedó claro que la Fevim, que encabeza Alicia Pérez Duarte, mantuvo congelada la averiguación previa que se inició a partir de la denuncia que presentó Cacho Ribeiro por presuntos actos de tortura sicológica en su contra durante el tiempo en que estuvo detenida en Cancún y trasladada a un penal de Puebla.

Olea Peláez recordó que la fiscal especial ya tenía en 2006 una conclusión previa, mediante la cual buscaba solicitar la aprehensión de los policías que capturaron a Lydia Cacho, pero el ex procurador general Daniel Cabeza de Vaca, primero, y después el actual titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, le ordenaron no consignar el expediente hasta que la Corte se pronunciara sobre el caso.

Los priístas festejan la exoneración del gobernador de Puebla de violaciones graves

La Corte dio un cheque en blanco a la impunidad, afirman diputados del PRD

El siguiente paso es iniciar un juicio político contra Mario Marín, insisten perredistas

No hay responsabilidad para ningún funcionario poblano, dice legislador del tricolor

Enrique Méndez y Roberto Garduño

La determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el caso Lydia Cacho abrió un diferendo en la Cámara de Diputados entre perredistas y priístas. Para los primeros, el paso a seguir es iniciar un juicio político contra el gobernador Mario Marín Torres, mientras los priístas manifestaron satisfacción al descubrir que el funcionario estatal no incurrió en violación a los derechos humanos.

Las perredistas Valentina Batres, Maricela Contreras Julián, Aleida Alavez y Javier González Garza lamentaron y responsabilizaron a los ministros que integran la sala superior de la Suprema Corte, porque “con esta decisión le dan carta abierta y cheque en blanco a la impunidad en nuestro país”.

Valentina Batres informó que el próximo 6 de diciembre, en la reunión que sostendrá la subcomisión de examen previo de San Lázaro, se someterá a votación si proceden las cuatro solicitudes de juicio político contra Marín. El mismo día se abordarán las dos denuncias de juicio político que existen contra Ulises Ruiz Ortiz.

Para la diputada, la determinación del Poder Judicial obedece a “una negociación política. Desde el miércoles, en el debate podíamos prever la postura del ministro Salvador Aguirre Anguiano cuando se mofaba de que no había en el cuerpo de la investigación ningún dato, ninguna aportación documental o prueba de que en este país existían nexos del poder público con la red de pederastia”.

A su vez, Aleida Alavez adujo que las pruebas presentadas ante la opinión pública son suficientes y rotundas para imponer castigo al gobernador Marín. “De seguir con esa dinámica (de la Corte) de no reconocer lo que es evidente para todos, como es la violación a la libertad de expresión de Lydia Cacho y la red de pederastas, nos pone en alerta junto con los casos pendientes de resolver, como San Salvador Atenco y el de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, donde tenemos hechos evidentes de violación a garantías, y ahora, con las componendas de los ministros con los partidos para alcanzar la impunidad, se manifiesta un retroceso en las instituciones del país”.

Maricela Contreras afirmó que las violaciones a las garantías individuales son hechos delictivos, y en el país ese fenómeno se agrava, “porque coloca en la indefensión a las personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos y a los luchadores sociales que demandan justicia”.

Javier González Garza, coordinador de los diputados del PRD, advirtió que la determinación de la Suprema Corte “es un golpe contra los procesos que tienen que ver con justicia y transparencia. Los ministros pueden decir lo que quieran, pero éste es un asunto donde el pueblo de México está absolutamente conciente de lo que ha venido pasando y, por tanto, nos parece gravísimo lo acontecido”.

En contraparte, el coordinador de la diputación por el estado de Puebla asumió la postura de defensor de oficio, al considerar que las autoridades de aquella entidad no incurrieron “en violación grave a las garantías de la distinguida periodista (Lydia Cacho); en consecuencia, no recae responsabilidad política en ningún servidor público del estado de Puebla”.