Réquiem por un salario

Carlos Fernández-Vega

Hace muchísimos años, y no es fábula, que gobierno, empresarios y “líderes” obreros decidieron violar flagrantemente el artículo 123 constitucional y, para hacerlo bien, “desaparecieron” el salario mínimo en él garantizado. A cambio, cada año las tres partes fijan un mini ingreso simbólico (“sólo como referencia para el pago de multas”, según criterio de la Coparmex), que en ningún caso y bajo ningún pretexto sobrepasa el porcentaje de inflación proyectado para el siguiente ejercicio.

Así, por ejemplo, el poder de compra del salario mínimo vigente (49.06 pesos como promedio diario de las tres áreas geográficas en 2007) equivale a 17 por ciento del que se registró 37 años atrás, al arranque del sexenio echeverrista, y a 7 por ciento del que tenía en 1982, al comenzar la administración de Miguel de la Madrid o, lo que es lo mismo, cuando se dio el banderazo de salida del modelo económico que prometía igualdad, justicia social y beneficios para todos, y que 25 años después los debe todos.

En diciembre de 2006, gobierno (el del lema “para que vivamos mejor”), empresarios (“viva el cambio”) y “líderes” obreros (el corporativismo al servicio de quien esté sentado en Los Pinos) ratificaron la referida decisión, y para el presente año autorizaron un “aumento” de 3.9 por ciento al mini ingreso, equivalente a un peso con 85 centavos, como promedio.

Ni un chicle se compra con eso, pero más allá de ese pequeño detalle tal “aumento” se esfumó con el tortillazo de enero de 2007 y los subsiguientes aumentos en otros productos de la canasta básica. A mediados de año se registró otra sacudida de precios, y una más tras la iniciativa de Felipe Calderón (por mucho que intente renegar de su paternidad) sobre el nuevo impuesto a la gasolina, aprobada por el Congreso. Y ya viene enero, entrada en vigor del susodicho gravamen.

El artículo 123 constitucional en su fracción sexta establece: “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos...”, texto muerto para la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (en cuyo seno sesionan las tres partes referidas), un organismo público descentralizado creado con base en la letra y el espíritu del mismo artículo constitucional que, con mexicana alegría, gobierno, empresarios y “líderes” obreros violan un año sí y el otro también.

De diciembre de 1970 a igual mes de 2007 (37 años de distancia), el “incremento” acumulado del salario mínimo suma poco más de 91 mil 600 por ciento, lo que sería motivo de celebración para más de un despistado. Sin embargo, en ese mismo periodo la inflación acumulada (la oficial) se aproxima a 515 mil por ciento, una diferencia de 5.6 veces a favor, obvio es, de la inflación.

La gravedad es aún mayor si se revisan los resultados en el periodo del paraíso prometido (léase apertura, modernización, globalización). De diciembre de 1982 a igual mes de 2007 (tras cinco gobiernos neoliberales), el aumento acumulado del salario mínimo supera ligeramente el 15 por ciento, mientras la inflación oficial avanzó 215 mil por ciento, esto es, una diferencia de 15 tantos en demérito del poder adquisitivo del mini ingreso. Lo que hoy se compra con un peso, 25 años atrás se adquiría con 7 centavos.

Así, año tras año, gobierno tras gobierno, ha caído el poder adquisitivo del salario mínimo constitucional, hasta acumular una pérdida verdaderamente escalofriante, y prácticamente desaparecer. Y en este vergonzoso asesinato la patronal mantiene su decir de que a estas alturas no se dan mayores aumentos al mini ingreso “porque sólo es una referencia y ya nadie lo gana”, aunque la estadística oficial indica que más de 6.5 millones de mexicanos (algo así como 15 por ciento de la población económicamente activa) lo obtiene; el gobierno (cualquiera de los últimos cinco) justifica que, al final de cuentas, “es una decisión de los factores de la producción”, mientras los “líderes” obreros se limitan a decir “a sus órdenes jefe”.

Y en este desagradable contexto, el órgano tripartito de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos recién se declaró en “sesión permanente” para fijar el “aumento” del mini ingreso para 2008, que no sería mayor a la inflación reconocida por el Banco de México (ese mago de las cifras, para el que los precios de ningún producto suben más allá de la meta fijada), porque, como dijo el representante patronal en la CNSM, “la viabilidad de un buen incremento lo tendrán que decir los números de la economía, pues no lo fijaremos nosotros”.

Entonces, si no lo fijan ellos en el seno de la citada comisión, qué caso tiene su existencia, más allá de que según sus propia reglas tiene “la encomienda” de “la fijación de los salarios mínimos legales, procurando asegurar la congruencia entre éstos y los atributos que la Constitución otorga al salario mínimo”, condiciones que permanentemente violan las tres partes involucradas.

Preparaos, pues, porque el “aumento” a los mínimos de inmediato se refleja en las revisiones de salarios mayores, mientras se escuchan los tambores de guerra por el gasolinazo y la pavorosa cuesta (90 grados) de enero que se aproxima.

Las rebanadas del pastel

Lo bueno es que “el país ya cambió”: la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha otorgado carta blanca a los violadores de los derechos humanos, con el góber precioso en primer lugar. A partir de su resolución sobre el caso Lydia Cacho, cualquiera puede violarlos sin mayores consecuencias judiciales, siempre y cuando sus consecuencias “no sean graves”, como dicen los ministros que por mayoría votaron en tal sentido. Se mantendrá, pues, la impunidad de nefastos personajes como Mario Marín, quien desde ayer regala y pide más “botellitas” de coñac. Dice Lydia que es “una derrota para los periodistas”. No, lo es para el país.