Campo mexicano abierto de par en par

Carlos Fernández-Vega

Caen rápidamente las hojas del calendario (sólo faltan 31 días para que inicie la “fiesta”) y la previsión gubernamental para evitar un colapso mayor brillan por su ausencia. A partir del primer día del próximo año las puertas del campo mexicano quedarán abiertas de par en par para que, en el marco del TLCAN y según se presume en él, se dé la “libre competencia” en el sector agrícola.

Falta muy poco, pero más allá de los discursos nada se ha hecho para contrarrestar los nocivos efectos de tal “competencia”, y en el mejor de los casos han fracasado los pocos intentos. Por ejemplo, el esquema de la Sagarpa de compras anticipadas de maíz, dependencia que “utiliza recursos públicos en favor de los empresarios”, los únicos con perspectiva ganadora –como en tantos otros sectores económicos– ante la inminente “apertura”.

Olvidado por años, el campo mexicano y sus habitantes están devastados, y la ingrata perspectiva se fortalece ante la referida apertura de puertas. Sólo los grandes agroindustriales cuentan con capacidad técnica y financiera para mantener sus exportaciones de hortalizas, su gran negocio, y sacar provecho de la “competencia”. Los demás, que arreen.

Una de las grandes debilidades del campo mexicano es el financiamiento productivo, un entuerto que los elefantes blancos del sector público agropecuario (FIRA y Financiera Rural, entre ellos) no han podido deshacer. De hecho, “el papel de banca de desarrollo para el sector agropecuario, junto con los programas que instrumenta el gobierno mexicano para canalizar recursos crediticios a la producción agropecuaria, muestra un panorama de claroscuros, en el que predominan las insuficiencias y la carencia de una estrategia nacional de financiamiento que incluya a los pequeños y medianos productores”, como resume la Cepal en su más reciente análisis sobre el particular (México: notas sobre el financiamiento rural y la política crediticia agropecuaria, noviembre 21, 2007).

Así, en las instituciones de carácter nacional –FIRA y Finrural– “se observan deficiencias en la cobertura, que deja fuera del crédito a la mayoría de los pequeños y medianos productores, quienes llevan a cabo su actividad en las regiones tradicionalmente más atrasadas (…) lo que lleva a concluir que mediante sus patrones de operación actuales no será posible hacerles llegar el crédito, en especial a los ubicados en el sur-sureste del país”.

Tradicionalmente, subraya la Cepal, la banca comercial, y en alguna medida también la de desarrollo o gubernamental, le han atribuido tanto a la carencia de garantías (o las dificultades para ejecutarlas, es decir, tomarlas después de la falta de pago), como a los elevados riesgos de la producción agropecuaria, el carácter de impedimento para otorgar financiamiento. “Al desaparecer la banca de desarrollo de primer piso, los organismos gubernamentales que pasaron a desempeñar ese papel (los citados FIRA y Finrural) dependen de la existencia de una red de intermediarios para la colocación a descuento de sus fondos. Sólo de esta manera tales organismos pueden hacer llegar el crédito a usuarios dispersos que requieren montos relativamente reducidos. (Sin embargo), una conclusión fundamental del análisis de la política financiera agropecuaria en México es que se constata una carencia de intermediarios financieros formales de primer piso en el medio rural”.

Además, la escasa bancarización (con respecto a países de similar nivel de desarrollo) que caracteriza a México en general, incluyendo las áreas urbanas, se muestra como un verdadero rezago en las áreas rurales. “De la operación de FIRA y Finrural se concluye que hace falta una estructura que vincule a esas instituciones con los usuarios directos del crédito. Sus programas requieren de la mediación de organismos financieros que hagan llegar los recursos en forma eficiente a los pequeños y medianos productores”.

Ante la falta de intermediarios formales, las instituciones financieras han optado por operar utilizando empresas comerciales privadas, agroindustrias u organizaciones de productores que se convierten en organismos dispersores del crédito (ODC) sin experiencia en cuestiones financieras, por lo que en algunos casos utilizan su posición para colocar sus productos e incluso retornan a prácticas de otorgamiento del crédito en especie. Sin demérito de que algunas de esas figuras puedan realizar adecuadamente la función de colocación de recursos (sobre todo tratándose, por ejemplo, de los ingenios azucareros que tienen una posición estratégica de control sobre los productores proveedores de caña), a las instituciones financieras oficiales les resultaría más eficiente centrar sus esfuerzos en capacitar, asesorar técnicamente y dar apoyos a las entidades de ahorro y crédito popular”.

En resumidas cuentas, anota la Cepal, “durante el último lustro el principal obstáculo para hacer llegar crédito a los pequeños productores no ha sido la falta de recursos, altas tasas de interés o carencia de garantías de los prestatarios. El problema radica en que no se tiene una red de intermediarios de primer piso que sea amplia y capaz de distribuir eficientemente los recursos. Construir esa red es la mejor vía para lograr un mercado financiero con mayor penetración geográfica y cobertura social, más homogéneo y sin la segmentación que ahora manifiesta. La red de pequeños intermediarios financieros es la alternativa frente a una banca comercial que, pese a su modernización, prefiere otorgar préstamos para el consumo en los sectores urbanos, en detrimento del apoyo a la inversión en actividades productivas”.

Las rebanadas del pastel

Con un “austero” desayuno para 500 personas, “celebran” un año en Los Pinos. Bien, pero más allá del golpe, como el ministro de Benedetti, ¿qué festejan? ¿De qué se ríen?

Respuesta: del pueblo mexicano.