El Justo Reclamo

Niega la SCJN que su fallo sobre el caso Cacho-Marín derive en impunidad

Margarita Luna Ramos

Foto: miguel dimayuga

de la redacción

México, D.F., 30 de noviembre (apro).- En un intento por contrarrestar las críticas que provocó el fallo sobre las violaciones a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aclaró que la resolución que emitió “no deriva en impunidad”.La SCJN determinó ayer que las violaciones a los derechos humanos de la autora del libro Los demonios del Edén, “no fueron graves” y determinó que el gobernador de Puebla, Mario Marín, no puede ser investigado por su responsabilidad en el caso.Este viernes, en una inusual conferencia de prensa, el máximo tribunal sostuvo que su conclusión sólo establece que no quedó demostrado el concierto entre autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo de Puebla para perjudicar a la periodista, por lo que “no deriva en impunidad para quienes hayan cometido actos delictivos”.La ministra Margarita Luna Ramos precisó que la conclusión de la Corte “no significa que otras autoridades no puedan o no deban seguir adelante con la investigación de asuntos muy sensibles para nuestra sociedad”.Acompañada por el magistrado Sergio Valls Hernández, sostuvo que el dictamen final sobre el caso se apegó de manera estricta a derecho, lo que no quiere decir que la SCJN no tenga “empatía y sensibilidad” con la causas que se le presentan.Subrayó que el caso no podía resolverse “basándose en pruebas ilegales”, pues la premisa de la que parte la solicitud de investigación enviada por el Congreso de la Unión “fue una grabación obtenida en franca violación al artículo 16 de la Constitución”.Luna Ramos explicó que sólo las pruebas legalmente presentadas pueden valorarse en el marco de la ley y la constitucionalidad de los hechos que se someten a su jurisdicción; y que el fallo tomó en cuenta esa “consideración técnica, que soporta la justicia y que da solidez al funcionamiento de todo el sistema judicial de nuestro país”.En ese sentido subrayó que “como tribunal constitucional del país la Corte es la primera obligada a cumplir con la Constitución y a velar porque las pruebas que obren en un expediente sean obtenidas de forma legal”.Subrayó que la mejor garantía de un Estado de derecho es que el alto tribunal del país actúe apegado al marco legal, a pesar de las voces sentidas de grupos de la sociedad.