España, otro país europeo cómplice con los "vuelos de la CIA"

Enrique Santiago
Tercera Información

Gracias a informaciones publicadas inicialmente en la prensa de Palma de Mallorca, desde el año 2002 se ha sabido que España se ha convertido en uno de los países de tránsito habitual de estos secuestrados por los EE.UU.

Desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, los Estados Unidos de América, -con la colaboración del Reino Unido, de los países de la “Nueva Europa” y otros regímenes autoritarios, especialmente árabes, y con la permisividad sino connivencia del resto de países de la Unión Europea- han emprendido una activa campaña para degradar y reducir a su mínima expresión los Convenios Internacionales vigentes en el mundo en materia de derechos Humanos.

Los Estados Unidos llevan a cabo una política de puesta en marcha de un “estado de excepción global” planetario, además de una redefinición a la baja de los derechos humanos, especialmente la protección contra la tortura, para garantizarse la absoluta impunidad del Gobierno y sus funcionarios en materia de crímenes contra la humanidad.

Fruto de esa política, desde finales de 2001 los EE.UU. han levantado una red, aún desconocida en su totalidad, de centros de detención clandestinos donde se tortura y recluye, en la absoluta clandestinidad y privados de los derechos fundamentales mas elementales , a todos aquellos que consideran “terroristas” o enemigos del orden imperial norteamericano

No es ningún secreto la existencia del más conocido de estos centros en Guantánamo (Cuba), ni la existencia de otros en Irak, Afganistan, Polonia, República Checa, Mecedonia, etc.

Dentro de esta política, se ha puesto en marcha un amplio operativo de secuestros y traslado de personas detenidas por EEUU ilegalmente, tanto a los centros de detención clandestinos mencionados, como a terceros países donde la práctica de la tortura es habitual. A esta práctica los Estados Unidos la denominan “reenvios” a efectos de interrogatorio.

Gracias a informaciones publicadas inicialmente en la prensa de Palma de Mallorca, desde el año 2002 se ha sabido que España se ha convertido en uno de los países de tránsito habitual de estos secuestrados por los EE.UU., ya sea camino a alguno de los centros de detención clandestinos de EE.UU., en especial Guantánamo, o ya sea con destino a terceros países donde estos detenidos serán torturados sistemáticamente.

Fruto de la investigación periodística realizada en España, y de otras investigaciones e informes, especialmente los realizados por el Parlamento Europeo y por el Consejo de Europa, ha quedado acreditado la profusa utilización de los aeropuertos civiles de Palma de Mallorca, Ibiza, Málaga, Barcelona, Tenerife Norte, entre otros en España, para este ignominioso trasiego de secuestrados y torturados a cargo de los EE.UU.

Una vez conocidos los hechos, en el año 2004 un grupo de ciudadanos de Palma de Mallorca a través de la Comisión de derechos humanos del Colegio de Abogados de esa isla, presentaron una denuncia a la Fiscalía, por los presuntos delitos de torturas, detenciones ilegales y otros, contra todos aquellos en que resultaran responsables de los hechos denunciados a la vista de los resultados de la investigación.

Tras un arduo proceso judicial, los juzgados de instrucción de Palma de Mallorca se inhibieron de este procedimiento a favor de los Juzgados Centrales de Instrucción de la Audiencia Nacional, sede judicial en la que se investigan estos hechos desde el año 2005.

Izquierda Unida se personó como acusación popular en estas actuaciones a principios del año 2007. Desde entonces, Izquierda Unida ha venido impulsando el procedimiento y solicitando la práctica de numerosas pruebas que entre otros aspectos han puesto de manifiesto, que además de los mencionados aeropuertos civiles, los aeropuertos militares españoles en los que se ubican instalaciones militares norteamericanas o “IDA’s”, según los términos del Convenio Bilateral de cooperación militar España-EEUU en vigor, han soportado un elevado tránsito de vuelos clandestinos de aviones militares norteamericanos trasladando a cientos de personas detenidas ilegalmente, hacia Guantánamo fundamentalmente.

Llama poderosamente la atención el hecho de que en dichas bases aéreas españolas se haya llegado a realizar cambios de decenas de detenidos de unos aviones a otros, cabiendo incluso la posibilidad de que estos detenidos hayan “pernoctado” en dichas instalaciones españolas, sorprendentemente y al parecer sin que nadie los haya visto en ningún momento.

Tanto el gobierno español, el del PP en su momento y el actual del PSOE, a través de comparecencias parlamentarias y de las declaraciones de los ministros Jose Antonio Alonso (defensa) y Moratinos (exteriores) han negado sistemáticamente que estos hechos se hayan producido, alegando que en caso de haberse producido, habría sido con el desconocimiento absoluto del gobierno español y sin que se hubiera solicitado autorización alguna al respecto por parte de EE.UU.

Podemos sin embargo afirmar que el mismísimo Jose Maria Aznar, siendo Presidente del Gobierno, puso el territorio y los medios de defensa españoles al servicio de estas operaciones. También podemos afirmar, que a pesar de que el Gobierno socialista actual y su servicio de “inteligencia”, el CNI, afirman conocer de estos vuelos de la vergüenza exclusivamente a través de lo publicado en la prensa.

Lo cierto es que en las actuaciones judiciales obran diversos y más que completos informes respecto al trasiego de aviones y agentes secretos norteamericanos por los aeropuertos españoles trasladando detenidos ilegalmente, informes elaborados con absoluta rigurosidad, competencia y eficacia por las distintas comandancias de la Guardia Civil a cargo de los aeropuertos donde ha habido este tipo de tránsitos.

Estos más que minuciosos informes, con cientos de folios y completas identificaciones de pasaportes de agentes de la CIA, ocupantes de vuelos, llamadas telefónicas realizadas por estos a Virginia (EE.UU.) etc etc, dejan en entredicho al Gobierno -actual y anterior- y a sus servicios de inteligencia, que o bien no son tan “inteligentes”, bien mienten descaradamente o bien son unos absolutos incompetentes.

Previsiblemente, la investigación impulsada por Izquierda Unida dará aun más luz sobre estos criminales actos y las complicidades políticas que los han posibilitado. Esperamos que el gobierno y sus portavoces asuman la responsabilidad correspondiente, las responsabilidades que les atañen, y sobre todo, dejen de ofendernos mintiendo u ocultando la verdad, lo que viene a ser lo mismo.

Y sobre todo, esperamos que algún gobierno de España, tenga la suficiente valentía en adelante para defender la soberanía nacional española, la legalidad internacional y poner coto a los desmanes realizados por las agencias de seguridad de los EEUU en nuestro territorio con absoluta impunidad y complicidad política.

* Enrique Santiago. Abogado de la Acusación popular ejercida por Izquierda Unida en el caso “vuelos de la CIA”, ante la Audiencia Nacional.