Anuncia Carlos Sotelo que junto con grupos ambientalistas convocarán a un debate público
La legislación actual detuvo proyectos turísticos millonarios planeados en zonas de manglar
Pretenden aprobar una normatividad para hacer negocios a costa del patrimonio del país, dice
Las medidas compensatorias sobre este ecosistema son una falacia, afirma el perredista
Andrea Becerril
Junto con grupos ambientalistas, la fracción del PRD en el Senado convocará a un amplio debate público, a fin de frenar en definitiva la reforma legal que permite la edificación de centros turísticos en zonas de manglar y sólo prevé medidas compensatorias en caso de daño o destrucción de estos ecosistemas.
Es muy grave el “contubernio” entre representantes populares y “empresarios depredadores” que buscan aprobar una legislación a modo para hacer negocios a costa del patrimonio de todos los mexicanos, advirtió el senador perredista Carlos Sotelo.
Recordó que el dictamen con modificaciones a la Ley de Vida Silvestre y a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente estuvo a punto de aprobarse con todo sigilo en el último día de sesiones del periodo legislativo que concluyó el pasado día 13, pero fue retirado a última hora, luego de las denuncias de defensores del medio ambiente sobre los intereses económicos de varios senadores del PAN y del PRI que impulsan el proyecto.
Sin embargo, advirtió, el dictamen puede aprobarse en febrero, por lo que se requiere abrir la discusión.
Deploró que senadores que son al mismo tiempo empresarios o tienen empresas familiares en el área turística estén en las comisiones encargadas de dictaminar una reforma, que busca flexibilizar al máximo la legislación, a fin de que puedan edificarse cadenas hoteleras o complejos turísticos en las zonas de humedales o de manglares.
Sotelo destacó que en realidad se trata de una contrarreforma encaminada a echar abajo las modificaciones al artículo 60 de la Ley de Vida Silvestre, que se aprobaron hace apenas unos meses y en las que hay una serie de ordenamientos para impedir que se destruyan manglares y cuencas hidrológicas.
Unos 20 gobernadores, sobre todo de entidades costeras, se opusieron a la legislación y le pidieron a Felipe Calderón, a través de un desplegado, que no promulgara la ley. “Como no lo lograron, ahora buscan modificarla para hacer lo más flexible posible el ordenamiento.
“El artículo 60 de la Ley de Vida Silvestre no impide el desarrollo económico, ni la construcción de infraestructura, pero obliga a ajustar los proyectos, a fin de que no acaben con los humedales”.
El perredista reconoció que los intereses son muy poderosos, ya que la legislación frenó proyectos por más de 18 mil millones de dólares, que pretenden edificarse en las zonas costeras, sin importar el daño al medio ambiente.
Subrayó que el argumento que sustenta la destrucción de manglares, a partir de medidas compensatorias, es una “falacia”, ya que no se indica en qué criterios se sustenta que por cada hectárea de manglar destruida se deberán restituir seis hectáreas.
“El manglar requiere condiciones apropiadas para desarrollarse, ya que está vinculado a ríos, lagunas y otras cuencas, por lo que al destruirse se acaba con todo el ecosistema”, agregó.
Puso de ejemplo el de la laguna de Cuyutlán, en Manzanillo, donde se pretende establecer un puerto interior que, de entrada, significa acabar con 30 hectáreas de manglar. “Bajo la lógica de la iniciativa, se plantearía sembrar 180 hectáreas de mangle en otra zona, pero ¿qué pasa con la laguna, van a crear otras seis?”
Sotelo precisó que entró en contacto con Greenpeace, con el Centro de Derecho Ambiental y otras organizaciones, a fin de preparar foros y abrir el debate público, ya que es un tema que no puede decidirse en la oscuridad.
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