Boletín Informativo ISA núm 308

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Sumario:

I. La Secretaría de Hacienda está obligada a posponer de manera indefinida el incremento al precio de la gasolina y a las tarifas eléctricas: Mario di Costanzo

II. Minisalarios y meritocracia, por José Luis Piñeyro

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LA SECRETARÍA DE HACIENDA ESTÁ OBLIGADA A POSPONER DE MANERA INDEFINIDA EL INCREMENTO AL PRECIO DE LA GASOLINA Y A LAS TARIFAS ELÉCTRICAS: MARIO DI COSTANZO

“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del gobierno espurio de Felipe Calderón está obligada a detener de manera indefinida el incremento a la gasolina y a la energía eléctrica previstos para entrar en vigor a partir del próximo 6 de enero, en virtud de que de no hacerlo generará presiones inflacionarias que ponen en riesgo la estabilidad social y la competitividad de la industria en el país”.

Así lo señaló Mario di Costanzo, secretario de la Hacienda Pública del gobierno legítimo de México, quien agregó: “de acuerdo con el último informe de finanzas públicas, al mes de noviembre del año pasado las arcas nacionales registraron un superávit fiscal (más ingresos que gastos) que ascendió a 192 mil 97 millones de pesos, lo que representó un crecimiento real de 16.5% con respecto al mismo periodo de 2006. Esto significa que existen en las arcas públicas casi 200 mil millones de pesos que podrían ser utilizados para financiar las necesidades de gasto durante el presente año, sin la necesidad de recurrir a los incrementos en los precios y tarifas del sector público, que han originado que durante los primeros meses de cada año se observen fuertes incrementos en los precios de la mayoría de los bienes de consumo básico”, subrayó el funcionario del gabinete de Andrés Manuel López Obrador.

Di Costanzo pronosticó que de no detenerse las alzas a la gasolina, el diesel y la energía eléctrica, “se estarían empujando hacia arriba los precios de miles de productos que por factores adicionales ya registran de por sí incrementos importantes, como el maíz, que inició el año 2008 con precios récord en cotización internacional al ubicarse en 2 800 pesos la tonelada y que ha originado que en algunas partes del país el precio de la tortilla nuevamente se coloque casi en 12 pesos por kilogramo”.

El miembro del equipo de gobierno lopezobradorista hizo referencia también a que el magro incremento que tuvieron los salarios mínimos, “ni siquiera alcanzó a restaurar el poder adquisitivo de los trabajadores respecto de los niveles observados en enero de 2006, ya que en esa fecha un trabajador requería de 1.54 horas de trabajo para adquirir un kilogramo de frijol, y en diciembre de 2007 (suponiendo que ya contara con el incremento a su salario mínimo) hubiese requerido de 2.74 horas de trabajo, es decir que requiere de entre 70 y 75% más de trabajo parta adquirir el mismo kilogramo de frijol”.

Mario di Costanzo agregó que “el incremento a la energía eléctrica restará competitividad a las empresas nacionales, que de por sí verán disminuidas sus exportaciones a Estados Unidos por motivo de la menor actividad económica en dicho país, con lo que disminuirán aún más las posibilidades de crecimiento económico y generación de empleo en México, lo que contribuirá a deteriorar la estabilidad social”.

“Por ello —concluyó— resulta sumamente absurdo que la Secretaría de Hacienda, aun y cuando cuenta con recursos en caja, persista en incrementar la gasolina y la energía eléctrica para recaudar más ingresos”.

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MINISALARIOS Y MERITOCRACIA
por José Luis Piñeyro
(publicado en El Universal el 5 de enero de 2008)

El pasado aumento de 4% al salario mínimo igual a 2 pesos y centavos no sólo es un insulto repetido durante los últimos 25 años sino también otro reflejo de la desigualdad estructural en México. Aumento que se pretende justificar por partida doble: es un porcentaje igual a la inflación anual y no representa más que un indicador general, pues muy pocas personas ganan un salario mínimo, alegan los empresarios. Pero el precio de los bienes de la canasta básica tuvo un aumento de 30%, esto antes del esperado gasolinazo inflacionario del 2008, además, son mentiras que pocas personas ganan un minisalario, son 5 millones 278 mil y 8 millones 670 mil quienes reciben dos ingresos, según el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, es decir, casi 18 millones de mexicanos.

A las mentiras empresariales se agregan las de analistas económicos que justifican que los elavadísmos ingresos y compensaciones de la alta burocracia obedecen a su alta calificación técnica y el grado de responsabilidad en la toma de decisiones para el futuro nacional, además se afirma que es lo que deben percibir respecto a lo que sus pares ganan en el mercado internacional. O sea, estos especialistas representan una oferta de trabajo reducida mientras que, por ejemplo, los jardineros o plomeros conforman una amplia oferta laboral poco calificada, por esto deben ganar mucho menos y por no tener responsabilidades de Estado. Afirman que, para reducir el enorme diferencial salarial entre “los que saben y los que no saben”, se requiere de una amplia inversión educativa en capital humano que permita generar más riqueza para así mejorar el nivel de vida general.

Como con los empresarios, este razonamiento abstracto resulta convincente, pero no considera rasgos del mercado mexicano que lo hacen mundialmente famoso: la inmoral hiperconcentración del ingreso y de la riqueza y la espantosa pobreza y desempleo donde sobreviven más de la mitad de la nación. Suponer que solamente con capital humano de alta calificación y aumento de la productividad se van a reducir las diferencias salariales y desconcentrar el ingreso es perversidad pura o increíble ingenuidad. Tan no es así que los migrantes indocumentados a EU tienen un creciente componente universitario: 225 mil técnicos y profesionistas anuales informa el Consejo Nacional de Población, más la fuga de casi 500 mil profesionales y posgraduados reconocidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En realidad, los tecnócratas antes priistas y hoy panistas en el poder del Estado desde hace 25 años, han salido muy caros a la nación, basta ver el desastre humano, económico y cultural recurrente señalado por investigadores mexicanos y organismos financieros internacionales y de Naciones Unidas. La sistemática descapitalización de trabajadores calificados y no vía la migración masiva a EU es uno de los efectos de la política económica neoliberal reproducida por dichos tecnócratas y legitimada por un ejército de intelectuales.

En los años ochenta del siglo pasado, ciertos académicos con descarnada o cínica actitud reconocían que México y América Latina eran sociedades de los dos tercios, esto es, el otro tercio sobraba para cualquier plan de desarrollo económico debido a su atraso educativo y técnico, había que aplicarle planes de combate a la pobreza para mantenerlo en supervivencia de donde nunca saldría y sobre todo para mantenerlo bajo control político; el otro tercio era susceptible de mejorar su atraso relativo mediante capacitación laboral y educativa.

Hoy, a principios del siglo XXI, la “solución” de los nuevos intelectuales y del Banco Mundial es elevar el nivel educativo del capital humano. Chiste de mal gusto pues hoy en ciertas sociedades de Latinoamérica como la de México, habría que hablar de la sociedad de las dos mitades, una excluida de los beneficios del salvaje capitalismo neoliberal y otra que también se reduce con la paulatina desaparición de los sectores medios y la consolidación de elites económicas, políticas e intelectuales. El inicio del 2008 lo marcará la elección de los consejeros electorales y la inflación, para tales puestos no se requiere especialistas como no lo fueron Luis Carlos Ugalde y todos los consejeros salientes, cualquier profesor universitario o ciudadano promedio debería ocuparlos con base en sus méritos, pero con salarios menos insultantes para la mayoría ciudadana. La bolsa de 10 millones de pesos que se llevó Ugalde en prestaciones y sueldo más los salarios y prebendas de que gozan los diputados (El Universal 21/XII/07) son ejemplo de la supuesta meritocracia que hay que controlar como futuro ejercicio democrático directo.