El gobierno chileno extermina al pueblo mapuche

Marcos Roitman Rosenmann

Chile es un país cuyos dirigentes políticos se vanaglorian de poseer un orden democrático, velando la práctica consentida de torturas y de políticas etnocidas. Lo anterior es consecuencia de estar regidos por la Constitución promulgada durante el régimen de Pinochet; sin embargo, el mayor símbolo de esta contradicción, ser demócrata y practicar el exterminio al pueblo mapuche, se produce por la existencia de otra ley de la dictadura. Se trata de la N1 18.314, conocida popularmente como Ley antiterrorista. En vigor desde el 16 de mayo de 1984, fue ideada por el entonces ministro del Interior de la Junta Militar, Sergio Onofre Jarpa, para dejar sin efecto el habeas corpus y aplicar la doctrina del enemigo interno. Instrumento que permitía a las fuerzas de seguridad actuar a sus anchas

Se encarceló y torturó a miles de ciudadanos con el pretexto de violar la propiedad privada, el territorio y ser enemigo interno de la patria. Tras años de lucha, cuando muchos han creído superados los tiempos negros de la infamia, el gobierno mandará aplicar dicha ley contra el pueblo mapuche. Al hacerlo, se sitúa al mismo nivel de quienes la promulgaron y viola todos los principios democráticos de igualdad, justicia y dignidad. Se condena al pueblo mapuche al exterminio. Es la solución para acallar la voz reivindicativa de sus dirigentes en estos años de enfrentamiento a las políticas de usurpación.

Aplicar la Ley antiterrorista es parte de la solución final. Conlleva imputar a dirigentes mapuches su participación en actividades contra la seguridad del Estado y la propiedad privada. En la actualidad más de medio millar está en prisión por dicha ley. Para evitar ser descubiertos, esta es la estrategia elaborada por el Estado chileno para provocar el etnocidio y garantizar su ejecución:

1) La mordaza comunicativa. Censura y control de los medios de comunicación. Nada debe conocerse sobre dicha actividad. La prensa privada también participa; 2) La oposición es cómplice con la política del gobierno; 3) Los terratenientes campan por sus fueros y no dudan en utilizar la fuerza paramilitar a sabiendas que las fuerzas de seguridad dejarán hacer; 4) El colonialismo interno es el mecanismo de explotación vigente de los pueblos mapuches e indígenas en Chile, y 5) Las trasnacionales esperan beneficiarse del etnocidio y alzarse como las máximas propietarias de las riquezas hidráulicas. La española Endesa ya lo hizo en 1999 con la presa Ralco, al quedarse con los territorios del pueblo pehuenche y causar la desaparición del patrimonio cultural del mismo. Así, todos son parte de un festín propio de la globalización neoliberal no apto para demócratas.

La lucha fue dura. Ralco, un punto de inflexión. Ahora se pasa al ataque final. En diciembre de 2001 se acusa de un incendio intencionado de pinos, propiedad de Forestal Mininco, a líderes de la coordinadora Arauco Malleco y comuneros mapuches. Se les aplicará la Ley antiterrorista, entre otros a Héctor Llaitul, Juan Marileo Saravia, Jaime Marileo Saravia, Juan Carlos Huenulao Lielmil, Patricia Troncoso y José Henchunao.

Esta estrategia pueril es la forma de mostrar al pueblo mapuche el descontento por su correosa defensa de los derechos territoriales. No deben levantar la cabeza frente al hombre blanco. Y si lo hacen, sufrir las consecuencias. El gobierno aplica la Ley antiterrorista como montaje del Estado. Posteriormente simula un juicio donde los testigos de la acusación salen encapuchados, sin rostro, sin nombre real. Donde comuneros mapuches inculpan a sus compañeros tras torturas, amenazas de muerte a sus familias y el allanamiento de sus domicilios. Y cuando superan el miedo y cuentan la verdad de los hechos, el juicio es suspendido sine die por orden del Estado, pero no se paralizan las sentencias.

Tras siete años y ante la ignominia, en octubre de 2007 iniciaron una huelga de hambre. Hoy, en 2008, Patricia Troncoso va a cumplir 80 días sin alimentos. Está a punto de morir. El resto de los inculpados desisten esperando una rectificación por parte del gobierno. Su pliego de peticiones es simple: libertad a presos políticos mapuches, desmilitarización de la zona en conflicto y fin de los allanamientos policiales. La mediación del obispo de Temuco parece no ser suficiente. Patricia ha perdido 22 kilos. Su carta a Bachelet es descarnada, aquí algunos párrafos: “Yo quiero preguntarle(...) Usted que fue prisionera política, que fue torturada, siente hoy el placer de torturarnos a nosotros. ¿Qué siente usted señora presidenta?(...) ¡Qué lástima que usted se haya olvidado de todo lo que significa la prisión política y la muerte de tantos seres! Usted, con la actitud soberbia de su gobierno, de sus representantes, hoy en día nos torturan condenándonos a una muerte silenciosa”.

El informe del relator especial de las Naciones Unidas y las libertades fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, a dos años del caso, en 2003, recomendó al gobierno de Chile no criminalizar y penalizar las legítimas actividades de protesta social de las comunidades indígenas, la no aplicación de la Ley antiterrorista, la revisión del caso de los lonkos procesados, la reforma del proceso penal de testigos sin rostro, no aplicar el concepto de amenaza terrorista o asociación delictuosa para hechos relacionados con la lucha por la tierra o reclamos legítimos de los pueblos indígenas. Asimismo, mostró, en nombre del comité, la preocupación por aplicar dos leyes: la antiterrorista y la de Seguridad del Estado en las tierras ancestrales mapuches. Sin embargo, sus recomendaciones han quedado sin efecto. El plan del gobierno de la Concertación y la oposición sigue siendo el exterminio mapuche. Para este objetivo, Chile desconoce tratados internacionales, no cumple convenios ni respeta acuerdos. Esperemos que el Estado chileno no consume su crimen de lesa humanidad contra el pueblo mapuche. Si lo hacen, los actuales dirigentes políticos pasarán a la historia como etnocidas.