Insisten especialistas en el retiro del Ejército de la lucha contra el crimen

Las tareas de investigación y persecución salen de su competencia, advierten

De comprobarse su participación debe sancionarse incluso al titular de Sedena, dicen

Gabriel León Zaragoza

Las tareas de investigación y persecución de criminales po el Ejército Mexicano son actos ilegales que no permiten la Constitución Política ni la ley que rige el desempeño de las fuerzas armadas. De comprobarse esta participación de la milicia debe aplicarse alguna sanción a quien la protagonice e incluso al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), detallaron especialistas universitarios en el tema de las fuerzas armadas.

Medida unilateral

Pablo Monsalvo, académico del diplomado de seguridad pública de la Universidad Iberoamericana (Uia), consideró que estas atribuciones asumidas de manera unilateral por la Sedena muestran que “hay desesperación” del gobierno calderonista por tratar de hacer frente al crimen organizado y el narcotráfico. Los resultados, dijo, han sido infructuosos, “porque la delincuencia no ha disminuido, al contrario, ha aumentado”.

Por su parte, Francisco José Paoli, analista del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, manifestó que de comprobarse la participación de las fuerzas militares en tareas que únicamente competen al Ministerio Público Federal (MPF) debe aplicarse alguna penalidad a quien la protagonice e incluso al titular de la Sedena.

En entrevista, Paoli Bolio explicó que jurídicamente el Ejército carece de la capacidad de investigación y persecución de delitos federales. “Para lo único que tiene capacidad es para cooperar con las autoridades policiacas no militares, respaldándolas para combatir el crimen organizado”, explicó.

El académico de filiación panista sostuvo que el “criterio de excepcionalidad” que ejerce el gobierno federal para mantener a las fuerzas armadas en la calle “no debiera ir más allá de los dos años, que es el plazo que puede aguantar políticamente la conciencia de la gente”, antes de que se inconforme con esta presencia militar fuera de sus cuarteles, como ya sucede en Tamaulipas.

Es tiempo de volver a los cuarteles

En la lucha contra el crimen organizado la milicia “debe actuar y tratar de retirarse en un tiempo relativamente breve, dependiendo de las circunstancias de su intervención, para que sea la policía ministerial la que se encargue de mantener el orden y combatir el narcotráfico”.

Consideró que el gobierno federal debería estar realizando un trabajo “a marchas forzadas para que el Ejército deje de estar en las calles”, toda vez que, calculó, “será un año más el que podría aguantar y demandar la opinión pública” para que las fuerzas militares regresen a sus cuarteles.

A su vez, Monsalvo afirmó que la Constitución no permite que la Sedena actúe en tareas de investigación. “La ley otorga facultades en las atribuciones que tienen que ver con el interior de la vida del Ejército, pero no con la sociedad civil”, precisó. Sostuvo que aunque no está prevista ninguna sanción legal en contra de esta intervención de las fuerzas armadas, debe haber alguna penalidad de índole social y política.

Detalló que estas acciones militares y la falta de resultados en el combate contra al crimen y la delincuencia organizada “están desacreditando lo único que tenemos como símbolo de respeto en el país”.

Concluyó que “al confrontarlos (a los militares) con la delincuencia organizada los estamos exponiendo a que fracasen. Se ponen en duda los valores éticos y morales (de la institución armada), porque no hay un resultado que sea satisfactorio para la sociedad. Las empresas se están yendo del país y los ciudadanos están tomando medidas de defensa ante la ausencia de una garantía de seguridad pública de los organismos de gobierno”.