Alertan sobre riesgo para Pemex al aliarse con petroleras foráneas

Israel Rodríguez J.

El tipo de cláusulas sobre arbitraje internacional que ahora tiene enfrentados al gobierno de Venezuela y al gigante petrolero estadunidense ExxonMobil ya están incluidas en los recientes “convenios generales de colaboración” técnica, científica y tecnológica que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha firmado con las transnacionales Chevron, Nexen, Petrobras, Shell, Statoil y la misma Exxon.

Por ejemplo, en el convenio signado el 30 de agosto de 2007 entre Pemex Exploración y Producción (PEP) y la estadunidense Chevron-Texaco se señala que en caso de una diferencia o controversia, las partes convienen en someterse a un proceso arbitral en Toronto, Canadá, de conformidad con las reglas emitidas al respecto por Cámara de Comercio Internacional.

En el caso del acuerdo firmado el 29 de junio de 2007 entre PEP y la angloholandesa Royal Dutch Shell, también se establece que en caso de una controversia, “el procedimiento deberá conducirse de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. El lugar del proceso será París, Francia. El laudo emitido por los árbitros podrá ser homologado en cualquier tribunal que tenga jurisdicción del mismo”.

En los otros convenios de colaboración firmados entre PEP y la canadiense Nexen, la brasileña Petrobras, la estatal noruega Statoil y la estadunidense Exxon, también se especifica que para resolver cualquier desacuerdo se someterán a un arbitraje de acuerdo con las reglas emitidas por la Cámara de Comercio Internacional, aunque en estos casos se precisa que el proceso se desarrollará en la ciudad de México y bajo las leyes de los Estados Unidos Mexicanos.

Sectores estratégicos

Al respecto, Fluvio Ruiz, doctor en economía de la energía por la Universidad de Grenoble, Francia, alertó: “La lección para México es que resulta muy riesgoso abrirles la puerta a las trasnacionales en sectores estratégicos de la economía nacional”.

El también asesor en materia energética de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados afirmó que los convenios que firmó Venezuela en la década de los noventa, cuando emprendió la apertura de su sector energético, al igual que los que ha firmado Pemex con las petroleras internacionales, se establece que, en caso de diferendo, se debe recurrir al arbitraje internacional, con lo que el Estado cede parte de su soberanía sobre los recursos nacionales, advirtió.

Ruiz Alarcón explicó: “Si en México surgieron los Pidiregas, mecanismos por medio de los cuales el sector privado financia las obras de expansión del sector energético, y las figuras de productor independiente de energía eléctrica y de las sociedades de autoabasto, en Venezuela se inventaron los convenios operativos”.

Mediante esta figura, agregó, se llegó a privatizar en forma subrepticia la producción de casi 500 mil barriles de petróleo. La razón, dijo, es que estos convenios operativos, para evitar tener que ser aprobados por el Congreso venezolano, eran presentados como si fueran contratos de servicios, cuando en realidad eran concesiones.

“Cualquier parecido con los contratos de servicios múltiples (CSM) utilizados para que las trasnacionales exploten gas en la cuenca de Burgos no es ninguna coincidencia”, especificó el experto.

Otra analogía, añadió, entre los CSM y los convenios operativos es la cláusula que establece que, en caso de diferendo, se debe recurrir a un arbitraje internacional, con lo que el Estado cede parte de su soberanía sobre sus recursos estratégicos.

El 27 de febrero de 2007 Caracas emitió el decreto 5.200, con base en el cual se declaró concluido el proceso de migración de todos los convenios operativos a empresas mixtas. Así, en general el Estado venezolano detenta 60 por ciento de las empresas mixtas, en varias de las cuales participan trasnacionales como British Petroleum, Shell, Chevron, Total y Petrobras.

Sin embargo, Exxon, la compañía petrolera más grande de Estados Unidos, recurrió, por una parte, al arbitraje que señalaba el convenio operativo de Cerro Gordo y, por la otra, a buscar garantizar que, en caso de que el fallo le fuera favorable, se le garantizara el pago correspondiente por la nacionalización, durante el año pasado, de un proyecto multimillonario de crudo pesado. Esto fue lo que logró al emitir la Corte de Nueva York la prohibición a PDVSA de vender activos por 12 mil millones de dólares.