María Teresa Jardí
El que la PGR no haga su tarea, no exenta a las procuradurías estatales de hacer la que les corresponde, incluso porque a los Estados conviene que la violencia no llegue a ese lugar, a pesar de la PGR y más allá de la PGR y sin importar lo que la PGR haga, no haga, decida o no decida, a pesar e incluso más allá de las decisiones del gobierno federal y más aún tratándose de un usurpador y todavía es más claro lo anterior cuando el que gana es un partido distinto al no ratificado porque no llenó las expectativas despertadas cuando fue elegido. El federalismo no supone, ni siquiera en un país tan brutalmente centralizado como México, el renunciar a hacer la tarea en aras de los propios intereses estatales.
Justamente porque en los Estados los gobernantes no cumplen con las funciones, que el servicio público exige en beneficio de los gobernados, es que lugares tan distintos como Monterrey y Acapulco se encuentran hoy hermanos por la violencia que, a ratos a uno y otros ratos al otro, afecta de igual manera, por poner un ejemplo muy conocido, aunque también Cancún sirve como muestra de lo mismo, por señalar otro ejemplo patético.
Porque es más fácil echarle la culpa al otro se llega a las mismas situaciones que, al menos en teoría, nadie quisiera para su Estado. Existen los beneficiados por la violencia evidentemente y en algunos casos de manera clara la cabeza de los beneficiados son los gobernantes. Puebla y Oaxaca son un ejemplo al respecto. Marín y Ruiz son más de lo mismo, uno más asesino y el otro más pederasta, pero impresentables ambos como gobernantes ni siquiera de la más bananera de las repúblicas.
Aunque la mona se vista de seda, usurpador se queda y la visita a la CNDH cuestionada hasta por Human Rights Watch ni viste de seda a quien eligió, sin ser militar, ponerse la casaca militar que tan grande le queda, ni existe mejor manera de garantizar que un crimen quede impune que dejarlo en manos de la PGR, convertida hoy en el lugar donde despacha como cabeza un procurador a modo para no tocar ni al impresentable Fox ni a su corruptísima familia.
En México la PGR es, desde Zedillo al menos, el centro corruptor de la policía. Desde Zedillo que llega a pesar, o quizá por encabezar la línea principal, sin investigar, del asesinato de Colosio y no le queda más que convertir a la Procuraduría en centro de sus venganzas personales y políticas quizá, mientras no se agote esa línea de investigación no se sabrá, para encubrir ese crimen y el de José Francisco Ruiz Massieu y acaba, como era una crónica anunciada que tenía que acabar, haciendo el ridículo con las brujas, los cadáveres desenterrados y las amantes despechadas y poniendo la reversa ante el mundo, sobre el respeto que antaño despertaba México, y, como la impunidad se convierte, con sus actos en regla se va a disfrutar de los puestos que se consiguió en las empresas por él puestas en manos de transnacionales a cobrar las regalías en el extranjero del favor otorgado. Pero se va dejando a la PGR del todo acabada para la función de procurar justicia. Con Fox ni qué decir de lo ocurrido en ese lugar. Entre Macedo y la amiga de Sahagún, mantenida a pesar de que se declara culpable del robo de documentos a Monseñor Don Sergio Méndez Arceo entre otras cosas que, por muy privadas, no se dieron a conocer por la prensa, le exprimen hasta la pulpa acabando con la procuración de justicia. Y quien usurpa no tiene autoridad moral para actuar de otra manera más que protegiendo al que le antecedió por más delincuente que salte a la vista que es. La mona aunque se vista de seda, usurpador se queda.
Pero no es el caso de Ivonne Ortega y a ella le toca ordenar al actual procurador que no queden impunes los crímenes aquí cometidos, incluso por la delincuencia organizada en aras de no convertir a Yucatán en otro Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Culiacán, Distrito Federal, etc.
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