Señores Diputados:
Hemos solicitado esta entrevista con dos motivos centrales. En primer lugar expresar nuestra oposición, como Frente Nacional Contra la Represión, al contenido esencial de la reforma constitucional conocida como reforma judicial. Pero no queremos aparecer como simplemente ejerciendo nuestro derecho democrático a ser escuchados sin que pase nada, sólo como un requisito protocolario antes de que la reforma sea aprobada definitivamente. Estamos llamando también a que no se apruebe esta reforma. Estamos advirtiendo de los riesgos y retrocesos que implicaría aprobarla, pero nos negamos a ser utilizados como parte legitimadora de un proceso que después de ser escuchados, de todos modos, sea aprobada. Hemos descrito los elementos regresivos en el terreno de los derechos humanos de esta reforma, para reclamar que no sea aprobada.
La exposición central del FNCR ha explicado algunos de los elementos de nuestra oposición. Reflejan la preocupación y oposición de muchas organizaciones y personas agrupadas en el Frente Nacional Contra la Represión. Pero también reflejan la oposición de muchas otras voces ciudadanas. Con el cuidado y respeto diplomático a que se sienten obligados, a nivel internacional diversos organismos dedicados a la defensa de los derechos humanos también han expresado sus observaciones críticas y se va destacando la contradicción que habría de aprobarse la reforma con criterios, instrumentos y compromisos internacionales incluso ya suscritos por México.
No es ya el momento de cambios parciales a la iniciativa, pero tampoco es ésa la solución pues la lógica esencial de la reforma es regresiva sobre derechos constitucionales reconocidos. Quienes argumentan virtudes sobre aspectos parciales pierden de vista la lógica general de la reforma. Todavía es posible evitar su aprobación. Aun aprobando los puntos secundarios que propone el Senado, la votación final de la reforma constitucional, ya en lo general, que requeriría mayoría calificada, es la última oportunidad de esta Cámara y de cada uno de sus legisladores de no pasar a la historia convalidando este retroceso en los derechos democráticos. Lo he planteado en tribuna, en diciembre pasado, como Senadora de la República. Se los planteo ahora como parte del Frente Nacional Contra la Represión y voz de muchos ciudadanos y defensores de derechos humanos que hemos argumentado y nos hemos apoyado en estos derechos constitucionales que hoy se pretenden borrar, para oponernos a las arbitrariedades de la autoridad y del poder. A pesar del reconocimiento formal de esos derechos han sido práctica constante esas violaciones como lo hemos visto al denunciar allanamientos ilegales, secuestro y desapariciones que se asemejan a arraigos en cárceles clandestinas, donde se practica impunemente la tortura, traslados de presos a cárceles en entidades distintas y diferentes al lugar de residencia. La puerta se abre ahora para legalizar lo que era ilegal y sobre todo inhumano.
Porque la reforma toca aspectos esenciales del cuerpo normativo de la Constitución en el terreno de los derechos humanos es que su aprobación no debería quedar solamente bajo la responsabilidad de la composición actual del Congreso de la Unión. En todo caso, si tan importante y urgente les parece cambiar aspectos esenciales de la Constitución, que como el artículo 16 vienen tanto desde la Constitución de 1857 como de la de 1917, debería recurrirse a la consulta popular para un paso de esa trascendencia. Pensando en casos como éste o el de la pretendida reforma energética, es que, el pasado 5 de febrero, propuse en el Senado una iniciativa para definir los aspectos esenciales de nuestra Constitución, su cuerpo central, y definir que tales aspectos no puedan ser reformados simplemente por el voto de mayorías legislativas circunstanciales, sino que requieran adicionalmente un referendo popular para que sean aprobadas en definitiva.
Obviamente esta iniciativa no ha sido aprobada aún y los Diputados y Diputadas de esta Legislatura pueden argumentar que están en su derecho de aprobar la multicitada reforma. Es cierto. Pero también asumen una grave responsabilidad histórica al hacerlo. No por ejercer su derecho como legisladores, sino frente a los derechos humanos en nuestro país.
Si hoy no es todavía obligación constitucional someter a referendo popular una reforma de la envergadura de la que nos ocupa, mínima sensibilidad democrática se requeriría para decidir abrir foros y consultas populares previamente.
Ustedes tienen la palabra ante el reto histórico que tiene por delante. Nosotros no cejaremos de oponernos en toda tribuna que nos sea posible y recurriendo también a la movilización popular y ciudadana como lo haremos con la marcha del próximo martes.
México, D. F. 14 de febrero de 2008.
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