El Justo Reclamo

“Atroz”, la reforma judicial, advierte la CNDH

José Luis Soberanes

Foto: miguel dimayuga

gloria leticia díaz

* Defensores de derechos impugnan temas como arraigo y allanamiento

México, D.F., 21 de febrero (apro).- Defensores de derechos humanos, oficiales e independientes, reprobaron la reforma judicial que será aprobada por los diputados el próximo martes.El propio José Luis Soberanes, titular de la CNDH, calificó de “atroz” la minuta en temas como el allanamiento y el arraigo.Algunas ONG insistieron en que la propuesta de ley contiene preceptos claramente violatorios de las garantías individuales.Ante integrantes de la Comisión del Distrito Federal en el Senado, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos fustigó las figuras del allanamiento y arraigo. En el primero caso, porque se rompe con el principio de “inviolabilidad del domicilio”, y en el segundo porque a un inocente “se le somete a pruebas que a los mismos reclusos”.A ese reclamo se sumó el jurista Juan Velásquez, quien advirtió que México no cuenta con cuerpos policiacos eficaces que garanticen que las modificaciones constitucionales se traduzcan en disminución de los delitos graves.La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) señaló que a pesar de que la reforma contiene avances, como la incorporación de un “modelo acusatorio más transparente y garante del derecho al debido proceso”, también incorpora “medidas que generan excepciones injustificables en relación con las personas que son procesadas o sentenciadas bajo el régimen de delincuencia organizada”.En un comunicado, el organismo que encabeza Emilio Álvarez Icaza alertó sobre la gravedad de la “constitucionalización de prácticas que son en sí mismas violatorias de derechos humanos, o bien que pueden serlo en su aplicación”. La CDHDF advirtió que es necesario “acotar en la legislación secundaria cualquier espacio de discrecionalidad que permita interpretaciones autoritarias de las normas reformadas en la Constitución, porque ello sería contrario al espíritu de la reforma, pero principalmente por el potencial de estas medidas para poner en riesgo la dignidad de las personas”.Además manifestó su preocupación por “la capacitación de los operadores que llevarán a los hechos la enmienda constitucional”, ya que la reforma “implica un cambio de actitudes que incide en la forma de apreciar el derecho no sólo a la luz de las normas, sino de los derechos humanos”.Por su parte, el director de Incidencia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), Humberto Guerrero, destacó que la única manera legal de frenar la reforma sería “promover una acción de inconstitucionalidad”.Guerrero aclaró que las instancias facultadas para promover este recurso ante la Suprema Corte, son PGR, una tercera parte del total de diputados o de senadores, así como la CNDH u órganos similares en las entidades.En entrevista, apuntó que “es claro que la PGR no va a recurrir a esa opción; la CNDH, a pesar de que ha expresado su rechazo a la reforma, no se ha distinguido por ir en contra de los lineamientos del gobierno federal; los legisladores, incluidos los del PRD, no se con qué cara irían a la Corte contra un asunto que ellos mismos aprobaron; en cuanto a los organismos públicos de derechos humanos de los estados, sabemos que hay divisiones: algunos están por recurrir a la Suprema Corte y otros en esperar que en las leyes secundarias se pongan los límites”.Después de recordar que durante la elaboración de la reforma “prácticamente se impidió la opinión de organismos de derechos humanos”, Humberto Guerrero advirtió que el proceso de aplicación de los preceptos del modelo acusatorio “es lento y tiene que ver con la aplicación de recursos, pero también con la capacitación de los abogados”.

El modelo chileno

En Chile, ejemplificó, “se tardaron 20 años para pulir el esquema, por lo que los ocho años que da la misma enmienda constitucional para aplicar el sistema acusatorio serán muy pocos, y mientras es previsible se caiga en viejos vicios o se inventen nuevos”.El también representante ante la mesa de la reforma del Estado en materia de derechos humanos, alertó sobre un aumento “en el trabajo de las organizaciones no gubernamentales, porque al ‘constitucionalizar’ medidas como el arraigo y el allanamiento, no van a proceder los amparos, y los casos de violaciones van a tener que ser llevados ante organismos internacionales”.El jurista Juan Velásquez –defensor de personajes como Raúl Salinas de Gortari y el expresidente Luis Echeverría-- consideró que “el problema no es de leyes: es de ineficiencia y corrupción de las instituciones policiacas”. Aseguró que en países donde se ha combatido esos males se han abatido los ilícitos hasta 75 por ciento.Destacó que reformas como la judicial que se aprobará la semana próxima, se han aplicado en países de primer mundo. “El problema es que no somos del primer mundo ni tenemos policías del primer mundo”.Velásquez advirtió que con esa reforma se retoma la política que permitía a las autoridades policiacas hacer lo que fuera de manera impune, con ello volverán “de nueva cuenta a ser autoritarias”.

sondeo

¿Qué deben hacer los diputados con la reforma judicial?

a) Dejarla tal cual
21.83 % 236 votos
b) Modificarla
78.17 % 845 votos

Para participar en el sondeo AQUI.