Con vecinos así, ¿quién necesita enemigos?

Víctor M. Quintana Silveyra

No les importó que Felipe Calderón fuera su huésped esos días; tampoco los reiterados llamados de ciudadanos, funcionarios públicos y representantes populares de México y de Estados Unidos para que decidieran con criterios de justicia ambiental. A final de cuentas, el pasado 13 de febrero, la Comisión Texana para la Calidad del Medio Ambiente (TECQ, por sus siglas en inglés), decidió autorizar la reapertura de la fundidora Asarco en El Paso, Texas, a unos cuantos metros de la frontera mexicana.

La American Smelting and Refining Company (Asarco) duró 112 años operando una fundición de cobre en El Paso, Texas, a escasos 250 metros de Ciudad Juárez. Durante ese tiempo arrojó muchas toneladas de metales pesados que contaminaron seriamente el aire y el suelo de su zona aledaña, sobre todo del lado mexicano, dada la dirección de los vientos dominantes.

La Asarco cerró sus puertas en 1999, por las presiones de organizaciones ambientalistas, por la baja del precio internacional del cobre y por los resultados de diversos estudios científicos que concluían en una importante afectación del medio ambiente causado por la fundición.

De acuerdo con especialistas de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) y con un estudio del químico Michael E. Ketterer, la empresa es directamente responsable de los niveles elevados de plomo, arsénico y otros tóxicos en El Paso, Ciudad Juárez y Nuevo México. Por otra parte, en 2002, el Congreso de Chihuahua creó una comisión especial para investigar los problemas de contaminación con plomo y arsénico en la sangre de personas que viven en colonias como Puerto de Anapra, Felipe Ángeles, Ladrillera y otras, ubicadas frente a la fundición, del lado mexicano. El coordinador de la comisión, el médico Luis Rauda Esquivel, presentó un estudio que practicó a 210 madres al momento del parto, en el cual encontró que ellas y sus bebés tenían altos niveles de plomo en la sangre. Dicha investigación se realizó para la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en las clínicas 6 y 35 del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En 2003, Asarco y la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) instalaron un fondo fiduciario de 100 millones de dólares para ayudar a pagar los costos de limpieza ambiental de la compañía. Para 2006 los costos estimados reales para la limpieza ascendían aproximadamente a 500 millones mil millones de dólares. Con el fin de evadir sus obligaciones fiscales y judiciales, Asarco se declaró en bancarrota en 2005. En El Paso se han limpiado mil 97 viviendas que fueron contaminadas por plomo, mientras que en Ciudad Juárez no se ha realizado acción alguna por parte de esta empresa o alguno de sus representantes.

Aun así, en 2002 se presentó una solicitud para reabrir la empresa fundidora Asarco, ante la citada TECQ. De inmediato empezó a formarse una amplia coalición de grupos civiles de los estados de Chihuahua, Nuevo México y Texas para exigir de dicha comisión la negativa del permiso de reapertura. A ella se sumaron las ciudades de Sunland Park, El Paso y Ciudad Juárez, así como muy diversos legisladores como el senador por Texas, Eliot Shapleigh,

Sus demandas básicas son tres: el rechazo a la reapertura de la fundidora Asarco en El Paso; la exigencia de incluir las colonias afectadas en Ciudad Juárez en el programa de compensación de los daños causados por dicha planta y el respeto irrestricto al Tratado de La Paz que signaron en 1993 México, Estados Unidos y Canadá, por el que se tienden lazos de cooperación e información sobre cualquier situación que pudiera poner en riesgo el medio ambiente de la zona fronteriza. Y que además establece el Acuerdo de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre Contaminación Fronteriza del Aire causado por las fundidoras de cobre a lo largo de su frontera común.

Todas las demandas fueron desdeñadas el pasado miércoles por la TECQ. Dando muestras contundentes de que lo que es bueno para la Asarco es bueno para Estados Unidos, los comisionados aprobaron la reapertura de la planta dejando con un palmo de narices a las decenas de activistas de los dos países y las tres ciudades que se trasladaron hasta Austin a escuchar el resolutivo final. No hubo la menor consideración al daño causado, sobre todo a la población mexicana. El racismo y el lucro dominaron la decisión de principio a fin; reflejando así el el absoluto desprecio por la salud y la vida de miles de familias mexicanas.

Por eso extrañan, irritan, indignan el silencio y el servilismo del gobierno Calderón: ni una nota diplomática, ni una protesta en el seno de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza. Nada que pueda enojar a los patrones de Washington. El silencio de los no inocentes.