Denuncia penal

* Demanda al INFONAVIT por la venta de cartera vencida, anuncia el Gobierno Legítimo / El Instituto cedió 56 mil créditos, por muy bajo valor a empresas privadas, que los revenden en 1000% más del precio adquirido
* Se denuncia la pretensión de la dependencia federal de eliminar los archivos de esta operación financiera en noviembre del año pasado / Participa en estas anomalías el ex coordinador general de Recursos Corporativos del FOBAPROA, Enrique Colliard

La Secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda del Gobierno Legítimo, Laura Itzel Castillo Juárez.

MEXICO, D.F., 2 de febrero (REDACCION).- A raíz de que se realizó la auditoria ciudadana propuesta por el Consejo de Defensa de la Vivienda y otras organizaciones, la secretaria de Asentamientos Humanos y Vivienda, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que ya se tienen más información sobre las anomalías en la venta de cartera vencida del INFONAVIT y ello permite que actualmente se integre, conforme a la ley, una denuncia penal para lograr que se castiguen a los responsables de este atropello.
En los últimos meses, detalló, la Secretaría de Asentamientos Humanos del Gobierno Legítimo de México ha venido denunciando públicamente, a través del Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV), las anomalías en la venta de cartera de vencida del INFONAVIT a recuperadoras de deuda.
A partir de esa etapa, expresó, se documentó que a principios del 2006, el INFONAVIT cedió a título oneroso 56 mil créditos, en promedio a un 10 % de su valor, es decir, aproximadamente 20 mil pesos, a Capital Market (CAPMARK), grupo financiero trasnacional y a SCRAP II, quienes los están revendiendo a los acreditados en más del 1000% del precio en que los adquirieron.
También, señaló que se denunció la pretensión de la dependencia de eliminar los archivos de esta operación financiera en noviembre del año pasado.
Recordó que ante estos hechos ominosos, el Consejo de Defensa de la Vivienda, CDV, con la participación del Barzón Jurídico Movimiento Nacional, Centro Operacional De Vivienda y Poblamiento, Talleres de Habitabilidad, entre otras organizaciones sociales, promovió una auditoría ciudadana para conocer los pormenores de la transacción.
Además, explicó se presentó un amparo contra la destrucción de los contratos de venta. A finales de octubre del 2007, el INFONAVIT informó al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa del Primer Circuito que entregaría la información al Consejo de Defensa de Vivienda.
Mencionó que la auditoría ciudadana y la presentación de un amparo contra la destrucción de contratos de venta del INFONAVIT resultaron cruciales, porque se logró detener la destrucción de los registros de la cesión de la cartera y, por otro, permitió contar con la información con la que se puede aseverar que hubo graves irregularidades que ameritan acciones penales.
“Por citar sólo algunos datos que ha arrojado el análisis que realiza el CDV, se puede destacar que el 28 de octubre de 2005, el Consejo de Administración del INFONAVIT autorizó la venta de 56 mil 491 créditos en cartera vencida mediante subasta pública. El 31 de octubre del 2005 y el 3 de abril del 2006 publicó las convocatorias en los diarios El Financiero, El Universal y Reforma”, pormenorizó.
Reveló que el 12 de enero de 2006 INFONAVIT vendió la primera parte de esta cartera a Capmark, cuyas inversiones más importantes son en Estados Unidos -en 415.7 millones de pesos y en 15 de junio del 2006 vendió el segundo paquete a Scrap II S. de R.L. de C.V.- que a su vez es un “grupo inversionista” de Pendulum Associates S. de R.L., cuyo actual presidente, Enrique Colliard, fungió años atrás como coordinador general de Recursos Corporativos del FOBAPROA.
Comentó que Enrique Colliard pagó con un cheque de caja de mil 173 millones de pesos el mismo día que la firma se constituyó y varios meses después de que se publicaran las convocatorias correspondientes. Por lo tanto la empresa no estaba dada de alta en el Registro Publico de la Propiedad y el Comercio el día en que le fue adjudicada la cartera.
Indicó que el Consejo en Defensa de la Vivienda continúa con la auditoría ciudadana para fortalecer la integración de la denuncia penal, asimismo sigue promoviendo amparos en todo el país para proteger a los derechohabientes que son víctimas de estas irregularidades.
Evocó que el amparo es un instrumento que se fundamenta, por un lado, en la resolución de la Suprema Corte del 29 de agosto pasado que determinó que es inconstitucional la cesión de cartera vencida de los bancos a particulares.
Y, por otra parte, indicó se basa en lo establecido por el artículo 123 constitucional, que en su fracción XII dispone que las formas y procedimientos para que los trabajadores adquieran vivienda deberán regularse en la Ley. La Ley del Infonavit en ningún lugar regula la venta de cartera a un particular, ni dispone que los derechohabientes tengan que pagarle a un particular, ni negociar o reestructurar su crédito con una empresa privada, ni enfrentar un juicio ante una empresa mercantil; por lo que se sostiene que esta venta también debe ser calificada como inconstitucional.
Expuso que la venta de cartera vencida es inconstitucional y por ello propuso tres acciones a seguir: convocar a las organizaciones de vivienda, a las organizaciones de deudores y a la resistencia civil en general a organizar grupos de deudores cuyos créditos de INFONAVIT hubieren sido vendidos para promover amparos en contra de INFONAVIT que proporcionaría la Secretaría.
Dos, exigir a INFONAVIT que dé el mismo derecho a los y las derechohabientes de readquirir sus créditos al mismo valor que los vendió a las empresas privadas y tres hacer un llamado a movilizaciones pacíficas en los juzgados de las distintas ciudades del país donde se ingresen los amparos.
Mencionó que la CDV tiene la información que permite aseverar que hubo graves irregularidades que ameritan acciones penales y muestra de ello es que en 2006, el INFONAVIT favoreció con la venta de dicha cartera y fuera de subasta pública a la empresa Scrap II cuyo actual presidente, Enrique Colliard, fungió años atrás como coordinador general de Recursos Corporativos del FOBAPROA.
“Este personaje pagó al INFONAVIT con un cheque de caja de mil 173 millones de pesos el mismo día que la firma se constituyó y varios meses después de que se publicaran las convocatorias correspondientes. Por lo tanto la empresa no estaba dada de alta en el Registro Publico de la Propiedad y el Comercio el día en que le fue adjudicada la cartera. De ahí que quienes realizan este tipo de transacciones respondan la categoría de carteristas de cuello blanco”, denunció.