Exhumaciones en Guerrero: en busca de la verdad

Julio Pimentel Ramírez

Esperamos encontrarlos y hacerles un homenaje, porque no son delincuentes, son personas que lucharon por una vida distinta

La apertura del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que significa el tiro de gracia para la actividad agropecuaria nacional, y la consecuente y multitudinaria movilización campesina, respaldada por otros grupos sociales; las amenazas calderonistas, en alianza con el PRIAN, de profundizar el proceso de privatización energética (petróleo y electricidad); el deterioro de la seguridad pública, entre otros temas de urgente atención, propician que noticias destacadas vinculadas con la prevalencia de la impunidad y la necesidad de verdad y justicia, como condiciones indispensables para transitar hacia la justicia y la democracia sean relegadas a planos secundarios en los medios de comunicación.
En Atoyac de Alvarez, Guerrero, a partir de el primer día de febrero peritos de la Procuraduría General de la República (PGR) iniciaron en terrenos de lo que fuera el 48 Batallón de Infantería del Ejército Mexicano, la primera etapa de exhumación de restos correspondientes a víctimas de la brutal represión desatada en la década de los 70 por el Ejército y cuerpos policiacos, por órdenes del entonces presidente de la República Luis Echeverría Alvarez, en el marco de lo que se conoce como guerra sucia que dejó un saldo de 450 desaparecidos, solamente en ese municipio.
La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH, alertan subrayando que hasta el momento existen serias dudas sobre la calidad del procedimiento a realizar, pues todavía se ignora si se seguirán las metodologías y protocolos de exhumación establecidos por distintos organismos internacionales como norma para garantizar la conservación y no alteración de la evidencia.
A este respecto es necesario inquirir, demandan dichas organizaciones, si la PGR piensa seguir cabalmente el “Protocolo Modelo de Exhumación y Análisis de Restos Oseos” contenido en el Manual sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias de las Naciones Unidas, o bien el protocolo de exhumación preparado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (formado en 1984 para investigar las desapariciones de la dictadura militar argentina) a petición de la propia PGR.
La forma de actuar de los órganos responsables de procurar justicia, a tono con la tradición del poder de utilizarlos con criterios de conveniencia política lejos de la esencia de un verdadero Estado de Derecho, lleva a los familiares de las víctimas guerrerenses de la guerra sucia a mantenerse en la incertidumbre sobre los métodos a emplear en esta diligencia, además de la secrecía y falta de transparencia con la que se han manejado las autoridades en este asunto mueven a todo tipo de suspicacias.
Resulta inconcebible que un procedimiento tan relevante para la reconstrucción de la memoria histórica y la reparación a las víctimas pretenda desarrollarse en secreto total y sin la participación de testigos con la autoridad moral suficiente para legitimarlo. Con ello se viola, además, el derecho de coadyuvancia de las víctimas y sus representantes y se reafirma la necesidad de que casos de desaparición forzada como el de Rosendo Radilla sean elevados inmediatamente al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (COIDH) para los efectos conducentes.
Entre las exigencias de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, destaca la acreditación ante la PGR (demanda que finalmente se logró) del Equipo Mexicano de Identificación Humana y su director, el arqueólogo Carlos Jácome Hernández, como peritos de la parte ofendida para coadyuvar en: La supervisión en la aplicación de técnicas de prospección no intrusivas; excavación de fosas clandestinas; rescate de evidencia material y restos humanos; embalaje y apertura de la cadena de custodia; análisis de osamentas para identificación.
Cabe anotar que el equipo del arqueólogo Carlos Jácome, estuvo hace cuatro años al lado de los familiares del profesor Lucio Cabañas en el proceso de identificación de los restos físicos del comandante guerrillero caído en combate en diciembre de 1974 y cuyos restos, en su momento, no fueron entregados a sus deudos -cabe acotar que muchos de ellos estaban presos en el Campo Militar No. 1, como su anciana madre y su mujer embarazada, o eran perseguidos- sino que el Ejército los sepultó clandestinamente.
En cuanto al actual proceso de búsqueda en lo que fuera el cuartel militar de Atoyac, se demanda también abrir el procedimiento al escrutinio público, permitiendo el acceso de los familiares de las víctimas, sus representantes legales y testigos de calidad para certificar que éste se apega a las normas internacionales, respetando también el derecho de coadyuvancia.
Permitir la videograbación del procedimiento para contribuir al análisis de la evidencia y la preservación de la memoria histórica. Asegurar las zonas delimitadas en la “Ciudad de los Servicios” (antes Cuartel Militar de Atoyac) en donde se llevará a cabo el escaneo, para protegerlas de posibles actos vandálicos o intentos por alterar la evidencia.
De detectarse presencia de restos humanos, dar todas las facilidades para la inmediata recuperación de éstos apegándose a las más altas normas procedimentales del caso y ser sumamente precavidos para asegurar el estricto respeto a la cadena de custodia y los procedimientos de embalaje y conservación de la evidencia. Estas exhumaciones son el resultado de una lucha de años por la verdad y la justicia y no pueden practicarse de manera precipitada e irresponsable.
Recordemos que el año pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), perteneciente a la OEA, abrió un expediente que mantiene al Ejército Mexicano bajo escrutinio por la violación a los derechos humanos durante la llamada guerra sucia en contra de las guerrillas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez (por cierto, se acaban de cumplir 36 años del asesinato del fundador y dirigente de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria) y de sus simpatizantes, quienes fueron ejecutados extra judicialmente, torturados y desaparecidos.
Julio Mata, miembro AFADEM, confirmó que se inició el mandato que hizo la CIDH al gobierno mexicano para buscar el cuerpo de Rosendo Radilla Pacheco, cuya única responsabilidad es haber sido simpatizantes de las dos guerrillas guerrerenses. Rosendo fue detenido en un retén militar en agosto de 1974 y visto, posteriormente, en el Campo Militar número uno.
“Este de Atoyac es un cementerio clandestino que hizo el Ejército. Es un caso paradigmático que pone en evidencia la violación sistemática de los derechos humanos como política de Estado. Esperamos encontrarlos y hacerles un homenaje, porque no son delincuentes, son personas que lucharon por una vida distinta”, dijo Julio Mata con justa razón.