Estado de los Estados

Reforma Judicial: brazo armado represor

“Todos los hombre tienen iguales derechos a la libertad, a su prosperidad y a la protección de las leyes”.
Voltaire

Por Lilia Arellano

La reforma judicial que se aprobará en la Cámara de Diputados sin que, a decir del mexiquense César Camacho Quiroz, se le corrija ni una sola coma de la enviada por el Senado, es la “cereza del pastel” para el gobierno calderonista, aunque para los mexicanos signifique el brutal elemento de represión con el que se contará para reprimir todas las inconformidades surgidas por la aprobación de la Ley del ISSSTE, la reforma fiscal, la energética que se ve venir, etcétera. Constituye, por si lo anterior no fuese suficiente, el arma que requieren los EU para implementar el Plan México de acuerdo a lo ya pactado y aceptado humildemente y sin cortapisas por Felipe Calderón.

A juicio del maestro Bernardo Bátiz, la mencionada reforma no existe como tal ya que dicen que pretenden instaurar procesos penales con características novedosas como la oralidad, el carácter controversial, la transparencia y la inmediatez y todo ello ya existe actualmente. Ejemplifica en que las audiencias, los careos y otras diligencias otorgan esa oralidad que pretenden pasar como una novedad; los juicios, señala, son transparentes y públicos, prueba de ello es la propia presencia de la prensa sin que exista ninguna limitante cuando se está resolviendo algún caso que les interesa. La obligación de los jueces es estar presentes en todas las diligencias de los juicios y a eso se le llama precisamente inmediatez y todos los procesos que se siguen tienen el carácter controversial desde 1917, pues los jueces de instrucción que en el Siglo XIX investigaban y dictaban sentencia fueron sustituidos en la nueva Constitución por jueces imparciales, árbitros del proceso y directores del mismo, equidistantes entre el MP y la parte acusadora y la defensa del acusado.

Considera Bátiz que esta reforma que no es reforma, no fue elaborada con ningún otro fin que el de reprimir movimientos sociales surgidos por la inconformidad latente en todas las esfera sociales ante la cauda de agresiones que por parte del gobierno han recibido. Resulta infantil que la población en su totalidad quede en manos de “matutes”, de sujetos que carecen de preparación y que sin embargo estarán autorizados para allanar, detener, lograr confesiones y muchos otros atropellos. Con una ley así lo que se pretende es humillar, acallar y se violentan todos los derechos humanos, sobre todo los contenidos en el capítulo de las Garantías Individuales que se marcan en nuestra Carta Magna. Don Bernardo es enfático al sostener que con la reforma al 21 Constitucional se ponen en primer párrafo, en igualdad de responsabilidad, a la institución investigadora, el Ministerio Público y a las policías, lo cual se convierte en la apertura de la caja de Pandora de la arbitrariedad y puerta a un Estado persecutorio y de mano dura que con tales reformas recibirá el banderazo de salida y ya de los detalles se encargarán las leyes secundarias.

Hace hincapié en que sin esas reformas están a la vista todo tipo de atropellos, de allanamientos, de “tomas” de pueblos enteros, de rancherías, se sabe de disparos y muertes en los retenes militares instalados en calles y carreteras; se hacen cateos sin orden judicial, se dictaminan arraigos injustificados, existe un sinnúmero de detenciones arbitrarias. Es más, continúa, ya hasta parece que estamos preparados para que la policía, lejos de brindarnos seguridad, cometa agresiones en nuestra persona, en nuestras familias, en los hogares, a que se detenga a cualquier ciudadano bajo la consigna de “sospechoso”.

Por lo tanto, advierte, una vez que logren la aprobación de tal engendro, la inseguridad de los pobladores ya no solo radicará en las acciones de los grupos de la mafia, de la delincuencia organizada, sino que provendrán de las acciones de los propios guardias, de quienes deberían ser considerados no sólo los guardianes del orden y la ley sino de los ciudadanos. Posterior a estas aprobaciones llegarían las de unificar en una sola a las policías, dando margen así a la creación de una policía civil como la española en los tiempos de Franco.

A manera de sorna agregó que le gustaría mucho ver a un Ministerio Público de un poblado o de cualquier ciudad, incluso de las grandes, dándole órdenes o controlando a los militares de la Federal Preventiva o a los policías de la AFI o hasta a los supercomandantes de las judiciales locales. El fin no es otro más que la aplicación de la represión con todo lo que ello implica y tiene como consecuencia, reitera.

Actualmente el artículo 21 dice que la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Según lo que se ha propuesto y que están los diputados -como ya lo estuvieron los Senadores- dispuestos a votar y por ende a aceptar se nos aplique a los más de 100 millones de mexicanos es: “la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías”, así, sin matizar, sin señalar si son ministeriales, judiciales, preventivas, federales, estatales o municipales o cualquier otra que se les ocurra como el “Ejército” que puso Calderón primero a su disposición y que luego, mediante decreto, le cedió al titular de Gobernación quienes serán, sin duda, los que encabezarán los actos represivos.

De esta forma todos, sin excepción, estaremos a merced de que una mala mirada, un pleito por “quítame estas plumas”, derive en una venganza que llevarán a cabo, mediante una pequeña gratificación, cualquiera de las policías y que tal acto se presente de madrugada en un cateo que ponga a toda la familia en la desesperación, que se den golpes, se detenga a cualquiera, etcétera.
De esta manera nos damos cuenta que también aquellos cuyos dedos al apretar el voto favorable vuelven a convertirse en nuestros enemigos y no en quienes nos representan. La única salvación que al parecer se encuentra está en las Entidades, en los Congresos locales, puede decirse que hasta en manos de los gobernadores. Y es que al tratarse de una reforma Constitucional, debe contar con la aprobación mayoritaria de los Congresos en los Estados y es ahí en donde, tal y como se ven las cosas en el centro, puede encontrarse la objeción y regresarnos un poco de esa tranquilidad que ya van siete años que venimos demandando. Las grandes decisiones nacionales ya no dependen exclusivamente del Centro y menos en estos renglones. Es de esperarse, de tener confianza y hasta un poco de fe en que los diputados locales no cometerán el mismo error que los federales y que la conveniencia de que los gobernadores, mostrando su desacuerdo, logren detener esta que se significa para los ciudadanos como un auténtico broche de oro para frenar todo aquello que le signifique al gobierno crítica o desacuerdo aunque para ello tengan que violentarse todos los derechos que durante años hemos conquistado.

De aprobarse tal reforma en el Congreso federal, juristas de gran talla están dispuestos a llegar a los organismos y organizaciones internacionales para denunciar los atropellos que con tal imposición pretenden ejercerse sobre los mexicanos. Según Bátiz ya con las denuncias y críticas serias logró derrumbarse la pretensión de unificar policías federales y militares, ahora habrá que enfrentar otra lucha, paradójicamente, contra quienes deberían velar por mayor justicia y un auténtico Estado de Derecho.

Luchas rojas en el partido amarillo
A medida que transcurre el tiempo y con las acciones que van sumando día a día los perredistas que conforman la corriente Nueva Izquierda, la ventaja que de arranque llevaba Jesús Ortega va disminuyendo notablemente. El enfrentamiento con Alejandro Encinas lo han llevado a un extremo que alcanza, por razones obvias, al propio Andrés Manuel López Obrador y ha dejado al descubierto el doble juego que han traído entre manos desde hace meses.
Como se recordará, una y otra vez los dirigentes de esa corriente manifestaron públicamente su respaldo al su ex candidato a la presidencia de la República. Utilizaron hasta agotarlo el argumento de que en el interior del Sol Azteca tenía lugar la controversia, la discusión, tenían prohibida la unanimidad en los criterios porque significaba autoritarismo y por lo tanto todo aquello que parecían críticas hacia el tabasqueño no eran sino reflejos de la pluralidad que en el interior de la organización estaban permitida.

Sin embargo, todo podía ser escuchado pero al final, al momento de las decisiones, la ejecución resultaba totalmente contraria a lo sugerido por el hombre cuya captación de sufragios les permitió convertirse en la segunda fuerza política nacional. Así se vio con lo de la Reforma Electoral, con la fiscal, con el gasolinazo, con la forma en la que Carlos Navarrete declaró que el triunfo de -hoy gobernador de Michoacán- Leonel Godoy, se debía a la ausencia de López Obrador en su campaña y más recientemente con las actitudes de “Ruthita” Zavaleta, brazo armado de los de Nueva Izquierda y principal “enlace” con la crema y nata del calderonismo.

Solo que el doble juego quedó descubierto y resulta que mientras los de Nueva Izquierda han demostrado una sumisión y entreguismo vergonzante, López Obrador ha continuado su marcha sin detenerse, sin voltear para atrás y lanzando alertas a cada paso que van resultando totalmente ciertas, de entre ellas: los efectos del gasolinazo, la doble y hasta triple alza en los precios de los comestibles, la corrupción galopante, las alzas en las tarifas de luz, el aumento a los intereses en las tarjetas de crédito, el golpe y la recesión en los EU y las severas repercusiones en la economía mexicana y ahora las intentonas de privatizar PEMEX, dichos que se vieron respaldados, aunque usted no lo crea, con las propias declaraciones que emitió la titular de la Secretaría de Energía en un noticiero matutino de alta audiencia.

Contrastan fuertemente las actitudes asumidas por unos y otros y de ahí la reacción tan furiosa de Jesús Ortega por la entrega de misivas enviadas por López Obrador pidiendo a los militantes su total respaldo a Alejandro Encinas para que pueda ocupar la dirigencia nacional de ese partido. Y también a todas estas ambiciones de poder y control habrá que sumar las económicas.

Para los de Nueva Izquierda, con todo y que no hicieron la tarea como debieran en los tiempos electorales ya que de haber cumplido con su obligación AMLO ocuparía la presidencia, el contar actualmente con prerrogativas por cientos de millones de pesos -que por cierto quién sabe en qué las aplican porque a las elecciones estatales les escamotean hasta un centavo-, no son cuestiones que puedan abandonarse así como así y por lo tanto están destinando buena parte de los dineros a salvaguardar ese “su tesoro”, el que les permite mantener una nómina mensual solo para el CEN de más de once millones de pesos.

De señales de preventiva han pasado a focos rojos. Los de Nueva Izquierda se notan desesperados y están elaborando toda clase de arreglos en las entidades que saben tienen perdidas y amarrando con doble cinta las que dicen que son suyas, sin embargo, al momento de la verdad, están más que concientes de que se encuentran en manos de la militancia y de que esos líderes que sacan a pasear en cada elección no siempre cumplen lo que ofrecen o tienen la capacidad de control de la que presumen. Ellos sabían que un proceso abierto los llevaría a una situación como la actual y de ahí que pelearan que sólo fueran lo delegados quienes votaran para seleccionar a la dirigencia nacional. El primer round de los dos de esta pelea ya se los ganaron y el que sigue no lo tienen en la bolsa.

De los pasillos
No solo la sociedad quintanarroense sino de todas partes del país se ha visto impactada ante los sucesos ocurridos en Cancún, en los cuales un pequeño de seis años resultó víctima de uno de tantos ajustes de cuentas entre narcotraficantes que se han efectuado durante el mandato de Felipe Calderón en una supuesta “guerra contra la delincuencia organizada”, en la que sólo él y nadie más que él se atreve a afirmar que “vamos ganando”.

Ante estos hechos, diversas corrientes políticas se manifiestan a favor del gobernador Félix González Canto al exigir a las autoridades federales que pongan un hasta aquí a los grupos mafiosos que se han convertido en azote en la Entidad. Hasta donde se sabe, las policías estatales y municipales han puesto de manifiesto con acciones su respaldo a la federación para que pueda combatir no sólo el narcomenudeo sino todo género de actividades delictivas y que les corresponde abatir, que son su responsabilidad. Sin embargo, en reciprocidad se reciben fuertes dosis de indiferencia y de actos que en nada contribuyen a lograr brindar a los ciudadanos la seguridad que demandan.

A raíz de estos hechos se confirmó que Felipe Calderón canceló su viaje a Campeche, a la reunión que tenía con los gobernadores por dos que consideró fuertes motivos: los reclamos de los mandatarios estatales a quienes la federación, el mentado gabinete de seguridad, ha prestado oídos sordos, lo cual ha traído como consecuencia baños de sangre en sus territorios; y lo referente a la entrega de los prometidos millones y millones, producto de excedentes petroleros y que hacen falta para llevar infraestructura a las entidades en las áreas en las que en verdad se requiere.

Para lo mediático, el lucimiento de las promesas -que jamás se cumplen-, y la fotografía, don Felipe está más que puesto. Para el cumplimiento de todas y cada una de las responsabilidades que son inherentes a su mandato está la cancelación y, en el mejor de lo casos, la puerta trasera.

Por cierto que ya que estamos en esa Entidad, en Quintana Roo, con toda puntualidad José Antonio Cuevas León, encargado de la Dirección de Administración y Finanzas de la Secretaría de Cultura, aclaró la situación laboral de doña Beatriz Fentanez Arévalo a quien más ha perjudicado la indisciplina que el propio trámite burocrático. Por esas tierras andan rondando auténticos pillos que pretenden obtener ventajas a base de chantajes y demandas que son rechazadas por las autoridades y que no prosperan no sólo en el nivel local sino federal y en ello no dudan en involucrar a terceras y cuartas personas a quienes también engañan y hasta las hacen víctimas de sus fechorías.

Cerca de tres mil -militantes y simpatizantes- perredistas salieron de Villahermosa rumbo a Macuspana, Tabasco, como parte de la denominada Marcha de la Unidad que tendrá como punto final la propia ciudad de México y que brinda su total apoyo a Andrés Manuel López Obrador en su lucha por evitar la privatización del petróleo, de la electricidad, de la educación. El próximo 24 de febrero tendrá lugar una magna concentración frente a la Torre de PEMEX que estará encabezada por el “presidente legítimo”.